Plan B

Cuando la Convención Constitucional (CC) comienza a entregar los primeros resultados concretos de su propuesta constitucional, se ha instalado en la opinión pública la posibilidad real del Rechazo en el plebiscito de salida. Las razones en adelante que se podrían esgrimir para fundamentar el rechazo de seguro serán múltiples. Algunos invocarán la ilegitimidad de origen (la violencia) y mal diseño de todo el proceso; otros sostendrán el carácter refundacional que le asignó la CC a la propuesta, la cual no rescataría nada de nuestra tradición política institucional y/o ser la representación de las ideas maximalistas de un grupo. También podría darse el caso de posiciones que apuntan a las perjudiciales consecuencias para el país de uno o varios artículos de la nueva Carta Fundamental. Y, por último, personas que apelen a todas las anteriores. Así, pues, sensibilidades de derecha, centro e izquierda, podrían converger por distintos caminos a la idea del Rechazo.

El punto central es que aún no hay claridad de una propuesta que aborde el eventual escenario postriunfo del Rechazo, y ahora es el momento de poner a discusión posibles alternativas. Considerando a estas alturas que, para la mayoría de la ciudadanía (Plebiscito/2020) y gran parte de las fuerzas políticas partidarias, la actual Constitución figura desahuciada. Por esta razón, se hace necesario responder qué se puede hacer en el caso de que el camino seguido hasta ahora por la CC no resulte como lo visualizan los adherentes más optimistas del proceso. No es el objetivo de esta columna entrar en reproches o apuntar a culpables, solo se asume que el camino está trazado y que la posibilidad de fracaso ha ido tomando fuerza. De este modo, lo urgente es proponer en la mesa, para su discusión, lo que se ha denominado en la opinión pública un “Plan B”. 

Aquí, entonces, lo que se sugiere es una alternativa que podría tener factibilidad política. Específicamente, me refiero a resucitar el proyecto de reforma constitucional presentado durante el Gobierno de Michelle Bachelet. No es una idea original, ya que había sido sondeada por algunos el 2020, pero, ante los cambiantes escenarios y las destempladas puestas en escena de la CC, puede transformarse en una opción atractiva para muchos sectores políticos. Esta idea no nace por considerar que este proyecto sea una pieza constitucional perfecta, ni mucho menos. Tampoco es la defensa ferviente de un devoto del Gobierno de Bachelet y su legado. Son cuatro puntos que en el actual escenario hacen pensar que podría ser una opción concreta. 

El primero, es que la propuesta cuenta a su haber con un proceso de participación ciudadana. Se estila que todo proceso constitucional debe contar con una etapa de consulta ciudadana efectiva o simbólica para dar un sostén de legitimidad. Esta iniciativa partió el 2015 y contó con una serie de instancias de participación que fueron procesadas y cerradas. Criticar su nivel de participación o forma me parece inoficioso, considerando que no existe un mecanismo ideal para esto. Así, pues, este proyecto cuenta con un trabajo adelantado, en un contexto menos crispado y por conductos institucionales. 

Segundo, en la lógica de reducir la incertidumbre y no abrirla, lo importante es que contamos con un texto y muy bien definido. En tal sentido. se supera de inmediato la incierta y peligrosa “hoja en blanco”, muy polémica en el comienzo del proceso constituyente que hoy vivimos. Independientemente de que guste o no el contenido, desde ya la ciudadanía y los diferentes actores políticos pueden discutir un escrito concreto para proponer sus mejoras y ajustes. Además, si revisamos el documento enviado al Congreso, es un texto que deja la discusión en los márgenes de lo posible. Con esto me refiero a que, por un lado, se reconoce la tradición institucional chilena, permaneciendo la mayoría de sus instituciones, alejado completamente del aire refundacional que impera en la CC y, en algunos casos, se abordan temas ineludibles de incorporar en el contexto actual como, por ejemplo, el reconocimiento de pueblos indígenas y derechos medioambientales.

Tercero, pasar esta propuesta por el Congreso tiene la ventaja de reducir la incertidumbre y evitar someter a la ciudadanía a otro agotador proceso electoral de elección de convencionales. Consensuar esta Constitución en el Parlamento permitirá acogerse a una normativa procedimental ya existente, y avalada por todos los actores políticos. No volveremos a perder tiempo en la definición de nuevas reglas. Además, la distribución de las fuerzas políticas en el Congreso, luego del proceso eleccionario de noviembre, son bastante equilibradas y fruto de una elección más reposada e informada, que lo vivido al fragor de la crisis de octubre de 2019. Asimismo, los partidos tradicionales y emergentes podrán actuar de forma mucho más coordinada en espacios que son conocidos para la negociación, posibilitando un acuerdo transversal. En definitiva, el Congreso, por experiencia, disposición de recursos y lugar de encuentro de las sensibilidades partidarias, es el mejor espacio para acordar una salida ante el eventual Rechazo.

Cuarto, su factibilidad política también está mediada por provenir del Gobierno de Michelle Bachelet. Pensemos que a la actual administración le sería menos complejo promover en el Congreso una propuesta que de alguna manera proviene de un Gobierno de la “Nueva Mayoría”, en el que participaron comunistas, socialistas y hasta la Democracia Cristiana. También, al actual Presidente, Gabriel Boric, se le vio muy cómodo recibiendo el apoyo de Bachelet en la segunda vuelta y de (casi) todas las tiendas partidarias que participaron de ese Gobierno. También sería una jugada que le permitiría a Boric firmar en el nuevo texto constitucional y tener una salida política a su Gobierno, muy comprometido con el cambio constitucional. En definitiva, ganan algunos sectores importantes de la izquierda y, a lo menos, otros más críticos no se sentirían tan incómodos apoyando este proyecto. 

Finalmente, luego de ser despachado por el Congreso, se deberá realizar un plebiscito de forma que cuente con la aprobación de la mayoría de la ciudadanía. Así, será un proceso que le dará continuidad institucional, al ser levantado en democracia y canalizado por las instituciones políticas tradicionales. Muchos cuestionaron al Congreso, pero a estas alturas considero que el Poder Legislativo, al ser una pieza clave en la historia de nuestra república, tiene la experiencia y la legitimidad suficientes para encauzar este nuevo ciclo político en Chile. En suma, la opción del Rechazo se hace más viable en la medida que ofrezca una hoja de ruta clara que zanje la incertidumbre y ofrezca estabilidad, un camino más atractivo que sentarse a esperar una seguidilla de reformas, según la opinión de algunos, que mejoren a futuro el texto aprobado en el plebiscito de salida.