NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: Sebastián Beltrán Gaete, Agencia Uno
Al interior del colectivo reconocieron que pretenden negociar con el resto de los grupos que suscribieron el “Gran Acuerdo” al interior de la Comisión de Sistema Político, para corregir lo que –a su juicio– constituyen carencias de atribuciones en el sistema legislativo de bicameralismo asimétrico. Las conversaciones, sin embargo, no se habrían reducido solo a ellos, sino que también se habrían extendido a quienes se negaron a suscribirlo, como el Colectivo del Apruebo y la centroderecha. ¿Por qué? Porque en la misma noche en que se llegó al acuerdo, miembros del Colectivo Socialista (CS) resintieron la ausencia de otras facultades de la Cámara de las Regiones, como renovar acusaciones constitucionales, estados de excepción constitucional y nombramientos de autoridades, además de su capacidad revisora. Por este motivo es que el CS ha comenzado a «mirar para el lado». La táctica es que sea rechazado en el Pleno el artículo que se refiere a las atribuciones de la Cámara de las Regiones –como se denomina en el informe de esta comisión, que será votado la próxima semana por el total de convencionales–, para luego reinstalar su discusión en la comisión. Miembros del colectivo son enfáticos en asegurar que, pese a lo anterior, “no está en nuestra intención ignorar el acuerdo”.
«Miércoles 20:00 horas y un asado». Esa fue la cita a la que estaban invitados los 16 integrantes del Colectivo Socialista (CS) la noche de ayer. De acuerdo a los consultados, se trataba de un “espacio para compartir”, una actividad “distendida”, pero mientras unos aseguraban que también se abordarían temas como la votación en el Pleno de las normas que llegan de nuevo desde la Comisión de Sistema Político sobre los poderes Legislativo, Ejecutivo y lo relativo a sistemas de partidos, y que se fijó como un asunto para conversar, otros eran enfáticos en señalar que no contaban con una reunión programada como colectivo para eso.
Con el informe listo que contiene artículos que establecen un Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones con 17 atribuciones, que reemplazará al Senado, se enfrenta la Comisión de Sistema Político –llamada también la «sala de máquinas» de la Convención Constitucional (CC)– a una segunda votación en el Pleno (calculada para el miércoles 13 de abril) del informe que reemplaza al primer grupo de normas que presentaron como comisión en la instancia plenaria, pero que fueron rechazadas.
Se ha extendido al interior del Colectivo Socialista que tanto el coordinador de la Comisión de Sistema Político, Ricardo Montero, y el también integrante del espacio, Maximiliano Hurtado, empezaron a tantear la posibilidad con los diferentes grupos políticos y sociales que integraron el acuerdo, para iniciar conversaciones con el fin de rechazar el artículo que establece las atribuciones de la Cámara de las Regiones, y así poder devolverlo a la comisión para tratar de nuevo los puntos. Las conversaciones del CS, sin embargo, no se habrían reducido solo a los constituyentes que participaron del «Gran Acuerdo», sino que también se habrían extendido a quienes se negaron a suscribirlo, como el Colectivo del Apruebo y la centroderecha. De este modo es que se sostiene que el Colectivo Socialista ha comenzado a «mirar para el lado».
¿Por qué? La misma noche en que se llegó al acuerdo, miembros del Colectivo Socialista resintieron la ausencia de otras facultades en que la Cámara de las Regiones fuera revisora, como, por ejemplo, renovar acusaciones constitucionales, renovar estados de excepción constitucional y nombramientos de autoridades. Estas mismas, más la revisión de tratados internacionales, son las que –de acuerdo a fuentes al interior del CS– quieren sumar a las leyes de acuerdo regional a través de indicaciones, si es que logran convencer a los demás grupos de devolver parte del acápite a la comisión. Esto quiere decir que se rechace en el Pleno con mayoría absoluta para ser mejorado en su vuelta a la comisión.
El 28 de marzo, luego de una serie de reuniones que empezaron el miércoles 23, parte de la centroizquierda, el Frente Amplio, el Colectivo Socialista y el Partido Comunista, y de los colectivos de movimientos sociales o independientes, Independientes por una Nueva Constitución, Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes y la Coordinadora Plurinacional, firmaron un documento con indicaciones para transformar los artículos sobre Ejecutivo, Legislativo y sistemas de partidos que habían sido devueltos por el Pleno.
