Opinión
Si bien el discurso neoliberal siempre se ha caracterizado por crear relatos y armonizar narrativas con elementos que no solo son heterogéneos sino incluso contradictorios, tratar de compatibilizar su prédica por una economía de mercado desregulada con su insistencia en que tenemos que subsidiar a algunos de los conglomerados más rentables del mundo con varios miles de millones de dólares, es una exageración –incluso para sus propios estándares–.
El año pasado la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley sobre el royalty (a mi juicio, muy bien diseñado). Era uno de esos proyectos de ley que hacía época. Sin embargo, la Comisión de Minería del Senado, a pesar de los mejores esfuerzos de su presidenta, lo tergiversó de tal forma que lo transformó en una farsa.
En el caso del cobre, si uno suma y resta en forma adecuada, y no como lo hace el proyecto de ley que despachó la Comisión de Minería del Senado, el nuevo royalty recauda en forma neta básicamente lo mismo que el actual (diseñado por Lagos y luego reformulado por Piñera a raíz del terremoto).
Un ejemplo paradigmático de gatopardismo: una gran puesta en escena para dar la apariencia de cambio (“ahora sí vamos a tener un royalty de verdad”) para que en realidad todo siga igual. Es el arte de cambiar todo para que no cambie nada.
Parece que para el empresariado no hay inversión más rentable que sus contribuciones a la política. Las mineras gastaron unos pocos millones de dólares financiando carreras políticas (ver también aquí, y aquí; ver también mi columna anterior), y ahora están a un paso de poder ahorrarse la molestia de tener que pagar unos US$ 6 mil millones al año en royalties (lo que hubiesen tenido que pagar extra en forma neta de acuerdo al proyecto de la Cámara ―para el cálculo de esta cifra ver mi columna anterior–). Si uno comparase las dos cifras, la inversión del financiamiento de la política podría haber llegado a tener una rentabilidad de hasta un 100.000%.
La excusa del Senador Girardi en el debate en la Comisión de Minería del Senado, al proponer desmantelar el royalty –y contra toda evidencia empírica– es el mismo estribillo de siempre: hay que asegurar que las mineras sigan siendo “competitivas”. Sin embargo, ni él ni los invitados a exponer a la comisión que usaban esa excusa nunca se molestaron en definir ese término. No es exageración decir que en el debate general del royalty, dentro y fuera del Parlamento, cuando alguien no tiene nada que decir tiende a recurrir a ese cliché. Para Paul Krugman el tema de la “competitividad” incluso se ha transformado en una “obsesión peligrosa”; lo que ha sesgado la política económica hacia prioridades equivocadas.
Lo relevante es que los conglomerados a los cuales habría que defenderle su “competitividad” –esto es, continuar regalándoles, o prácticamente regalándoles, su insumo principal: el cobre que está en la roca mineralizada y el litio en el salar, los cuales nos pertenecen a nosotros y no a ellos– no solo están entre las corporaciones más rentables de Chile, sino, según el Financial Times, incluso entre las más rentables del mundo. También están entre los que reparten más dividendos en el mundo (como Antofagasta Minerals, la cual, de todas las grandes empresas del sector materiales clasificadas en el FTSE100, fue la que repartió los mayores dividendos en el mundo en el período que ellos estudian). Sin embargo, dicho senador y tantos más igual insisten en que para que puedan seguir siendo “competitivas” hay que continuar regalándoles nuestro recurso natural. Eso, en una economía de mercado, se llama subsidio. ¿Qué tal justificarlo?
Como bien indica un exgerente general de Codelco ―según el “ROCE” (o “return on capital employed”), una razón financiera que se usa comúnmente para evaluar la rentabilidad de una empresa ―el año pasado, midiendo la rentabilidad según la metodología del Banco Mundial, esta fue bastante superior al 100% (según balances corporativos, esta es cercana al 90%)–. Esto es, habrían recuperado en ese año toda la inversión neta hecha desde que llegaron a Chile (ver también aquí).
