Medio Ambiente y Modelo Económico: el diálogo imposible de una comisión en problemas

De todas las comisiones temáticas creadas en la Convención Constitucional, la de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico es la que muestra con mayor nitidez la fisura que atraviesa a buena parte de la sociedad chilena, ahí donde unos se han pasado décadas viviendo de espaldas a otros, al punto que han llegado a divergir en casi todo. En el campo de los significados, hay una especie de conjunto vacío entre los que se declaran “ecoconstituyentes” y los convencionales de derecha, toda vez que ambos grupos –con sus matices, claro– no entienden lo mismo por conceptos clave en esta discusión: vida, ecosistema, desarrollo, comunidad, sustentabilidad, progreso.

En medio faltan los convencionales que permitan tender puentes entre ambos mundos tan distantes entre sí. “En toda comisión hay ‘amarillos’ que hacen esa pega. En la Comisión de Medio Ambiente no pasa eso, porque no hay liderazgos o convencionales que desde su amarillismo tengan la fuerza para apaciguar el exceso de entusiasmo”, dice una fuente del Frente Amplio que pide no ser individualizada, quien cree que “la cultura de la cancelación propia del mundo activista a veces provoca que alguna voz disidente no se exprese del todo en ese espacio”.

Luis Mayol, convencional de Renovación Nacional e integrante de la Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, uno de los convencionales más influyentes dentro de la derecha, afirma que “hay una sensación y opinión generalizada de que es una las comisiones más radicales, porque ahí se concentraron los activistas en temas medioambientales”, un diagnóstico compartido por el vicepresidente de la mesa directiva, Gaspar Domínguez, quien –en una entrevista con Radio Cooperativa– hizo referencia a “muestras sesgadas”. 

“La forma de conformar y constituir las comisiones fue manifestando el propio interés de cada convencional, y consiguiendo el apoyo de otros”, fue lo que declaró en aquella ocasión el médico de zona, situación que “generó que –yo lo digo en términos epidemiológicos– hubiera ‘muestras sesgadas’”.

“Quizás si el diseño hubiera sido hacer grupos aleatorios para que la distribución fuera azarosa, el resultado habría sido distinto, pero bueno, ese es el diseño institucional que se definió en la primera etapa del Reglamento, que tiene consecuencias positivas, como que las personas que están en cada comisión conocen más del tema, y otras negativas también, como es, por ejemplo, que no sean necesariamente representativas del plenario”, agregó en esa entrevista.

Mayol indica que en esa comisión “van saliendo cosas muy radicales”, pero enseguida reconoce lo que muchos en la derecha y en el mundo más “amarillo” no quieren admitir públicamente: el quórum supramayoritario de los 2/3 cumple su efecto moderador, ya que en el Pleno son rechazadas “gran parte de las posiciones más extremas de quienes se dan ciertos gustitos y se desahogan, y que llegan con textos que son rechazados en el Pleno donde se analizan con mayor profundidad los temas”. Pese al rechazo, lo más lamentable es que esas ideas “trascienden”, apunta Mayol, algo que favorece claramente a los que apuestan por el Rechazo en el plebiscito de salida.  

En estas circunstancias, unos y otros dentro de la comisión tienden a caricaturizar las posturas del adversario. Más éxito ha tenido en la derecha, ya que han logrado instalar que los “ecoconstituyentes” son “fanáticos”, “ultrones”, “activistas de nicho”, unos “posmodernistas” que están imprimiéndole cierto tufillo “pachamámico” a la Constitución, radicales que han venido a introducir ideas que le confieren cierta “espiritualidad” a cosas inertes, lo que llama la atención en el mundo de derecha, donde encuentran que es un contrasentido criticar la presencia del Dios cristiano en las instituciones y, al mismo tiempo, dejarse inspirar por la espiritualidad ancestral en la redacción de propuestas de normas. 

