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Francisco Leturia sobre el avisaje estatal en los medios de comunicación: «El Estado tiene la obligación de promover el pluralismo y no lo está haciendo» PAÍS

Francisco Leturia sobre el avisaje estatal en los medios de comunicación: «El Estado tiene la obligación de promover el pluralismo y no lo está haciendo»

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Francisca Castillo
Por : Francisca Castillo Periodista El Mostrador
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El integrante del Consejo para la Transparencia (CPLT) se refiere a los principales hallazgos del informe «Avisaje y Publicidad en la Administración del Estado», fiscalización de dicho organismo que da cuenta de las características del gasto estatal en publicidad en los medios de comunicación durante los años 2019 y 2020. «Nos hemos encontrado con muchos hallazgos sorprendentes y preocupantes. Lo primero que podemos decir es que estamos hablando de gastos millonarios, pero que probablemente sean más millonarios de lo que nosotros, con todos los recursos que tenemos, somos capaces de pesquisar. (…) Todo este gran esfuerzo de transparencia realmente es una foto muy pequeñita y las herramientas que nos da la ley tampoco van más allá», señala el también académico UC. Leturia agrega que la información pública disponible es «incompleta, poco clara, y poco transparente», pero que, a pesar de la inconsistencia de los datos, fue posible identificar más de 100 millones de dólares concentrados principalmente en los grupos El Mercurio, Copesa, además de la Archi. En este sentido, el consejero del CPLT enfatizó lo preocupante del tema en un contexto de crisis de confianza, donde el «pluralismo informativo es una de las falencias de la democracia», por lo que urge avanzar en «descripciones adecuadas de cada gasto que el Estado hace en publicidad», para luego poder discutir la justificación de ese traspaso de recursos.


-A partir de un informe que publicó el Consejo para la Transparencia (CPLT) respecto al avisaje y la publicidad en la administración del Estado, hace una caracterización de la realidad hoy en Chile. En este contexto, ¿nos podrías comentar cuáles fueron los principales hallazgos? ¿Qué montos se encontraron, cuáles fueron las principales dificultades para acceder a la información? 
-Nosotros llevamos mucho tiempo, hay mucha gente muy experta trabajando en estos temas, hemos puesto todos los recursos del Consejo para la Transparencia para ver qué es lo que está pasando. Nos hemos encontrado con muchos hallazgos sorprendentes y preocupantes, de diverso tipo. Lo primero que podemos decir es que aquí estamos hablando de gastos muy millonarios, pero que probablemente sean mucho más millonarios de lo que nosotros, con todos los recursos que tenemos, somos capaces de pesquisar, porque solamente podemos indagar los que están en un ítem de la Ley de los Impuestos que dice ‘avisaje y publicidad’. Pero no podemos pesquisar los que están en recursos humanos, para contratación de personal en una campaña de salud o en una campaña de otras cosas, y que hacen gasto en avisaje y en publicidad.

No podemos tampoco fiscalizar, como no tenemos información, del Poder Judicial, del Congreso Nacional, de las empresas del Estado. Tampoco de las municipalidades, entonces, todo este gran esfuerzo de transparencia realmente es una foto muy pequeñita, y las herramientas que nos da la ley no van más allá. O sea, lo que realmente aquí hemos descubierto es que hay un gran misterio…

Lo que tenemos son más de 100 millones de dólares en el tiempo que hemos analizado. Cien millones de dólares en el contexto nacional, dado con cierta capacidad de discreción a una empresa u otra, te puede cambiar el mapa económico de las empresas periodísticas en Chile. Tú puedes con este presupuesto desequilibrar el mercado de los medios de comunicación en Chile, favorecer a tus amigos y perjudicar a tus enemigos. No estoy diciendo que necesariamente esté sucediendo, pero tampoco puedo acreditar que no esté sucediendo. Y como es esto tan importante para una democracia, no podemos ni siquiera sospechar que se está favoreciendo a ciertos grupos, a ciertos medios más afines al Gobierno, o que se usa esta herramienta para decir «mira, si me tratas mal, no te pongo aviso, si me tratas bien te pongo», porque literalmente son tan grandes las cantidades de dinero que están en juego, tan grandes y tan discrecionales en muchos casos, que tú lo que haces es pasarle un chorro de plata a un medio de comunicación y lo haces pasar de tener números rojos a números azules. Es realmente muy, muy delicado y no podemos tener dudas y sospechas en este punto.

