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La construcción de un pozo de $700 millones moviliza a diversas comunidades de la localidad de El Asiento, que viven en torno al río Putaendo (hoy seco), afluente del río Aconcagua y que da vida a una provincia con una severa escasez hídrica producto de una persistente sequía. Dicen las comunidades que la inversión estaría orientada a resolver los requerimientos de agua de los grandes regantes, a riesgo de secar a las comunidades, lo que ya se vio en comunas como Petorca. Esta inversión, sin embargo, no es aislada. Se inscribe en un millonario plan de obras públicas en la cuenca del río Aconcagua que, entre 2019 y 2021, llega a los $49 mil millones, algo que despierta indignación, toda vez que se comporta, en los hechos, como un nuevo subsidio a las grandes empresas agrícolas que se benefician de estas obras para riego y que, de paso, ponen en riesgo la sobrevivencia de más de dos mil personas. Para los habitantes de la localidad de El Asiento, estas inversiones conllevan un pasivo fatal: el sacrificio de toda una comunidad. Son las nuevas zonas de sacrificio, a las que la autoridad no ha dado ninguna respuesta. El Mostrador intentó insistentemente que las nuevas autoridades del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Obras Hidráulicas y de la Seremi de Obras Públicas de la Quinta Región respondieran a las consultas. La respuesta fue silencio.
“Lo peor es que el Estado gasta plata de todos –de ti, de mí, de todos nosotros– para beneficiar a algunas personas, pero sabiendo que eso perjudica a otras personas. Yo no sé si eso es maldad o qué, pero al menos me parece una cosa absurda”.
La cita anterior corresponde a Rodrigo Ortega, presidente de la Cooperativa de Agua Potable Rural (APR) de El Asiento, localidad situada entre San Felipe y Putaendo, en pleno Valle del Aconcagua, cuya comunidad se ha alzado en resistencia contra un proyecto de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, consistente en la construcción de un pozo de 170 metros de profundidad que –según dicen los vecinos de la localidad– irá en beneficio de los grandes regantes de áreas aledañas, pero afectando la disponibilidad de agua en el “pozo madre” que debieron construir hace menos de dos años.
Las autoridades ya avisaron que el pozo sería trasladado a un lugar aún por definir, sin embargo, las dudas persisten en vista del carácter sistémico de la naturaleza: la extracción en un lugar de la cuenca del río irremediablemente incide en lo que ocurre en otro lugar de esa cuenca. Hasta ahora, la decisión de construir el pozo continúa en pie. Y el temor se arraiga, tan profundo como el pozo. Sus miedos no son a quedar solo sin agua, el terror que los inunda es a desaparecer como pueblo, literalmente.
Rodrigo Ortega, presidente de la Cooperativa de Agua Potable Rural de El Asiento
“Nos van a secar”, señala José Guajardo, presidente de la Junta de Vecinos de El Asiento. “Lo sabemos, porque es lo que ha pasado en todas partes. Ha pasado en Cabildo, en Petorca, donde el Estado invierte recursos públicos en infraestructura de riego para los grandes agricultores, y después los vecinos terminan sin agua, o peor: terminan comprándoles el agua a quienes los secaron, lo que es muy inmoral. No es algo que tememos porque seamos personas imaginativas. Simplemente vemos lo que ha ocurrido en otros lugares de la región”, agrega. “¿Qué ha cambiado en Chile como para suponer que ahora será distinto?”, añade, con el tono de pesadumbre de quien se sabe pequeño enfrentando a gigantes.
“En este pozo quieren gastar 700 millones de pesos. Repito, esta es plata de todos: tuya, mía, nuestra”, complementa Ortega, mientras se pregunta «y ¿para qué?».
“Aquí todo se justifica con el empleo, el crecimiento y toda la cuestión”, responde Guajardo, quien invita a levantar la mirada y contemplar el entorno para ver si algo de esa prosperidad se ha distribuido en la zona: casas de materialidad modesta, la ausencia de veredas, la tierra yerma y ajada por un sol abrasador que invita a la siesta y lacera la piel incluso antes del mediodía.
