Opinión
Es importante que Chile junto a otras naciones latinoamericanas promuevan el diálogo entre régimen y oposición, a pesar de las dificultades que se han encontrado hasta ahora y del escepticismo que pueda haber a la luz de todos los intentos fallidos. Para ello, resulta fundamental que la oposición exhiba la unidad requerida, y que Maduro realmente esté dispuesto a negociar, con todo lo que ello implica. Es imperativo que todos los venezolanos, sin exclusión, sean parte de un proceso de recuperación de la democracia, en la que impere el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho. El diálogo debe tener como uno de sus objetivos principales la realización de elecciones libres, confiables y con supervisión internacional.
Han pasado varios años y ha variado muy poco la situación en Venezuela. Maduro sigue firme en el poder y la oposición continua sin alcanzar la unidad que requiere. Los países de la región que promueven la democracia también han ido presentando divergencias en cuanto a cómo ayudar a los venezolanos en ese intento. Ello ha quedado de manifiesto en lo que fue el Grupo de Lima (GL).
Como se recordará, en 2017 el hecho más saliente en Venezuela fue el acoso del gobierno de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional, elegida democráticamente en 2015, y el establecimiento paralelo de una Asamblea Nacional Constituyente que nunca redactó una nueva constitución. Varios países de la región trataron de promover una reacción regional en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero en ese momento no fue posible alcanzar los votos necesarios para aprobar una resolución que invocase la Carta Democrática Interamericana (CDI) y persuadir al gobierno venezolano a retomar el cauce democrático. Más aún, ante los ataques recibidos en la OEA, partiendo por los de su Secretario General, el gobierno de Maduro anunció su retiro de la organización, lo que por reglamento debía tener lugar dos años después.
El gobierno del Perú convocó entonces a una reunión en su capital el 8 de agosto de 2017, para reaccionar como países concernidos de la región ante la grave crisis política, económica, social y humanitaria que vivía Venezuela. Allí nació el Grupo de Lima, el que emitió su primera declaración en esa fecha. Sus miembros fundadores fueron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Estados Unidos de Trump no formó parte de la agrupación.
Este mecanismo tuvo resultados importantes en el primer tiempo de su actividad multilateral. Puso sobre el tapete la necesidad de que Venezuela pudiera recuperar el orden constitucional y democrático, movilizando una acción internacional de vastas proporciones. Asimismo, el GL consiguió llevar en septiembre de 2018 la grave situación de los derechos humanos en ese país al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Cabe recordar que la primera declaración de Lima contenía varías decisiones, partiendo por la condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela. En su punto final, los cancilleres declaraban su disposición a apoyar “todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país”.
A fines de 2017 el presidente de la República Dominicana (que no era parte del GL) promovió un diálogo (luego de otros intentos infructuosos) entre gobierno y oposición, el que contó con el respaldo del Grupo de Lima (algunos de sus miembros con mayor fuerza que otros). Chile y México jugaron un papel importante como acompañantes en Santo Domingo. El punto de quiebre visible se dio cuando el 23 de enero de 2018 el gobierno venezolano anunció unilateralmente una fecha para las elecciones presidenciales, sin considerar la opinión de la oposición.
A pesar de los llamados internacionales, las elecciones presidenciales —sin participación del grueso de la oposición— se realizaron el 20 de mayo de 2018, en las que Maduro obviamente resultó reelecto. El Grupo de Lima declaró que no reconocía su legitimidad, “por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”. Esta misma posición sostuvieron EE.UU. y la Unión Europea. Similar sentido tuvo la resolución de la Asamblea General de la OEA adoptada el 5 de junio de 2018, en la que finalmente se decide aplicar la CDI, pero cuya medida máxima – la suspensión – exige contar con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros, lo que lo hace un objetivo bastante difícil de lograr.
Cuando reasume el poder en enero de 2019, Nicolás Maduro dejó de ser reconocido como presidente legítimo de Venezuela por el Grupo de Lima y por la OEA, dando así cumplimiento a las decisiones adoptadas, decidiendo reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como “presidente encargado”, reconocimiento que también otorgaron EEUU y las democracias occidentales, superándose los 50 Estados.
En momentos en que procedía ese mismo año el retiro de Venezuela de la OEA anunciado por Maduro en 2017, sendas decisiones del Consejo Permanente y de la Asamblea General reconocieron como Representante Permanente ante la OEA al enviado de la Asamblea Nacional, con lo que dicho país siguió siendo parte de la organización.
De ese modo, en la OEA (y en el GL) Venezuela pasó a ser representada por la oposición, mientras que en el sistema de Naciones Unidas, la Venezuela que participa siguió siendo la de Maduro. Por ello se ha dado la extraña situación que en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas Venezuela ha votado en contra de las resoluciones del GL, mientras que en la OEA lo ha hecho a favor.
