Pensiones: una reforma cargada de futuro

El país ha sido testigo del anuncio gubernamental por el cual se da inicio a un proceso de diálogo social en todo el país, con el objetivo de validar, en acuerdos tripartitos, los nuevos principios de la seguridad social, sobre la base de los cuales se fundará el nuevo sistema de pensiones en Chile.

Como sabemos, la seguridad social es el conjunto de normas, instrumentos y medidas tomadas por el Estado y la sociedad para proteger a los trabajadores y las trabajadoras y a sus familias, aliviando su necesidad económica ante una contingencia o riesgo social, particularmente cuando sobreviene la avanzada edad y la etapa de descansar al amparo de una jubilación. En este contexto, es clave que los sistemas previsionales alcancen la necesaria universalidad, suficiencia y sostenibilidad en contextos demográficos, políticos, económicos y laborales cambiantes.

Así las cosas, el proceso de diálogo social anunciado por el Presidente Gabriel Boric es una excelente noticia, pues representa una oportunidad histórica para generar, por fin, las necesarias definiciones comunes y principios para orientar una de las reformas más importantes desde el retorno a la democracia, y que constituye uno de los ejes centrales de la actual administración. Así, este proceso –que contará con la valiosa cooperación técnica de la OIT– podría tener instancias legislativas e institucionales basadas en acuerdos que cuenten con la legitimidad ciudadana y de los actores involucrados. Con ello, se podrá alcanzar la confianza necesaria para desarrollar, interpretar y mejorar el impostergable proyecto de reforma previsional.

Las evidencias indican que el actual sistema de pensiones ya no admite parches y, por ende, requiere ser reemplazado por otro. Se implementó hace 41 años y es el momento de materializar un nuevo régimen previsional basado en nuevos enfoques, principios, pilares, valores, y actores; siendo público y notorio que los supuestos sobre los que se construyó el sistema previsional en dictadura, no se cumplieron.

Pese al importante esfuerzo del Gobierno de Michelle Bachelet por reformar el sistema, a través de la instauración del Pilar Solidario, que vino a garantizar significativos instrumentos de protección social como la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario, persisten no solo la esencia y las inequidades del actual modelo, sino además su exigua cobertura, la baja densidad de cotizaciones, la discriminación de una gran cantidad de trabajadores independientes, las altas comisiones de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), así como sus exorbitantes ganancias; y, como si fuera poco, sigue prevaleciendo una importante brecha de género y discriminación hacia las mujeres. Lo anterior, unido a la aprobación legislativa de tres retiros desde las cuentas de capitalización, concretados por la gran mayoría de los cotizantes, consagran por una parte la inviabilidad del actual sistema y, por otra, la entrega de pensiones de miseria. Todo lo anterior, en el marco de un mercado laboral precario y altamente informal.

No es discutido que el Estado bicentenario que hemos construido ha sido incapaz de salir de su burbuja, de establecer puentes con la sociedad civil, y satisfacer las demandas sociales de las chilenas y chilenos, entre ellas, la de proveer pensiones dignas para quienes hicieron su aporte a la sociedad y merecen una vejez tranquila y con mayor protección social. Por ello, resulta de vital importancia que este proceso tripartito de diálogo social por pensiones dignas, que recién comienza, sea un espacio de participación real, donde el Gobierno, los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, los sindicatos, más los empleadores, cumplan con su misión de recoger las inquietudes ciudadanas, y de recopilar los aportes de las personas respecto del actual sistema de pensiones, a fin de que dichas propuestas sean consideradas en la etapa decisional.

Dicho de otro modo, tenemos que darnos cuenta de que el país cambió, muy probablemente también cambie la Constitución, y en consecuencia resulta altamente valorable que la génesis de este nueva política pública, que viene a sentar las bases de un nuevo sistema de pensiones, nazca con el sello de la participación ciudadana, idea que por lo demás la OCDE viene pregonando hace rato, puesto que, para alcanzar una cooperación eficaz para el desarrollo, la sociedad civil y sus organizaciones deben jugar un rol fundamental en promover enfoques basados en derechos al momento de la creación de toda política pública y, desde luego, en la etapa de monitorear su implementación. A este respecto, no son pocos los países que se encuentran en proceso de impulsar reformas a sus sistemas de seguridad social, a partir de distintas instancias técnicas, ciudadanas y político-legislativas.

Pareciera ser que también es importante, en esta nueva etapa, asumir el desafío de invertir y avanzar en la modernización de la institucionalidad pública en materia de seguridad social, a efectos de fortalecer su marco regulatorio, competencias, instituciones, y lograr que el nuevo sistema de pensiones cuente con estimaciones, proyecciones y la solvencia financiera y técnica que aseguren su sostenibilidad.

Sabido es que, en materia de cobertura, de prestaciones y de impacto fiscal, el sistema actual de pensiones difiere radicalmente de aquel que rige para las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería, cuya naturaleza emana del antiguo sistema de “Cajas”, Capredena y Dipreca; por ende, se abre una ventana para abordar sin pasiones un nuevo sistema de pensiones integralmente, evaluando en conjunto ambos regímenes, procurando equiparar condiciones, beneficios y necesidades fiscales entre civiles y militares.

Una política pública de la relevancia de una reforma al sistema de pensiones en Chile, requiere de amplios consensos. La previsión es un desafío país y, por tanto, como país tenemos la obligación de llegar a un acuerdo nacional y transversal en materia de seguridad social, lo cual no solo es urgente, sino además un imperativo ético de todo Estado social y democrático de derecho.

Fácil es comprender que el Estado debe asumir una rol preponderante en esta reforma y su actuación debe poner foco en crear un nuevo sistema con altos grados de justicia social, y al amparo de principios como el de solidaridad, universalidad, suficiencia, integralidad, sostenibilidad, eficiencia, equidad de género y participación, a fin de dejar atrás el actual modelo, basado esencialmente en la fría capitalización individual. Reconociendo, en definitiva, que la seguridad social no es solo un derecho humano, sino, además, un instrumento de justicia y paz social que debe propender al buen vivir y a gozar de una mejor calidad de vida.