Opinión
Como se sabe, el borrador de la nueva Constitución estará terminado en la tercera semana de mayo. Mientras tanto, resulta difícil para la ciudadanía distinguir entre lo aprobado y lo que está en discusión. Eso permite, a quienes atacan a la CC, promover falsedades, como que el reconocimiento de los derechos reproductivos implicaría que el aborto no tendría límites en el tiempo; que los fondos previsionales serán expropiados, en circunstancias que el reconocimiento del derecho de propiedad deja en claro que no se puede expropiar sin un justo pago (que en el caso de los fondos equivale al dinero ahorrado); o que las autonomías indígenas implican la división del país y la posibilidad de que se apropien de bienes, en circunstancias que las autonomías tienen el límite absoluto de la unidad del país y que los bienes comunes naturales son inapropiables.
Luego de un análisis detallado del articulado aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional (CC), la presente columna se estructura a partir de la percepción de que los avances del texto actual son muy positivos (al respecto, ver). Qué duda cabe que la deliberación constitucional no era fácil. Constituye la primera experiencia de elaboración democrática de la Constitución en Chile; también, la primera instancia constitucional en el mundo formada paritariamente y no cabe sino valorar que haya logrado representar la amplia diversidad social y geográfica del país. Atendido que los partidos pasaban por un momento de gran desprestigio, la exigencia de representatividad obligó a dar facilidades a la participación de independientes, pese a que la democracia y la gobernabilidad requieren de partidos fuertes. Ello era indispensable para la legitimidad del proceso. La contrapartida fue que el trabajo se hizo más difícil y engorroso para transitar desde demandas muy específicas, de tejo pasado y expresadas en lenguaje excesivamente extenso, a un documento constitucional. Ello se ha logrado más allá de dificultades menores.
Interesa en esta columna analizar las distintas razones que aducen los adversarios y aquellos que dudan entre aprobar y rechazar la nueva Constitución (NC).
El caso de la derecha y sobre todo la ultraderecha es menos problemático. La mayoría de ellos votaron Rechazo en el plebiscito de entrada, pues han sido siempre partidarios de la Constitución del 80. Del sistema político vigente valoran el hiperpresidencialismo, el centralismo y las débiles capacidades transformadoras del Congreso. Frente al dilema derechos sociales universales, optan por la prestación de los servicios sociales organizada como negocio.
Rechazan la idea de que la NC asegure un trato equilibrado del derecho de propiedad y los derechos sociales, pues consideran que el derecho de propiedad hipertrofiado, propio de la actual Constitución, asegura la libertad y el crecimiento dinámico sin tomar en cuenta que esos objetivos requieren otros instrumentos y que los excesos en que incurre el texto constitucional vigente ha generado una gran concentración del ingreso, una desigualdad extrema, y tienen mucho que ver con el estallido social.
Rechazan la paridad pues consideran que “es meter la mano en la urna”, sin considerar que representa un cambio democrático y cultural de proporciones gigantescas. Se trata, sin embargo, de argumentos, poco presentables y, por ello, aprovechando las dificultades que ha tenido la Convención Constitucional, prefieren proclamar que en esta “se están haciendo payasadas”, que “de qué nos quejamos, si elegimos adolescentes para elaborar la NC”, (haciendo caso omiso de las miles de horas de trabajo y deliberación intensa) o propagan urbi et orbi palabras y propuestas presentadas por un o una convencional o un acuerdo de comisión, pese a ser rechazadas en el Pleno.
A lo largo del proceso constituyente han aparecido diversas iniciativas. Estuvieron los “amarillos” que lanzaron andanadas, centrados principalmente en acuerdos preliminares de las comisiones, alertando contra “el indigenismo desatado”, las amenazas contra la unidad del país, sistemas de justicia paralelos sin el rol directivo de la Corte Suprema o que cada región elaboraría leyes por su cuenta. La realidad ha sido otra, un reconocimiento de los pueblos originarios en el marco del Estado plurinacional sin aceptar excesos y detalles; claros artículos respecto de que ninguna autonomía puede afectar la unidad y la integridad del país; sistemas de justicia indígenas para quienes los prefieran y en ámbitos delimitados y sujetos a la dirección de la Corte Suprema, y limitados por los derechos fundamentales y establecimiento de las Asambleas Regionales sin facultades legislativas.
El texto hasta ahora aprobado en el Pleno ha aclarado esas críticas, las cuales, sin embargo, han tenido eco en la población, cuestión que se ha expresado en el debilitamiento del Apruebo y el fortalecimiento del Rechazo.