Otra decisión importante del GL había sido la de no apoyar candidaturas venezolanas en los foros internacionales. Sin embargo, sufrió un serio revés cuando Venezuela fue electa en el Consejo de Derechos Humanos por la Asamblea General de Naciones Unidas en octubre de 2019. Recordemos que sólo Brasil y Venezuela presentaron sus candidaturas a los dos puestos disponibles para nuestra región. Solo días antes de la votación, Costa Rica lanzó la suya con lo que la elección se hizo competitiva, pero no lo suficiente para disputarle el asiento a Venezuela, que logró el apoyo necesario entre sus países amigos (que los tiene), pasando a formar parte del Consejo en el período 2020-2022, junto a Brasil.
Han pasado más de cuatro años y medio desde la creación del GL. En el intertanto, México se retiró tras la asunción de AMLO; Bolivia se unió al GL luego de haber dejado el ALBA bajo el gobierno interino de Añez, alejándose nuevamente cuando asumió Arce. Por su parte, la Argentina de Fernández se mantuvo un tiempo en su seno sin suscribir las declaraciones del grupo, y luego se distanció. Finalmente, el Presidente Castillo del Perú no ha continuado con el GL. Esto último es importante pues Torre Tagle copresidió el grupo desde su creación. De hecho, la última declaración del GL fue realizada en enero de 2021.
El tiempo del Grupo de Lima pasó. Existen otras instancias como el Grupo Internacional de Contacto, y gestiones amigables como la de Noruega y el diálogo – interrumpido – en México. Nada ha sido fácil hasta ahora. Sin embargo, comparto algunas consideraciones para el futuro próximo.
1.- Además de las violaciones a los derechos humanos de las que ha informado la Alta Comisionada de Naciones Unidas y de la carencia democrática que subsiste en Venezuela, motivos suficientes para estar preocupados por lo que ocurre en un país de nuestra región, la grave crisis migratoria constituye una razón poderosa de porqué los países sudamericanos no pueden sentirse ajenos a lo que sucede en esa nación. Mientras no se vean signos de avance político y que la economía comience a recuperarse, los venezolanos continuarán en la senda de buscar un futuro mejor en otros destinos. La indiferencia del gobierno venezolano hacia su propia población, de un modo u otro afectan a los Estados de la región. Por ello, nuestros países deben coordinarse estrechamente para enfrentar esta situación, a la vez de urgir por los cambios que merece un pueblo que tanto ha sufrido en estos últimos años.
2.- Es importante que Chile junto a otras naciones latinoamericanas promuevan el diálogo entre régimen y oposición, a pesar de las dificultades que se han encontrado hasta ahora y del escepticismo que pueda haber a la luz de todos los intentos fallidos. Para ello, resulta fundamental que la oposición exhiba la unidad requerida, y que Maduro realmente esté dispuesto a negociar, con todo lo que ello implica. Es imperativo que todos los venezolanos, sin exclusión, sean parte de un proceso de recuperación de la democracia, en la que impere el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho. El diálogo debe tener como uno de sus objetivos principales la realización de elecciones libres, confiables y con supervisión internacional.
3.- Una cosa es la decisión de que Maduro pueda no ser una autoridad legítima para muchos gobiernos y otra es reconocer quién controla el estado venezolano, ya que es ante dicho régimen donde deben dirigirse las exigencias y llamados internacionales en favor del retorno de la democracia. Es claro que la representación actual de Venezuela en la OEA – por representar a la oposición – no puede ser interpelada por las acciones y decisiones gubernamentales. El poder ejecutivo (y el legislativo, el judicial y otros) está en manos de Maduro, quien es el que debe responder por lo que sucede en Venezuela. Por su parte, Juan Guaidó, mientras sea el líder de la oposición democrática, no requiere de otros títulos (como el de “presidente encargado”) para interceder por su causa.
4.- El régimen venezolano reclama por las sanciones unilaterales que algunas potencias están aplicando a Venezuela, lo que de ningún modo justifica su accionar interno. En todo caso, la posición histórica de Chile ha sido no sumarse a ellas porque no corresponden al derecho internacional (salvo una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas). Ello debido a que la mayor parte de las medidas de este tipo afectan fuertemente a la población, que es inocente, y no a las autoridades del régimen en cuestión (otra cosa son las medidas dirigidas a dirigentes específicos).
5.- Un comentario final: al intentar aprobar en la OEA en 2017 una resolución sobre Venezuela que pudiese invocar la Carta Democrática Interamericana, Caracas anunció su retiro de la organización, siendo que el efecto más duro de la aplicación de ella hubiera sido su suspensión de continuar por una senda no democrática. Algo similar está ocurriendo recientemente con Nicaragua, cuyo gobierno ha anunciado su retiro antes de que pueda aplicársele la CDI. Es decir, no hay interés en continuar en la OEA por parte de regímenes que se alejan de la democracia y se inclinan por el autoritarismo. Eso debe llevar a reflexionar a los países miembros sobre qué hacer para que la organización hemisférica pueda llegar a ser realmente efectiva en la defensa de la democracia y de los derechos humanos.