Otras cosas que hemos descubierto… La información que hay es incompleta. No incompleta: incompletísima. Es poco clara, es poco transparente, no concuerdan la información que está en los ítems de la Ley de Presupuesto con la del Gobierno Abierto u otros datos más. Hay casillas en las que falta la mitad de la información. Muchas cosas que no tienen explicación. De repente uno se encuentra con gastos tremendos, que pueden tener razón, pero a uno le llama la atención a la primera medida, y no hay cómo entenderlo. ¿Por qué, por ejemplo, se gastó tanta plata en promoción del turismo en Chile el año 2020, cuando no se podía viajar?, ¿por qué se utilizaron tantas veces las excepciones que daba el Estado de Excepción Constitucional para hacer contrataciones directas sin ningún tipo de justificación? ¿Se verifican? En las columnas aparece ‘gasto en avisaje’ o ‘promoción’ de tal cosa. Muchas veces también son en trabajos electrónicos, en publicidad online, pero no hay ninguna señal de que esos millones de dólares realmente se hayan gastado. Muchas veces también no sabemos los destinatarios finales, no sabemos las empresas relacionadas. Nosotros identificamos bastante concentración en la poca información que tenemos, que son aproximadamente estos 100 millones de dólares, mucha concentración en los grupos tradicionales…

-Grafiquemos bien cuáles son hoy día los proveedores donde está la concentración más grande, grupos de medios de comunicación. ¿Hacia dónde se está yendo la mayor cantidad de dinero?
-De los conocidos, son El Mercurio y Copesa. Cuando digo El Mercurio, digo Sociedad Periodística de La Araucanía, hay otra del norte, que sabemos que son empresas relacionadas, pero podría haber más también, porque por ejemplo: se les da dinero a agencias que ellos, a su vez, contratan, pero no sabemos a quiénes contratan. Se le da muchísimo dinero a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), lo mismo a una asociación vinculada con la televisión. Pero uno se pregunta, primero que nada, en Chile hay libertad de asociación, uno podría no estar vinculado a esa asociación. Supongo que los que están fuera no reciben ningún peso. Pero, además, ¿cómo reparten la plata ellos?

-¿Esa información tampoco está disponible?
-No está disponible. Es muy muy precaria la información que tenemos. Por lo tanto, la verdad es que no existen las herramientas, no se han querido construir, porque esto se podría hacer perfectamente, para poder garantizar que no exista una relación inadecuada entre el tremendo bolsillo, billetera que tiene el Estado, los medios de comunicación y las agencias noticiosas. Por eso te digo que esto es un tema súper delicado, en una época de tanta crisis de confianza, de credibilidad, donde todos sabemos que en Chile hay poco pluralismo informativo, que esa es una de las falencias de la democracia. Podemos hacer todas las constituciones que queremos, pero si tenemos pocos medios de comunicación, homogéneos, centralizados, estamos ante un problema. En eso también hay consenso en todas partes del mundo, y cuando te digo en todas, te lo digo en todas, a nivel de tribunales internacionales, doctrinas, de que aquí no estamos ante el mercado de las aspirinas, donde da lo mismo que existan 10 laboratorios que hagan todos el mismo producto.

En la lógica democrática, la ciudadanía se enriquece con distintas miradas, y lo que deberíamos tener son muchas ofertas informativas diferentes, una dieta rica, que nos nutra y que donde la gente de Bajos de Mena, de Vitacura, del norte, del sur, los evangélicos, los ateos y los cristianos, y todos, tengan oportunidad de exponer sus puntos de vista y eso, claramente, en Chile no pasa.

