Opinión
Es difícil pensar que los perpetradores no querían asesinar a quienes iban dentro del vehículo, al que atacaron con armamento militar. Ya van siete muertos en este conflicto solo durante este año, sin contar los constantes atentados incendiarios. Sumado a ello, nos enteramos que Carabineros tuvo que retirarse de un predio forestal en Arauco –que estaban resguardando–, después de sufrir amenazas en su contra. Lo que vemos es la progresiva pérdida de la soberanía estatal en partes del sur del país. En otras palabras, el Estado ya no es el que manda allí.
En otra columna en este mismo medio argumenté que lo que ocurre en la Macrozona Sur es que hay un conflicto entre el Estado y ciertos grupos terroristas que no representan a nadie más que a sí mismos. Contra lo que sostiene el Gobierno, no se trata de violencia enmarcada en un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Además de descansar en una concepción profundamente antidemocrática de la representación política, es injusto porque es exculpatorio: diluye la responsabilidad de quienes cometen atentados en la inocencia de aquella mayoría abrumadora que no lo hace.
Dicho conflicto ha tenido como consecuencia que el caos está empezando a reinar. La emboscada que cobró la vida de Segundo Catril Neculqueo es simplemente espantosa. Es difícil pensar que los perpetradores no querían asesinar a quienes iban dentro del vehículo, al que atacaron con armamento militar. Ya van siete muertos en este conflicto solo durante este año, sin contar los constantes atentados incendiarios. Sumado a ello, nos enteramos que Carabineros tuvo que retirarse de un predio forestal en Arauco –que estaban resguardando–, después de sufrir amenazas en su contra. Lo que vemos es la progresiva pérdida de la soberanía estatal en partes del sur del país. En otras palabras, el Estado ya no es el que manda allí.
La pérdida de soberanía no es total y está circunscrita a localidades específicas. Sin embargo, no puede seguir tolerándose ese retroceso del Estado. Hacerlo nos pone en serio riesgo de un conflicto todavía mayor. En un reciente e interesante artículo publicado en Journal of Conflict Resolution (Sovereignty Rupture as a Central Concept in Quantitative Measures of Civil War), Nicholas Sambanis y Jonah Schulhofer-Wohl argumentan que las guerras civiles deben ser entendidas como una ruptura en la soberanía. Esto es, hay una guerra civil cuando hay un conflicto que desafía el papel del Estado como el último árbitro del comportamiento en una comunidad política. Un conflicto donde el Estado se enfrenta a un grupo armado no es todavía una guerra civil si es claro que la autoridad estatal sigue teniendo la última palabra en el territorio. Pero si ya deja de ser claro, si el grupo armado puede actuar como el soberano, entonces lo que ocurre es que en un mismo territorio hay dos soberanos. Y nadie puede servir a dos amos.
Una virtud del análisis de ambos autores es que no es necesario que el desafío a la soberanía estatal sea llevado por un solo grupo, o por varios grupos coordinados. La acción violenta de muchos grupos diversos puede redundar en que el Estado pierde la autoridad en un territorio, sin que sea tampoco necesario que ninguno de los grupos haya declarado su intención de librar una guerra civil. Simplemente importa lo que de hecho ocurre, y eso es una virtud porque a la población lo que le importa no son las “verdaderas” intenciones de los grupos armados (que siempre se desmarcan de los atentados cuando “salen mal”, y siempre los reivindican cuando resultan según lo esperado). Cuando hay un conflicto armado en el que los ciudadanos no pueden estar seguros de que en última instancia el Estado será el que arbitrará sobre lo que puede o no ocurrir, entonces dicho conflicto puede ser apropiadamente calificado como una guerra civil. Lo clave es que es un conflicto entre pretendientes al poder político con reales posibilidades de obtenerlo (al menos en una región).
¿Estamos frente a eso en La Araucanía? Gracias a Dios (y a ratos parece que solo gracias a Él), todavía no. El Estado todavía es soberano en la mayoría de los lugares (a pesar de la resistencia de nuestros gobernantes para ejercer con fuerza esa soberanía), pero no en todos. Frescos en la memoria están los intentos fallidos de la PDI y de la ministra del Interior por entrar a Temucuicui. Por mucho que la ministra Siches se haya referido con ligereza a los balazos que la recibieron como una forma de protesta y no como una amenaza, el hecho es que una alta autoridad de Gobierno no pudo entrar a un territorio que sigue siendo parte de Chile. También ocurre que nuestras fuerzas policiales tienen que retirarse impotentes frente a las amenazas. Nuevamente, todavía no hemos llegado al nivel de una ruptura de soberanía.
Todavía. Todo conflicto es controlable hasta que se descontrola; el secreto está en atajarlo a tiempo. Por lo mismo, es absolutamente intolerable lo que está ocurriendo. Es deber del Gobierno imponer el orden en el país, y mantener el Estado de derecho en todo su territorio. Ya que, como lamentablemente han aprendido –o nos enseñaron mediante sus padecimientos– muchas víctimas del conflicto, ningún Gobierno puede promover el “buen vivir” si no garantiza primero el mero vivir.