Para ellos todo parece monstruoso: el proyecto mismo del pozo, el desprecio que atribuyen a las autoridades y grandes regantes por las personas más humildes, al igual que este otoño que parece la mera continuación del verano, lo que sugiere el implacable avance del desierto que arrastra a los acuíferos de superficie a una inminente extinción. Solo un modesto hilillo de agua mantiene vivo al río que da vida a la provincia.
Fue en febrero cuando una comunicación rompió la habitual tranquilidad del pueblo. “Un día nos invitan muy apurados a una reunión a todos en la APR a los dirigentes de la comunidad. Nos dicen que nos van a informar de algo. Y en esa reunión, que tiene lugar el 26 de febrero, nos dice el anterior presidente de la APR que la Dirección de Obras Hidráulicas va a construir un pozo a 200 metros de nuestro pozo-madre, que tiene 146 metros de profundidad y nos entrega 12,5 litros de agua por segundo. Nos señalan que esa obra iría en beneficio de los regantes del canal Salinas. Incluso tenían una carta lista, al parecer escrita desde Santiago, en la que nosotros aceptábamos mansamente la construcción del pozo. El presidente de la APR, Víctor Reyes, que tiene familiares regantes, renunció cuando nos opusimos. Fue digno en tomar esa decisión”, señala Guajardo.
“No nos hagamos los tontos: todos sabemos que este pozo es una cosa que vienen pidiendo los agricultores de la zona. Ellos quieren más agua, pero todo el mundo quiere más agua”, afirma Eliana Silva, una adulta mayor nacida y criada en esta localidad habitada originalmente por campesinos y mineros organizados comunitariamente, quienes supieron imprimirle a El Asiento una larga tradición –y memoria– de resistencia, según sostiene esta vecina, a quien le parece intolerable que inversiones que se hacen “con plata de todos” se justifiquen en nombre de los más humildes.
“Aquí se dijo que esto era para los pequeños agricultores. Y si usted se fija, aquí hicieron desaparecer a los agricultores más chicos. Ya casi no existe la agricultura familiar campesina. Lo que hay son vecinos que plantan sus tomates y cosas así. Hasta en eso se nota que nos tratan de tontos. Y nos tratan de tontos porque somos personas pobres”, agrega Eliana, quien cree que el futuro del pueblo es inexorable en la medida que se acentúe la extracción de aguas subterráneas para suministrar a los grandes productores agrícolas de la zona. “En esta zona hay duraznales, viñedos, alfalfales y una lechería, y ya no tenemos agua. En 2019 se nos secó el primer pozo que teníamos y por eso tuvimos que construir otro más profundo. Nos tenían que traer agua de otro lado y fue terrible”, añade.
“Aquí en la zona el pueblo es conocido como ‘La Cuba Chica’. Para el Golpe del 73, muchas personas huyeron al cerro para escapar de la represión y organizarse”, afirma Eliana Silva, hija de minero que militaba en el Partido Comunista. “Los milicos llegaron a nuestra casa y la destruyeron entera registrándola y buscando armas que nunca tuvimos. Total que mi papá se tuvo que esconder en el cerro y un tío le iba a dejar alimento», relata como un antecedente de un pueblo que lucha por sobrevivir.
Río Putaendo seco.
El secretismo ya es una señal inquietante, afirma Ortega. “Cuando queremos hacer cosas entre gallos y medianoche ya es algo sospechoso. Nadie derecho actúa así. ¿Qué pretenden esconder? Además ocurrió una cosa muy curiosa: empezaron diciendo que el pozo era para extraer 50 litros por segundo, luego que eran 70 litros por segundo. Tiempo después una autoridad municipal de San Felipe, cuyo nombre prefiero reservarme, me dice que el proyecto es para extraer de las napas 100 litros por segundo. Pero lo peor viene después”, añade.
El concejal de la comuna de San Felipe, Rafael Sottolichio Bauer, critica la deficiente conducción de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas en este tema, ya que tanta opacidad, tanto secretismo y sigilo, no hicieron más que alimentar las sospechas hacia el proyecto: “Al final las decisiones quedan en el aire con información atrasada. Con toda la crisis hídrica, la DOH debe tener una actitud y una propuesta mucho más transparente y mucho más cercana a la ciudadanía, no solamente con los regantes, sino con las APR y los vecinos comunes y corrientes para que al menos entiendan que, si se están haciendo bien las cosas, se vea”.