Si bien el discurso neoliberal siempre se ha caracterizado por crear relatos y armonizar narrativas con elementos que no solo son heterogéneos sino incluso contradictorios, tratar de compatibilizar su prédica por una economía de mercado desregulada con su insistencia en que tenemos que subsidiar a algunos de los conglomerados más rentables del mundo con varios miles de millones de dólares, es una exageración ―incluso para sus propios estándares–.
Lo que ha caracterizado nuestro modelo rentista es que, si bien toda empresa tiene que pagar por sus insumos, aquellos que explotan nuestros recursos naturales (o bienes comunes) ―como las mineras, las pesqueras, las del agua, y tantas más―, y sin que tenga racionalidad económica alguna, son la excepción: ellas tienen el derecho al acceso gratuito a su insumo principal (el recurso natural), aunque este no les pertenece aun en la actual Constitución.
Así desde el principio de las reformas se ha “fabricado un consenso” (en el sentido Chomsky) en que dichas empresas ―sea o no constitucional, vaya o no vaya contra la voluntad popular― tienen una especie de ‘derecho natural’ a apropiarse de nuestros recursos naturales.
¡Qué sensación de déjà vu con lo que pasó en la “Ley Longueira”! Senadores con evidentes conflictos de intereses y lobistas del sector redactan la legislación que consolida el regalo (o práctico regalo) de nuestros recursos naturales.
A raíz de todo lo anterior, escribí una columna en este medio; dos personas involucradas en estos hechos, más otras dos que se sumaron por cuenta propia, publicaron una respuesta ―en la cual no contestan ninguna de mis críticas fundamentales–. Esta columna es la contrarrespuesta.
Quizás deberíamos partir por aclarar qué es un royalty, pues todo indica que sigue existiendo una gran confusión. Para los detractores no es más que un impuesto, y para muchos simpatizantes es una regalía (pues lo entienden como una “ius regale” o “prerrogativa regia”, aquella que comprende a los derechos inherentes y exclusivos del poder soberano del gobernante). En realidad no es ni lo uno ni lo otro: es el ejercicio de un derecho de propiedad: el del dueño de los recursos naturales (todos nosotros y nosotras) para cobrar a quien quiera extraerlos. (Para mayor análisis ver aquí).
Si se quiere buscar un paralelo, lo más cercano sería el concepto de “mediería” en la agricultura. Si un agricultor quiere trabajar la tierra de otro, le tiene que pagar al dueño de la tierra por el derecho a trabajarla. Igual debería ser en la minería: si una minera quiere extraer el cobre que está en la roca o el litio en el salar, nos debería tener que pagar a los dueños y dueñas por dichos minerales ―y a precio de mercado (tomando en cuenta las externalidades)–.
Para la Academia de la Lengua todo esto es muy claro: el royalty es “la cantidad que se le paga al propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo”. Si el Estado decide arbitrariamente no cobrar, o cobrar a precio de liquidación, no solo es un subsidio, sino un atentado a nuestro derecho de propiedad.
Lo que queda por determinar es el “precio de eficiencia” que vamos a cobrar por el acceso a nuestros recursos naturales, uno que no solo maximice la recaudación sino que también tome en cuenta las múltiples externalidades de la operación y el bienestar social.
1.1.- La captura del Estado y sus instituciones por parte del gran empresariado
La forma como operaron las mineras para neutralizar el proyecto del royalty de la Cámara fue algo evidente, y me tocó presenciarlo porque participé en la discusión de este proyecto en la Comisión de Minería del Senado (invitado por la presidenta de la comisión).
Como nos dice incluso la teoría económica neoclásica ―aquella que supuestamente informa nuestro modelo―, una condición necesaria para que los mercados sean eficientes es que ningún agente debe tener la capacidad para influir en la determinación de los precios o en la regulación: esto es, todos tienen que ser “price-takers” y “rules-takers”. Si no, los mercados van, necesariamente, a funcionar en forma ineficiente ―como sucede ahora, y en forma extrema, en los mercados financieros internacionales–.
Si hay, de verdad, competencia, ningún agente podría tener el poder necesario para manipular el mercado, la regulación o la política económica. De no haber, es la receta para tener mercados distorsionados. Lo que pasó con la pesca y está a punto de pasar (mejor dicho, a continuar pasando) en la minería son casos paradigmáticos.