“Hay quienes reconocen un cierto valor mágico y animista en la naturaleza y en los ecosistemas. Pero aquí vinimos a hacer una Constitución y no me parece correcto ni democrático imponer principios y creencias de tipo religioso, o de cosmovisiones o visiones del mundo”, declara Bernardo Fontaine, quien se ubica en el otro extremo, ese al que la izquierda señala como “derecha empresarial”, de la que Fontaine es su verdadero epítome. “Lo que hay son grupos o individuos con causas de nicho y con cero visión de conjunto”, agrega, a la hora de referirse a los ecoconstituyentes, “con los que tenemos una buena relación en lo personal, súper cordial y respetuosa. El problema va por otro lado”.

“En la Convención hay un grupo de ecoconstituyentes que son muy dogmáticos. Y vinieron a defender sus puntos de vista, no a acordar una Constitución para todos los chilenos”, se lamenta Fontaine, crítica que también se considera injusta en una izquierda que ve, con espanto, cómo se carece de empatía con quienes llegaron representando a territorios destruidos por el extractivismo (las llamadas “zonas de sacrificio”), allí donde los niños están condenados a padecer todo tipo de enfermedades por su prolongada exposición a metales pesados. 

Por lo demás, entre los “ecoconstituyentes” creen que la acusación de “radicalidad” pierde validez si pensamos que en más de treinta años nunca nadie premió la moderación. Al revés –sostienen–: la sordera de la élite hizo de la radicalidad una virtud, y ello quedó demostrado con el estallido social. “Esa afirmación sobre el maximalismo está absolutamente errada. Está fuera de la realidad”, declara Camila Zárate, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y ecoconstituyente, quien destaca el nivel de apertura demostrado por sus integrantes en pos de “grandes acuerdos dentro de la comisión, y también fuera de ella, para lograr un nuevo informe de reemplazo”.

Para gran parte de la izquierda (dentro y fuera de la comisión) resultan sorprendentes los cuestionamientos a la participación de activistas, en circunstancias que estos movimientos socioambientales tienen un peso mucho más limitado que el que han tenido los lobbistas, como el propio Bernardo Fontaine, director de empresas muy vinculado al grupo Matte, quien jugó un rol clave en la recordada “cocina” que precedió a la reforma tributaria del segundo Gobierno de Michelle Bachelet. 

“La potencia de esta comisión es, por una parte, la importancia que le hemos dado a la participación popular y por supuesto que es un valor que haya convencionales que vengan del movimiento social, porque tienen conocimiento de la realidad social y no solamente conocimientos técnicos”, agrega Zárate, quien entiende que esta diversidad y apertura incomode a los que se acostumbraron a los diálogos entre cuatro paredes.

“Pero a su vez también es una comisión técnica que cuenta con apoyos de asesores jurídicos, de los mismos convencionales, donde varios hemos estudiado derecho, algunos son abogados que están ejerciendo. Lo que se dice es una caricatura que no es real, y que tiene las capacidades técnicas y sociales para llevar adelante las transformaciones que necesita el país”, agrega la coordinadora de la cuestionada Comisión de Medio Ambiente.

El mito del “buen salvaje”

La convencional Bessy Gallardo es señalada por convencionales de derecha como una de las voces que intentan desempeñar un rol más articulador, acaso porque en su trayectoria personal ha estado más bien vinculada a causas como el feminismo y la defensa de la infancia. Pero es abogada, y como tal no se inhibe de responder con una crítica que cala y quema hondo en la derecha, casi como una esquirla: “La verdad es que la derecha lo que esta haciendo es tratar de mantener el modelo actual”. 

Gallardo cree que sería reduccionista y mezquino afirmar que los convencionales de derecha no tienen conciencia del cambio climático –un verdadero evento de extinción que enfrenta la especie humana– ni de los problemas que implica un modelo productivo insostenible y conflictivo, solo que cree que esa conciencia pesa menos que la conciencia de los privilegios –argumenta–, esos que les han permitido a algunos de ellos disponer de los recursos comunes, incluso del agua, sin que por eso hayan tenido que pagar un peso. 

