Opinión
Para explicar la preponderancia de las bandas criminales en el manejo del país, la política y la descomposición del Estado, basta decir que durante el 215 aniversario de la muerte de Jean-Jacques Dessalines, el esclavo negro que se levantó en contra de Francia e inició la creación del primer país libre de América Latina (1804) tras la «convención de Arcahaie», asistieron a su homenaje tanto el presidente Ariel Henry como Jimmy «Barbecue» Cherizier (expolicía que se convirtió en líder criminal), que se presentó en el lugar vestido exactamente igual que el presidente, traje blanco y corbata negra, rodeado de gente armada. La aparición de este hizo huir a Henry y refugiarse en una comisaría cercana, pero los policías que debían protegerlo despreciaron al mandatario, aplaudiendo la llegada de «Barbecue». Hasta ahora las bandas actúan como correa de transmisión de los partidos ante el vacío de poder, pero empoderadas con capacidad de fuego y el dinero en medio de un Estado de derecho que, si bien nunca ha sido una virtud en Haití, hoy muestra una descomposición nunca vista.
Hace poco, miles de personas se manifestaron en Haití (29.03.2022) para mostrar su repudio ente el aumento de los secuestros y la falta de acción del gobierno del primer ministro Ariel Henry para proteger a la población de las bandas criminales. Sin embargo, la crisis es más profunda y dramática que las bandas criminales, como se aprecia de la descripción del periodista Jacobo García (El País, 24/10/2021), cuando dice que “hay países como Haití que parecen estar descomponiéndose siempre. Países que nunca están en las noticias por nada bueno porque sus deportistas nunca ganan nada, nadie obtiene un premio de cine, no se publica un libro, no tiene plato típico o se desconocen sus playas turquesas porque el único verbo conjugado es siempre el mismo: sobrevivir. Países que a veces estallan en 35 segundos por acción de la naturaleza cuando un terremoto agita la tierra, y otras donde es la mano del hombre la que lo descompone”.
Como lo expresé en un artículo para la Universidad SEK y base de este, Haití es uno de los países más pobres del mundo y el más pobre de América, y como siempre muestra una grave y endémica crisis humanitaria con un 60% de pobres y un 46,8% de los ciudadanos que ingiere menos calorías de las necesarias o con un apenas 0,5% de la población vacunada en contra del coronavirus, producto de décadas de inestabilidad política, económica y de seguridad. Por su ubicación geográfica caribeña, sufre huracanes, tormentas tropicales, lluvias torrenciales e inundaciones (más terremotos), cuyo daño obstaculiza el crecimiento y, por lo mismo, su economía está en constante reconstrucción (90% de la población está amenazada por los desastres naturales). Ya el 2019 su PIB había caído un 1,7% por los bloqueos de carreteras y la violencia de parte de las bandas criminales, actos que llevaron a semanas de parálisis completa de la economía, y el 2020, con la llegada de la COVID-19, la economía sufrió una caída incluso mayor, con la pérdida del 3,7% del PIB (FMI).
Pero como las malas noticias siempre se entrelazan en este olvidado país, en julio de 2021 fue asesinado su presidente, Jovenel Moïse. Antes de ser asesinado, Moïse había estado trabajando en un listado de políticos y empresarios poderosos involucrados en el tráfico de drogas y sus grados de implicación, y que entregaría a EE.UU. Si bien la mayoría de los autores materiales, más de veinte sicarios colombianos que llegaron en los días previos al asesinato, han sido detenidos, el autor intelectual sigue siendo un enigma. Meses antes de su muerte, Moïse había denunciado –en una entrevista al The New York Times– que poderosos grupos empresariales querían terminar con él por tomar medidas que les desagradaban, como la limpieza en el departamento de aduanas, estudiar la posibilidad de nacionalizar un puerto que sospechaba era la vía de entrada de mercancía de contrabando, dar la orden de destruir una pista clandestina de aterrizaje utilizada por avionetas procedentes de Venezuela y Colombia (supuestamente con drogas y otros cargamentos ilícitos y que fue alertada por The New York Times) y por estar investigando el lucrativo comercio de anguilas que había sido identificado como un mecanismo para el blanqueo de capitales, entre otras.
