Opinión
Hay coincidencia en que la Región de La Araucanía, en general, presenta un nivel de desarrollo inferior al del resto del país, debido fundamentalmente a la baja inversión privada y pública, al bajo nivel de desarrollo de su infraestructura y la existencia de bolsones de pobreza y marginalidad. Esta situación es la base de la insatisfacción de las personas, del quiebre de la sociedad y del creciente ambiente de violencia, temor y animadversión ciudadana, y es causa y efecto de la violencia política y social existente, en que la criminalidad común se mezcla y potencia con la violencia política. El diagnóstico y la aplicación eficiente de alternativas de solución son prioritarios y urgentes, y constituyen un problema económico y social cuyo motor principal son los adecuados diagnósticos sectoriales gubernamentales, y el diseño y aplicación de políticas eficaces.
Aparentemente el Gobierno de Gabriel Boric supuso que la situación en La Araucanía se resolvería mediante un diálogo directo entre la ministra del Interior y los diversos actores de la violencia, a través del líder mapuche Marcelo Catrillanca, presidente de la comunidad mapuche «Ignacio Queipul Millanao».
“La ministra chilena de Interior, Izkia Siches, y otros miembros del gabinete del presidente Gabriel Boric, desplegarán hoy (15 de marzo) una estrategia de diálogo en La Araucanía para enfrentar la violencia en la sureña región”, señaló el comunicado de rigor.
Según la ministra Siches: “Esto no va a ser una cosa vertical, sino que muy horizontal, respetando las cosmovisiones de todos nuestros pueblos originarios, y esperamos que esta convocatoria sea cada día más amplia y avancemos en una paz duradera para el Wallmapu”. “En esta zona, se mezclan episodios de violencia rural y sucesos vinculados con la resistencia del pueblo mapuche y su lucha en reclamo de tierras ancestrales que les quitó el Gobierno chileno, las cuales se encuentran en manos de trasnacionales mineras o madereras”.
Esta expedición fue detenida violentamente y a balazos antes que pudiera ingresar a la zona controlada por Catrillanca, por grupos armados, aparentemente de otras organizaciones. La ministra y su comitiva tuvieron que huir.
El 25 de marzo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, intentó concurrir a una nueva reunión con grupos mapuches en La Araucanía (Cañete), donde fue recibido con violencia armada, por lo que tuvo que huir.
Con posterioridad a estos y otros fiascos protagonizados por el Ministerio del Interior, el 6 de abril de 2022, el Gobierno hizo pública la “Estrategia para abordar el conflicto”, compuesta de “cinco pilares”, y que la ministra Siches presentó durante la sesión especial en el Congreso.
1.- La creación de una Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico en el conflicto intercultural.
2.- La implementación de parlamentos y diálogos territoriales.
3.- Mejorar la entrega de tierras y, por ende, la activación de la Conadi.
4.- La activación del Estado mediante un trabajo interministerial hacia el territorio.
5.- El desarrollo de medidas de seguridad.
También señaló la necesidad de elaborar un “diagnóstico común” entre los senadores, respecto a la situación en la Macrozona Sur.
La “estrategia” es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas.
Una estrategia se construye siguiendo 4 pasos: análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción.
La población chilena que se declara mapuche está compuesta por 1.745.147 personas. De estas, 707.470 viven en las regiones Metropolitana y de Valparaíso y 627.250 en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos (la Macro Región).
El problema, en su expresión conflictiva violenta y armada, se sitúa fundamentalmente en La Araucanía, donde residen 314.174 personas mapuche.
Desde la perspectiva política y social, la gran mayoría de los chilenos que se identifican como étnicamente mapuche viven, trabajan, plantean sus demandas y se comportan dentro del Estado de Derecho e integrados en las instituciones del Estado y las organizaciones sociales y políticas regulares.
