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La jefatura de Defensa Nacional en El Tamarugal informó que desde febrero pasado han ingresado al país alrededor de 5.600 migrantes de manera clandestina. Al mismo tiempo, según detalló el exdelegado presidencial en la zona, Natan Olivos, al 9 de marzo se habían realizado 2.700 reconducciones y 380 personas fueron regresadas a su país. Esos 380 retornos corresponden a extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados y todos son ciudadanos bolivianos. La medida fue prorrogada hasta mediados de abril por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, mientras alcaldes acusaron la inutilidad de la iniciativa para el control fronterizo acusando además malos tratos por parte de militares a vecinos de Colchane; por su parte, el Ejecutivo trabaja en un nuevo plan.
El Gobierno del Presidente Gabriel Boric decidió extender el Estado de Excepción Constitucional hasta el 15 de abril en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa.
La administración anterior liderada Sebastián Piñera decretó el 15 de febrero la medida en las cuatro provincias señaladas, a raíz de la descontrolada migración irregular que se ha instalado en la zona fronteriza.
Sin embargo, a pesar de la militarización y con la crisis migratoria aún vigente, la jefatura de Defensa Nacional de Tamarugal, según consignó Emol, informó que desde el pasado 12 de febrero han ingresado a la región alrededor de 5.600 migrantes de manera clandestina.
El exdelegado presidencial de El Tamaragual, Natan Olivos, reveló que para el 9 de marzo ya habían ingresado 2.700 reconducciones y 380 personas habían regresado a su país. Esos 380 retornos corresponden a extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados y todos son ciudadanos bolivianos, según detalló el diario La Estrella de Iquique.
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La medida ha sumado detractores. Uno de ellos es el alcalde de Colchane, Javier García, quien ha realizado denuncias asegurando que la medida no es efectiva para solucionar y regular los problemas de seguridad y la migración irregular.
«La reconducción solamente está operando para los bolivianos y no así para los venezolanos, haitianos y colombianos, que son de todas maneras trasladados diariamente al menos con tres buses a la ciudad de Iquique y Alto Hospicio», sentenció el jefe comunal.
Desde la Municipalidad de Colchane sostienen que podrían implementar otras medidas que no afecte la vida de los vecinos de Colchane, entre estas: la apertura del paso fronterizo o colaborar logísticamente de militares a Carabineros.
El alcalde García también acusó malos tratos por parte de funcionarios del Ejército con la población de su comuna, afirmando que con el Estado de Excepción “no ha habido un efecto de seguridad para nuestros vecinos. No hay ninguna política tendiente a mejorar la relación del Ejército con los pobladores, principalmente Aymaras, que han visto sus vidas alteradas”.
Según la autoridad comunal, los principales perjudicados con la llegada del Ejército son adultos mayores y anunció medidas judiciales en la materia. “Ha habido constantes reclamos de adultos mayores que no pueden caminar con tranquilidad, que son tratados de mala forma por personal de Ejército que no cuentan con capacitación y por su alta rotación constantemente hay conflicto, que nosotros estamos judicializando”, relató.
García además acusó que producto del Estado de Excepción se ha restringido la realización de ferias, festividades locales, el paso a Bolivia (convenio 169 OIT) y las clases presenciales de niños bolivianos en Chile.
Por su parte, el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, planteó que «acá hay un consenso respecto a que justamente el Estado de Excepción debe ser excepcional y lo que se requiere son otras medidas».
En conversación con El Mostrador, Quinteros señaló que «nosotros hemos iniciado un trabajo de carácter permanente, no solamente con el sistema de Naciones Unidas y otras instituciones, sino que también con organizaciones de la sociedad civil, (…) son quienes pueden propiciar la generación de proyectos migratorios que faciliten la integración de las comunidades migrantes del país».
Respecto a las estrategias de largo plazo y la política migratoria de la actual administración, el delegado enfatizó se requiere «transitar hacia otro estadio que aborde particularmente la irregularidad migratoria. (…) Esto genera una serie de problemas asociados que no se derivan de la condición de la persona que migra, sino que de la condición que el Estado otorga como reconocimiento a sus derechos fundamentales».
Asimismo, añadió que «las medidas específicas se van a anunciar en los próximos días, pero que sin duda el principio que va a regir es el respeto de los derechos de todas personas».
El Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó ante el Congreso la idea de prorrogar el Estado de Excepción en las provincias de Arica y Parinacota, Tamarugal y El Loa, “esta es la última solicitud de prórroga”, comenzó anunciando la autoridad.
“Cualquier plan de transición debe ser dialogado, deben ser escuchadas las comunidades locales, deben ser escuchadas las autoridades que democráticamente han sido elegidas para representar a los ciudadanos de la zona norte y el gobierno quiere llevar adelante ese diálogo”, añadió Monsalve.
El subsecretario Monsalve mencionó, en ese sentido, los lineamientos del gobierno para el plan de la zona norte, donde destacan programas de activación de iniciativas de inversión, de recuperación de espacios públicos afectados por la migración, de aplicación de políticas de control migratorio y de colaboración de las FF.AA en el control fronterizo.
