Con el viento en contra, el Gobierno ha tenido que enfrentar una compleja fase inicial, donde han debido tomar decisiones apresuradas frente a problemáticas arrastradas de la administración anterior, tales como la crisis migratoria y los hechos de violencia en la zona sur del país. Conflictos al interior de las coaliciones oficialistas han dificultado aún más la toma de decisiones, poniendo en entredicho el liderazgo del Presidente Boric y su comité político, que en gran medida pertenece a Apruebo Dignidad. Ante esto, los expertos coinciden en señalar la urgencia de realizar un cambio de gabinete lo antes posible, que busque en alguna medida sumar experiencia política para enfrentar los importantes desafíos a futuro, algo que desde Socialismo Democrático reconocen que se empezó a cuajar este miércoles, con el aterrizaje del bacheletismo en el corazón de Interior, de la mano de Ana Lya Uriarte.
Con un programa de Gobierno marcado por propuestas de profundas transformaciones sociales y un evidente discurso crítico a la tradición política chilena, Gabriel Boric se impuso en las pasadas elecciones presidenciales, en una clara señal del agotamiento del modelo neoliberal emergido en dictadura y después de un estallido social que desnudó el grito de disconformidad de millones de chilenas y chilenos que exigían cambios rotundos. La fuerza joven llegó a La Moneda, en medio de un inédito proceso constituyente y que, desde un principio, trató de desmarcarse de la ex Concertación, reduciendo en la mayor forma posible su participación en el gabinete. Pero, al parecer, la realidad los ha obligado a retroceder y buscar más experiencia política en el mismo sector que tanto decían rechazar, reflejado esto, por ejemplo, en el reciente nombramiento de la exjefa de gabinete de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, en el mismo cargo, aunque ahora de la actual ministra del Interior, Izkia Siches.
Porque la realidad es –a juicio de diferentes analistas– un factor que comienza a aparecérsele con mucha fuerza a la administración gubernamental, entendiéndolo en el sentido de lo que sostenía Aristóteles, en relación con que «la única verdad es la realidad». Se trata de una frase que usaba con frecuencia el ex presidente argentino Juan Domingo Perón y que se refiere a que los hechos reales son los que enfrentan a los gobernantes a sus convicciones y los obligan a actuar con responsabilidad, más allá de sus ideales.
Se trata de «fierros calientes» que el Gobierno enfrenta, y que tuvieron un primer episodio crítico hace algunas semanas, cuando recién asumían su gestión, con su postura de rechazo al quinto retiro, lo que podría haber afectado en la caída considerable de su apoyo ciudadano. Otro punto crítico hace referencia a la crisis migratoria, principalmente en el norte del país y la falta de una postura clara desde La Moneda acerca del tema, además del grave error de la ministra Siches con su acusación sobre la falsa expulsión de migrantes extranjeros durante la segunda administración de Piñera.
Sumado a lo anterior, en las últimas semanas el conflicto en La Araucanía ha acaparado las miradas, después del fracaso de La Moneda en su intento por impulsar un «Estado Intermedio», en la búsqueda por evitar la militarización de la zona. Tras fracasar en las negociaciones con sus propias coaliciones, y ante la urgencia de los hechos, debieron decretar el Estado de Excepción Constitucional acotado a rutas y carreteras, una medida sobre la cual siempre habían manifestado su visión crítica en el pasado. De nuevo, la realidad los enfrentó a sus convicciones.
El psicólogo, académico y columnista de El Mostrador, Germán Silva Cuadra, considera que al actual Gobierno «le tocó tomar decisiones rápidas, después de haber hecho declaraciones de las que tenía que necesariamente hacerse cargo. Asumió dos conflictos que simplemente el Gobierno anterior los había tratado con respirador artificial, donde los Estados de Excepción eran simplemente un poco de oxígeno para un paciente en estado crítico. El Gobierno actual lo tomó intentando hacer un giro, tratando de alguna manera de darle más contenido y mayor profundidad, evaluando más globalmente los problemas».
En ese sentido, el analista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, señala que “efectivamente, estos temas son como fantasmas que se le aparecen al Gobierno cada vez y con mayor frecuencia, porque forman parte, yo diría, del propio discurso de las causas que levantó en la campaña presidencial, y antes de eso formaba parte de la trayectoria política de quienes hoy están gobernando, que construyeron su plataforma electoral y política a partir del discurso de las causas: el medioambiente, el indigenismo, el feminismo, entre otros. Todos temas que, cuando estás fuera del Gobierno, es fácil plantearlos y demandarlos, pero otra cosa muy distinta es cuando tienes que gobernar y te debes hacer cargo de estas problemáticas”, señala.
