PAÍS
Crédito: Agencia UNO
El anuncio del Presidente Gabriel Boric de decretar un «estado intermedio», mecanismo para resguardar la seguridad en las regiones del Biobío y La Araucanía con la presencia, nuevamente, de efectivos de las Fuerzas Armadas, fue la gran propuesta que el Ejecutivo –a través del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve– les hizo a las forestales y transportistas, para que depusieran las distintas movilizaciones que se habían realizado durante la semana en la Ruta 5 Sur. La medida dejó satisfechos a los grupos mencionados, pero entre quienes conforman la otra parte vinculada al conflicto, las comunidades mapuche, solo dejó más interrogantes que certezas. La mayoría sostiene que la presencia de las FF.AA. va a generar más tensión, sobre todo por las expectativas que las comunidades habían depositado en el nuevo Gobierno. “Está claro que es un error político de Boric. Nadie se esperaba una situación como esta. Que finalmente termine haciendo lo que hacía Piñera», dijo el dirigente de la comunidad Cacique Federico Alcamán y la Organización Territorial Ayun Mapu, Iván Reyes Alcamán. En las comunidades además acusaron «contradicción» con el discurso inicial del Mandatario, en cuanto a que iba a promover el diálogo.
Aunque por un lado las autoridades del Gobierno del Presidente Gabriel Boric descartan restablecer el Estado de Excepción, que perduró por 6 meses en el mandato de Sebastián Piñera, lo claro es que, sea cual sea el nuevo nombre, la máxima autoridad del país indicó –durante la semana– que se trabaja en “estados intermedios para que justamente fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo, por ejemplo, de carreteras”.
La propuesta de «estados intermedios», que debería ser aprobada por el Congreso, se tomó la agenda nuevamente en el marco del paro de camioneros y contratistas forestales, movilizados hasta este fin de semana. Aunque el Ejecutivo desechó por completo la idea de restablecer el Estado de Excepción Constitucional –a pesar de las presiones de parlamentarios de derecha y las movilizaciones del transporte–, el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, manifestó el compromiso para trabajar en una reforma a corto plazo, en pos de entregar protección y resguardo de las vías a través del uso de las Fuerzas Armadas.
Te puede interesar:
Sin embargo, para algunos representantes de comunidades y organizaciones mapuche, el anuncio de las autoridades está lleno de ambigüedades y riesgos políticos. Para el dirigente de la comunidad Cacique Federico Alcamán y la Organización Territorial Ayun Mapu, Iván Reyes Alcamán, cualquier presencia militar en la zona podría generar aún más tensión, sobre todo por las expectativas que las comunidades habían depositado en el nuevo Gobierno.
“Está claro que es un error político de Boric. Nadie se esperaba una situación como esta. Que finalmente termine haciendo lo que hacía Piñera. Si nosotros quisimos que se fuera Piñera y llegara otro Presidente a hacer políticas en favor de la gente, y sucede que con esos anuncios nos coloca en una mala posición”, señala el dirigente mapuche.
Postura que comparte la consejera nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Ana Llao. Para la militante histórica de Ad Mapu, el anuncio de un “estado intermedio” es más bien un eufemismo para lo que se aplicó durante el Gobierno de Sebastián Piñera en el denominado “Wallmapu”.
“La verdad es que es poco entendible ese concepto. Yo soy una de las personas que recorro bastante el territorio (La Araucanía), me toca viajar bastante. Y las carreteras están resguardadas por militares, en cada uno de los lugares que ellos llaman zona roja. Aquí, hay que decirlo, continúa el Estado de Excepción”, manifiesta Llao.
Para ambos dirigentes mapuche, continuar con una política de “militarización de la Macrozona Sur” es una “equivocación” de las nuevas autoridades. Sobre todo por lo que califican como un “discurso contradictorio”. Por un lado, “relevan el compromiso con el diálogo, pero se anuncian más policías para la zona”, plantean.
“No puede haber diálogo sincero si se está trayendo militares armados. Va a haber más rebeldía, más rabia, y con justa razón, contra esta respuesta del Gobierno tan nefasta. Esperamos que no lo haga (Boric), solo va a agravar el conflicto”, asegura Reyes Alcamán.
En la Constitución del 80 se categoriza el Estado de Excepción Constitucional como un «estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia». Fue dentro del marco de este último que las regiones del Biobío y La Araucanía permanecieron con presencia militar en calles y carreteras durante 6 meses. Esto, hasta que la administración de Gabriel Boric decidió no pedir al Congreso su renovación en marzo pasado.
Según Galvarino Reiman, dirigente mapuche de Comunidades Nag-Che y excandidato a los escaños reservados de la Convención Constitucional, las comunidades mapuche también quieren «paz, seguridad y estabilidad. Pero si estos anuncios (estado intermedio) no son claros, va a ser una medida encubierta y no va a tener buenos resultados. Y al final va a empeorar la situación de conflictividad en la Macrozona Sur”.
Reyes Alcamán vive en una comunidad mapuche en el sector de Quepe, muy cercano al aeropuerto de La Araucanía, a unos 20 minutos de la capital regional, Temuco. En conversación con El Mostrador, cuenta que durante los seis meses que duró el Estado de Excepción en el sur “teníamos un camión con militares y nos pedían los documentos cada vez que teníamos que entrar y salir de la comunidad”.
Y pone énfasis en otro punto: «Durante ese tiempo los actos violentos igual siguieron ocurriendo. Aquí lo que se necesita es que se cumplan las leyes con las comunidades”.
A lo que se refiere Reyes Alcamán es a la demanda territorial. “Hay numerosas comunidades que tienen tierras usurpadas por los fundos. Con sentencias judiciales de hace 30 o 40 años. Que indican que deben devolverse esas tierras, pero no se les ha devuelto un metro a esas comunidades. Entonces, si usted me pregunta, ¿quién no cumple con el Estado de derecho? Aquí no está funcionando el derecho para las comunidades”, subraya.
Para Reiman, ese es el tema de fondo: «Hay que comprender que la reivindicación territorial no tiene vuelta atrás”, expresa. “El Ejecutivo tiene hoy día la gran oportunidad de buscar una forma de resolver este problema de manera más objetiva y real. Hasta ahora han tenido una actitud ambigua, superficial, muy de simbolismo, que no resuelve el problema”, agrega.
Y va más allá. Se atreve a aconsejar al Gobierno del Presidente Boric que “no debe esperar el resultado de la Convención. Esto es un tema de voluntad política. El Gobierno podría impulsar en el Congreso un proyecto de ley de expropiación, en base a un mecanismo que forme parte de un nuevo pacto con las comunidades”.
Pero para la Consejera de Conadi, Ana Llao, el panorama es todavía más complejo. “Hay más de 800 comunidades solamente de las provincias de Cautín y Malleco (La Araucanía), sin contar las comunidades de Biobío, Los Ríos y Los Lagos, demandando territorio. Para dar solución a estas comunidades tardaríamos casi 200 años para saldar toda la deuda histórica. Entonces aquí es cuestión de recursos», concluye.