Si por cualquier razón (y hay algunas que son poderosas) surgen agentes de gran tamaño, lo que se necesita es exactamente lo opuesto a Estados “subsidiarios”: lo que se requiere (como en el Asia emergente) son Estados capaces de “disciplinar” al gran empresariado tanto para que no abuse de su poder (en áreas como su relación con la pequeña y mediana empresa y con los consumidores), como para que invierta sus rentas en forma productiva ―y en el país–.
La combinación que tenemos en nuestro país es la más ineficiente de todas: Estado subsidiario, y conglomerados de tal tamaño que las ventas de los 10 más grandes llegaron en 2018 a los US$ 120 mil millones. Como nos indica la OECD, citando un indicador del World Economic Forum, Chile es una de las economías del mundo donde un número mínimo de conglomerados tiene el dominio absoluto del mercado local.
En este sentido Chile se ha transformado en un ejemplo de cómo no hacer las cosas en una economía de mercado. Por eso no debería sorprender que el período de rápido crecimiento en los 90 duró tan poco, o por qué nuestra economía ya era un desastre antes de la pandemia ―con una tasa promedio de crecimiento de la productividad de apenas un 0.4% anual en la década anterior a 2019–. Tampoco que en este tipo de entorno exista un Parlamento que apruebe una “Ley Longueira” (una que regale, en lugar de licitar ―como dice la teoría económica neoclásica―, las cuotas pesqueras), o una Comisión de Minería del Senado que termine despachando una ley de royalty gatopardista.
1.2.- Falta de transparencia y conflictos de intereses
Un problema de fondo fue que el senador Girardi no se inhabitó en la discusión del proyecto de ley en esa comisión ―la cual, además, tiene 5 senadores, por lo que el voto de este senador era decisivo―, a pesar de que las empresas que podían ser afectadas directamente por la legislación en discusión le habrían proporcionado grandes aportes financieros a su carrera política (ver también aquí, aquí; y aquí; ver además el capítulo “Girardi” en el libro ya citado, y mi columna anterior). Estos aportes fueron confirmados por un estudio de abogados estadounidenses (Shearman & Sterling), el cual analizó en detalle la relación entre este senador y el gerente general de la minera no metálica en el período en cuestión. Eso también lo confirma un abogado de SQM en su declaración (en calidad de imputado) ante la fiscal y un funcionario de la Brigada de Delitos Financieros de la PDI. También lo relacionado con las platas de SQM y el partido del senador es tan sorprendente, como que la minera llegó a hacer contribuciones al partido en la forma de “un aporte de afiliado”: esto es, SQM pasó a ser de facto nada menos que militante del PPD.
Como decíamos, el problema de fondo en esto es que el senador Girardi no se inhabilitó en la discusión del royalty en dicha comisión por sus conflictos de intereses. Tenemos el ejemplo de Hernán Frigolett. Cuando fue nombrado director del SII, y Ciper recordó que él junto a otros políticos le había hecho una consultoría a SQM por la cual había recibido $83 millones de la minera, Frigolett inmediatamente declaró que se inhabilitará en cualquier materia tributaria de SQM. Esta decisión la apoyó el ministro Marcel, declarando que si bien el problema de la consultoría era distinto al del financiamiento de la política, era la decisión apropiada. Pero no para Girardi.
Y en la ley que se despachó de la Comisión de Minería del Senado, el royalty al litio no solo se redujo a su mínima expresión, sino que SQM quedó incluso exenta de su pago no solamente durante el período de su actual contrato con Corfo, sino también después de que expirara. Si bien eximirla durante dicho período ya es discutible, seguir haciéndolo después de que expire es algo inexplicable. Y ahora, la única excusa en la respuesta a mi columna anterior es decir que “se les olvidó” determinar qué pasaría con SQM después de que expirase su contrato con Corfo. Para no creerlo.
1.3.- El rol de los lobistas
Otro problema de fondo fue que el senador en cuestión no solo no se inhabilitó, sino que trajo a la comisión como su asesor a alguien que trabaja para la minería privada, a quien el senador no solamente le pidió que le diseñara el esquema del royalty gatopardista, sino que le pidió que lo presentara a la comisión a su nombre. La magia de su fórmula de royalty es que con otros mecanismos muy diferentes, termina recolectando en forma extra neta prácticamente lo mismo que ya recauda el royalty Lagos-Piñera.