El punto es complementado por Guajardo, quien señala que, en vista de la movilización que generó el anuncio, “a comienzos de marzo decidieron trasladar el pozo a 700 metros de nuestro pozo-madre, y sin decirle a nadie instalaron toda la maquinaria de sondaje y se dieron el lujo de arrasar con unos espinos que había ahí. Sacaron vegetación nativa sin avisarle a nadie. Nadie mostró una autorización para hacer eso”, añade.
De los reclamos pasaron a la movilización, que tuvo su punto culminante el jueves 10 de marzo con una concurrida marcha a la que se sumaron vecinos de otros pequeños pueblos del valle: Barrancas, Bellavista y 21 de Mayo. Todos ellos entienden que el ecosistema es un complejo sistema interconectado, por lo que resulta absurdo descartar efectos en el suministro solo por trasladar el punto de perforación.
Cuentan los vecinos que, días después, “el MOP mandó a Ivonne Marchant, la jefa de División de Riego, para reunirse con nosotros en San Felipe, y en esa reunión a la señora Marchant se le salió que el pozo era para extraer 200 litros por segundo. Todo el mundo saltó del asiento y el clima empeoró. La señora Marchant, muy molesta, dijo que para qué tanto problema si al final igual íbamos a terminar todos con agua desalada”.
El presidente de la Cooperativa APR, Rodrigo Ortega, sostiene que el pueblo ha exigido desde un comienzo un Estudio de Impacto Ambiental “como corresponde”, al igual que un estudio hidrológico para determinar los riesgos que comporta este proyecto y dilucidar todas las dudas. “Como gran cosa se le dice al pueblo que el pozo será multipropósito, es decir, para agricultores, para los vecinos y para bomberos. Pero el solo hecho de que digan que van a instalar una llave en caso que se nos seque el pozo, ya es un reconocimiento de que existe esa posibilidad. Las autoridades mismas se contradicen”, añade el dirigente.
Por cierto, finalmente la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP decidió trasladar el proyecto a otro punto del valle, cosa que tampoco tranquiliza a los habitantes de El Asiento. “Da lo mismo que lleven el pozo a otro lugar a dos, tres o cuatro kilómetros o lo que sea: el valle ya no da para más con los pozos, y las autoridades y los agricultores no quieren entenderlo”, señala Ortega.
“La señora Marchant incluso dijo que estábamos actuando en base a suposiciones. Nosotros le dijimos que ella también actúa bajo suposiciones mientras no tenga un respaldo técnico dado por estudios. Hubo mucha falta de respeto hacia este pueblo”, agrega José Guajardo, a lo que Rodrigo Ortega suma otra denuncia sensible: “En esa reunión le preguntamos a la señora Marchant, y a la gente que venía con ella, quién iba a hacerse cargo de la infraestructura para llevar el agua del nuevo pozo a las viviendas, y nos dijeron que ellos solo se limitaban a construir el pozo y que después nosotros teníamos que arreglarnos con los regantes para distribuir el agua. O sea, nos quieren hacer dependientes de los regantes y más encima tenemos que financiar la infraestructura para acceder al agua”.
En esa reunión, cuyo diálogo estuvo marcado por el sarcasmo y la sospecha, se informó de la decisión de la DOH de trasladar el proyecto a otro lugar aún por precisar, lo que está muy lejos de llevar tranquilidad a los habitantes de El Asiento. “Dicen que pueden llevar el pozo al sector de La Granja, a Quebrada Herrera… da lo mismo: nadie ha sido capaz de demostrarnos que ese nuevo pozo no vaya a dejarnos secos”.
Según los vecinos, este proyecto revela que la institucionalidad y el mundo empresarial no logran comprender a cabalidad lo sucedido el 18 de octubre de 2019, que no es otra cosa –dicen– que la pérdida definitiva de las confianzas en las promesas de prosperidad que puedan hacer, a efectos de empujar la materialización de proyectos de inversión intrusivos y ambientalmente problemáticos.
