Uzra Zeya, subsecretaria de Estado de EE.UU: «Ninguna democracia es perfecta, se debe responder a las necesidades de los ciudadanos»

Tres días permaneció en el país, la subsecretaria para la Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos, Uzra Zeya. En su visita, la representante del gobierno de Joe Biden se reunió con autoridades, ONG e inmigrantes venezolanos, quienes recibieron de primera mano el anuncio sobre la donación de más de US$ 6 millones de dólares que realizó el gobierno de EEUU para la asistencia humanitaria en Chile, de modo de apoyar a las agencias que han estado trabajando en el país en el tema de migración y así asegurar la atención de las necesidades de venezolanos en condición de vulnerabilidad, proporcionándoles asesoramiento legal, atención médica, refugio seguro, kits de higiene y artículos de ayuda básicos.

En su trayectoria de veintisiete años en el Servicio Exterior de los Estados Unidos, la subsecretaria Zeya se ha  desempeñado en muchos cargos, entre ellos el de secretaria ejecutiva adjunta de las secretarias de Estado Condoleezza Rice y Hillary Clinton. También ha prestado servicios en Siria, Egipto, Omán y Jamaica, así como en diversas funciones políticas en el Departamento de Estado. 

En su actual cargo, la subsecretaria Zeya dirige los esfuerzos del Departamento de Estado para prevenir y contrarrestar las amenazas a la seguridad civil. Bajo su supervisión están las oficinas de Conflictos y Estabilización; Lucha contra el Terrorismo; Democracia, Derechos Humanos y Trabajo; Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley; Población, Refugiados y Migración; Justicia Penal Global; Libertad Religiosa Internacional; Vigilancia y Lucha contra el Antisemitismo; y la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas. 

-¿Cuál es el diagnóstico que tiene Estados Unidos sobre cómo se está intentando resolver en Chile el asunto migratorio y que se tomó en cuenta para la donación de US$ 6 millones?

-Estamos siendo testigos de una crisis humanitaria respecto del desplazamiento forzado de millones de venezolanos en todo el continente y en el hemisferio sur como resultado directo del régimen de Maduro de opresión y supresión de la democracia en Venezuela. Aquí, en Chile, hay más de 500 mil venezolanos que han encontrado seguridad, integridad, dignidad en este país. Las comunidades anfitrionas de Chile han sido sumamente generosas y el anuncio de este miércoles demuestra el compromiso de los Estados Unidos de una responsabilidad compartida en todo el hemisferio, para poder gestionar mejor este desplazamiento de la migración irregular y para potenciar el objetivo de una migración digna y segura para todos.

-Es un dato de la causa que bandas criminales utilizan la desesperación de la gente, que se ve obligada a un desplazamiento forzado, para lucrar con ellos aumentando su vulnerabilidad. ¿Qué habría que hacer para hacer frente a la trata de personas?

-Estados Unidos y el gobierno chileno están profundamente preocupados por la trata de personas y poder combatirla. Hemos visto que la migración irregular en la región, está creando una puerta para los actores criminales con la explotación de personas que simplemente buscan una mejor vida o que sufren de persecución. Por lo tanto, es muy importante que trabajemos a nivel regional para poder detectar estos actores criminales y tomemos un enfoque humanitario para el tráfico de personas, para proteger a los sobrevivientes, pero también para poder capturar a los victimarios, para desincentivar este tipo de flagelo para estos dos países.

-¿Y en Estados Unidos cómo están resolviendo el tema de la migración irregular, luego de las políticas del expresidente Donald Trump, por ejemplo de separar las familias de inmigrantes, para ordenar su expulsión?

-La migración ordenada y segura es lo que nosotros protegemos en el hemisferio sur, incluido Estados Unidos. Hay varios pasos que la administración ha tomado para poder reconstruir un centro de asilo, pero también, para detener las prácticas como la separación de las familias o la prohibición de menores no acompañados. Estamos desarrollando políticas que están en línea con los compromisos internacionales, pero también tenemos un compromiso con una aplicación o fiscalización con la inmigración regular y protegida, asegurándonos de que hayan menos personas que tomen la decisión de dejar a sus miembros de la familia, y también tenemos que determinar una estrategia de causa-raíz para determinar los motores de la migración irregular y del desplazamiento forzado. La falta de oportunidades económicas, el crimen transnacional, los problemas que hay con las comunidades transgénero. Por lo tanto, hay un aspecto importante de estos dos gobiernos, de Estados Unidos y Chile, que están tratando de abordar en conjunto. 

-Una de las externalidades negativas de la inmigración irregular es la sensación de inseguridad que produce la participación de inmigrantes en delitos de altas connotación social. ¿Qué áreas se deben trabajar para hacerle frente?

