PAÍS
«El horno no está para bollos» en La Moneda. Con esta frase se quiso describir el grado de fisuras con que quedaron las relaciones al interior de Apruebo Dignidad, luego que fracasara, antes de llegar al Congreso, la reforma constitucional que permitía la instalación de un Estado Intermedio en la zona comprendida entre Los Ríos, Biobío y La Araucanía. El no haber arribado tempranamente a un acuerdo político en la coalición oficialista –según cuentan en la interna– fue aprovechado por la derecha para transmitir que ya no estaban disponibles para la reforma, acusando a La Moneda de «complicidad» con la violencia por inacción. En ese escenario, aun cuando los partidos de gobierno y sus respectivas bancadas parlamentarias votaran a favor, la posibilidad de que el proyecto rebotara en el Parlamento –con el consecuente fracaso del Ejecutivo y la pérdida de tiempo– era una probabilidad insoslayable. «La propuesta de Estados Intermedios se desplomó por todos lados, quedando sin apoyo por el lado de la derecha, de sectores de la ex Concertación y por sus propias coaliciones, por distintas razones», agregaron fuentes conocedoras de los detalles. Con la caída de la iniciativa y su reemplazo por el Estado de Excepción, los ánimos quedaron en una condición de crispación máxima, tal y como lo resumió anoche Salvador Millaleo, el excoordinador de Asuntos Indígenas que salió de Interior por desavenencias con el equipo de la ministra Siches. “Luchamos por una solución política y ahora tendremos de nuevo un Estado de Excepción Constitucional: necesitamos otra forma de ver y hacer las cosas. Construir la plurinacionalidad requiere de mayor convicción”, señaló.
Finalmente, el Gobierno se vio a obligado a desistir con su propuesta de Estado Intermedio, impulsada hace alrededor dos semanas y que buscaba evitar la directa militarización de la zona sur del país y eventuales conflictos con el pueblo mapuche, en medio de un ambiente marcado por hechos de violencia en las regiones de Biobío, Los Ríos y La Araucanía. Fue la ministra del Interior, Izkia Siches, quien este lunes anunció la aplicación del Estado de Excepción de Emergencia, que seguirá acotado a carreteras y –según detallan desde el Ejecutivo– “restringiendo en la menor medida posible los derechos fundamentales de las personas”.
Una decisión que implica un retroceso en el discurso del Presidente Gabriel Boric, quien había manifestado en varias oportunidades su visión crítica a los Estados de Excepción. Por lo mismo, en La Moneda se había tomado la decisión política de trabajar con una propuesta de Estado Intermedio que llegó junto con el anuncio del plan de devolución de tierras, lo que habría generado algunas reacciones positivas entre los actores involucrados. Pero finalmente no se logró llegar a acuerdos transversales al interior de Apruebo Dignidad, causando fisuras internas en esta coalición oficialista.
Se trataba de una propuesta que generó división desde un comienzo: mientras que el Socialismo Democrático (Partido Socialista, Partido Liberal y Partido Radical) estaba a favor de la medida, en Apruebo Dignidad existieron críticas transversales, específicamente en algunos sectores del Frente Amplio (FA) y también del Partido Comunista (PC). En el FA –conglomerado al que pertenece el Presidente Boric– se buscaba que el proyecto fuese más acotado y explorando fórmulas que evitasen la represión militar a los mapuche, entre otros temas que van en esa dirección, según cuentan en su interior. En el PC, en tanto, en la reunión de comité central de este fin de semana se abrían a la posibilidad de apoyar el Estado Intermedio, pero tratando de acotar la intervención militar al máximo.
En ese línea, el propio presidente del PC, Guillermo Teillier, señaló este lunes en La Moneda que «no es momento para que los militares vuelvan a territorio mapuche».
