NUEVA CONSTITUCIÓN
Foto: Sebastián Beltrán Gaete, Agencia Uno.
Este miércoles –con el sábado 30 de abril a las 23.59 como plazo máximo para presentar indicaciones– se reanudaron las conversaciones de la centroizquierda al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Las reuniones se dan luego del quiebre que produjo el rechazo en general del segundo informe de esta instancia, el día 21 de este mes, por parte de integrantes del Colectivo Socialista. Para dar inicio a las tratativas –según aseguran en la interna de la comisión–, distintos colectivos pidieron la presencia de un nuevo interlocutor socialista, que asegurara que los acuerdos a los que lleguen serían vinculantes. El puesto lo ocupó el convencional de Sistema Político, Pedro Muñoz, quien llegó junto a Tomás Laibe, de la Comisión de Sistemas de Justicia. A las conversaciones se sumó también el asesor del Colectivo Socialista, Sebastián Salazar, master en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y doctorado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona. Los socialistas explicaron que lo sumaron a las conversaciones como un refuerzo técnico por el peso que tiene este informe, dado que establece el sistema económico. De este modo, con los tiempos acotados y en contra se dio inicio a una suerte de operación salvataje para auxiliar a una comisión que ha rebotado dos veces en el Pleno.
“Traidores”, fue lo que gritaron algunos convencionales a sus pares el 21 de abril. Esto, luego de que se rechazara en general el segundo informe que presentaba la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico ante el Pleno, es decir, el total de convencionales. Siguió una lectura –en un punto de prensa, por parte de la convencional Constanza San Juan (independiente y cercana a Pueblo Constituyente)– de los nombres de 11 de los 46 constituyentes que habían votado en contra del informe: 10 del Colectivo Socialista y Renato Garín (Ind.).
Los rechazos al documento –que contenía 52 artículos y abarcaba materias como estatuto constitucional de las aguas, soberanía alimentaria, estatuto de los minerales, sistema económico, y función ecológica y social de la propiedad– provinieron de parte de la centroderecha y el Colectivo Socialista. Se abstuvieron integrantes del Colectivo del Apruebo, además de Félix Galleguillos (Escaños Reservados, representante del pueblo Atacameño), integrante de la comisión.
Tras el quiebre en la centroizquierda al interior de Medio Ambiente, se reiniciaron las conversaciones con la representación del convencional socialista Pedro Muñoz, quien llegó acompañado por Sebastián Salazar, con el fin de establecer, en paralelo, las conversaciones técnicas con los demás asesores de la comisión. Casi a la 1 a.m. de este jueves terminó la reunión entre los representantes de los colectivos de la centroizquierda, quienes conversaban al interior de la sala 4, en lo que fue el segundo día consecutivo de reuniones.
“Hemos pactado una serie de reuniones para poder definir de aquí al sábado el informe de reemplazo”, aseguró la convencional de Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), Carolina Vilches, parte de Modatima.
“Después del rechazo y de todos los impactos que ha tenido tanto en las confianzas como en la necesidad de construir el diálogo, estamos trabajando por un nuevo informe de reemplazo junto al Colectivo Socialista, el Frente Amplio, INN, para lograr el acuerdo que espera Chile en cuanto al estatuto de agua, el estatuto de bienes comunes naturales, los principios económicos y también minería, para cumplir con los 2/3 y con las necesidades urgentes de las personas que sufren los impactos de las aguas”, agregó.
Alrededor de dos horas y media duró la primera reunión extraprogramática de la centroizquierda más Escaños Reservados, además de colectivos de independientes y movimientos sociales al interior de la Comisión de Medio Ambiente, desde que su segundo informe fuera rechazado la semana pasada.
Fue el miércoles 27 y se reunieron a las 19:00 horas, justo después de una jornada de votaciones en el hemiciclo. Quienes asistieron describieron que uno de los objetivos fue “reconstruir una atmósfera de diálogo”.
Tras el encuentro, aseguraron que hubo recriminaciones a la profesora de biología y parte del Colectivo Socialista en la comisión, María Trinidad Castillo, por “faltar a su palabra” en cuanto al acuerdo a que habían llegado –artículos en conjunto– al interior de la comisión con Chile Digno (PC, FRVS e independientes), Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente, Escaños Reservados, Independientes por una Nueva Constitución o INN, además de la Coordinadora Plurinacional.
De acuerdo con convencionales de la Coordinadora Plurinacional y Movimientos Sociales Constituyentes, estos mismos colectivos plantearon como una exigencia para reanudar conversaciones que el Colectivo Socialista propusiera “una voz militante y nueva”, pues aseguran que a las reuniones ampliadas previas al informe rechazado habían asistido otros representantes socialistas, como Andrés Cruz y Tomás Laibe.
El Colectivo Socialista nombró a Pedro Muñoz –convencional que recién el lunes concluyó su papel en las tratativas sobre Sistema Legislativo, que derivaron en un acuerdo de parte de la centroizquierda al interior de la Comisión de Sistema Político– para liderar las negociaciones con los constituyentes de la Comisión de Medio Ambiente.
