Luces y sombras de la nueva propuesta sobre sistema político

El pueblo elegirá en votación directa quién lo gobierna, es decir, quién ejerce la jefatura de Gobierno. No los parlamentarios. Eso es lo principal para que la democracia tenga legitimidad en un país como Chile. Lo demás se sigue de ello: ministros de la confianza presidencial, el veto, las leyes de concurrencia presidencial necesaria, etc. Por otra parte, la o el gobernante, a diferencia de los regímenes parlamentarios y semipresidenciales, no puede disolver el Parlamento. La belleza ardua del régimen presidencial es que exige a la Presidencia ser capaz de liderar persuadiendo a parlamentarios a los que no puede disolver. Y eso conlleva un contrapeso al poder.

Una innovación importante de la nueva propuesta acordada en la Comisión de Sistema Político, es la Iniciativa Popular de Ley, una manera de fomentar la participación  ciudadana. Creo que cambiará el funcionamiento de nuestra democracia. Debe exigirse un número significativo de firmas –pues hoy es facilísimo y rapidísimo conseguirlas vía internet– y estar regulada en la ley.

En la práctica, “organizaciones políticas” pasa a ser un término genérico, lo que permitiría –imagino– una regulación legal común para organizaciones sociales que presenten candidaturas para cargos políticos de elección popular  y para los partidos políticos. A ello apunta –creo– eso de que deban presentar “un programa que oriente su actividad política”, su contabilidad, como es natural, sea pública, y estén bajo la supervigilancia del Servicio Electoral conforme a la ley. Parece una salida política adecuada.

Lamento la eliminación de la Vicepresidencia paritaria. En Uruguay preside con voz y voto la segunda Cámara y juega un papel informal de importancia en la coordinación del Ejecutivo y el Parlamento. Aparte de la función que cumple en casos de crisis políticas graves para asegurar la continuidad institucional. Pero, más allá de esos aspectos jurídico-políticos, creo que habría sido una manera de hacer visible en toda la sociedad la igualdad de género. La Vicepresidencia paritaria estaba pensada como una señal de cambio para nuestros tiempos.

Por otra parte, la figura del “Ministro de Gobierno” de la exclusiva confianza de la Presidencia y sin ratificación parlamentaria, carecía de justificación. Salvo que fuera un modo de “avanzar en forma gradual hacia un régimen semipresidencial”, como se planteó en su momento. En tal caso, no era un cargo diseñado para mejorar el régimen presidencial, sino para ponerle fin.

La propuesta del acuerdo anterior pretendía hacer convivir ambas figuras creando, junto a la Presidencia, una suerte de triunvirato, una de las cuales debía conducirnos solapadamente a otro régimen político, a uno en el que su cargo mutara hasta ser jefe de Gobierno y ya no dependiera de la Presidencia sino del Parlamento. Por construcción sería, entonces, un figura destinada a disputar a la Presidencia su calidad de gobernante. El primer acuerdo operó por agregación: se añadió a la Vicepresidencia paritaria, propuesta por el PC y el PS, ese superministro propuesto por el FA.  El nuevo acuerdo supuso eliminar ambas figuras y, por tanto, la amenaza de un triunvirato que, como tal, habría sido estéril y conflictivo. Todo eso ha quedado atrás.

El nuevo acuerdo tiene luces y sombras. Desde luego, la segunda Cámara es de segunda clase. Le compete, por ejemplo, la legislación ambiental, pero no un proyecto de ley sobre aprovechamiento de las aguas, pesca o concesiones de carreteras. Es obvio que una ley sobre aprovechamiento de las aguas tiene impacto ambiental, como también lo tiene una ley de pesca o concesiones carreteras. No entiendo la lógica.

