Preocupación por trato desigual a universidades

El diario La Tercera, en su editorial del 21 de abril, hace mención a la preocupación por trato desigual a las universidades, cuestionando el concepto restringido de lo público a lo estatal y la pretensión del actual Gobierno, como de las propuestas de la Convención Constitucional, que quieren dar preferencias a las Ues públicas sobre las privadas. Desigualdad de trato que tendría implicancias en investigación, la generación de conocimiento e incluso la movilidad social, referencias que no tienen ningún fundamento en datos concretos, propuestas, ni aseveraciones de ninguna autoridad y de las propias universidades públicas, organizadas en el Consorcio de Universidades Estatales.

Sí compartimos y hemos convivido con un trato desigual de manera permanente frente a Ues privadas, las que no deben cumplir con las mismas exigencias. Me refiero a que jurídicamente no podemos competir en igualdad de condiciones: estamos reguladas por organismos públicos y sometidas a mayor fiscalización, tenemos limitada nuestra capacidad de endeudamiento a largo plazo, y respondemos a la Ley de Transparencia y la Ley de Compras Públicas, que rigen al sector público. Nada de lo que se ha planteado cambia estas condiciones que las Ues públicas hemos asumido con responsabilidad y a cabalidad.

Son tan claras estas asimetrías que las Ues del G9 reciben más aportes basales y de fondos concursables que las Ues públicas al año. La información financiera disponible públicamente establece que mientras las Ues públicas reciben de parte del Estado en promedio 17 mil millones, las Ues del G9 reciben en promedio 29 mil millones. Además, las Ues privadas reciben el 90% de las donaciones, y en promedio sus ingresos por aranceles superan a las Ues públicas. A pesar de contar con menos recursos para afrontar sus actividades, el patrimonio de las Ues públicas, que es del Estado, es superior al promedio de las Ues privadas. Respecto a movilidad social, un estudio reciente de la U. Diego Portales sobre el Aporte de la Educación Superior a la Movilidad Social, indica que, de las 56 universidades del país, entre las 15 que lideran el ranking, 10 son públicas, considerando alumnos del quintil de menores ingresos que acceden al quintil 5.

Parafraseando lo mencionado en el editorial, que en una sociedad plural el Estado debe apoyar a las personas y las decisiones educativas que estas legítimamente toman, sin privilegiar a un tipo de instituciones, dicho Estado debe, sobre todo, favorecer a instituciones laicas, que no estén ligadas a alguna ideología o grupo económico, ya que es el fundamento de una sociedad democrática, y no podemos hablar de un sistema mixto de educación, o que la educación superior privada ha desarrollado una actividad en desmedro de las instituciones del Estado, cuando la educación superior pública es menos del 20%. Eso es justamente el resultado de una política pública en educación que se ha extendido desde la década de los ochenta y es opuesta al desarrollo de países miembros de la OCDE, donde la educación privada es casi inexistente, y Chile es un caso extremo de privatización de la provisión de la educación en el mundo.

En este sentido, decidir dónde estudiar, al parecer no es resultado de una oferta pluralista de educación, menos aún cuando esa decisión no es sobre la base de criterios de calidad, ya que tanto las Ues del G9 como las públicas se encuentran todas acreditadas. Hoy los estudiantes en Chile no tienen opción de elegir entre educación pública o privada, ya que la primera está limitada por décadas de abandono de parte del Estado, que ha privilegiado deliberadamente el desarrollo de la educación privada, contando la educación pública con solo uno de cada cuatro estudiantes del sistema universitario.

En una época de cambios donde el derecho a la educación se puede consagrar en una nueva Constitución, resulta de sentido común lo que otros llaman trato desigual y recibimos con entusiasmo los dichos de la subsecretaria de Educación Superior. Frases que infieren un trato desigual de parte del editorial que comento, por mencionar que es deber del Estado posicionar a sus instituciones y es importante fortalecer y reconstruir la educación pública. Universidades públicas que mayormente se encuentran en regiones y representan un aporte a los territorios donde se insertan y que pueden ser un aporte a las políticas públicas en una real descentralización desde las regiones, pudiendo aportar decididamente a mejorar indicadores de acceso a la educación superior de miles de jóvenes, incrementar los años de escolaridad y población con educación superior completa en quintiles de más bajos ingresos, indicadores que aún están muy distantes al comparar con quintiles de más altos ingresos, como lo demuestra la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen), y así seguir aportando a una movilidad social que implique mejoras en las condiciones de vida de las familias en el país.