Hacia un Estado seguro

El país vive una espiral de inseguridad y violencia que nunca antes, en tiempos democráticos, se había observado en el territorio. La inédita tasa de 2,5 homicidios por día habla no solo de una actividad criminal creciente ligada al narcotráfico, a la lucha por el control del espacio público y a la introducción de la violencia en la convivencia cotidiana de importantes segmentos de la población, sino también de una ineficacia del Estado, de los sucesivos gobiernos y estrategias por detener esta verdadera “crisis de seguridad”. Misma ineficacia que se extiende a la resolución de conflictos y focos de violencia ya históricos, como los de la Macrozona Sur.

Es indudable que en la génesis de estos fenómenos está el abandono y deuda social de amplios sectores de la población postergados en su desarrollo, oportunidades y derechos más fundamentales. No obstante lo anterior, la comprensión de dichos fenómenos no es razón suficiente para justificar los actos de violencia, delitos o terrorismo asociados. La normalización de la violencia, cualesquiera que sean sus causas, solo consagra la impunidad, el principio de “desigualdad ante la ley” y la desesperanza en las instituciones y gobernantes de aquellos sectores más vulnerados y vulnerables frente a estos hechos. Si miramos los últimos estudios de opinión, son precisamente los sectores más postergados de nuestra sociedad los que con mayor fuerza castigan la ambivalencia y eufemismo de cierta parte del Ejecutivo o Legislativo frente a la violencia e inseguridad.

La sociedad chilena tiene derecho a la seguridad, la sociedad chilena requiere de la seguridad como un pilar básico, sin el cual no es posible el ejercicio de otros derechos. Por ello, desde la Democracia Cristiana, en los próximos días, no solo concurriremos al llamado del Presidente para alcanzar un gran acuerdo en seguridad, también plantearemos las siguientes líneas de trabajo:

1. Un gran Acuerdo Nacional que reforme el Estado en materia de estructuras y políticas de seguridad y reconozca el derecho a la seguridad. Además de cambios profundos en la institucionalidad ligada a la persecución penal y el trabajo policial, se requiere una Política Criminal que defina prioridades y se oriente hacia una mayor efectividad en el trabajo de las instituciones, en la reducción de la impunidad y en sistemas de control civil, transparencia hacia la comunidad y respeto a los Derechos Humanos.
2. La creación de una brigada especializada contra el crimen organizado radicada en la PDI para la investigación del crimen organizado, en cualquiera de sus manifestaciones (drogas, robos de vehículos, mafias de comercio ilegal, etc.).
3. Reforma al Ministerio Público y disminución de la impunidad delictual: Se propone una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, orientada a regular la supervisión administrativa por parte de la Contraloría, a precisar las necesarias coordinaciones que debe sostener con otros órganos del Estado (principalmente, Poder Judicial y Ministerio del Interior y Seguridad Pública), y dar cuenta de metas de gestión, frente al Congreso Nacional. Ello, junto con la incorporación de más fiscales y profesionales de apoyo a la labor que realiza la institución.
4. Un país que protege a sus niños y jóvenes: La intervención temprana sobre niños y jóvenes vulnerables (cerca de 800 mil en condición de pobreza y más de 350 mil excluidos del sistema escolar), evitará que muchos de ellos sigan el camino de la droga o el delito. Buenas experiencias como el programa “Lazos”, que atiende a menores de 10 a 17 años en conflicto con la Justicia, deben ampliarse más allá de las 50 comunas inicialmente incorporadas.
5. Descentralización y gobernanza de la seguridad: Junto con una necesaria revisión y reestructuración de Carabineros, se propone un aumento sustantivo de recursos dirigidos prioritariamente hacia nuevas funciones policiales y dotar a los gobiernos regionales y municipios de estructuras básicas de prevención del delito y la violencia.
6. Control de armas: La trágica muerte de la periodista Francisca Sandoval, víctima de un disparo, pero sobre todo los cientos de casos que jamás llegan a la prensa, hacen urgente realizar un sistema de etiquetado de municiones y su registro nacional, además de aumentar penas por tenencia ilegal, contrabando de armas y detectar las organizaciones y mercados criminales relacionados, por ejemplo, con corrupción de instituciones del Estado. Toda arma tiene una ruta que se debe detectar. Se debe insistir en una campaña de desarme nacional, junto con identificar vía investigación criminal a quienes manufacturen armas (armeros) o quienes transporten sus partes desde el extranjero.
7. Fuerte inversión en tecnología con propósitos disuasivos e investigativos.

Para hacer realidad esta propuesta es que, más allá de adherir al llamado presidencial, resultará fundamental el generar un diagnóstico común y un plan que superen ciertas trincheras ideológicas paralizantes y avancen en la instalación de un verdadero “Estado seguro”.