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Crédito: Agencia UNO
La respuesta a un inserto publicado en la prensa nacional el pasado domingo -que fue firmado entre otros por el exministro de Interior y Defensa, Jorge Burgos; el ex ministro de Agricultura y Justicia, Jaime Campos Quiroga; el exsubsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, y la senadora DC Ximena Rincón- llegó este martes, con otro grupo de 500 abogados «también por Chile» en el que cuestionan los argumentos expresados por sus colegas de profesión. «Quienes suscribimos la presente declaración somos abogadas y abogados que también estamos por Chile, lo que supone, a nuestro entender, poner todo lo que esté de nuestro lado para que el proceso constituyente culmine de manera exitosa», aseguran al comienzo de la carta. «Llama la atención la crítica vaga y general sobre supuestas transgresiones a las máximas de la experiencia, a la tradición constitucional occidental y a los tratados internacionales sobre derechos humanos, “entre otros”, sin detallar cuáles serían aquellas. Las serias y graves acusaciones que afirman exigen que estas sean demostradas fundadamente ante la opinión pública”. Entre los firmantes de esta nueva carta se encuentran las exministras de Estado Ana Lya Uriarte, Laura Albornoz, Alejandra Krauss y Nivia Palma; el exdecano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Davor Harasic; la fiscal Ximena Chong; y otros destacados profesionales vinculados al ejercicio del derecho y la academia, como Jorge Contesse, Luis Cordero, Miriam Henríquez, Juan Pablo Hermosilla, Carlos Gajardo, Francisco Cox, María Inés Horvitz, Domingo Lovera y Alejandra Zúñiga, entre otros.
Polémica causó este domingo un inserto en el diario La Tercera publicado por cerca de 300 abogadas y abogados «por Chile», en el que criticaban el trabajo de la Convención Constitucional, en especial por la aprobación de normas carentes de calidad y “rigurosidad técnica y jurídica” que, según ellos, introducen una serie de incertidumbres sobre el funcionamiento futuro de la institucionalidad y amenazan con dividir más a la sociedad chilena.
La respuesta a ese inserto -que fue firmado entre otros por el exministro de Interior y Defensa, Jorge Burgos; el ex ministro de Agricultura y Justicia, Jaime Campos Quiroga; el exsubsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, y la senadora DC Ximena Rincón- llegó este martes, con otro grupo de 500 abogados «también por Chile» en el que cuestionan los argumentos expresados por sus colegas de profesión.
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«Quienes suscribimos la presente declaración somos abogadas y abogados que también estamos por Chile, lo que supone, a nuestro entender, poner todo lo que esté de nuestro lado para que el proceso constituyente culmine de manera exitosa», aseguran al comienzo de la carta.
«Llama la atención la crítica vaga y general sobre supuestas transgresiones a las máximas de la experiencia, a la tradición constitucional occidental y a los tratados internacionales sobre derechos humanos, “entre otros”, sin detallar cuáles serían aquellas. Las serias y graves acusaciones que afirman exigen que estas sean demostradas fundadamente ante la opinión pública», añaden en la misiva que es firmada por las exministras de Estado Ana Lya Uriarte, Laura Albornoz, Alejandra Krauss y Nivia Palma; el exdecano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Davor Harasic; la fiscal Ximena Chong; y otros destacados profesionales vinculados al ejercicio del derecho y la academia, como Jorge Contesse, Luis Cordero, Miriam Henríquez, Juan Pablo Hermosilla, Carlos Gajardo, Francisco Cox, María Inés Horvitz, Domingo Lovera y Alejandra Zúñiga, entre otros.
En esa línea, cuestionan que en el inserto se critican “iniciativas que permanentemente buscan socavar la independencia del Poder Judicial”, pero «no se nombra ninguna. Hasta ahora, el Pleno no ha aprobado norma alguna que la lesione, y las pocas iniciativas que podrían haber tenido ese efecto fueron pronta y correctamente rechazadas».
«Se critica la creación de sistemas de justicia paralelos. Se omite, sin embargo, que el Pleno aprobó que el ejercicio de la jurisdicción quedará bajo la autoridad final de la Corte Suprema, reafirmando así la unidad del Estado chileno»; «se critica la noción de plurinacionalidad, insistiendo en la equivalencia entre Estado y una sola nación. Pero este es precisamente uno de los rasgos que el proceso constituyente busca superar, en línea con lo que ocurre en democracias occidentales modernas, donde se reconoce la existencia de más de una nación bajo un mismo Estado, sin que ello signifique secesión ni escisión alguna»; y «se afirma que existen iniciativas que ‘permanentemente (…) aumentan la burocratización, control y tamaño del Estado’, sin considerar que efectivamente uno de los objetivos políticos explícitos de la Convención es pasar de un estado subsidiario a uno que provee servicios públicos capaces de convertir los derechos sociales en una realidad perceptible para las personas, tal como acontece en democracias constitucionales desarrolladas», dicen en otros puntos.
En la parte final de la carta, agregan que «se critica la aprobación de normas sobre derechos sociales ‘no financiados o que niegan la regla de responsabilidad fiscal’, pero se omite que el Pleno aprobó expresamente la regla de responsabilidad fiscal para el texto de la nueva Constitución».
«Se señala que existe ‘un retroceso de normas de garantías ante la expropiación de bienes’ y la ‘certeza jurídica sobre la propiedad’. No reparan en que lo primero aún no está resuelto por el Pleno y que, además, del estado actual de la discusión en la Comisión respectiva se sigue que se reconocerán las principales garantías expropiatorias actualmente vigentes. Tampoco mencionan que el derecho de propiedad en sus elementos centrales ya ha sido aprobado por el Pleno, con una cláusula muy similar a la establecida en la actual Constitución, y más protectora que textos de democracias occidentales desarrolladas», añaden..
Finalmente, «se reprocha la existencia de ‘propuestas de eliminación de concesiones sobre bienes nacionales de uso público’. Sin embargo, ninguna norma ha sido aprobada en ese sentido. Si bien se dispuso que el uso de los bienes naturales comunes inapropiables (como el agua) solo podrá realizarse mediante autorización, una amplia diversidad de bienes nacionales de uso público podrá seguir siendo objeto de concesiones, tal como sucede en la actualidad».
«Si bien la presente declaración responde al pronunciamiento de personas que utilizan su calidad de ‘profesionales del derecho’ para sostener críticas al proceso constituyente, es fundamental recordar que el debate constitucional pertenece a toda la ciudadanía, no sólo ni prioritariamente a juristas; es un diálogo que se nutre del conocimiento de muchas disciplinas, incluido el derecho.
Para que el plebiscito de septiembre se desarrolle de forma limpia e informada, es imprescindible que quienes pretenden valerse de sus conocimientos técnicos sustenten sus afirmaciones. Así como decidir aprobar, es legítimo querer rechazar el texto que proponga la Convención; lo importante y deseable es exponer esa posición –incluso si se adopta precozmente– de cara a la ciudadanía», cierran la misiva, que puede apoyar en el siguiente link.
Lea la carta completa y los 500 firmantes en el siguiente enlace.