La enumeración de atribuciones de la Cámara de las Regiones que se intenta supone que es posible determinar a priori qué materias tienen interés regional y cuáles no. Ese supuesto es el que hay que cuestionar, ya que ello dependerá de cada proyecto específico. Las regiones y pueblos originarios merecen una segunda cámara más poderosa, que, dadas ciertas condiciones generales y procesales, tenga derecho a una revisión amplia de los proyectos de ley que les incumben. Eso es lo natural en la mayoría de los regímenes presidencialistas: Uruguay, Bolivia, Argentina, Colombia, Estados Unidos, entre otros. Además, por 4/7 de los diputados presentes prima la primera Cámara. No hay contrapeso. No hay duda: la Cámara de las regiones es de segunda clase. Y la nueva Constitución declara que somos un “Estado Regional”… No lo entiendo.

Una famélica segunda Cámara no da garantías si se despiertan apetitos autoritarios en un Mandatario con mayoría en la primera Cámara. Lo he planteado en otras ocasiones. Vuelvo a esta cita clave: “Si se consiente que el impulso y la oportunidad coincidan, bien sabemos que no se puede contar con motivos morales ni religiosos para contenerlo” (El Federalista, N° 10). El bicameralismo asimétrico de Rusia no ha detenido los apetitos autoritarios de Putin, como sí lo hizo el Senado de Estados Unidos respecto de Trump. Como admitió el expresidente Obama, “una democracia no necesariamente muere con un golpe militar, también puede morir en la urna electoral” (CNN, 8/6/21). Por buscar solo rapidez, no sea cosa que nos encontremos, de pronto y sin saber cómo, en las manos todavía más rápidas de un tirano. ¿O no hay que ponerse en ese caso, pese a la sangre que ha corrido en Chile?

Luego, se puede revocar el mandato de los parlamentarios y no queda claro cuáles son los requisitos. En tiempos en que las redes sociales atizan emociones políticas tan intensas como pasajeras –salvo normas sumamente exigentes–, esto podría desestabilizar la labor parlamentaria, potenciar la cultura de la cancelación y llevarnos a un estado de campaña electoral permanente.

Me inclino por que haya una breve lista de leyes significativas que solo se pueden aprobar y modificar por la mayoría de los parlamentarios en ejercicio, como en Francia. Eso tiende a dar estabilidad institucional. Se propone, en cambio, que todas las leyes se aprueben y modifiquen por simple mayoría. Puede acarrear volatilidad legislativa.

Otro defecto: la reelección de parlamentarios solo una vez, que estimula a los políticos meramente aficionados en oposición a los políticos profesionales, favorece las carreras políticas efímeras, da ventajas a los que tienen fortuna y facilita la corrupción. Porque tras ocho años de parlamentario, es difícil reinsertarse en el mundo laboral. Eso, por cierto, no afecta a los que tienen gran patrimonio. Por forzar la renovación de la clase política, se puede caer en un problema peor.

No se incluyó, e importa mucho, el sistema electoral, uno de los factores que incide en la fragmentación del sistema de partidos. Necesitamos menos partidos y más grandes. Ningún régimen político funciona bien con un Parlamento con más de veinte partidos como el actual. Los costos de transacción son enormes. Necesitamos un nuevo sistema electoral que no pretenda borrar nuestro multipartidismo, pero que castigue la fragmentación excesiva. Un sistema electoral mixto –dos votos que implican que una parte de los parlamentarios es elegida según representación proporcional y, otra, según un método mayoritario en distritos pequeños– análogo al alemán o neozelandés, podría ser un camino. Lo otro es disminuir el número de parlamentarios que se elige por distrito. Pero este tema crucial es complejo, detallado y conviene dejarlo a la ley.

La pregunta es: ¿qué haremos para que los parlamentarios modifiquen la ley en virtud de la cual se los eligió y promuevan normas que podrían afectar la subsistencia de sus propios partidos? La Iniciativa Popular de Ley podría, quizás, abrir esa puerta.

Haciendo las sumas y las restas, la base de la nueva propuesta, desde mi punto de vista, es razonable. Representa un avance considerable respecto de la anterior. Pero exige algunas mejoras sustantivas.