Una figura central en la lista de Moïse y también en la mira de la DEA (Administración de Control de Drogas de EE.UU.) desde hacía tiempo, era el empresario Charles Saint-Rémy, un poder en la sombra en los 4 años del gobierno del propio Moïse que conseguía contratos públicos o el nombramiento ministros u otras autoridades. El empresario sospechoso de tráfico de drogas era cuñado del expresidente Michel Martelly, quien había colocado en el puesto de presidente al mismo Moïse, pero que se distanciaron abruptamente por los intentos de Martelly de manipular su gestión. Martelly, un excantante que sigue gozando de gran popularidad en Haití, estudia la posibilidad de presentarse nuevamente a las elecciones.
Otro de los nombres citados es el de Dimitri Hérard, un miembro muy relevante de la fuerza de seguridad presidencial de Martelly, y que se convirtió en el jefe de la unidad de policía que lo protegía. Hérard es sospechoso de tráfico de drogas desde que, en 2015, un buque atracó en Puerto Príncipe más de una tonelada de cocaína y heroína. Ese día, Hérard fue visto dirigiendo a policías cargando las drogas en unos vehículos y alejándose de ahí en ellos, según un testigo y el exagente de la DEA Keith McNichols, que lideró la investigación sobre el cargamento desaparecido. También estaría en la lista el hombre que lideraba a los sicarios del magnicidio, Joseph Félix Badio, un exinformante de la DEA que tuvo varias conversaciones telefónicas con Ariel Henry, el primer ministro que sucedió a Moïse.
Para explicar la preponderancia de las bandas criminales en el manejo de país, la política y la descomposición del Estado, basta decir que durante el 215 aniversario de la muerte de Jean-Jacques Dessalines, el esclavo negro que se levantó en contra de Francia e inició la creación del primer país libre de América Latina (1804) tras la «convención de Arcahaie», asistieron a su homenaje tanto el presidente Ariel Henry como Jimmy «Barbecue» Cherizier (expolicía que se convirtió en líder criminal), que se presentó en el lugar vestido exactamente igual que el presidente, traje blanco y corbata negra, rodeado de gente armada. La aparición de este hizo huir a Henry y refugiarse en una comisaría cercana, pero los policías que debían protegerlo despreciaron al mandatario, aplaudiendo la llegada de «Barbecue». Hasta ahora las bandas actúan como correa de transmisión de los partidos ante el vacío de poder, pero empoderadas con capacidad de fuego y el dinero en medio de un Estado de derecho que, si bien nunca ha sido una virtud en Haití, hoy muestra una descomposición nunca vista.
Natalie Kitroeff y Maria Abi-Habib escribían en The New York Times (30/10/2021) que “las pandillas han tomado los puertos de Haití y detienen los cargamentos de combustible. Los hospitales están a punto de cerrar porque los generadores se quedan sin potencia, lo cual pone en peligro la vida de cientos de niños. Las torres de telefonía celular se quedan sin energía, por lo que algunas zonas del país han quedado aisladas. Y, cada día que pasa, empeora la grave crisis de hambre”. Pero la comunidad internacional no está preocupada de esta perdida realidad, y menos ahora con los efectos mundiales de la pandemia, del calentamiento global y de la invasión de Ucrania.
Este país olvidado por la comunidad internacional y recordado solo cuando se expulsa a desesperados (y desesperanzados) inmigrantes haitianos desde EE.UU., Chile o México, es uno dividido por raza, clase e ingresos, pero donde el secuestro se ha convertido en el único hecho democrático que existe al golpear a todos por igual. Hasta ahora, secuestrar extranjeros ha sido un negocio muy rentable, donde la tarifa media empieza en US$ 1 millón para los blancos y de US$ 100 mil para los locales, llegando a cifras menores de acuerdo a los ingresos. Quienes consiguen pagar el dinero describen torturas prolongadas y maltratos durante el cautiverio.