El Estado, eso está en la Ley de Prensa, tiene la obligación de promover el pluralismo y no lo está haciendo. Con los antecedentes que tenemos, claramente no lo está haciendo. En vez de utilizar el poder que tiene para generar una democracia de mejor calidad, favorece a algunas empresas que no sabemos bajo qué criterio las elige y por qué, claramente incumpliendo ese rol de tener un mercado informativo, favorecernos a todos nosotros, a ti, a mí, a todo el mundo, a que realmente podamos tener mejores fuentes, mejores puntos de vista, más diversos, que haya un mercado más competitivo y más variado. Eso no está sucediendo.

-Sobre todo en el contexto político actual que estamos viviendo, donde la entrega de información directa es demasiado relevante para el ejercicio democrático del proceso constituyente… 
-Nosotros hace un par de semanas tuvimos una reunión en La Moneda con el ministro Jackson y sus equipos y le contamos de este informe, y le dijimos «esto es grave». O sea, Chile se está sacando mala nota. No ha habido una voluntad de mostrar transparentemente a quién el Estado le da plata, quién se está haciendo rico con la plata que tiene el Estado para gastar en publicidad, y esto está sospechoso. Esto no tiene buen olor, porque el solo hecho de que no seas claro ya genera suspicacia, y le dijimos que a fin de año «vamos a volver a hacer este informe». Dijimos «tienen todo el año para tratar de hacer las cosas mejor, algunas las pueden hacer desde ya, otras requieren solo voluntad, y otras requieren reformas legales y eso van a tener que tomar las medidas pertinentes para ello».

-¿Está la voluntad política para avanzar?
-Yo creo que sí. A mí me pareció que sí. Yo creo que claramente antes no estaba y ahora me pareció que sí. Pero esto lo vamos a ver con acciones, vamos a ver a fin de año si es que esto ha ido cambiando. La verdad es que esta situación es súper delicada, perjudica a todo el mundo, necesitamos tener información variada, de buena calidad, necesitamos tener un debate libre y vigoroso, necesitamos que haya prensa en regiones, necesitamos, en todos los grupos, que haya un pluralismo informativo, y no es lo que se está haciendo en estos momentos.

Si uno analiza algunos detalles, además se están pagando precios altos, más altos que los que habitualmente se pagan, o sea, lo que se llama sobreprecio, o probablemente se esté pagando sobreprecio. No está muy claro que se estén utilizando bien y en forma justificada estos recursos del Estado y tampoco está claro cuánto se está gastando. En un mercado tan chico, que todo el mundo además sabe que no está pasando por sus mejores días, la verdad estas transfusiones de sangre pueden significarle demasiado a una empresa u otra. Es muy delicado. Debería haber un sistema que sea mucho más transparente.

-¿Es posible identificar cuáles son las principales instituciones del Estado que más invierten en avisaje y publicidad? ¿Eso es posible de monitorear? 
-Es posible saber quiénes son las que más invierten dentro de las que tienen un ítem específico que se llama ‘avisaje y publicidad’, pero hemos pesquisado que en muchísimos otros ítems también se gasta en avisaje y publicidad, y eso no sabemos si es algo mediano, grande o gigante, y eso puede alterar bastante las cosas. Como te decía recién, tampoco sabemos cómo gastan las empresas del Estado, cómo gastan las municipalidades y cómo gastan muchos otros organismos que pueden también cambiar bastante la fotografía. Nos encontramos también con que en todos los datos que no calzan, que están publicados y que no calzan, todos los datos que deberían tener un número, porque hay un casillero, al no ser obligaciones legales, no podemos fiscalizarlas, ni forzarlas, ni sancionarlo. Entonces tú dices «¿este es un sistema hecho para que haya información o para dificultar que haya información?». Cuesta mucho sacar la foto, y eso no es favorecer o facilitar la transparencia al acceso a la información. Es prácticamente imposible, con todos los recursos del Consejo para la Transparencia, no tenemos una foto completa ni estamos contentos con los resultados obtenidos desde un punto de vista óptimo, o sea, la pregunta final es: ¿a quién le está entrando plata al bolsillo cuando el Estado decide invertir en publicidad o en avisaje? ¿A quién y por qué? Esa respuesta no la podemos dar todavía, seguimos trabajando en ello, pero la verdad hay que hacer un trabajo de investigación, de rompecabezas, de conexión, de un dato con otro, que lo hace prácticamente imposible de realizar.