Como se sabe, el borrador de la nueva Constitución estará terminado en la tercera semana de mayo. Mientras tanto resulta difícil para la ciudadanía distinguir entre lo aprobado y lo que está en discusión. Eso permite, a quienes atacan a la Convención, promover falsedades, como que el reconocimiento de los derechos reproductivos implicaría que el aborto no tendría límites en el tiempo; que los fondos previsionales serán expropiados, en circunstancias que el reconocimiento del derecho de propiedad deja en claro que no se puede expropiar sin un justo pago (que en el caso de los fondos equivale al dinero ahorrado); o que las autonomías indígenas implican la división del país y la posibilidad de que se apropien de bienes, en circunstancias que las autonomías tienen el límite absoluto de la unidad del país y que los bienes comunes naturales son inapropiables.
En este contexto, ha surgido la “idea” de una tercera vía, impulsada por la derecha y secundada por políticos de centroizquierda, particularmente algunos senadores. Estos últimos, señalan que hay que ponerse en el caso de que gane el Rechazo. Una cosa es ponerse en el escenario de que gane el Rechazo y otra muy distinta es suponer que en esa circunstancia el proceso constituyente puede seguir como si nada hubiese ocurrido, como afirman los “creadores” de la tercera vía.
Contra todo lo que se dice, la tercera vía es un mito o simplemente una invención. En primer lugar, porque la alternativa en discusión es reponer la Constitución del 80 (rechazada por el 80% de los electores en el plebiscito de entrada) o aprobar la NC. Con frivolidad algunos señalan que, de triunfar el Rechazo, se debería conformar “una nueva instancia constituyente”. Parecen olvidar que al 4 de septiembre habremos pasado casi tres años abocados a la elaboración de la NC. Estructurar otro proceso requeriría un período similar, para lo cual no hay ánimo ni tiempo político. ¿Podemos dedicar otros 3 años a un proceso constitucional, cuando el país y el mundo enfrentan problemas tan complejos?
Olvidan también que, en el marco de la Carta Fundamental vigente, los cambios constitucionales deben ajustarse a las exigencias supramayoritarias de la Constitución del 80, lo que hace aún más difícil alcanzar acuerdos. Cabe, por otra parte, recordar que en el pasado la derecha se comprometió a cambios constitucionales (por ejemplo, después del plebiscito del 89, que aprobó algunas reformas constitucionales a cambios en los quórums y el sistema binominal) y luego no cumplió con los acuerdos. Probablemente hay cosas que no nos gustan. Personalmente, por ejemplo, prefiero un sistema parlamentario; otros quisieran mantener los rasgos principales del hiperpresidencialismo. Ello es propio de una Constitución, nadie queda del todo conforme, pero ello no justifica hacer todo de nuevo.
Clave es recordar aquí que la NC permite de una manera más expedita y con mayorías sustancialmente más bajas, introducir reformas constitucionales. Es claramente mejor tomar la nueva Carta Magna y hacer las reformas que se quiera con mecanismos mucho más expeditos para hacerlas. Muchas personas han insistido en que el proceso constituyente genera incertidumbre; ¿tiene sentido prolongar la incertidumbre por otro período similar con la presunta tercera vía? Baste pensar en La Araucanía. Estaríamos sujetos al mismo marco constitucional que a todas luces ha fracasado en terminar con el conflicto, pues carece de lo fundamental: el reconocimiento nacional y cultural de los pueblos originarios, como base para la construcción de la paz.
Muchos señalan que la CC ha desistido de hacer de la NC la casa común, como si ello fuera posible de lograr en un año de trabajo. Llegar a compartir un texto constitucional pasa por diversas fases y requiere transformaciones culturales de largo aliento. Costó casi 40 años para que la ciudadanía expresara su rechazo a la Constitución vigente. No fue fácil construir una mayoría de 2/3 para concordar el texto constitucional –cabe señalar que en promedio los artículos aprobados lo han sido con 119 votos, que equivale al 77% de los constituyentes–; se coincidía en que se requería una NC, pero existían visiones muy diferentes respecto del nuevo texto. Luego de 10 meses de trabajo intenso, se constituyó una mayoría por las transformaciones. Corresponde ahora reproducir esa mayoría en la sociedad. El primer paso es ganar el plebiscito del 4 de septiembre. Para ello, la nueva Constitución requiere lograr el 50% más 1 de los votos.
Luego se iniciará la transición al nuevo orden constitucional; a medida que este se implemente y la ciudadanía experimente sus beneficios, el apoyo a la Constitución irá creciendo.