“Hay un poco de desconocimiento, y además esta intención de mantener el statu quo, tratando de mantener cosas de la Constitución del 80. Y es verdad: la Constitución del 80 es ‘innovadora’ en el sentido de que es una de las primeras que habla explícitamente de medio ambiente, pero sabemos que tenemos muchos problemas con la institucionalidad, con las evaluaciones de impacto ambiental, lo que ha propiciado la depredación del medio ambiente en pos de un crecimiento económico que llega a algunos, pero no a la mayoría”, sostiene Gallardo.

Fontaine sabe que la crítica no es antojadiza. Ahí están los conflictos ambientales, las zonas de sacrificio, el creciente rechazo de las comunidades a recibir proyectos de inversión, las promesas empresariales de prosperidad compartida que nunca se cumplieron, la rabia que acumulan los pueblos originarios. “Creo que ha habido un ninguneo vergonzoso de los indígenas en Chile, y creo que la Constitución debe darles un reconocimiento e iniciar un alivio económico y derechos”, lo que –a su juicio– en ningún caso pasa por crear “un estamento y una casta de privilegiados”.

“Los lonkos van a tener el poder pese a que no llegan a ocupar ese sitial por vías democráticas. También veo una suerte de revancha, de hacer responsables a esta generación y a los que vienen de lo que les pasó (a los indígenas) en la Conquista y la Colonia”. Este elemento redentor del mundo indígena, plantea Fontaine, “genera una tentación de imponer privilegios. Los pueblos originarios podrían ser declarados custodios de la naturaleza por el solo hecho de serlo. ¿Y qué significa eso? El derecho a recibir gratuitamente todos los bosques de Chile”. 

La derecha en general cree saber dónde está la raíz de estas propuestas. En otras palabras, estas ideas demuestran que los ecoconstituyentes están cautivos del mito del “buen salvaje”, de Jean-Jacques Rousseau, quien culpaba a la civilización humana de la degradación moral del ser humano. Esta crítica ha sido advertida incluso por referentes de la izquierda fuera de la comisión. En consecuencia, la transformación de los pueblos originarios en “custodios de la naturaleza” es una manifestación de esa creencia que, en gran medida, sustenta el imaginario de grupúsculos con tendencias primitivistas que rechazan el progreso técnico y la industria.   

Dice Fontaine: “Cuando uno oye a algún constituyente diciendo que él echaba de menos las manzanas con gusanos, y otro que echaba de menos tomar leche al pie de la vaca, se refleja entonces una visión romántica de la vida en el campo. Pero uno debe ser consciente de que tomar leche al pie de la vaca producía todo tipo de enfermedades. Y, claro, puede que alguien encuentre entretenido encontrar una manzana con gusanos, pero gracias a que la fruta tiene calidad mundial durante todo el año, no corremos el riesgo de comer manzanas podridas”. 

“Tampoco estoy de acuerdo con esta idea que se instala en la comisión sobre el ‘buen vivir’. Ese es un concepto que surgió del indigenismo hace 40 o 50 años, que ahonda mucho en una concepción de vida no eurocentrista, algo ‘anticolonialista’. Tampoco creo en los derechos de la naturaleza, ya que es un concepto que no tiene base jurídica sólida y porque responde a una cierta visión de que la naturaleza es un ser en sí mismo al que es imposible tocar. Al obligar a aceptar estos conceptos, creo que se vulnera la libertad de conciencia y pensamiento”, dice el empresario. Evidentemente que hay un carácter antrópico en las causas de la crisis climática, reconoce, “pero yo no considero que sea correcto decir que todo daño a la naturaleza sea causada por el hombre. O sea, puede que sea correcto, pero eso se ve en otra esfera, no en una Constitución”.

Esta glorificación de los saberes ancestrales y el rechazo a toda forma de producción industrial es algo que preocupa incluso a científicos como Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Química y Bioprocesos, de la Pontificia Universidad Católica, quien asumirá como vocero en lengua castellana del informe sobre opciones y acciones en mitigación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, informe que será dado a conocer el próximo 4 de abril. “Me preocupa que esta mirada impida el acoplamiento productivo que necesita la economía chilena”, sostiene.

