MERCADOS
Nunca nadie ha cuestionado a un consejero del instituto emisor sobre la forma en que regula sus conflictos de intereses, en qué momento realiza sus inversiones personales, si participa activamente o no en política, o si consume o no drogas. Por eso, sorprendió positivamente que su Consejo, formado por Rosanna Costa, Pablo García, Alberto Naudon y Luis Felipe Céspedes –Stephany Griffith Jones aún no había asumido–, aprobara por primera vez un Código de Conducta para consejeros el 14 de abril recién pasado, haciéndose cargo justamente de estos temas sin que mediara presión alguna. Sin embargo, la autorregulación en lo que respecta específicamente a las inversiones personales que rige desde ahora a los consejeros, se quedó corta al compararla con lo que están realizando otros bancos centrales, como la FED. Desde el 1 de mayo, la Reserva Federal estadounidense puso en práctica una serie de medidas muy estrictas que norman la manera en que los funcionarios y gobernadores pueden manejar sus ahorros. El organismo se vio forzado a ello, tras descubrirse que su vicepresidente y dos gobernadores regionales habían realizado compras y ventas de valores en medio de la crisis provocada por la pandemia. Los tres altos funcionarios debieron renunciar a sus cargos.
La Declaración de Intereses y Patrimonio anual que realizan los cinco consejeros del Banco Central es la única vía que existe para supervisar las inversiones personales que tienen durante los diez años que están en el cargo. Simplemente, el sistema ha confiado en la honorabilidad de los consejeros y de sus familiares.
Las discusiones tanto en la Convención Constitucional como en el Congreso han girado en torno a la autonomía del ente emisor o a las inhabilidades de los consejeros antes de asumir el cargo y cuando lo dejan. Sin embargo, nunca el debate se ha centrado en la necesidad de que los consejeros regulen el tipo de inversiones personales que pueden realizar, o se sometan a test de drogas, o que definan procesos sancionatorios internos durante el ejercicio de sus responsabilidades.
Por eso, sorprendió positivamente que el Consejo del Banco Central, formado por Rosanna Costa, Pablo García, Alberto Naudon y Luis Felipe Céspedes –Stephany Griffith Jones aún no había asumido–, aprobara por primera vez un Código de Conducta para consejeros el 14 de abril recién pasado, haciéndose cargo justamente de estos temas sin que mediara presión alguna. Y que por estos días se esté por contratar a un oficial de cumplimiento, encargado de evaluar y redefinir los controles internos.
“Lo que me extraña es que quedaran tan cortos en materia de autorregulación de sus inversiones personales y perdieran la oportunidad de pasar a la punta de lo que se está haciendo a nivel internacional”, dice un exconsejero. Y otro coincide en que todavía están a “a años luz de lo que deberían hacer”. Ambos opinan así tras las medidas que tomó la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos, luego de vivir un escándalo de proporciones.
Lo impensable ocurrió en enero de este año. El vicepresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Richard Clarida, tuvo que renunciar dos semanas antes de terminar su período, incapaz de hacer frente al escándalo en que estaba involucrado.
Ya en septiembre del 2021 se había revelado que el segundo hombre fuerte de la FED hizo una serie de operaciones con sus inversiones, que le implicó mover entre US$ 1 millón y US$ 5 millones desde un fondo de renta fija a uno accionario el 27 de febrero de 2020, un día antes que Jerome Powell (presidente de la FED) insinuara que la entidad tomaría medidas para mitigar los efectos de la pandemia, lo que implicaba un estímulo relevante para las bolsas. Días después, la FED bajó la tasa.
Muy cercano a Powell, Clarida zafó de esa situación diciendo que las decisiones de inversión se habían tomado con antelación y obedecían a un rebalanceo programado. Lo que no dijo y que meses después –en enero– le obligó a renunciar, fue que también había realizado otra operación previamente. Lo más vergonzoso fue que esta información no salió de una investigación de la FED, sino que del reporteo que hizo The New York Times.
No fue el único denunciado por los medios de comunicación. En el intertanto, The Wall Street Journal había publicado que dos presidentes de las Fed de Boston y Dallas, Eric Rosengren y Robert Kaplan, respectivamente, también habían realizado operaciones de compra y venta de valores. Ambos renunciaron, pese a que se defendieron diciendo que sus compras y ventas estaban permitidas por las reglas éticas del organismo.