Esta persona es presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, una institución financiada y dirigida por la gran minería y sus organizaciones (como el Consejo Minero) ―quienes hasta forman parte de su directorio–. (Para otros asuntos relacionados, ver mi columna anterior).
La Comisión de Minería, por supuesto, tiene todo el derecho a invitar a quien quiera; eso no está en discusión. Pero que llegue alguien que trabaja para la minería privada como asesor técnico del senador Girardi es otra cosa. Volvemos a lo de la transparencia y conflictos de intereses. Como la “Ley Longueira”, donde ejecutivos del sector pesquero pauteaban a una senadora de la comisión respectiva, la que terminó recomendando regalar las cuotas de pesca, y a perpetuidad ―cuyo valor se mide en miles de millones de dólares― a siete familias que ya controlaban el sector pesquero. Ahora igual con el royalty: este asesor del senador recomienda una fórmula para calcular el royalty según la cual otro pequeño grupo de conglomerados mineros van a poder evitar pagar unos US$ 6 mil millones al año en royalties.
Pero el problema central en todo esto no es realmente el de las personas, sino el de las reglas de la institucionalidad donde se opera. Espero que la Convención Constitucional ponga énfasis en los estándares mínimos que se deberían seguir en materias de transparencia y conflictos de intereses. No puede ser que un senador que ha recibido contribuciones sustanciales para su carrera política de un sector determinado no esté obligado a inhabilitarse en materias relevantes a dicho sector (como lo hizo Frigolett), o que un asesor de un senador no tenga que transparentar qué porcentaje de su sueldo en su trabajo cotidiano lo financian las empresas afectadas por la legislación en discusión.
Mientras operemos en una economía de mercado con agentes todopoderosos, regulación débil y un Estado timorato, el resultado no puede ser otro que un desastre en procedimientos, deshonestidad de muchos e ineficiencia productiva. Siempre he argumentado que esta es una de las razones principales de por qué países como nosotros nos quedamos pegados en la “trampa del ingreso medio”. Se necesita un Estado capaz de “disciplinar” al gran empresariado a comportarse. Eso fue lo que hizo la diferencia en el Asia emergente entre los que lograron romper esta trampa y los que se están quedando pegados en ella.
2.1.- La fórmula Girardi-García
Lo primero que hace dicha fórmula es transformar el royalty en un ente “híbrido”, parte ad valorem y parte como un porcentaje a la rentabilidad de las mineras. El proyecto de ley de la Cámara, en cambio, insistía (correctamente) en que tenía que ser solo lo primero. Es que es mucho más fácil fiscalizar el volumen de ventas de las mineras ―y el contenido de subproductos que contiene― que sus utilidades contables. En el mundo de hoy, estas han llagado a ser casi un “extra opcional” en los balances corporativos ―dadas las innumerables formas que hay para eludir impuestos (y no solo en Chile; ver Naciones Unidas–.
Este estudio nos recuerda la Minera Disputada de Las Condes; su propietaria (Exxon) “exportaba” sus considerables ganancias disfrazadas de pagos de intereses a Exxon Financials, una subsidiaria establecida en las Bermudas. También menciona, por ejemplo, que Escondida vende concentrados a refinerías relacionadas, lo que resulta en ingresos netos en Chile considerablemente inferiores en comparación con Codelco.
Otro tema es la contabilización de los subproductos. Si bien cada yacimiento genera subproductos diferentes, incluso entre las distintas áreas de una misma mina, es bien poco probable que el contenido de subproductos de los minerales de Codelco, especialmente de molibdeno, sea tanto mayor al que reconocen las mineras privadas tan solo por generosidad de la naturaleza. Por esta razón, es inconcebible que hasta ahora Aduanas, para felicidad de las mineras, no tenga la capacidad de análisis químico del concentrado (o, mejor dicho, que sucesivos gobiernos no le hayan dado el financiamiento necesario para hacerlo).