“El IPCC habla de las respuestas de los pueblos originarios y las destaca porque son buenas herramientas locales, resilientes: sistemas de cultivos en espalderas, sistemas de cultivos en cascadas, de reforestación en pradera… Las tribus en Perú lo hacen, y saben de infiltración del agua. Pero eso es muy distinto a decir que aquello regirá el desarrollo de nuestro país. No necesariamente lo ancestral es mejor ni tiene una connotación moral superior al resto. Toda cultura o civilización tiene sus pros y contras”, añade el investigador, quien sigue con alarma la insistente invocación a la ancestralidad y la apelación al misticismo dentro de una comisión temática, una donde se trabaja por aceptar y hacer convivir “todas las cosmovisiones” y el reconocimiento de espacios donde cohabitan “fuerzas protectoras” de naturaleza tan intangible como imprecisa. Según Godoy, un diálogo constitucional se torna resbaladizo en esos términos.

“Yo soy científico. Estudio el medio ambiente desde parámetros físicos y con sujeción a la evidencia. A mí me gustaría ponerme a rezar todos los días para que llueva, pero no va a llover. Esto no es fe. El cambio climático es ciencia”, añadió Godoy, quien ve con desazón cómo toca pagar la peor consecuencia de la posmodernidad, como es la renuncia a los valores de la Ilustración. “Se ha vilipendiado la evidencia. Se ha puesto en igualdad de planos la ciencia y las cosmovisiones de tipo ancestral”.  

“Muchos académicos, o que dicen ser académicos, están dedicados a ser activistas”, declara, a modo de explicación. Si a eso sumamos la fuerte entronización de las corrientes new age, el panorama deviene peor, según los científicos. El mismo Godoy dice: “Pensar que todo el mundo va a ser vegano o vegetariano con producción orgánica… ¡es que no da! ¡No nos dan los alimentos!».

Animalismo versus ambientalismo

Pero la preocupación va más allá de la sacralización constitucional de lo indígena y la invocación constante a la espiritualidad de los pueblos originarios. Otro elemento que genera preocupación en el mundo científico es el animalismo, o la fetichización de las mascotas, toda vez que más parece preocupado de preservar la vida de gatos y perros de “vida libre” y no de salvaguardar la fauna nativa, esa que hoy está siendo arrasada principalmente por jaurías de perros ferales.  

La misma coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente, Camila Zárate, reconoce que todo el articulado referido a los animales era esencial de cara a la votación en el Pleno del informe de reemplazo. “En el artículo de los derechos de los animales se tiene un amplio consenso, pues establece que los animales son sujetos de protección, y a su vez también establece que el Estado reconozca su sintiencia y su protección. También encontramos esencial que se aprueben indicaciones aditivas en el caso de los animales, como la educación, un nuevo servicio de protección animal y el reconocimiento a una vida libre de maltrato”, subraya la convencional. Bernardo Fontaine disiente de esta mirada que convierte a los animales en “sujetos de derechos”. “Para ser sujeto tienes que tener voluntad”, indica.  

María José Martínez-Harms, investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad, doctora en Ciencias de la Conservación de la Biodiversidad de la Universidad de Queensland de Australia, e investigadora adjunta de la Pontificia Universidad Católica de Chile, reconoce que este ha sido un insumo preocupante, ya que se vuelve a constatar la prescindencia de los saberes científicos que se vio en la discusión en torno a la Ley Cholito, en cuya elaboración trabajaron el senador Guido Girardi y organizaciones animalistas, y que vino a eliminar toda posibilidad de sacrificar a la población excedente, cosa que propone incluso Naciones Unidas.

“Es un tema sensible. Creo que ahí falta escuchar a la ciencia, porque con este tipo de normas, y lo vimos con la Ley Cholito, se va en desmedro de muchas especies nativas, ya que (los perros) son especies invasoras, y la idea es lograr una tenencia responsable y no que tengamos jaurías comiéndose a los pudúes en Chiloé. Falta comunicación, más transferencia de conocimientos desde la ciencia. Me gustan muchos los perritos y los gatos, pero no me parece que no haya un manejo y que surjan conflictos con la fauna silvestre y la biodiversidad”, declara la científica.  