Actualmente existen unas 150 pandillas activas en Haití, según un recuento realizado por la Fundación Je Klere (FJKL) en agosto de 2021. Las más importantes son los 400 Mawozo, responsables del secuestro masivo de religiosos (17 misioneros canadienses y estadounidenses el 16 de octubre de 2021), liderada por Wilson Joseph; y el G-9, de Jimmy «Barbecue» Cherizer. Ambas facciones se han repartido la ciudad y unas controlan la zona de Croix de Buquet y otras Martissant, impidiendo a la población salir de la ciudad o de noche sin poner en juego su vida. Su poder es tal que la ONU tuvo que negociar con ellos para que se les permitieran descargar y repartir la ayuda humanitaria enviada tras el terremoto. A Jimmy “Barbecue” Cherizer se le atribuye un rol en tres matanzas perpetradas en los últimos años y que dejaron centenares de muertos en algunas de las zonas más deprimidas de Puerto Príncipe, como lo escribió Guillermo Olmo (BBC News, 01/12/2021), entre otros.
No hay un lugar en América que sea territorio seguro para los haitianos. Decenas de miles se encuentran en constante riesgo al inmigrar por el continente. En su viaje, se enfrentan a la violencia de grupos armados que los asaltan para robarle; a las palizas en retenes de las fuerzas de seguridad/policiales; al miedo a ser deportados de vuelta a un país roto, sin gobierno efectivo, dominado por las pandillas, con hambre, con violencia sexual contra las mujeres y niñas; transitar por rutas peligrosas e inhóspitas; al racismo sistémico que sufren o a ser recluidos en campamentos que en la práctica son campos de concentración y en pésimas condiciones. Un informe reciente de Amnistía Internacional y de Haitian Bridge Alliance, acredita que varios países de América no están brindando seguridad a las personas haitianas frente a una serie de violaciones de DD.HH. y critican, especialmente, a las autoridades de México, EE.UU. y Chile por su gestión migratoria (El País, 28/10/2021).
La situación de desorden y descontrol que está viviendo este país caribeño de 11 millones de habitantes, está constituyendo no solo una amenaza para sus propios ciudadanos, sino para la seguridad nacional de su vecina República Dominicana, según reconoció su expresidente en tres oportunidades, el abogado-escritor del Partido de la Liberación Dominicana (centroizquierda), Leonel Fernández, quien reclama una mayor sensibilidad de la comunidad internacional ante la crítica situación haitiana.
Pero no pueden ser las soluciones “parches” del pasado, entre otras imponer gobernantes y/u ocupar el país. No olvidemos que el 2004, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el despliegue de los cascos azules con el objeto de apoyar el proceso político haitiano y recuperar la seguridad y estabilidad institucional. El liderazgo de la misión fue entregado a EE.UU. y los países contribuyentes fueron Canadá, Chile y Francia, misión reemplazada por la Minustah (liderada por Brasil e integrada mayormente por efectivos latinoamericanos), a mediados de ese año. Tras más de 13 años de intervención, miles de millones de dólares gastados (botados o entregados a la corrupción), el terremoto del 2010 con 316 mil muertos (hubo otro el 2021), el rebrote de cólera –desaparecido por más de un siglo– (10 mil muertos) y de escándalos sexuales por parte de cascos azules, la jefa de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití, Sandra Honoré, frente al retiro de tropas en 2017, dijo que “Haití era un lugar muy diferente», destacando la consolidación de la democracia, el refuerzo de sus fuerzas del orden y mejoras en el Estado de derecho. Honoré se equivocó al igual que la mayoría de las vocerías de los países asistentes. Más allá de las agendas particulares de los intervinientes (forzar la salida de Aristide, mostrar capacidad disuasiva, fortalecer poder blando/imagen, bonificar sueldos de los militares, ganar experiencia, ser solidarios, etc.) y de la exitosa distensión inicial del conflicto, es claro que no hubo construcción efectiva de la paz, fortalecimiento del Estado y menos desarrollo económico y democrático, y así, con la salida de la Minustah, volvieron el caos y la anarquía de un “Estado fallido”.
Ante esta realidad de “anarquía” y criminalidad que vive Haití, la República Dominicana comenzó la construcción de un muro “inteligente” en la frontera, estructura que cubrirá más de la mitad de los 392 kilómetros de la frontera con el país occidental de la Isla La Española. Tendrá 3,90 metros de alto y estará construido con hormigón armado y una estructura metálica, también habrá 170 torres de vigilancia y unas 71 puertas de acceso. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, señaló que la medida ayudará a «controlar» la migración ilegal y el crimen (La Tercera, 20/02/2022). Pero todos sabemos que ni los muros o las zanjas sirven para tratar un problema humanitario.