Esta designación no fue solo respuesta al requerimiento de los colectivos al interior de Medio Ambiente. María Trinidad Castillo, la convencional independiente y parte del grupo socialista al interior de la comisión, luego del rechazo en general del segundo documento que presentaban ante la instancia plenaria, advirtió al colectivo –según integrantes– que necesitaba apoyo para las negociaciones políticas.
No solamente asistieron Pedro Muñoz y Trinidad Castillo del Colectivo Socialista, también lo hizo Tomás Laibe –de la Comisión de Sistemas de Justicia–. Por parte de INN participaron Carolina Sepúlveda y Juan José Martin –coordinador de la comisión–. Por Movimientos Sociales Constituyentes asistieron Carolina Vilches y Gloria Alvarado. De la Coordinadora Plurinacional arribaron Ivanna Olivares e Isabel Godoy (representante del pueblo Colla). Representando a Chile Digno estaba Bessy Gallardo, y en nombre de Escaños Reservados estuvo Félix Galleguillos, acompañado de Luis Jiménez –de Sistemas de Justicia–. Por Pueblo Constituyente estuvo Camila Zárate –quien también es coordinadora del espacio–, y también asistió Constanza San Juan quien es cercana a este último grupo.
Según quienes estuvieron presentes, fueron revisados uno a uno los artículos y se abordaron los reparos que tenía cada grupo, especialmente el Colectivo Socialista e INN –que trabajan juntos en la comisión–. Para esta primera reunión alcanzaron a ver los temas de agua, y se propuso un orden para revisar los acápites y avizorar en qué temáticas podían llegar a un consenso para presentar este sábado indicaciones conjuntas y en cuáles no, para presentar otras por separado.
Primero agua, luego estatutos en general, derechos humanos ambientales, principios económicos y, por último, minería. También se adoptó la decisión respecto a que a las reuniones solo asistieran convencionales y se vieran “temas políticos”, para que durante la jornada siguiente, y a partir de las directrices que dejaran los constituyentes, los asesores se reunieran a estudiar los temas de carácter más técnico.
Desde Movimientos Sociales Constituyentes aseguran que tras el rechazo se está buscando mejorar el informe y se transmitió la idea de “vamos a escuchar porque ellos (el Colectivo Socialista e INN) ya vieron nuestras cartas”.
Durante el día se encontraron los asesores –según informaron los convencionales constituyentes– y a estas conversaciones se sumó el asesor del Colectivo Socialista, el abogado Sebastián Salazar, con master en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y doctorado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona. Los socialistas explican que lo sumaron a las conversaciones como un refuerzo técnico por el peso que tiene este informe, dado que establece el sistema económico.
La reunión del jueves se extendió hasta casi la 01:00 a.m. y se desarrolló al interior del ex Congreso, en la sala 4, ubicada en el primer piso. Durante la referida segunda reunión, de acuerdo con los integrantes de Medio Ambiente pertenecientes a la centroizquierda, los asesores presentaron sus propuestas en torno a lo conversado el miércoles sobre agua.
Al interior del Colectivo Socialista aseguran que buscan mejorar la redacción, pero también lo técnico en lo que respecta a los artículos sobre sistema económico, tema que aún no han abordado en las negociaciones.
También los socialistas puntualizan que su objetivo es sintetizar y refundir aquellas normas que sean repetitivas. Un ejemplo fue lo planteado el miércoles por este grupo sobre unir los artículos 1 y 2, donde se establece que el agua es derecho humano y el deber del Estado de protegerla.
En la primera reunión hubo consenso sobre los artículos que establecen un sistema de gobernanza de las aguas: los consejos de cuencas.
La razón por la que el convencional de Escaños Reservados, Félix Galleguillos, se abstuvo en la votación en general del segundo informe el 21 de abril, fue –según miembros del mismo grupo– el cálculo de que el artículo 7 sobre derecho indígena al agua en sus territorios no iba a alcanzar los 2/3. Al respecto, sostienen que faltó tiempo de diálogo.
“Podremos tener bienes comunes naturales inapropiables, y apropiables, por cierto. El agua sujeta a autorizaciones de uso temporal con causales de caducidad, extinción y revocación, bien, excelente (dijo mientras subía su puño derecho). Pero si no hay una especial protección para los pueblos indígenas en materia de aguas como lo que se presenta en el artículo 7, solo se seguirá perpetuando la actual lógica de despojo de los pueblos indígenas. Y para eso no estoy disponible”, expresó ese día Galleguillos.
El acápite establecía que la Constitución “reconoce a los pueblos y naciones indígenas los derechos sobre las aguas existentes en sus tierras y territorios, las cuales serán administradas directamente por ellos, de conformidad con su derecho propio y al derecho a la libre determinación” (extracto).