Detrás de este animalismo “hay un tema sociológico”, sostiene Martínez, quien llama a la comunidad científica y a los mismos políticos a poner sus ojos en un problema que tiene muy preocupado al mundo conservacionista. “Yo empatizo con los animalistas, pero siempre hay un límite. Tenemos que escuchar a los especialistas para ver esos regímenes de manejo”, agrega Martínez-Harms.

Alex Godoy comparte la crítica sobre la preeminencia de ciertas corrientes de pensamiento o ideologías posmodernas que han surgido, no ya desde la ciencia (como el ambientalismo, toda vez que los datos objetivos del cambio climático están ahí), sino que han emergido de campos como la filosofía y las leyes. Todas ellas respetables, se apura en aclarar, pero cuyas premisas o ideas matrices son ciertamente discutibles, como en el caso del animalismo, donde algunos observan ciertos rasgos de misantropía o “antropofobia”. 

“Hay muchas posturas ideológicas. No es malo tenerlas, pero entonces para qué armamos esos espacios de discusión. Hay gente que fue a defender su punto y no a dialogar sobre su punto. Entonces, ha sido una conversación muy desprolija y carente de argumentos técnicos. Veo mucha cuña”, puntualiza Godoy, con lo que no necesariamente está de acuerdo Bessy Gallardo, quien llama a centrarse en el resultado del trabajo que realiza la comisión y no en las declaraciones que pueden salir de sus integrantes.

Gallardo aclara que el objetivo de la comisión es escribir una propuesta que pase de “una Constitución antropocéntrica que se preocupa sólo del ser humano, y nosotros hablamos de una Constitución ecocéntrica que entiende que cada ser humano se inserta en los ecosistemas y es parte de un todo interdependiente. Si nosotros dañamos los ecosistemas, nos dañamos a nosotros mismos”, subraya la convencional. Desde luego, hay personas que esconden detrás de sus críticas una defensa bruta de sus intereses. Y en eso, dice, se ha perdido el pudor. 

Una derecha y un empresariado que viven en otro planeta

Lo cierto es que la Comisión de Medio Ambiente ve además otras materias sensibles que dan mayor preponderancia a su labor, ya que en ella se incluye la discusión sobre los recursos naturales y el modelo económico, ni más ni menos. 

Los convencionales de izquierda, dentro y fuera de esta comisión, recuerdan (y critican) la defensa del derecho a propiedad realizada por el convencional RN Luis Mayol, quien ejemplificó con la titularidad de los derechos de agua de agricultores como él. El mismo Mayol posee –según una investigación de Ciper Chile– derechos de aguas que suman 778,12 litros por segundo inscritos tanto a su nombre como de sus sociedades Viña Selentia Limitada y Agrícola Santa Amalia Limitada. Sin embargo, en su declaración de patrimonio, Mayol solo incluyó los derechos que posee a su nombre y de la Viña Selentia, los que suman 176 litros por segundo.

Mayol, quien ya anunció que no se inhabilitará de votar propuestas relativas a los derechos de agua, sostiene que “el activismo ambiental es extremista y funa mucho. No aceptan tan fácilmente las opiniones contrarias. Hay una falta de democracia importante”, declara, en su crítica frontal a una comisión que puede lesionar de manera importante sus intereses particulares. 

La crítica no es dejada pasar por la convencional Bessy Gallardo, quien señala que la mayor parte de los convencionales de derecha se han comportado como meros vicarios del interés empresarial, disfrazando de moderación lo que parece ser el intento de salvar algo por aquí, otra cosita por allá, de tal modo de seguir supeditando el destino de un país completo a los deseos de una élite económica.

“No solo hablamos de cuidar el planeta en el sentido de asumir las externalidades negativas, o sea, ‘el que contamina, paga’, sino que de cambiar los sistemas productivos en pos de ecosistemas y personas, para llegar a economías verdes que aumentan el empleo y el PIB, que reducen externalidades y abren nuevas alternativas. Y ellos no saben reconocerlo. Al revés: ellos dicen que eso es hippismo”, declara Gallardo, quien lamenta la “ridiculización permanente” de la conversación.

