Opinión
En nuestros barrios, las percepciones de inseguridad están cada vez más presentes, esto sumado a la sensación de impunidad, lo que se concentra mayormente en grupos de alta vulnerabilidad social. Creemos que aún estamos a tiempo de poder cambiar el rumbo y llegar a los chilenos y chilenas con una oferta de abordaje integral, donde el Estado se hace presente, tanto para enfrentar la percepción de inseguridad como la disminución de los delitos, y evitar las carreras delictivas en NNA.
Durante los últimos años, muchos alcaldes y alcaldesas, venimos advirtiendo el aumento de las violencias y el incremento de la sensación de inseguridad en nuestros barrios, independientemente del sector socioeconómico, y tenemos la convicción de que este fenómeno no ha tenido respuesta en las políticas de seguridad que el Estado ha implementado. Tampoco en el Gobierno que acaba de terminar, donde hubo muchas promesas que apuntaban al combate a la delincuencia, pero que no lograron satisfacer la demanda ciudadana por más seguridad.
Y si bien hasta el año pasado hubo una baja sostenida en las cifras nacionales respecto de frecuencia de hechos delictuales, y que más bien podrían explicarse por las medidas sanitarias, estos últimos meses el panorama es diametralmente opuesto. Varias comunas de la Región Metropolitana (y de regiones) han experimentado un alza, especialmente en los delitos violentos, esto según cifras del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros.
Comunas como Huechuraba (35%), La Reina (45%), San Ramón (43%), La Pintana (9%), Pedro Aguirre Cerda (35%) y Peñalolén (32%), aumentaron a igual fecha de 2021. Esto inevitablemente provoca un alza sistemática de la percepción de inseguridad (en los últimos 3 años pasó de un 76,8% a un 84,3%, de acuerdo a los datos de ENUSC), lo que se combina con una baja evaluación de los organismos de seguridad y justicia, que da cuenta de la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
En nuestros barrios, las percepciones de inseguridad están cada vez más presentes, esto sumado a la sensación de impunidad, lo que se concentra mayormente en grupos de alta vulnerabilidad social.
Creemos que aún estamos a tiempo de poder cambiar el rumbo y llegar a los chilenos y chilenas con una oferta de abordaje integral, donde el Estado se hace presente, tanto para enfrentar la percepción de inseguridad como la disminución de los delitos, y evitar las carreras delictivas en NNA.
No nos cansaremos de decir que, si la política aplicada ha fracasado, es imperativo abrir el espacio para aplicar nuevas fórmulas, menos efectistas y más efectivas.Esto se logra revertir no solo “gastando” recursos en mayor control y fiscalización, y distribuyendo más equitativamente los recursos destinados a esto, sino que también “invirtiendo” en abordar las verdaderas causas de estas violencias, como son la negligencia parental, la violencia/vulneración transgeneracional, la deserción escolar y el abuso de alcohol y drogas a temprana edad. No hay tiempo que se pueda seguir perdiendo, no podemos esperar la concursabilidad de recursos para enfrentar un tema que se desborda. Hoy es el momento para elaborar y fortalecer las estrategias preventivas y las alertas tempranas.
Esta debiese ser una de las prioridades de esta nueva administración, y así se lo hicimos ver a la ministra del Interior y al subsecretario de Prevención del Delito, y que fundamentamos en un documento que les entregamos sobre la experiencia que los municipios tenemos en esta materia, y donde proponemos un cambio de eje para la implementación de las políticas de seguridad.
Esto implica también trabajar de manera transversal con todas las instituciones que intervienen en este tema, autoridades, fiscalías, policías, instituciones que intervienen en temáticas de niñez y adolescencia, Parlamento y otras, pues se requiere aunar esfuerzos y construir un plan que involucre a todos en las responsabilidades y también en los logros.
El desafío es tremendo y los municipios estamos dispuestos a involucrarnos activamente, pues tenemos la certeza de que ahora es el momento de cambiar la perspectiva, a través de la cual se focalizan las políticas de seguridad, poniendo énfasis en la prevención social y comunitaria, realizando verdaderamente reinserción social, dando cuenta de los problemas de inequidad de presupuesto y de distribución de los servicios policiales, como también en el conocimiento que tenemos los municipios de la realidad de nuestros barrios.