-Con todos estos elementos sobre la mesa, los millonarios montos que se utilizan, la falta de información y coherencia de los datos públicos, los altos niveles de concentración mediáticos, ¿cómo seguir avanzando en el contexto actual de debate constituyente? ¿Cuáles son las propuestas hoy día en materia legal, en materia de transparencia? ¿Cuál es el camino a seguir según el Consejo? 
-Primero que nada, tenemos que hacer descripciones adecuadas de cada gasto que el Estado hace en publicidad, en avisaje, en cualquier ítem y de cualquier forma. Nada debe de quedar fuera. Todo quien pertenezca al sistema, al aparato del Estado, y con eso, te reitero, desde las empresas, municipios, superintendencias, todos debieran poder decir «mira, nosotros gastamos esta plata al año en el avisaje y publicidad en esta empresas», y eso transparentarlo completamente. Y describirlo bien y no decir «gastamos en promoción», porque eso es nada. Cuando alguien te dice «distribuimos no sé cuántos insertos, hicimos un mailing«. Bueno, ¿y por qué te tengo que creer yo que realmente se hizo y no fue sencillamente una transferencia de dinero a un precio brutalmente exagerado, y la verdad fue como hacerte un cheque? Una descripción adecuada es información completa.

Segundo, destinatarios finales, no intermediarios. Las agencias no son destinatarios finales, las asociaciones que agrupan muchos medios tampoco son. Incluso, todos sabemos que en gremios o en organizaciones de ese tipo hay un grupo, una trenza, una facción que gana las elecciones y que le gana a otro grupo. Ese grupo tiene el poder y, bueno, ¿estará de forma justa entre sus asociados? ¿Bajo qué criterio? A lo mejor, cuando uno postula a la presidencia de la Archi, por ejemplo, tiene la capacidad de decidir a quién contrato y a qué precio, y no tenemos esa información. A lo mejor lo hacen estupendamente bien, pero no tenemos esa información, y lo que nosotros queremos saber es a quién le llega la plata de verdad. Por qué el Estado contrata a la Archi y no directamente a la radio. A lo mejor hay una razón, pero queremos saberla. Lo mismo en temas de televisión, lo mismo en empresas vinculadas. Yo quiero saber, a fin del día, cuando se contrata a una megaagencia de medios, ¿a quién le pasa esa empresa?

Cuando se contratan empresas internacionales para promover a Chile, me parece bien que se promueva a Chile, pero tenemos que poder saber qué se hizo de verdad con esa plata.

En tercer lugar, sanciones. Sanciones para cuando esa información no esté. Deberíamos tener un sistema fácil, consolidado, donde cualquier persona, con un clic o con dos o tres clics, pudiera saber cuánta plata gasta el Estado, cuánta plata les transfiere el Estado a los medios de comunicación, y a qué medios de comunicación, y cuáles de esos medios de comunicación además forman parte de un grupo empresarial, para saber si se están haciendo las cosas bien o mal.

En esto de hacer las cosas bien o mal también hay varios criterios. Alguien podría decir «mira, yo en esto necesito llegar a la mayor cantidad de personas, o en esto no quiero llegar a la mayor cantidad de personas porque esto tiene una clara destinación regional, o esto es una campaña para los jóvenes, o esto forma parte de nuestra política de fomentar los medios emergentes, nuevos», lo que sea, pero la información tiene que estar, después podemos discutir si se gastó bien o no, si estaba justificado o no. Pero ni siquiera podemos tener ese diálogo tan básico en una sociedad democrática, si se gastó o no correctamente esa plata.

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