Los que materializan la acción violenta son grupos pequeños que afirman su identidad mediante la agudización de los conflictos sociales, económicos y culturales, en condiciones de marginación social voluntaria, actúan violentamente y con empleo de armas, fuera del Estado de Derecho, incluyendo actividades delictuales, criminales y subversivas en el territorio nacional, extendiendo sus actividades hacia partes del territorio argentino; algunos con apoyo político, económico o militar extranjero.
Hay coincidencia en que la Región de La Araucanía, en general, presenta un nivel de desarrollo inferior al del resto del país, debido fundamentalmente a la baja inversión privada y pública, al bajo nivel de desarrollo de su infraestructura y la existencia de bolsones de pobreza y marginalidad.
Esta situación es la base de la insatisfacción de las personas, del quiebre de la sociedad y del creciente ambiente de violencia, temor y animadversión ciudadana, y es causa y efecto de la violencia política y social existente, en que la criminalidad común se mezcla y potencia con la violencia política.
El diagnóstico y la aplicación eficiente de alternativas de solución son prioritarios y urgentes, y constituyen un problema económico y social cuyo motor principal son los adecuados diagnósticos sectoriales gubernamentales, y el diseño y aplicación de políticas eficaces.
Dado que este conflicto no se resolverá rápidamente, es imprescindible establecer, previamente, un diagnóstico común entre todos los actores políticos chilenos para que la estrategia, con pocas variaciones, tenga continuidad en el tiempo.
El diagnóstico del Gobierno está conformado alrededor de la ideología indigenista, así lo indica el “primer pilar de su estrategia”: “La creación de una Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico en el conflicto intercultural”.
Esta estrategia se apoya en la ideología indigenista que anima al Presidente de la República y a su Gobierno, lo que acota y condiciona tanto el diagnóstico de la situación como el espacio donde buscar y acordar estrategias eficaces. Esta situación garantiza que, dado que esta es una ideología extrema y acotada de cierta izquierda, no se podrá llegar a un diagnóstico común ni a conseguir el apoyo de la mayoría de los chilenos.
En efecto, las demandas mapuches en La Araucanía están siendo empleadas por la Convención Constitucional como vehículo para la promoción de un indigenismo, amplio y disruptivo, que actúa en conjunto con la ideología y las técnicas del (pos)marxismo. Este fenómeno llegó a Chile desde Bolivia, vía Álvaro García Linera, y desde el partido español Podemos, que aportó la ideología posmarxista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Todas estas personas e ideas permean y condicionan las conductas del Gobierno al respecto.
La aplicación de los conceptos que conforman este proyecto político queda a la vista cuando el Presidente Boric se refiere a los mapuche como el “Pueblo-nación” mapuche, es decir, a una comunidad étnica que en sí misma constituye una nación, que convive por propia voluntad con otros pueblo próximos.
En la perspectiva presidencial en La Araucanía, el Estado-nación chileno negocia con el Pueblo-nación mapuche, en un plano de igualdad. La supremacía del Estado-nación chileno entonces habría dejado de existir en esa parte del país.
De la misma manera, la ministra del Interior habla de “los territorios”; espacios habitados por “comunidades”; con autonomía e identidad propia, lo que hace a los grupos violentos de La Araucanía acreedores al reconocimiento como “Pueblos-naciones con Territorio Propio”.
Se puede concluir que el Gobierno de Gabriel Boric no podrá resolver este problema, por cuanto su instrumental de diagnóstico es erróneo, y con un diagnóstico malo no podrá definir una estrategia adecuada.
Ya ha enviado señales erróneas, como la renuncia del Estado a imponer la ley con auxilio de la fuerza pública y la consideración de que la violencia es una respuesta política y legalmente válida a una situación que los afectados, unilateralmente, han definido como de abuso.
La situación al mismo nivel del Estado-nación chileno y el Estado pueblo-mapuche, así como la asignación de la representatividad de toda la etnia mapuche, en su mayoría mestizos asimilados exitosamente, a un pequeño número de grupos violentos, autodesignados y que nunca han probado esa representatividad, crea, de hecho, un interlocutor ilegítimo e inválido.