Como se sabe, también aquí en Europa Apple, Amazon, Google, Facebook, Vodafone, Starbucks y tantas más, según sus balances corporativos (supuestamente) no tienen utilidades operativas ―y, por tanto, legalmente, no tienen que pagar los impuestos correspondientes–. Se hablará mucho del tema en medios gubernamentales y en la Comisión Europea, pero hasta ahora nadie ha hecho algo concreto para remediarlo ―cosa de reintroducir un mínimo de equidad impositiva en lo horizontal y vertical (para un análisis de este tema, ver)–.
Además, como en Chile el argumento del Gobierno de la época, y de los dos senadores de derecha en la comisión, era que el proyecto del royalty era inconstitucional ―pues las materias impositivas son de exclusiva iniciativa del Ejecutivo (el proyecto del royalty fue iniciativa de la Cámara)―, al transformar una parte del royalty en “un componente de rentabilidad” se le estaba dando al Gobierno de Piñera el argumento que necesitaba para llevar a dicho proyecto al Tribunal Constitucional.
Lo que se argumentaba era que el royalty ad valorem afectaría a la pequeña y mediana minería. Entonces, la senadora Provoste propuso subir la vara con la que se diferenciaba a la gran minería del resto de 75 mil toneladas de producción al año (metodología común) a 100 mil. Como esto no resultó suficiente para convencer a quienes querían un royalty híbrido, incluso se propuso (y luego aprobó) subir esa vara a 200 mil toneladas, por lo que el royalty del 3% solo se aplicaría apenas a cinco mineras (Escondida, Collahuasi, Los Pelambres, Anglo American Sur y Centinela). Así quedaban fuera de este royalty del 3% Sierra Gorda, Spence, Caserones, Zaldívar, Candelaria, Antucoya, Anglo American Norte, Lomas Bayas y El Abra―, las cuales tienen ventas que se miden en miles de millones de dólares (y varias de ellas son de propiedad de grandes conglomerados mineros). Pero aun así, se siguió insistiendo en el royalty híbrido ―lo cual quedó en la ley que se despachó de esta comisión–. Cuesta entender.
Más aún, aunque se negó repetidamente en un comienzo, la fórmula García-Girardi implicaba que la parte de “componente de rentabilidad” (lo híbrido de la fórmula) reemplazaría al actual royalty. De hecho, en una de las reuniones pregunté dos veces al respecto, y se me aseguró que no, ¡que por ningún motivo pasaría eso! Que jamás ese monto reemplazaría al actual royalty, sino que sería adicional a él. Sin embargo, en el proyecto de ley que se despachó, lo sustituía.
Y según la fórmula García-Girardi, y por pura coincidencia, los dos montos ―el del royalty actual y el “componente de rentabilidad” del nuevo― eran idénticos: alrededor de un 6% de las utilidades. Esto es, terminaban siendo “suma cero” respecto de lo que se recauda con el royalty actual.
Además hay otra “resta” que hacer para llegar a la contribución extra neta del royalty nuevo (que ellos, en forma sorprendente, no hacen): la parte ad valorem del royalty no solo se reduce en casi un 90%, sino que al ser un costo de producción (compra de un insumo) baja proporcionalmente las utilidades ―y, por tanto, los impuestos correspondientes (el de primera categoría, el específico y el adicional)–.
Así, si bien se declara a los cuatro vientos que a precios actuales la recaudación del nuevo royalty llegaría (y hasta podría pasar) un 0.5% del PIB, se les olvida decir que eso es recaudación bruta, pues con las restas necesarias lo que queda extra neto es incluso (con suerte) menos que la mitad de eso.
Para llegar a la cantidad neta correspondiente, primero hay que descontar Codelco (sus recursos ya son del Estado). Luego hay que sumar la recaudación bruta de ese 3% a las ventas (aplicable solo a las 5 grandes mineras privadas, lo que recaudaría un 0.3% del PIB). Luego hay que descontar el “componente de rentabilidad” (pues, como decíamos, hace suma cero con el royalty actual). Después, finalmente, hay que restar algo más de un 0.1% del PIB por menor pago en impuestos (por mayor costo de producción).