Según convencionales al interior de la comisión, esta redacción generaba ciertos reparos por parte de INN y el Colectivo Socialista. Con el objetivo de articular, explican en Escaños Reservados, se ha sumado Luis Jiménez –de Sistemas de Justicia y que antes ya había participado de tratativas al interior de la Comisión de Medio Ambiente– como apoyo a Galleguillos. Esto, precisan al interior de su colectivo, por su experiencia jurídica y su conocimiento sobre temas de agua al pertenecer al pueblo Aymara.
Sin embargo, al término de la reunión de este jueves, casi a la 01:00 a.m., los asistentes aseguraron que se llegó a un primer acuerdo con INN y el Colectivo Socialista sobre esta norma. Fuentes socialistas indican que la continuidad del apoyo de este acápite dependerá de las conversaciones que vienen sobre el sistema económico y el rol que impulsarán que el Estado tome en él.
“Desde 1990 es una constante histórica en nuestras leyes que se dé una protección particular a las aguas de los pueblos indígenas. ¿Qué significa esto? ¿Es un privilegio? No. Lo que garantiza este derecho ancestral es que nosotros ocupamos materialmente las aguas que están en nuestras comunidades para el consumo humano, para zonas de pastoreo, para la agricultura. Y que no necesitamos que el Código de Aguas nos otorgue este derecho inscrito para ejercerlo. (…) El artículo 7 no viene a causar un gran cambio de paradigma, por lo tanto, me extrañaría que los colectivos que se dicen progresistas rechacen este artículo séptimo”, manifestó Luis Jiménez en defensa del artículo 7, el 21 de abril.
Al interior de Escaños Reservados afirman que “la inapropiabilidad del agua”, que plantean como comisión, generó una complicación en torno al derecho de los pueblos originarios al agua en sus territorios y que, de esta forma, existiría un “cruce entre la propiedad indígena y la inapropiabilidad del agua”.
Otro de los nudos es el estatuto minero, la disyuntiva está entre títulos administrativos o concesiones. Del capítulo “Estatuto constitucional de los minerales”, que es parte del documento presentado al Pleno el 21 de abril –y que se está usando como base sobre la cual conversar durante las negociaciones de la centroizquierda–, se desprendían ocho artículos. El 27 establecía que “las autorizaciones mineras se otorgarán de forma temporal, mediante un procedimiento transparente e informado a la ciudadanía, en los términos y condiciones que establezca la ley. Estas autorizaciones no otorgan propiedad”.
De acuerdo con los integrantes de la comisión, se trata de una de las discusiones que todavía no se tocan en las reuniones, aunque sí en los pasillos, lo que ha transparentado dos posturas. En tal sentido, habría un grupo que está de acuerdo con que lo relativo a las autorizaciones para actividad minera se trate de títulos administrativos –entregados por el Estado–, sin posibilidad de tener propiedad privada sobre los territorios, mientras otros impulsan la idea de que queden consignadas como concesiones.
El mismo artículo (el citado 27) proponía que “no serán objeto de autorizaciones administrativas las sustancias como el litio, los minerales no metálicos, los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos, aquellas sustancias situadas en áreas que la Constitución y la ley consideren de interés nacional, y las demás sustancias que determine la ley. Estas sustancias serán explotadas por las empresas del Estado”.
Este fue criticado por Marcos Barraza (PC) el día en que el informe se presentó al Pleno. Además de decir que era “débil”, aseguró que, si se buscaba financiar los derechos fundamentales, “requerimos de sostenibilidad fiscal, y ello obliga a renacionalizar el cobre y otros minerales”, materia que acusó que faltaba en el documento.
Representantes de Chile Digno en las negociaciones dijeron, además, que están impulsando medidas que dejen abierta la puerta a la nacionalización del litio y el cobre.
Desde el Colectivo Socialista aseguraron que pusieron especialmente a cargo de este anexo al asesor Sebastián Salazar. Fuentes al interior del grupo socialista describieron que, desde su punto de vista, el país carece todavía de las herramientas para expropiar, que impulsarán darle más cabida al mundo privado en los artículos de minería y que estarían abiertos a que no exista derecho de propiedad sobre las autorizaciones.
El primer informe de esta comisión se votó en general el 3 de marzo y fueron aprobados 6 de 40 artículos (de los cuales, en la votación en particular, solo se aprobó el segundo inciso del artículo 1).
El 21 de abril, cuando se realizó la votación del segundo documento presentado por la Comisión de Medio Ambiente, las críticas que se escuchaban por los pasillos eran parecidas: “Muchas cosas se pueden regular por la ley” y “deficiencias en su redacción”.
Tras los gritos de traición y la lectura frente a las cámaras de los nombres de quienes rechazaron en general el segundo informe, Tomás Laibe (Colectivo Socialista) recalcó: “No vamos a aceptar que esa sea la forma de deliberación en esta Convención. En democracia las diferencias de opinión se resuelven con argumentos y con ideas, no con amenazas ni matonajes”.
Al interior del Colectivo Socialista aseguran que la razón del rechazo fue que su convencional María Trinidad Castillo, si bien aprobó el informe en general, transmitió a los integrantes del espacio que era un conjunto de artículos que faltaba afinar y que todavía no era sólida la propuesta tanto en términos económicos como mineros.
