Opinión
El primer mes de Gobierno anuncia lo que serán los meses siguientes. Una encarnizada lucha cotidiana ante los desafíos inmediatos, junto al avance del proceso constituyente. Ambos procesos convergerán a mediados de año, cuando tendremos un texto constitucional que se someterá a la aprobación del país y La Moneda se verá enfrentada a una opinión ciudadana. Porque el plebiscito del 4 de septiembre próximo no será solamente una opinión de la ciudadanía respecto al nuevo orden constitucional, sino que simultáneamente se transformará también en una evaluación del Gobierno.
El proceso político chileno está marcado por dos ejes que hoy corren paralelos: el proceso de instalación del nuevo Gobierno y la labor de la Convención Constitucional.
Ambos se desenvuelven en lógicas diferentes, enmarcados en dinámicas propias, con diversas urgencias y prioridades, pero van a converger en una coyuntura: la del plebiscito del 4 de septiembre.
El plebiscito de septiembre será la oportunidad en que los chilenos opinemos respecto al nuevo pacto social que queremos para el siglo XXI, y su expresión jurídico-institucional. Responderá de alguna manera a las diversas críticas e inquietudes del orden vigente, que explican en buena medida el estallido social de octubre del 2019. Convengamos que se trata de opciones profundas y no fáciles.
El Gobierno, por su parte, se encuentra en su fase de instalación, donde conviven dos agendas. Una la conforman las promesas de campaña; resumamos esto en las promesas de cambios sustantivos en temas tales como la previsión, salud, educación, descentralización, los derechos de género y la preocupación medioambiental, entre otros. Al mismo tiempo, el nuevo Gobierno debe asumir la marcha del país y enfrentar los desafíos más urgentes que afectan a la población, y aquí la lista es abultada: la inflación, los diversos temas de la seguridad interior, la migración masiva e ilegal, la reanimación de la economía, entre otros. Las primeras semanas nos muestran que la actual administración ha consumido sus mejores esfuerzos en atender las demandas heredadas y no ha logrado instalar su propia agenda. Convengamos también que, en la mayoría de estos casos, la solución no es fácil y, por cierto, tampoco será rápida.
De este modo, el primer mes de Gobierno anuncia lo que serán los meses siguientes. Una encarnizada lucha cotidiana ante los desafíos inmediatos, junto al avance del proceso constituyente. Ambos procesos convergerán a mediados de año, cuando tendremos un texto constitucional que se someterá a la aprobación del país, y La Moneda se verá enfrentada a una opinión ciudadana. Porque el plebiscito del 4 de septiembre próximo no será solamente una opinión de la ciudadanía respecto al nuevo orden constitucional, sino que simultáneamente se transformará también en una evaluación del Gobierno.
Agreguemos dos circunstancias que complejizan el cuadro. La primera es la coexistencia de dos coaliciones al interior del Ejecutivo que, sumadas a una gran masa de independientes, respaldaron la elección de Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial. Una parte importante de ese apoyo adicional se debió a la convicción de dichos electores de cerrarle el paso a la candidatura de José Antonio Kast. Es muy probable que buena parte de tal electorado de segunda vuelta también comparta con el Presidente Boric sus afanes de cambio social, pero no es tan claro que todos se sientan identificados con los sectores más radicalizados que, incluso, ya se empiezan a ubicar en una crítica de izquierda extrema a la nueva administración gubernamental, como lo expresa el alcalde Daniel Jadue, junto a una parte significativa de los convencionales independientes.
El Gobierno deberá consolidar su dirección única, al tiempo que enfrenta a un Congreso donde carece de mayoría. El tiempo es una variante que complicará a La Moneda, porque este Gobierno no tiene cuatro años para afianzarse, eso es lo formal. En la vida real, la actual administración tiene un semestre, de aquí a septiembre, para consolidar su posición.
El escenario más difícil para Chile es que en los meses que vienen se profundice la inflación y persistan los problemas de orden público. La presencia de un experimentado ministro de Hacienda le proporciona estabilidad a La Moneda, pero Mario Marcel también requerirá apoyo político de parte de las coaliciones oficialistas y sus parlamentarios y, aunque la economía empiece a recuperarse, la erosión puede provenir del orden público.
La oposición política no se ha desplegado a plenitud, pero lo evidente es que el antiguo Pacto Chile Vamos está en revisión profunda. Mientras los partidos tradicionales de derecha examinan su pasado reciente y vislumbran su futuro, el emergente Partido Republicano no tiene duda alguna y es más que probable que su perfilamiento cope al sector, especialmente al electorado UDI.
De este modo, el Gobierno de Boric enfrentara una férrea oposición de parte de los republicanos y una emergente oposición de izquierda (con desórdenes cotidianos en los lugares emblemáticos) que lo acusará de “amarillo”. Cincuenta años después, se podría reproducir el cuadro de la Unidad Popular atenazada por las huestes de Patria y Libertad por un lado (extrema derecha) y la ultraizquierda por otro, que clamaba por “poder popular” mientras desfilaba con amenazantes bastones de madera.
Esta es la segunda circunstancia que puede complejizar más el panorama. Más allá de los extremismos potenciales, lo que puede tener una alta probabilidad es que, con ocasión del plebiscito, el país ingrese a una dinámica de polarización. Toda consulta de opciones polares tiende a provocarla y la disyuntiva entre Apruebo o Rechazo no sería la excepción. Las dos coaliciones oficialistas, ¿tendrían una común opinión frente al plebiscito? Decimos esto porque en el proceso de redacción ya se han visto diferencias fuertes, en especial con las llamadas “bancadas independientes”. ¿Cuál sería la opinión de sectores de centro como la DC o aquellos de Renovación Nacional que votaron por el Apruebo que dio inicio al proceso constitucional?
Es difícil, y poco justo, emitir una opinión sobre un texto que aún está en plena elaboración, pero a estas alturas es evidente que, a la fecha de esta columna, lo aprobado preliminarmente en la Convención supera ya los 200 artículos y es probable que esa cifra se incremente mucho más. La tarea de la Comisión de Armonización, que está prevista para transformar todo lo aprobado en una propuesta coherente, promete ser muy laboriosa. También es evidente que una lógica de representación predomina en buena parte de los convencionales, de representación de su identidad. En esa lógica no serían suficientes los derechos de todo nacional y de todo ciudadano, sino que sería necesario resaltar la diversidad.
No serán fáciles los tiempos venideros, pero pueden ser la oportunidad en que los chilenos construyamos una forma civilizada de dirimir nuestras divergencias, junto a un país más inclusivo e igualitario. La historia reciente ha demostrado que es posible, y siempre es bueno aprender de ella.