-Creo que ahí hay un par de consideraciones. Ciertamente, la lucha contra el crimen y la protección de los ciudadanos y a las comunidades es la obligación de todos los gobiernos, como también aplicar el derecho de la ley. Todos los victimarios deben ser juzgados con el debido proceso y con la obligación del estado de derecho. Como principio es importante decir que nadie está sobre la ley”. 

-En Chile, como en otros países padecen la inmigración irregular, estas situaciones comienzan a alimentar sentimientos racistas, que se expresan con violencia, afectando los derechos humanos. ¿Cuán preocupante son estas expresiones?

-Hay otros factores que están en la raíz de las violaciones a los derechos humanos, uno de ellos es la xenofobia, la intolerancia. Es muy importante en el contexto del desplazamiento forzado y la migración irregular que se consideren los problemas de xenofobia, que creo, de nuevo, son los flagelos de nuestra sociedad.

-¿En su experiencia, qué factores comunes están detrás de las violaciones a los derechos humanos en la actualidad? 

-Hay algunos puntos en común que vemos factores detrás de las violaciones a los derechos humanos y algunos del déficit más importante tienen que ver con la falta de un gobierno, una gobernabilidad responsable. Un gobierno responsable con sus ciudadanos. Estados Unidos ha avanzado una iniciativa de democracia en donde agradecemos la participación de Chile. Esta iniciativa se basa en la idea de que la democracia es el mejor lugar del sistema para poder generar prosperidad, seguridad y protección, sostenibilidad en el mundo, y suele suceder que los regímenes les dicen a los ciudadanos que tienen una opción entre sus propios derechos y la prosperidad y la seguridad. Creo, que en tiempo real, hoy lo vemos con la brutal opresión de Rusia contra Ucrania, esto no es sólo violación a los derechos humanos de los ucranianos, sino que es una desestabilización del mundo entero, de asegurar el suministro alimentario. Por lo tanto, es amenazar la seguridad de todos los ciudadanos. 

-Durante el estallido social de 2019, usted era directora general de la Alianza para la Construcción de la Paz una entidad que busca poner fin a los conflictos por medios pacíficos. ¿Cómo observó lo que estaba pasando en Chile?

-Quiero señalar dos puntos: primero, el derecho a manifestarse pacíficamente es parte de los derechos humanos, en todas las democracias existe la obligación y el imperativo que sus ciudadanos tengan un mejor vivir. En Estados Unidos se trabaja en la unión de los pueblos. Ninguna democracia es perfecta, se debe responder a las necesidades de los ciudadanos. No puedo culpar a los chilenos por canalizar sus aspiraciones y participar en los procesos democráticos y pacíficos como lo es la Convención Constitucional actual, donde se presentan propuestas para que el pueblo chileno decida. 

-Como resultado de la revuelta se produjo daño a la propiedad pública y privada, y se afectó profundamente la integridad física de las personas producto del uso excesivo de la fuerza policial, resultando más de 400 lesionados oculares, algunos con pérdida de vista total ¿Qué debe pasar para comenzar a cerrar esas heridas?

-Creo que las democracias son finalmente responsables de sus ciudadanos, si hay uso de fuerza excesiva. Creo que la responsabilidad es el debido proceso. Como dije, nadie tiene que estar sobre la ley, la impunidad genera desconfianza entre los ciudadanos y los servicios de seguridad, y que pueden perjudicar la estabilidad nacional. Lo que he escuchado durante mis tres días en Santiago es un sólido compromiso por parte del gobierno chileno por el estado de derecho y por el debido proceso. Sobre todo, en este proceso constituyente de todos los chilenos.

-En Estados Unidos, el homicidio de George Floyd generó mucha indignación y la reacción fueron protestas masivas ¿Cómo están por casa en el respeto de los derechos humanos?

-El presidente Biden dijo ‘no somos perfectos como democracia, seguimos trabajando para perfeccionar nuestra democracia’, ciertamente, necesitamos igualdad y equidad racial, y esa es una tremenda prioridad para el presidente Biden, así como la igualdad y equidad de género. Hemos vivido una experiencia muy difícil con la pandemia del Covid-19, ha habido marginalización en la población, incluida las minorías raciales. El gobierno está tomando medidas y responde con políticas que pretenden, en el caso de niñas y mujeres, aumentar la equidad e igualdad de género en cuanto a la salud, la educación, empleo; así como oportunidades de emprendimiento. Pero también con nuestra política extranjera el tema de la igualdad de género no se ve como un tema secundario, sino como un tema integral. Usted menciona la tragedia de George Floyd, hay un movimiento galvanizado en Estados Unidos y en todo el mundo para que haya una responsabilidad entre las policías, para construir confianzas entre las policías y los civiles. Hay una serie de reformas, a nivel nacional y local, para responder más a estas preocupaciones de los ciudadanos. Finalmente, un jurado en el estado de Minnesota lo culpó de este acto, y creo que eso también demuestra la aplicación del estado de derecho en todo el proceso.