Así llegamos a un royalty nuevo cuya recaudación extra neta es incluso menor a un décimo del royalty de la Cámara. Mientras este recaudaría en forma neta extra 2.5% del PIB (para el cálculo exacto, ver mi columna anterior), el nuevo a las 5 mineras más grandes no llegaría ni con suerte al 0.2% del PIB. A eso, en ambos casos, hay que sumarle algo ínfimo que se le cobraría a la pequeña y mediana minería.
Para colocar esa cantidad en perspectiva, recordemos que, según el Banco Mundial, en las actuales circunstancias (precios de las materias primas) las rentas de nuestros recursos naturales son equivalente a más del 20% del PIB (como ya lo fueron en el “superciclo” anterior) ―parte fundamental de lo cual son las del cobre (usando la misma metodología del Banco Mundial, se ha calculado que el cobre representaría la mitad de eso; ver mi columna anterior)–. Por tanto, si en algo se puede criticar al proyecto de la Cámara, y su royalty equivalente al 2.5% del PIB, es que coloca el “precio” del insumo (el royalty) en el rango inferior de lo que se debería cobrar.
2.2.- Otros asuntos relacionados
Hay una variedad de otros problemas en lo que pasó en dicha comisión, y errores e interpretaciones antojadizas en la respuesta a mi columna anterior, pero sería demasiado largo enumerarlos todos. Solo para mencionar algunas. Una es la invención que hace la respuesta a mi columna al decir que la comisión hizo un gran esfuerzo conjunto para construir una nueva fórmula del royalty. Se olvidan que lo que se despachó (ver informe que ellos mismos citan; 8 de marzo del 2022) es lo mismo que propuso originalmente el senador Girardi en sus indicaciones a dicha comisión, según consta en el acta de la comisión del 20 de diciembre del 2021.
Sin duda entremedio pasaron (y pasamos) muchas horas reunidos, se invitó a tantos expertos, y todo lo demás, pero lo que se aprobó es lo que Girardi propuso inicialmente en diciembre (y que luego le pidiera a García que la explicara). Esta fórmula es la que transforma el royalty en algo híbrido, jibariza lo ad valorem, y agrega un “componente de rentabilidad” que lleva a la trampa de la “suma cero” con el actual.
Otro error, y que corregí en su momento ―pero eso parece que no quedó en acta alguna–: a quienes repetidamente comparaban la tributación en Chile con la de Australia se les olvidaba incluir la sobretasa impositiva de un 40% a las utilidades de las mineras que colocó el primer ministro Kevin Rudd durante el “superciclo” anterior. Si bien las mineras le cobraron más caro a Balmaceda por su royalty, Rudd pagó con su carrera política por tal osadía.
También, los que firman la respuesta a mi columna original alegan que en el debate de la Comisión de Minería del Senado yo era el único que apoyaba el royalty de la Cámara; se olvidan que el entonces diputado Daniel Núñez, hoy senador y miembro de la nueva Comisión de Hacienda del Senado, también apoyó en ese debate el proyecto de la Cámara. Igual la misma presidenta de la Comisión de Minería, la senadora Provoste, propuso varias veces formas de salvar lo esencial del proyecto de la Cámara. Yo estaba en buena compañía.
Finalmente, para no alargar más esto, dichos firmantes alegan que una muestra de lo “progresista” que era su proposición es que los dos senadores de derecha en la comisión votaron en contra. ¡Qué buen ejemplo de lo que se podría llamar “verdades mentirosas”! Sí, es cierto, votaron en contra, pero no porque no les gustaba el nuevo royalty (no podían creer la suerte de tener una “oposición” así), sino por el argumento que repitieron en todas las votaciones que tuvieron lugar: para ellos, y el Gobierno de entonces, este proyecto era inconstitucional.Por tanto, diga lo que diga, ellos estaban en contra. Decir que era porque no les gustaba el royalty García-Girardi es un argumento de mala fe –no en el sentido especial en que Jean-Paul Sartre usa este término, sino en la forma común en la que se lo usa–.
Uno de los temas más surrealistas de lo que sucedió en dicha comisión fue que varios miembros (incluidos la senadora y el exsenador que firman la respuesta a mi carta) pasaron una eternidad discutiendo los porcentajes en los que se gastarían los supuestos nuevos recursos que generaría su royalty. Horas de discusión sobre si tal porcentaje iba ahí o allá. Cada cual que intervenía trataba de subir el porcentaje que debería ir a obras cada vez más sublimes para el desarrollo y bienestar nacional. Porcentaje para acá, porcentaje para allá.