“Manejar el desencanto o gestionar el malestar es muy distinto a administrar el poder, lo cual implica responsabilidades, donde se debe gobernar para un todo. Me parece que ese desajuste le está costando hoy a las autoridades entenderlo con claridad», agrega Moreno. Una idea que complementa Silva Cuadra, quien considera que el Gobierno se maneja bien en la superficie, pero le hace falta profundidad, por lo que –a su juicio– se hace necesario un cambio de gabinete, donde cree que aportaría bastante aquella vieja guardia que de alguna manera despreciaron. «Se está sintiendo que hay un déficit relacionado simbólicamente con la experiencia, el hecho de tomar decisiones más en frío, frente a una ciudadanía que necesita una sensación de mayor seguridad», complementa.
Al interior del Gobierno entienden que la convivencia no va a ser fácil, lo que se refleja en los comités políticos en La Moneda y que dice relación con una característica bastante peculiar, en tanto que su sustento político está conformado por dos coaliciones que compitieron en primera vuelta, que tenían diferentes candidatos y distintos proyectos, con diferentes programas y distintas expectativas. Si bien desde el interior de las coaliciones asumen que en segunda vuelta se unieron en búsqueda de un proyecto común, admiten que es evidente que no se pueden borrar de la noche a la mañana las diferencias que tienen respecto a cuáles son las prioridades y cuál debe ser el lenguaje que se debe emplear.
Desde Socialismo Democrático, una de las coaliciones de Gobierno con mayor cercanía a la ex Concertación, consideran que es muy necesario que se puedan discutir las materias más relevantes, en el marco de una mirada política y mayor profundidad, con el objetivo de lograr una visión conjunta en algunos temas. El presidente del Partido Radical, Alberto Robles, cree que «por ejemplo, en la propuesta de Estado Intermedio, que finalmente no recibió el apoyo de todo el conglomerado en su conjunto, es un tema que a mí me parece no se debiera repetir, donde debemos anticipadamente poner de manifiesto cuáles son las posiciones que tiene cada cual, con el objeto de que no se presente un proyecto que no va a contar con el apoyo de toda la coalición”.
En relación con la búsqueda de caminos de encuentro y convergencia, el diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, señala que se hace difícil encontrar puntos en común, debido a que «Apruebo Dignidad nace como una coalición totalmente comprometida con el proyecto encabezado por el Presidente Gabriel Boric y que, por lo tanto, busca implementar al máximo su programa de gobierno. La otra coalición, ex Concertación o Socialismo Democrático o como se le quiera llamar, es una coalición que se suma al proyecto y, por lo tanto, yo diría que mantiene también otros intereses, legítimos pero propios de ellos: querer ser Gobierno en cuatro años más, tener una cantidad importante de cargos y presencia en todos los estamentos del Gobierno. En fin, se trata de intereses que son legítimos, pero no necesariamente son los mismos que tenemos desde Apruebo Dignidad, donde apuntamos sobre todo a la concreción del programa”.
Diferencias entre ambas coaliciones que ya se vieron plasmadas en torno al conflicto mapuche, respecto a lo cual Hirsch agrega que «desde Apruebo Dignidad no estábamos de acuerdo con el llamado Estado Intermedio, donde, por el otro lado, la otra coalición inmediatamente lo apoyaba, pero también con el argumento bastante curioso de que no se le podía llevar la contra al Presidente y que debíamos apoyarlo en todo, cuando tan solo un par de semanas antes no siguieron la recomendación o sugerencia del Ejecutivo de rechazar el quinto retiro, entendiendo que desde el Socialismo Democrático hubo una votación bastante mayoritaria por su aprobación. Entonces, evidentemente hay diferencias».
Pero entre la discusión política interna y los «fierros calientes» que ha tomado el Gobierno en su primera etapa de gestión, se abre una oportunidad, la que podría tomar a su favor. Se trata del rechazo de la Corte Suprema al proyecto minero Dominga, cuyo futuro queda en manos de un Comité de Ministros, encabezado por la titular del Medio Ambiente, Maisa Rojas. Una situación que –según diversos analistas– podría ser capitalizada positivamente, sintonizando con la demanda medioambientalista que fue parte de la campaña presidencial de Gabriel Boric y que podría ser utilizada por el Ejecutivo para compatibilizar sus convicciones con un mayor sentido de la responsabilidad, una de las principales críticas a su administración.