Si bien parecían existir avances con dicha medida, de acuerdo a lo que detalla una fuente cercana a uno de los colectivos que forman parte del Gobierno, durante este lunes sectores de la derecha y también de la ex Concertación comenzaron a ejercer presión, en el sentido de que la situación en la zona sur del país es insostenible, acusando a las autoridades centrales de ser cómplices de la violencia por inacción. Sumado esto al clima de hostilidad con los gremios de camioneros y empresarios forestales, y el llamado a la resistencia armada del líder de la CAM, Héctor Llaitul, el escenario se complejizó y la propuesta del Ejecutivo comenzó a estrangularse.
El no haber arribado tempranamente a un acuerdo político en Apruebo Dignidad –según cuentan en la interna– fue aprovechado por la derecha para transmitir que ya no estaban disponibles para votar favorablemente en el Congreso la reforma constitucional que permitía el Estado Intermedio. Para varios, la derecha jugó una carta elemental: apretó políticamente con el Estado de Excepción Constitucional en el momento de mayor vulnerabilidad del Gobierno, dejándolo sin aire. En ese escenario, aun cuando los partidos oficialistas y sus respectivas bancadas parlamentarias votaran a favor, la posibilidad de que el proyecto rebotara en el Congreso, con el consecuente fracaso del Ejecutivo, era una realidad altamente probable.
De este modo, la propuesta quedó sin piso político, por derecha, por izquierda y por centro. «La propuesta de Estados Intermedios se desplomó por todos lados, quedando sin apoyo por el lado de la derecha, de sectores ex Concertación y por sus propias coaliciones, por distintas razones», agrega una fuente conocedora de los detalles de la fracasada negociación.
En ese sentido, otro miembro de la coalición oficialista considera que, tal vez, «puede ser que esto no sea malo en el sentido de que, si no hay piso político, el Gobierno tendrá que tomar las medidas que están en sus manos para enfrentar esta situación, y es lo que se decide finalmente».
La fragilidad, sin embargo, queda instalada al interior de Palacio, en donde la amenaza de una fractura de la coalición más importante, Apruebo Dignidad, ronda con fuerza, toda vez que tanto para el PC como para el FA el Estado de Excepción nunca fue una opción viable, debido a que esto podría conllevar un aumento de las hostilidades de los grupos más radicales, haciéndose patente la posibilidad de generarse enfrentamientos que neutralicen las gestiones para la devolución de tierras que está impulsando La Moneda a través de la Conadi.
Por otra parte, el Estado de Emergencia acotado a rutas y carreteras que propuso en las últimas horas el Gobierno, genera adicionalmente muchas dudas, puesto que los Estados de Excepción no se aplican a caminos sino a zonas geográficas, lo que en los hechos resultaría impracticable. Para reforzar la medida gubernamental, la ministra Izkia Siches adelantó también que pedirá al Ministerio Público la designación de un fiscal preferente para que concentre las investigaciones sobre atentados incendiarios y sabotaje, junto al tráfico de drogas y robo de madera, un verdadero Triángulo de las Bermudas, donde se pierden de vista los límites entre uno y otro.
Es en este escenario, con un evidente debilitamiento de las relaciones internas en La Moneda y que se vio reflejado en la postergación del comité político para la tarde del lunes, que las coaliciones de Gobierno deberán buscar conciliar los ánimos para enfrentar los enormes desafíos políticos de los próximos meses, en medio de un proceso constituyente que está llegando a su etapa final. En tal sentido, expertos coinciden con la visión que emana de las propias fuerzas políticas que sostienen la actual gestión, en relación con que es una etapa donde será crucial el empoderamiento del Presidente Boric, en cuanto a un liderazgo que en materia de seguridad pública concierne directamente a la ministra Siches, quien ha sido duramente criticada en su primera etapa en el cargo.
De hecho y tras conocerse la medida del Estado de Emergencia “acotado”, el excoordinador de Asuntos Indígenas de La Moneda, Salvador Millaleo –hasta ahora el único que ha salido del equipo de la ministra Siches–, cuestionó al Gobierno y, a través de su cuenta de Twitter, sostuvo: “Luchamos por una solución política y ahora tendremos de nuevo un Estado de Excepción Constitucional: necesitamos otra forma de ver y hacer las cosas. Construir la plurinacionalidad requiere de mayor convicción”.
