Opinión
La cuestión es que a los chilenos lo que les interesa y, más enfáticamente, lo que necesitan, es una mejora urgente en sus pensiones. Y, obviamente, quienes más lo requieren son los actuales pensionados, porque para ellos la pensión es su ingreso actual. Los cotizantes actuales perciben por ahora remuneraciones. Algunos vislumbran el tema previsional a 5 años plazo, o a 20, incluso más. Pero ya saben que, con las reglas actuales, cautivos de un sistema cuestionado, no pueden sino esperar pensiones que no llegarán a representar más que un 40% en promedio de las remuneraciones sobre las que cotizaron. Ello explica en gran medida la universalidad con que fue utilizada la opción de efectuar retiros. Sobre un 90% de los potenciales beneficiarios decidió hacerlos. Y la perspectiva de ver disminuida su futura pensión no los disuadió.
La administración saliente dejó, entre otros varios temas cruciales pendientes, uno en el cual había manifestado tempranamente su decisión en orden a avanzar significativamente: una reforma previsional que modificara de manera importante los parámetros con los cuales se determinan las pensiones hoy en día. Para ello enfatizó, a los tres ministros de la cartera del Trabajo y Previsión Social que tuvo –Nicolás Monckeberg, María José Zaldívar y Patricio Melero–, la necesidad imperiosa de materializar dicha reforma. Ello nunca ocurrió.
Incluso, durante la gestión de la ministra Zaldívar se sumó a la gestión en la materia el entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Existe el mito, a estas alturas, respecto a que en algún momento de la gestión de estos dos últimos, se estuvo a nada de llegar a materializar una propuesta concreta. Lo cierto es que lo único de lo que existe registro conocido, en cuanto a propuestas concretas, fue la oferta efectuada por la exministra, en marzo de 2021, que consistía en aumentos concretos para las actuales pensiones en valores que fluctuaban entre $79.000 y $58.000. Por supuesto, este anuncio se diluyó, como tantos otros, producto en medida importante de la incapacidad de los honorables de llegar a acuerdo respecto a la distribución de un incremento de la cotización. Por cierto, tampoco se ha logrado definir siquiera de cuántos puntos porcentuales adicionales sobre el actual 10% se estaría hablando. Así las cosas, es entendible por qué estamos donde estamos.
La realidad actual no es más promisoria. La nueva administración ha manifestado ya desde la campaña presidencial su intención de materializar una reforma previsional. Con un rol de la AFP que va desde “no más AFP” hasta un “lo iremos viendo”.
La cuestión es que a los chilenos lo que les interesa y, más enfáticamente, lo que necesitan, es una mejora urgente en sus pensiones. Y, obviamente, quienes más lo requieren son los actuales pensionados, porque para ellos la pensión es su ingreso actual. Los cotizantes actuales perciben por ahora remuneraciones. Algunos vislumbran el tema previsional a 5 años plazo, o a 20, incluso más. Pero ya saben que, con las reglas actuales, cautivos de un sistema cuestionado, no pueden sino esperar pensiones que no llegarán a representar más que un 40% en promedio de las remuneraciones sobre las que cotizaron. Ello explica en gran medida la universalidad con que fue utilizada la opción de efectuar retiros. Sobre un 90% de los potenciales beneficiarios decidió hacerlos. Y la perspectiva de ver disminuida su futura pensión no los disuadió.
Y el punto anterior nos lleva directamente al escenario actual en que, otra vez, se está comenzando a gestar la posibilidad de un nuevo retiro. El quinto. Bueno, en realidad cuarto. Las razones se explican en parte en lo señalado en los párrafos anteriores, pero también en el hecho de que el escenario económico actual está representando un muy duro desafío para quienes viven con pensiones bajísimas (o sea, estimativamente el 65% al menos de los jubilados bajo sistema de AFP) y remuneraciones en la línea del ingreso mínimo o poco más.
La majadería de atribuir el incremento en los precios a los retiros ya no se sostiene. Existe un problema de inflación a nivel mundial y hace rato, en donde la pandemia ha tenido un rol preponderante. Los alimentos vienen subiendo sostenidamente desde hace 12 años. Los combustibles desde hace casi un año, agravado ello ahora por la guerra en Ucrania. Y no se puede descartar además el factor especulación, que es inherente a las economías de mercado. No está de más señalar que los montos totales que fueron retirados desde las AFP son más o menos equivalentes a los IFE. Y es que este último instrumento pasó desde una fase en que se exageró la focalización a una donde prácticamente fue universal. Hay estimaciones que indican que en esta segunda fase del IFE el instrumento llegó al menos a un 30% de la población que no lo requería en estricto rigor. Hoy, el IFE o una variante de esta solución, debe considerarse una opción efectiva y rápida de implementar para contribuir a atenuar la caída del ingreso real de las personas de menores ingresos. Caída que diversos análisis sitúan en un porcentaje cercano al 30% ¿A quiénes debería ir dirigido? Posiblemente al 60% más vulnerable, al menos.
En una columna anterior señalaba el riesgo cierto de que la actual Pensión Garantizada Universal (PGU) sirviera para crear el espejismo de una cierta satisfacción a través de la urgencia de mejorar las pensiones. Efectivamente así ha ocurrido. De hecho, en el discurso oficial, las pensiones van apareciendo en lugares cambiantes de la urgencia legislativa, según se vaya presentando la situación en la Macrozona Sur, o en el norte, o como los matinales y noticieros transmitan todos los días largas secciones destinadas a mostrar la acción de la delincuencia. No se advierte suficiente convicción y perseverancia en relevar la urgencia de mejorar las pensiones. Y, lamentablemente, los pensionados no salen a marchar.