“Ellos ridiculizan la conversación y además la distorsionan. Cuando hablamos de la sintiencia animal, ellos salen a decir que queremos quitar el derecho a las personas de comer un asado”, detalla. 

Tanto o más inquietante ha sido para la izquierda y los ecoconstituyentes escuchar a los dirigentes empresariales que han participado en las audiencias y que se muestran un tanto refractarios al cambio de la matriz productiva, por lo que insisten en mantener un paradigma caduco. A la constituyente Gallardo le preocupa la falta de creatividad y apertura en quienes llevan las riendas productivas del país y que se la pasan todo el tiempo subestimando intelectualmente al resto, todo lo cual lleva a concluir que el cambio de la matriz productiva requerirá de un rol muy activo por parte del Estado. 

Preocupante, también, que del gran empresariado –y la derecha que representa sus miradas– no sepan identificar las enormes oportunidades que se abren en una economía distinta, dice Bessy Gallardo, una economía “que presenta nuevas posibilidades, que genera mayores ingresos, mejores empleos, mayores salarios, un aumento del PIB… hay muchos efectos que son beneficiosos. Pensemos que las energías renovables no convencionales representan más o menos el 25% de la matriz. Si aumentáramos ese porcentaje, tendríamos más empleos, contaminaríamos menos, tendríamos mejores ingresos, llegaríamos a más gente… Hoy necesitamos tratar las aguas grises. O sea, son nuevas opciones que se abren”, indica.

Conceptos de difícil manejo

Una de esas opciones es la restauración de ecosistemas destruidos por el extractivismo: “La tierra de las forestales podemos recuperarla para una producción menos destructiva. Aquí no hay hippismo, como dicen nuestros críticos. Simplemente buscamos que la gente sepa que hay otros nichos de negocios, donde la ciencia juega un rol importante en la búsqueda de soluciones en pos de los ecosistemas”.

La científica Martínez-Harms destaca este enfoque integrado, uno que lamentablemente no ha gozado de una correcta visibilización en los medios. Este enfoque vincula necesidades con soluciones que surgen en esferas productivas que, en teoría, no parecen ligadas entre sí. Un ejemplo: existe consenso en cuanto a que Chile necesitará desalar agua, pero el proceso genera ingentes cantidades de salmuera. ¿Se devuelve al mar esa salmuera? ¿Por qué no utilizar esa salmuera en la elaboración de ladrillos que puedan ser utilizados en la construcción de viviendas, cuyo déficit se calcula en 600 mil unidades? 

Lo mismo con la restauración. Cada vez que alguien habla de industrializar el país, de inmediato surge la idea de una línea de ensamblaje con baterías de litio, sin atender a que la recuperación de los ecosistemas destruidos por el extractivismo también requiere investigación, desarrollo, innovación, con todo un efecto multiplicador en materia de tecnología y procedimientos proclives a generar una industria verde capaz de internacionalizar sus servicios. Mal que mal, María José Martínez-Harms reconoce que es imposible decir a las familias que viven en zonas de sacrificio que será la naturaleza la encargada de restaurar lo que el ser humano destruyó. El problema, claro, es que esto puede abonar la peligrosa idea que rige la acción de gran parte de la derecha y el empresariado: la idea de “crecer primero y limpiar después”, producto de una excesiva confianza en la tecnología. En otras palabras: así como el ingenio humano fue capaz de destruir, entonces ese mismo ingenio humano tendrá la capacidad de recomponer lo que destruyó. Poco importan las millones de vidas que pueden quedar en el camino.  

“Es una visión tecnocrática en estas materias. Algunos creen que los recursos están ahí para ser explotados, independientemente de lo que pase con las generaciones futuras. Es una mirada individualista que no apunta a los principios de equidad y justicia. Los que sufren son siempre los más vulnerables, entonces, los que tienen para pagar o generar la tecnología, todo bien; pero los que no, se extinguen simplemente. Falta esa visión de comunidad”, afirma Martínez-Harms, quien llama a poner especial cuidado en la manera de exponer conceptos de fácil tergiversación, como el “decrecimiento”, que no es sinónimo de empobrecer, sino de desacoplar la felicidad del consumo.