El golpe reputacional llevó al presidente de la FED a reconocer lo siguiente: “Teníamos un conjunto de prácticas en torno a las inversiones, la compra y venta y la divulgación de las mismas que pareció funcionar durante mucho tiempo. Claramente, ahora no funcionan”, señaló Powell.
Ante la escandalera, la Reserva Federal tomó una serie de medidas en octubre que luego volvió a ampliar en febrero y que comenzaron a imperar en mayo. Las medidas rigen para los altos funcionarios entre los que se incluyen los presidentes de los bancos regionales, los gobernadores de Washington y los responsables de formular políticas.
Entre otras cosas, tienen prohibido comprar acciones individuales, solo pueden invertir en vehículos de inversión diversificados, como fondos de inversión. Tampoco pueden transar criptomonedas, divisas y commodities. Deben notificar con 45 días de antelación cuando quieran comprar o vender valores y ejecutar estas operaciones con la debida aprobación, al tiempo que se obligan a mantener las inversiones por, al menos, un año. Y no se permitirá ninguna compra o venta durante períodos de mayor estrés financiero, o sea, se declarará un blackout.
Además, los doce presidentes regionales de la FED están obligados a revelar públicamente las transacciones financieras en un plazo de 30 días, política que solo se aplicaba a los gobernadores y altos funcionarios con sede en Washington.
Las razones que dieron para implementar las medidas recién en mayo fue que requerían redactar las normas y actualizar los sistemas informáticos para procesar cada una de las declaraciones y transacciones. Los funcionarios, por su parte, cuentan con doce meses de plazo para vender los activos ahora prohibidos.
Algunos bancos centrales del mundo también han tomado ciertos resguardos. El Banco Central Europeo ha recomendado a los 25 miembros de su consejo de gobernadores y a sus reemplazantes que pongan sus inversiones personales bajo el control de uno o más gerentes de cartera que las administren a completa discreción. Sin embargo, solo dos gobernadores –de Francia y Luxemburgo– siguen esta recomendación y ocho mantienen inversiones directas en acciones de compañías o bonos de gobierno. Los demás no declaran tener inversiones individuales o declaran fondos mutuos, según publicó el Financial Times en noviembre pasado.
En la Eurozona, Reino Unido, Canadá y Suecia, los funcionarios top de los bancos centrales pueden –bajo ciertas condiciones y a veces con una aprobación previa– comprar y vender acciones y bonos de compañías individuales, pero nunca de instituciones financieras.
Aparentemente, el Banco Central de Japón es el más estricto con sus funcionarios: les prohíbe el trading en cualquier instrumento financiero, excepto depósitos a plazo, pólizas de seguro y bonos de gobierno.
¿Qué normas rigen a los consejeros del Banco Central cuando se trata de sus inversiones personales? Poco y nada había escrito sobre la conducta que los consejeros debían mantener, menos aún sobre el tipo de inversiones personales que podían realizar y en qué momento. “Hasta ahora había una práctica y se daba por sentado que todos los consejeros la cumplían”, señala uno de sus exintegrantes.
La Ley Orgánica Constitucional, que es la norma que gobierna al instituto emisor, solo prohíbe a los consejeros tener participaciones en entidades bancarias o financieras, ya sea como personas naturales o a través de alguna sociedad donde actúen como controladores. En caso de que estén casados bajo régimen de sociedad conyugal –ninguno de los actuales consejeros lo está–, la prohibición también se extiende al cónyuge. La ley establece además, que no pueden ejercer actividad remunerada alguna, salvo la docente.
A medida que los reglamentos para los funcionarios se fueron afinando, quedaron normas que regían para estos, pero no se homologaba la misma práctica para los consejeros. Por ejemplo, se determinó que las versiones oficiales de los documentos que se presentan al Consejo en las Reuniones de Política Monetaria (RPM) se preparan los dos días anteriores, por lo que se prohibió a los involucrados que efectuaran inversiones personales durante los dos días hábiles previos a la reunión, salvo que se tratara de renovaciones automáticas de inversiones o del pago de obligaciones periódicas previamente convenidas. Esto no estaba reglado por escrito para los consejeros, aunque al interior del banco se asegura que era una práctica habitual.
El nuevo Código de Conducta se venía trabajando desde hace dos años y trata de dar respuesta a estas deficiencias. Los consejeros decidieron atarse de manos respecto a sus inversiones, pero las amarras quedaron flojas si se compara estas normas con las que la FED de los Estados Unidos acaba de formular para sus gobernadores y funcionarios.
