Opinión
Hace algunos días, el columnista Sebastián Edwards, en un medio escrito, con un claro sello de nostalgia, nos califica de proclives a hacer “consultas ciudadanas” y exagerar su importancia, dado el origen asambleísta-estudiantil de la gran mayoría de los altos directivos del Gobierno. Seríamos evasores de la democracia y expresiones de quien grita más fuerte. Palabras del norte, que reflejan prepotencia y graves acusaciones al calificarnos de manipuladores en nuestros diálogos, para generar resultados sesgados y precocinados por una camarilla política (sic). Ignora, nuestro visitante, que los diálogos sociales no tienen por objeto imponer visiones, sino promover el consenso y la implicación democrática de los principales actores en el mundo del trabajo y la empresa. Tal vez no ha percibido la imperiosa necesidad que tiene el país de dialogar para solucionar importantes temas económicos y sociales, alentando el buen gobierno, mejorando la paz y la estabilidad social y laboral, así como de impulsar el progreso económico.
En una reciente columna, el economista Sebastián Edwards cuestionó los diálogos para la reforma al sistema previsional, que de manera tripartita se han venido desarrollando en el país.
Interesante observar cómo la víspera del periodo estival del hemisferio norte nos trae, en forma recurrente, una mirada severa sobre nuestra forma sureña de hacer políticas públicas.
Frente al esfuerzo del Gobierno del Presidente Boric por validar el diálogo social como instrumento para legitimar el debate acerca de la necesaria reforma de pensiones en Chile, estas voces nos acusan de ser bochornosos y asambleístas.
Hace algunos días, el columnista Sebastián Edwards, en un medio escrito, con un claro sello de nostalgia, nos califica de proclives a hacer “consultas ciudadanas” y exagerar su importancia, dado el origen asambleísta-estudiantil de la gran mayoría de los altos directivos del Gobierno. Seríamos evasores de la democracia y expresiones de quien grita más fuerte.
Palabras del norte, que reflejan prepotencia y graves acusaciones al calificarnos de manipuladores en nuestros diálogos, para generar resultados sesgados y precocinados por una camarilla política (sic).
Ignora, nuestro visitante, que los diálogos sociales no tienen por objeto imponer visiones, sino promover el consenso y la implicación democrática de los principales actores en el mundo del trabajo y la empresa. Tal vez no ha percibido la imperiosa necesidad que tiene el país de dialogar para solucionar importantes temas económicos y sociales, alentando el buen gobierno, mejorando la paz y la estabilidad social y laboral, así como de impulsar el progreso económico.
Sentar estas bases conceptuales es fundamental para orientar el debate, pues permitirá generar acuerdos comunes (a lo menos) en el lenguaje conceptual e (idealmente) en los objetivos. Esto es fundamental para luego abordar un diagnóstico y las reformas que se desprenden de él. Sin zanjar estas definiciones más políticas, es difícil avanzar en el diálogo técnico (y por eso, en parte, fallaron los demás intentos de reforma de gobiernos anteriores).
Pareciera que no se ha percatado, nuestro detractor, que se necesitaron décadas para crear las condiciones para un diálogo social en Chile. Es decir, restaurar organizaciones de trabajadores y de empleadores sólidas e independientes, con la capacidad técnica y el acceso a la información necesarios para participar en el diálogo social. Lograr la voluntad política y el compromiso de todas las partes interesadas.
Impulsamos el diálogo, pues deseamos legitimar un proceso que logre encauzar nuestro sistema para promover el acceso universal a pensiones dignas. Lo hacemos en forma respetuosa, como lo ha debatido la comunidad internacional y a partir de los principios que nacen del diálogo social a nivel global en la OIT y se plasman en la lectura conjunta del Convenio 102 y la recomendación 202, que seguramente nuestro crítico jamás ha leído.
Tampoco menciona, nuestro contradictor, que la sistematización de los diálogos está siendo elaborada por una empresa independiente contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
En ese sentido no viene, el visitante, a proveernos de luz y claridad sobre un proceso en que pudimos habernos equivocado. Su confusión nace de creer que un sistema de pensiones es un mercado obligatorio de ahorro de largo plazo, que se sustenta únicamente en la propiedad de los ahorros individuales, y la heredabilidad. Esos no son principios de la seguridad social, como tampoco lo son la desproporcionada rentabilidad de las AFP sobre su patrimonio, o la asimetría de información con que los afiliados deben tomar decisiones tan complejas como en qué AFP estar o qué fondo elegir, que tampoco incorporamos en los diálogos.
Esos elementos corresponden a la arquitectura institucional del sistema, respecto de la cual existen diversas opciones que deberán definirse democráticamente en el debate parlamentario, una vez que el Gobierno plantee su propuesta de reforma estructural al sistema de pensiones durante el tercer trimestre de este año.
Al menos para el Gobierno, el resultado de los diálogos sí será un insumo de gran relevancia para elaborar su propuesta.