En la misma línea, Alex Godoy pide tener mucho cuidado cuando se habla de conceptos como los “recursos comunes”. “Sí, es lindo; de hecho, Elinor Ostrom habla de eso, pero habla de ciertos recursos, no todos, porque el suelo es un recurso, y si yo pongo que todos los recursos son comunes, entonces tú no podrías tener una casa porque tu casa está construida sobre el suelo, y tendrías que pagar por el uso de suelo como hacen los mineros. O el Estado puede dictar una ley que diga ‘oiga, este patio usted no lo usa, bueno, esto es un bien compartido, así que le voy a poner a vivir a alguien aquí’. Alguien dirá ‘pero este gallo está loco’, pero yo digo ‘no, compañero’. Eso puede ocurrir cuando uno define mal las cosas. Y en el caso del suelo, tiene un derecho de exclusión. Si todos los bienes son compartidos, ¿cómo haces la exclusión?”.

Lo mismo con el “maritorio”, advierte Godoy. “Por más que se utilice en redes de ONG, en campos humanistas, es un término aún no aceptado internacionalmente. Yo he estado en diversos paneles, como el Consejo Mundial de la FAO en Seguridad Alimentaria, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y hay que ser cauto con la terminología que se usa, porque hay países con su propia definición de medio ambiente y terminan aislados”.

Con todo, hay cosas que ha hecho esta comisión y que son muy valiosas, indica Martínez-Harms. “Hace poquito, el 16 de marzo, se aprobó la norma del artículo 9 que dice que las personas y los pueblos son interdependientes de la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. Es un hito y no se le ha dado el valor como sí se ha hecho con los derechos de las mujeres”, declara, al tiempo que valora la propuesta orientada a consagrar al Estado como custodio de la naturaleza, y el consenso, cada vez más extendido, en cuanto a considerar “cada una de las cuencas hidrográficas como unidades de administración y gestión del territorio, abordando estos sistemas socioecológicos de características particulares con un manejo integrado. Y eso es también esperanzador”, agrega. 

Pero Fontaine ya ha dicho que no cree en los derechos de la naturaleza. Nuevamente volvemos al mismo problema: ¿es posible avanzar en un diálogo cuando dos grupos entienden de manera tan distinta una misma cosa? Luis Mayol, convencional y empresario, dice no entender el concepto del “extractivismo”. “Un convencional de la zona del Maule dice ‘no al extractivismo’, y le pregunto ‘qué llamas tú a eso’, y él responde que es todo lo que son los monocultivos, las viñas, los frutales. ‘¿Y no te das cuenta de que eso le da trabajo al 50% de la población del Maule?’, le pregunto. Y él responde ‘bueno, ahí veremos’”, algo que al exintendente le parece sumamente irresponsable. 

En el mundo de izquierda, y en especial los ecoconstituyentes, ya ni ganas hay de transmitir el significado de un concepto que apunta a la explotación intensiva de recursos naturales renovables y no renovables con independencia de sus efectos ambientales y sociales, y para colmo, ante quienes no manifiestan interesarse por los efectos que aquello pueda generar en las futuras generaciones. No tiene sentido explicar a quien se niega a aceptar que sus emprendimientos reportan escasos beneficios particulares y enormes externalidades negativas, señalan.

Mientras tanto la Comisión de Medio Ambiente avanza. Lo reconoce el propio Fontaine: “El informe de reemplazo estuvo mejor. Estuvo más pulido, su redacción era más sencilla. Pero lo que viene después son los recursos económicos como la minería, el agua. Y luego, la parte del modelo económico, que es donde vienen las locuras más grandes. Hay normas aprobadas en general que son de locos, irreales. Muchas expropiaciones, regalos a indígenas…”.

Lo extraño es que Fontaine lo dice sin un ápice de pesadumbre, casi como si estuviera esperando, en lo sucesivo, informes que acentúen los vicios que la derecha señala y le enrostra a esta comisión a cada tanto. “Esta comisión ha tomado un poco de fama. Y en cierta medida podría perjudicar la imagen completa del trabajo que se está haciendo en la Convención”, concluye Luis Mayol.