Junto con explicitar la regla general de no abusar de su calidad de consejero, “con el objeto de obtener para sí o para terceros, beneficios directos o indirectos”, se comprometen a no realizar ninguna inversión personal a contar de siete días antes de que se realice una Reunión de Política Monetaria o de política financiera y hasta el mediodía en que se publique la minuta de dicha reunión, lo que suma entre 18 y 20 días de abstinencia. Quedan excluidas las renovaciones automáticas de depósitos a plazo y otras inversiones, así como el pago de obligaciones previamente convenidas.
Este período de abstención corre solo para los consejeros que asistan a la reunión, lo que resulta extraño. “Al presidente del Banco Central le interesa conseguir la unanimidad en las decisiones y conversa con cada uno de ellos antes de las reuniones de política monetaria”, explica una fuente. Por lo tanto, siempre hay oportunidades de enterarse de lo que podría venir y también de lo que ocurrió.
Se añade también que todas la inversiones personales deben ser realizadas a través de entidades sujetas a regulación en Chile o en el extranjero. “Es decir, no podrían tener inversiones en criptoactivos o en administradoras del tipo Arcano de Alberto Chang”, explican en el Banco Central. Esta misma prohibición rige para todos los funcionarios de la entidad.
Asimismo, formalizan la posibilidad de determinar períodos de blackout cuando se adopten “medidas financieras extraordinarias, intervenciones de mercado con objetivos cambiarios y cualquier otra política excepcional que pueda tener impacto en los precios de activos financieros”. La decisión se tomaría caso a caso y aplicaría tanto para consejeros como funcionarios.
Entre 2017 y 2022 no hubo ningún blackout extraordinario. Por ejemplo, cuando las AFP tuvieron que hacer frente al pago de los retiros, el Central diseñó una operación de compra y venta de papeles a precio de mercado para evitar un alza de tasas abruptas que colapsara al sistema. En ese período –2020 y 2021–, no se consideró que hubiera información confidencial o reservada, por lo tanto, no se decretó un período de prohibición de invertir entre quienes participaban en la toma de decisiones.
Quizás uno de los vacíos más importantes es que los estadounidenses están obligados a solicitar autorización con 45 días de anticipación para realizar cualquier operación con sus inversiones y solo ejecutarla si han obtenido el debido permiso. Además, deben informar las operaciones que han realizado dentro del plazo de 30 días. En Chile, ninguna de las dos medidas están consideradas actualmente. “Pero será una materia que estudiará el oficial de cumplimiento y que podría formar parte de las medidas que impulse”, se señala en el Central.
En la FED ya no pueden invertir en acciones o bonos individuales, tampoco en commodities o mercado cambiario, en cambio los chilenos sí podrían hacerlo. No solo eso, los consejeros podrían tener inversiones especulativas, cosa que quedó prohibida para los de la Reserva Federal, pues están obligados a mantenerlas por un año. Establecer o no un mayor control sobre esto, también quedó en manos del oficial de cumplimiento.
“Yo creo que de partida debería prohibirse que un consejero haga trading activo. No puede ser que un banquero central esté comprando y vendiendo dólares o saliendo y entrando de la bolsa con fines especulativos. La FED estuvo acertada al exigir que cualquier inversión se debe mantener por, al menos, un año”, reflexiona un exconsejero.
En Estados Unidos existen sistemas informáticos para hacer un seguimiento a las inversiones de gobernadores y funcionarios, el Banco Central de nuestro país no realiza ese cruce de información y “corresponderá al oficial de cumplimiento estudiar e implementar una medida al respecto”, se contestó oficialmente.
“Los consejeros suelen ser profesionales de buen pasar, que ganan un muy buen sueldo ($14,9 millones brutos), pero que por venir muchas veces de la academia o del sector público tienen una o dos propiedades, algo de ahorro y no mucho más”, describe un exconsejero.
Y si bien esta es la realidad de algunos de los integrantes del Consejo, siempre están enfrentados a tomar decisiones de inversión. ¿Compro o vendo dólares? ¿Me conviene invertir en bolsa o en renta fija? ¿Renegocio mi crédito hipotecario?
Cuando se pregunta a un exconsejero si tiene sentido obligarles a que un tercero administre su cartera, este duda bajo el argumento de que los montos involucrados suelen no ameritarlo. De hecho, la Ley de Probidad impone esta obligación para los cargos de alta responsabilidad pública que tengan inversiones que superen las UF 25.000 (poco más de $ 800 millones). Y aunque tuvieran una fortuna personal relevante, la misma ley excluye a los consejeros del Banco Central de adoptar este tipo de medidas. En Estados Unidos se desestimó esta solución por encontrarla “poco efectiva”, dijo el presidente de la FED, Jerome Powell, durante una conferencia de prensa, en noviembre pasado.