Parece que nunca entendieron lo que les decía: uno de los principios básicos de la aritmética es que cualquier porcentaje de cero es cero.
4.1.- El royalty y la diversificación productiva
Finalmente, y en forma muy breve, hay que mencionar que, a pesar de todo lo que se hablaba en la discusión de la comisión, la fórmula Girardi-García no incluye ningún componente para incentivar la diversificación productiva –solo quedaban las buenas intenciones expresadas en los “porcentajes cero” del gasto extra–. Pero cuando yo proponía componentes concretos para adicionar a la fórmula para el cálculo del royalty, como, por ejemplo, que dejáramos el royalty de la Cámara para el concentrado y solo le aplicásemos las reducciones a un cobre con un mínimo de procesamiento, como el fundido ―para así al menos incentivar la industrialización del sector exportador―, fuera de la senadora Provoste, no tuve ningún apoyo.
Como se sabe, en términos de agregar valor al producto primario en la industria del cobre vamos incluso para atrás: si en 1990 solo el 12% de las exportaciones de cobre eran concentrados (el resto era algo más sofisticado) ― recordemos que el concentrado no es más que un barro con un contenido promedio de cobre y subproductos de menos de un tercio del volumen (medido en peso), fruto de una flotación rudimentaria del mineral bruto pulverizado―, hoy ese porcentaje ya llega a la mitad, y se estima que para el 2035 van a llegar a representar hasta tres-cuartos del total. Hasta ahora solo Codelco se molesta en procesar ―los demás prefieren llevarse para la casa la renta de nuestros recursos naturales, las cuales se capturan en su totalidad en el concentrado–. ¿Invertirlas en forma productiva? Por favor, eso ya es algo anticuado.
También sugerí que en el caso del cobre el incremento de la producción quedase exento del royalty por un período –esto es, que la tonelada marginal no pague por (por ejemplo) cuatro años― para así estimular el crecimiento de la producción, el cual ya está estancado casi por una década. Esto transformaría al royalty en algo afín a un “costo fijo” para la minera. Pero igual resultado que en lo anterior (salvo la sorpresa en algunos, pues parece que lo que proponía era algo demasiado complejo).
Llevamos cincuenta años en este modelo de las rentas fáciles, y seguimos clavados en el concentrado de cobre, la astilla de madera y el salmón de tres kilos con hasta 1.400 veces más antibióticos que el noruego; y también clavados en nuestra obscena desigualdad (ver también). Como bien se deduce de lo que decía David Ricardo, padre y madre de la economía de los recursos naturales, las rentas fáciles generan élites indolentes, lo que tiene un gran impacto negativo en la distribución y el crecimiento. Por eso seguimos pegados en el “más de lo mismo”. La mano (no tan) invisible, de existir, no va a inducir el cambio. La alternativa es reactualizar nuestra estrategia productiva ―como lo hicieron constantemente los países nórdicos y los asiáticos emergentes con Estado inteligente (à la Mazzucato)―, o seguir eternamente en la “trampa del ingreso medio” (porque el “más de lo mismo” ya dio, y hace mucho, todo lo que podía dar, y ya se transformó en algo contraproductivo).
Santa María y Balmaceda no habrán tenido doctorado en economía, pero sí entendían de economía mejor que ningún otro Presidente: su royalty no solo llegó al tercio del valor de las exportaciones, sino que usaron esos recursos en forma productiva ―durante Balmaceda la inversión pública en capital físico se cuadruplicó en términos reales, y la en educación se incrementó ocho veces, por lo que casi la mitad del gasto público fue destinado a inversión en ambas áreas (ver mi artículo en este libro)v. Recordemos que esta es la esencia de la política industrial del Asia emergente exitosa en relación con el uso de todas las rentas, y no solo a las de los recursos naturales: genérense como se generen, su uso tiene que ser productivo. Y como la mano invisible no va a asegurar eso ―al revés, parece que solo genera incentivos hacia el otro lado―, el rol fundamental del Estado para asegurar el crecimiento es “disciplinar” al empresariado a hacer eso. Pero en Chile es al revés: es el empresariado el que “disciplina” al Estado para que siga facilitando las rentas fáciles (en partes del Asia emergente también se cuecen habas, ver).