La baja institucionalidad (cada haitiano debe esforzarse para satisfacer sus necesidades, traducida en creole «Naje pou sòti”) y la realidad de protopartidos que viven Haití (se les reconoce como parte del problema y de la solución), han permitido que el sucesor de Moïse, Ariel Henry –cuyo mandato terminaba el 7 de febrero de 2020 y debía llamar a elecciones–, expresara que su mandato no terminaba y que organizaría “elecciones libres y democráticas” en fecha no determinada. Frente a los reclamos de plataformas políticas que procuran otro gobierno de transición, dijo que “no existe disposición legal ni constitucional que permita a nadie arrogarse el derecho a nombrar un presidente provisional” y que “tales iniciativas solo profundizan las divisiones”, proponiéndose en un período intermedio “el retorno al funcionamiento normal de nuestras instituciones democráticas, la entrega del poder a los funcionarios electos lo antes posible” (Diario Libre, 21/01/2022). Entretanto, funcionarios de inteligencia estadounidenses dicen que temen que las pandillas cada vez más poderosas, que paralizan regularmente la capital, Puerto Príncipe, puedan desafiar violentamente a Henry, quien ya es profundamente impopular, una vez que termine su última pizca de legitimidad. Ya el 30 de enero, la coalición, llamada Montana Group, desafió al Departamento de Estado de EE. UU. y eligió a Fritz-Alphonse Jean, un economista que alguna vez fue director del Banco de Haití, y a Steven Benoit, un exsenador, para dirigir el país. Unos 42 delegados que representan a 300 organizaciones sociales y que votaron por los dos (Washington Monthly, 04/02/2022), han pedido el fin del apoyo de EE.UU. a Ariel Henry.
El Departamento de Estado hoy, si bien escucha al Grupo Montana (lo ignoró por completo al principio), continúa apoyando a Ariel Henry, a pesar de que tiene poco apoyo popular, al tiempo que deporta a miles de refugiados de regreso al atormentado país. Esto ya provocó la renuncia del enviado especial estadounidense, Daniel Foote, quien se ha pronunciado enérgicamente en contra de lo que ha llamado una “arrogancia obstinada” para que acepten un primer ministro no electo y un plan para elecciones rápidas que pocos en Haití quieren. Los haitianos argumentan que una votación libre y justa inmediata es imposible, especialmente si el gobierno de Henry las supervisa (no hay capacidad ni voluntad para garantizar su imparcialidad para ser suave) y menos con una violencia generalizada por parte de las pandillas que aterrorizan a la población.
Tampoco hay Parlamento al que recurrir, pues las elecciones legislativas debieron celebrarse en 2019, pero la desestabilización política aplazó los comicios y la Asamblea Nacional perdió a todos los diputados y a dos tercios de los senadores en enero de 2020. Los 10 senadores restantes son actualmente los únicos funcionarios electos en un Haití que se hunde aún más en la violencia y la inseguridad, desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, cuyos autores intelectuales, como se señaló anteriormente, aún se desconocen.
El problema de gobernabilidad en Haití es multidimensional y profundo, con causas históricas que se anclan al hecho de encontrarse sin Parlamento, un gobierno no electo y surgido de un magnicidio, con una cúpula judicial inoperante y que no acierta en dar soluciones al encadenamiento de calamidades (inseguridad alimentaria, decrecimiento económico, azotes de la naturaleza y una criminalidad desatada). Como lo expresó el presidente de República Dominicana, Luis Abidaner, en la Asamblea General de la ONU en septiembre del año pasado, “es imperativo manifestar de la manera más firme y tajante posible que la comunidad internacional no debe, ni puede, abandonar al pueblo haitiano en este momento en que los niveles de inseguridad lo están llevando a su autodestrucción… los haitianos no podrán pacificar su país ni garantizar las condiciones para establecer un mínimo de orden por sí solos”. Pero habría que agregar: con fórmulas democráticas y solidarias adecuadas, transparentes y controladas.