El fracaso lo vivió la comisión cuando, el 18 de marzo, presentó su primer informe de normas ante la instancia plenaria, que incluía dos tipos de segunda Cámara en su interior –Consejo Territorial y Cámara Territorial–, con atribuciones distintas cada una. Luego del sufragio del total de convencionales que se dio ese 18 de marzo en general y el 23 del mismo mes en particular, fueron aprobados 3 de 95 artículos.
“Los principales lineamientos son un presidencialismo atenuado, como habíamos informado, un bicameralismo bien asimétrico con una Cámara que es el Congreso de Diputadas y Diputados, que representa principalmente a la población de nuestro país, y una segunda Cámara que es la Cámara de las Regiones”, dijo Ricardo Montero (Colectivo Socialista) al salir de la reunión el 28 del pasado mes, tras lograr ingresar las indicaciones antes de las 12 p.m., el plazo que tenían fijado como comisión.
El mayor nudo en las conversaciones que se extendieron durante seis días, y en las que participó la centroderecha a través de Hernán Larraín (Evópoli) y Cristián Monckeberg (RN) como principales representantes de este sector al interior de la comisión, fueron cuáles serían las atribuciones de la segunda Cámara o Cámara de las Regiones, como se llamó finalmente.
Mientras el Colectivo Socialista empujaba la idea de que fuera revisora de una mayor cantidad de temas nacionales, como reformas constitucionales, el Frente Amplio aseguraba que estaban de acuerdo con incluir solo aquellas materias que tuvieran un enfoque regional.
“Si estamos hablando de reformas constitucionales que afecten las atribuciones o competencias de los órganos territoriales, por cierto, debe estar incluido. Si se trata de reformas constitucionales, cualquiera que ella sea, por el solo hecho de ser reforma constitucional, aunque no tenga ninguna vinculación territorial, nosotros vamos a hacer lo posible para que esa facultad no sea del Consejo”, dijo Fernando Atria (FA) el 21 de marzo.
Finalmente, se arribó a la fórmula de 17 facultades para la segunda Cámara, estableciendo que serían leyes de acuerdo regional que reformen la Constitución en lo relativo a la elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales; que reformen la Constitución en lo relativo al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo; que reformen la Constitución en lo relativo al Servicio Electoral y la Contraloría General de la República; la de Presupuestos; y las que regulen la protección del medio ambiente, entre otras.
El objetivo de este acuerdo era calcular qué propuestas tendrían más de 2/3 de apoyo en el Pleno (103 votos), lo necesario para que un artículo pase a formar parte del borrador de la nueva Constitución.
Miembros del Colectivo Socialista (CS) explican que han recibido críticas –dicen que especialmente desde el mundo de la academia– respecto al funcionamiento técnico del mecanismo legislativo al que llegó a acuerdo la mayor parte de la centroizquierda. Aseguran que no van a presentar reparos, sino que preguntarles a los demás colectivos si también han recibido observaciones.
Estas conversaciones se enmarcan en lo manifestado por el socialista y presidente del Senado, Álvaro Elizalde, en entrevista con El Mercurio, el 2 de abril: «La propuesta de Sistema político no constituye un bicameralismo, sino un unicameralismo encubierto».
“Esperamos tener conversaciones con todos los demás colectivos del acuerdo para debatir si es que se deben devolver algunos artículos para ser mejorados. La idea sería perfeccionar las atribuciones de la segunda Cámara, sumarle valor específico”, aseguró un integrante del CS.
“No está en nuestra intención ignorar el acuerdo”, sostienen de forma enfática, al tiempo que puntualizan que buscarán, a través de conversaciones con todos los grupos involucrados, llegar a una resolución, que es devolver este artículo, “que votemos todos en conjunto”, proponen, y subrayan que no sería retirarse del acuerdo, ya que –según algunos– “está en conocimiento de todos los grupos involucrados que hay deficiencias técnicas”.
Uno de los temas que apuntan como principal flanco en el listado de atribuciones de la segunda Cámara que presentarán al Pleno, es la ausencia de la acusación constitucional como materia de la Cámara de las Regiones. Explican que “se ha dicho por todos lados que sería un inconveniente” que solo el Congreso de las Diputadas y los Diputados las vote. Aseguran que “si el Partido Comunista siguiera insistiendo” en este punto, y si “no existe una apertura como esa, se pondría en peligro el acuerdo, pero parece poco probable. Ni siquiera nos ponemos en ese escenario”, afirman.