4.2.- Recursos naturales y el medioambiente
Igual con el tema del medioambiente; la contaminación más absurda e innecesaria de todas las que hacemos es exportar concentrado. Debido al bajo contenido de cobre en el concentrado, de los aproximadamente 1200 barcos que salen de Chile al año con ese producto, el equivalente a unos 850 solo llevan escoria. Esto transforma a esa basura en el principal producto de exportación de Chile por volumen ―el cual termina en un vertedero de otro país–. Una buena metáfora para mostrar en lo que se ha transformado nuestro perenne modelo extractivo.
Y esto a pesar de que una investigación reciente de un centro de estudios cercano a las mineras concluye que refinar el cobre en Chile sería un gran negocio. Pero igual no se hace. Mientras las mineras y los demás grandes conglomerados en Chile puedan seguir viviendo de las rentas fáciles ―como el apropiarse gratuitamente de las rentas de los recursos naturales, de las que provienen por distorsionar mercados y del capturar la regulación y la política económica del Estado―, ¡para qué molestarse! Menos aún si países vecinos todavía ofrecen nichos donde extraer rentas fáciles.
Incluso si se usase la misma tecnología que se utiliza en China (hay mejores), el mero hecho de fundir en Chile, en lugar de hacerlo en Asia, reduciría la contaminación ambiental de dicho proceso de fundición en al menos un tercio. Entonces, cuando yo proponía en la comisión agregar “un componente verde” al royalty (premiar al que invierte y se esfuerza en dicha área, y viceversa), tampoco tuve ningún apoyo (fuera del de la senadora Provoste).
Todo el show mediático del royalty para llegar por otro camino a lo mismo de antes. Parece que para las grandes mineras, al igual que a los romanos, a las chilenas y los chilenos, como simples plebeyas y plebeyos, nos debería bastar con “pan y circo”.
Rentas fáciles crean élites indolentes; y nuestra estrategia productiva extractiva, si bien asegura la generación de una gran gama de rentas fáciles, no tiene ningún mecanismo para reorientar su uso hacia algo productivo ―como la industrialización del sector exportador, un “nuevo acuerdo verde” (o Green New Deal), o la digitalización de nuestra economía. Por su parte, nuestra economía de mercado con grandes agentes capaces de distorsionar mercados y capturar la regulación y la política económica, y Estados timoratos, son la receta para quedarse clavados en la “trampa del ingreso medio”.
Además, los procesos políticos, o tienen liderazgos del tipo Teddy Roosevelt o FDR, o tipo países nórdicos (cuando ellos rompían su “trampa del ingreso medio” forzando la industrialización de sus productos naturales), o tipo países asiáticos emergentes (con Estados fuertes y capaces de “disciplinar” al empresariado a invertir sus rentas en forma productiva), o están condenados ―como pareciera ser nuestro caso, con nuestras élites (políticas y empresariales) neofóbicas― a seguir hundiéndose en las arenas movedizas de la inercia.
La especificidad del Chile actual pareciera ser la de un interregno donde lo viejo se desvanece, pero lo nuevo no logra nacer –período que he llamado nuestro “momento Gramsciano”–.
La forma en la cual nuestra élite empresarial rentista demolió el royalty y ahora parece estar bloqueando a este Gobierno y a la Convención Constitucional, me recuerda esa película francesa de la posguerra donde una turba empuja a una persona desde un edificio muy alto, y al caer y pasar cada piso decía: “Por ahora, todo bien” (“Jusqu’ici, tout va bien” o “so far, so good”). En el caso de las mineras, todavía no se quieren dar cuenta de que si insisten en seguir ese camino (como boicoteando cualquier intento de royalty de verdad), en el pavimento abajo, donde van a aterrizar, va a estar escrito “renacionalización”. Si eso llegase a pasar, no van a tener a nadie más que culpar que a ellas mismas.