Los cuestionamientos también se extienden a otros aspectos. El alcalde de una localidad cercana, cuya identidad pide mantener en reserva, toda vez que prefiere evitar problemas con los regantes de la zona –quienes juegan un rol demasiado influyente en el tramado económico de la región–, menciona otro punto crítico: los precios inflados en la construcción de pozos cuando el que paga es el Estado. “Nadie me logra explicar cómo un pozo que construye un particular cuesta 200 y cuando lo hace el Estado cuesta un millón”, indica el jefe comunal. El concejal Sottolichio afirma que estos precios excesivos pueden explicarse por la modalidad de trato directo, que es lo habitual en este tipo de proyectos: “Los montos son bastantes elevados, y uno tiene que levantar las alertas y ahí creo que hay investigar y Contraloría debe hacerse parte inmediatamente».
En la Junta de Vigilancia del río Putaendo, entidad presidida por Daniel de Blasis –y que agrupa a los regantes señalados como los impulsores de la iniciativa y principales beneficiarios de la misma–, declinaron referirse al caso.
Más incomprensible resulta el silencio del Ministerio de Obras Públicas, que encabeza hoy Juan Carlos García, y en específico la Dirección de Obras Hidráulicas, quienes no han dado respuesta a los requerimientos de El Mostrador para conocer, en primer término y de manera oficial, la postura de Ivonne Marchant, la jefa de la División de Riego, en torno a los múltiples cuestionamientos realizados por los vecinos de El Asiento a su manera de conducir el conflicto.
Tampoco la cartera lo ha hecho para referirse a un dato que comienza a provocar escozor en esa y otras localidades de la provincia de Aconcagua: el pozo integra una cartera de inversiones en infraestructura de riego que solo en la cuenca del Aconcagua, con sus tres secciones, trepa por sobre los $49 mil millones, entre 2019 y 2021, según indica información en poder de este diario. Para 2022, el presupuesto para toda la Región de Valparaíso escala a los $27 mil millones, de los cuales $23 mil millones han sido asignados a proyectos integrados a la cuenca del río Aconcagua, $4 mil millones de ellos para obras en el río Putaendo. Esta inversión se ha movilizado gracias a la conformación del “Comité Aconcagua” en 2018, instancia compuesta por los regantes de las tres secciones del cuerpo fluvial, la empresa sanitaria Esval, el MOP (a través de la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas) y el Ministerio de Agricultura.
¿Bajo qué criterios se deciden esas inversiones? ¿Cuáles son las variables que contempla el proceso de evaluación de proyectos? ¿Qué empresas productoras y exportadoras se benefician de estas inversiones y a quiénes pertenecen? ¿Qué medidas adopta una institución del Estado para garantizar que el uso de recursos públicos se traduzca en un comportamiento empresarial ambientalmente sustentable y socialmente responsable? ¿Se exigen garantías para que las inversiones con recursos de todos(as) los(as) chilenos(as) vayan en beneficio de las comunidades? Ninguna de estas preguntas quiso ser respondida por la autoridad política y técnica.
Hasta aquí, las respuestas solo son extraoficiales. En la Junta de Vigilancia del río Putaendo algunos personeros comentan que se ha impuesto la desinformación y que la oposición a este tipo de proyectos conspira contra una recuperación económica pospandemia que beneficiará a todos, máxime si se considera que otros proyectos de inversión en la zona ya presentan problemas de avance, como ocurre con el proyecto minero Vizcachitas, de Andes Copper. “Llevamos tanto tiempo justificando todo con el empleo y el crecimiento y aquí estamos: cansados de que nos vengan con cuentos. Los empleos que ofrece el agronegocio no son de calidad, porque son empleos de temporada”, señala a su vez José Guajardo, el presidente de la Junta de Vecinos de El Asiento.
Y agrega: “Yo me abro a la posibilidad de que estemos equivocados y que el pozo no va a generar los problemas que creemos que va a generar. Pero entonces lo que corresponde es que ellos demuestren que estamos equivocados. No vale que simplemente lo digan. Si a un medio de comunicación no le explican estas cosas que se supone que son tan fáciles de explicar, imagínese que lo vayan a hacer con nosotros”, puntualiza.