Este mismo exconsejero vuelve a enfatizar la necesidad de prohibir el trading activo y exigir que lo documenten. Esto se logra si tienen que mantener las inversiones por un año, avisar con anticipación los cambios en su portafolio y registrarlos dentro de un plazo de 30 días.
También se postula que los cónyuges o parejas de los consejeros, independientemente del régimen conyugal que adoptaron, informen sus inversiones personales con cierta frecuencia y de manera obligatoria. Todavía se recuerda la renuncia del gobernador del Banco Central de Suiza, Philipp Hildebrand, en 2012, cuando se descubrió que su mujer había ganado dinero por una operación en dólares que hizo antes de una intervención del franco suizo.
“Cualquier consejero debería estar abierto a que la fiscalía del banco tenga acceso a sus cuentas bancarias”, afirma la misma fuente. Eso pasa por levantar el secreto bancario tanto para sus cuentas corrientes como para sus inversiones personales. Actualmente, la Ley de Probidad señala que las cuentas corrientes no se informan en la Declaración de Intereses y Patrimonio que emiten cada año y nadie sabe qué montos acumulan y qué movimientos tienen.
En tanto que una misión del FMI sugirió –entre varios temas– que el Banco Central entregara una información agregada sobre casos de conflictos de intereses ocurridos y denuncias presentadas. Al interior del instituto emisor están analizando el formato que tendrá este registro que se publicaría a fines de cada año.
La condescendencia con que se mira a los consejeros del Banco Central se debe a que han protagonizado pocos escándalos. El más traumático sucedió cuando su otrora presidente Carlos Massad cometió la imprudencia de dar la clave secreta de su correo electrónico a su segunda secretaria, Pamela Andrada, quien enviaba información reservada a Enzo Bertinelli, gerente general de Inverlink Corredores de Bolsa. Información que usaba para comprar y vender papeles. Esto ocurrió en 2003 y, a partir de ahí, el Central estableció una serie de medidas que regulan la seguridad de la información y su confidencialidad.
El otro episodio que dio de qué hablar ocurrió cuando se discutió la deuda subordinada del Banco de Chile. La entonces consejera, María Elena Ovalle, “hizo presente su problema en la sesión (tenía acciones de ese banco). La determinación fue que si tenías un paquete accionario del Banco de Chile menor al 1% se consideraba que era inmaterial”, explican fuentes internas. Lo que a ojos de dos consejeros que no integraban el Central en esa época, resulta hoy incomprensible.
Los entendidos plantean que el poder del Banco Central de Chile sobre el mercado local es bastante menor que el de la FED. La Reserva Federal puede comprar una mayor variedad de activos, como bonos y acciones de empresas, en cambio el Central solo bonos bancarios.
Esto se ha hecho más patente en los últimos quince años, período en el cual el instituto emisor adoptó una política de tipo de cambio flexible, es decir, no trata de influir sobre el valor del dólar. Su foco está en mantener una inflación anual en torno al 3% dentro de un horizonte de 2 años y lo hace principalmente a través de la fijación de tasa de interés en sus reuniones de política monetaria y de la compra o venta de instrumentos de deuda, operación que regula la tasa de largo plazo.
Sin embargo, esta prescindencia no ha sido siempre así y podría cambiar en cualquier momento. De hecho, en la década de los noventa el ente emisor operaba activamente en el mercado cambiario y ahora último, durante el estallido social, se preocupó de inyectar liquidez al sistema, tal como lo ha hecho en otras situaciones extraordinarias, lo que hace que maneje información sensible.
Por todo esto, un expresidente del Banco Central prefiere que “el Consejo se sobregire en materia de probidad y transparencia a que se quede corto y luego lamente daños reputacionales enormes”.
Todavía hay cambios por venir al interior del edificio de Agustinas Nº 1180. Los ojos están puestos en el mentado oficial de cumplimiento. Esta nueva contratación debería estar definida a mediados de mayo. Bajo su responsabilidad recaerá el crear y redefinir los controles internos y también monitorearlos. Una tarea no menor cuando se trata de cinco consejeros y 120 funcionarios –de un total de 700– que cumplen roles claves en el instituto emisor.