“Se les notaba desesperados por hacer el pozo en tiempo récord. Sabían que estaban contra el tiempo porque se venía el nuevo Gobierno de (Gabriel) Boric”, afirma enseguida Guajardo, a lo que Ortega agrega que “seguro que también tiene que ver (la entrada en vigencia) el nuevo Código de Aguas”.
Ambos se lamentan de que las nuevas autoridades del Ministerio de Obras Públicas, nada más llegar –comentan con sospecha–, se adecuen rápidamente a los requerimientos del mundo empresarial, que no tiene nada de malo en sí –advierte–, pero en cuyo propósito «poco les importan los impactos que esta clase de iniciativas pueden generar en tantos otros ciudadanos».
“No me extraña que se hagan esas inversiones con plata fiscal. Estas inversiones son cada vez más grandes, y nosotros tenemos la idea de que esto se debe al boom de la palta que tiene secas a varias comunas de la región. Ese cultivo se extendió mucho en los últimos años”, declara el titular de la APR de El Asiento.
Según información proporcionada por el Ministerio de Agricultura, la superficie regional para la producción de paltas ha experimentado un retroceso entre 2008 y 2020, pasando de 22.008 hectáreas cultivadas a 20.318, lo que significa una variación negativa de 7,7%, representando así el 67,4% de toda la superficie nacional orientada a este producto. La explicación para esta disminución, según el Minagri, es la menor disponibilidad de agua producto de la sequía.
Asimismo, y según cifras del Servicio Nacional de Aduanas, entre 2010 y 2020 se disminuyó el volumen de exportación de paltos, pasando de 107.922 a 96.883 toneladas, lo que representa un 10% de disminución. No obstante lo anterior, no hay otro producto frutal que haya experimentado una valorización como la palta: en un lapso de 10 años, este producto se ha valorizado en un 68%, seguido muy de lejos por la uva, con apenas un 9%.
“Estamos subsidiando a la riqueza en nombre del crecimiento y el empleo”, advierte Ortega. La convencional y vocera de Modatima, Carolina Vilches, concuerda con esta afirmación.
“Subsidiar a los que más tienen es una práctica avalada por la institucionalidad estatal en nuestro país en general, y que responde a la visión extractivista agroexportadora que se impuso en la política pública cuando se habla de ‘Chile, potencia agroalimentaria’. Hace unos meses nos enteramos de los millonarios bonos de la Comisión Nacional de Riego que habría otorgado el ex Presidente Sebastián Piñera a grandes grupos económicos del país y que pasaron como inversión social a empresas de Sutil, el grupo Penta, el grupo Luksic, Angelini, Bethia y Paulmann. Para mí esto es claramente parte de la influencia de una clase política empresarial que ha hecho abuso de poder de sus aliados”.
“Para eso las autoridades de este país son mandadas a hacer”, apunta el timonel de la Junta de Vecinos de El Asiento, José Guajardo. “A los grandes empresarios, a los grandes agricultores, a los grandes exportadores, les dan todo tipo de certezas. A nosotros, nada. O mejor dicho sí, nos dan una certeza, que es la certeza de que seremos más pobres y que nuestras propiedades no valdrán nada cuando ya no tengan acceso al agua. Pasará lo mismo que en Petorca”, expresa enseguida.
La historia queda ahí, en una duda más profunda que el pozo. El silencio de las autoridades, esta conducción sigilosa y marcada por el secretismo, ha llegado al punto de levantar dudas incluso sobre la verdadera motivación del pozo. Se preguntan los vecinos si en realidad el proyecto no tiene otro objetivo, como ser infraestructura de respaldo para viabilizar otros proyectos que requieren un enorme volumen de agua. Por ello es que a cada tanto miran hacia las altas cumbres de Los Andes, allí donde el holding Andes Copper pretende erigir el proyecto minero Vizcachitas.
“La historia y la experiencia del aconcagüino, durante los últimos años, no ha sido la más positiva en torno a todas las políticas destinadas a enfrentar la escasez hídrica. Por eso es necesario incorporar actores externos, como las universidades, que permitan aclarar la capacidad hídrica de la cuenca y la capacidad de la provincia para albergar nuevos pozos”, concluye el concejal sanfelipeño, Rafael Sottolichio.
