Opinión
Reflexionar y profundizar en las desigualdades socioambientales de América Latina, a eso nos invita el Acuerdo de Escazú. Una realidad que, en Chile, principalmente como resultado de una historia de origen colonial, y de una dictadura que permitió la entrada de políticas neoliberales y neoextractivistas, ha tenido particular impacto en las poblaciones más vulnerables, especialmente las mujeres, quienes han sido despojadas del derecho humano al agua y a la tierra, marginadas en la toma de decisiones y del acceso a los bienes naturales comunes. Todo lo cual deja de manifiesto que la violencia extractiva ejercida hacia la naturaleza es semejante a la violencia que viven las mujeres de territorios rurales, perirrurales y de pueblos originarios en nuestro país.
En febrero de este año, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) anunció que América Central, América del Sur y los pequeños estados insulares, como son los países del Caribe, se encuentran entre las regiones más vulnerables a los impactos de la crisis climática.
El informe destaca la urgencia de abordar la actual crisis climática y ecológica a partir de un enfoque en derechos humanos. Además, indica que los Estados deben –desde el principio de solidaridad– ser capaces de adoptar políticas que permitan a los grupos más vulnerables poder participar de manera significativa y, al mismo tiempo, favorecerse de aquellas estrategias que permitan crear resiliencia climática.
La actual ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, fue parte del grupo de expertos que emitió dicho informe y hoy cumple un importante rol en la adhesión, que Chile estaría ad portas de firmar, al Acuerdo de Escazú, el que será votado el martes 31 de mayo en el Senado. Cabe destacar que en la Cámara de Diputados y Diputadas el Acuerdo gozó de un amplio y transversal respaldo.
El Acuerdo de Escazú ha sido catalogado por diferentes expertos como el “Tratado por los Derechos Humanos y el Medioambiente” más importante de los últimos 20 años. Se trata de un acuerdo histórico en materia de avance del multilateralismo y la democracia ambiental, que viene a garantizar los llamados “derechos de acceso” a la información, a la participación ciudadana y a la justicia ambiental. Lo anterior, permitirá una toma de decisiones informada y consensuada socialmente, lo que generará, entre otros beneficios, estabilidad social y prevención de conflictos socioambientales.
El Acuerdo ha sido también valorado nacional e internacionalmente como un tratado pionero en beneficio del medio ambiente, la equidad y los derechos humanos y como una herramienta efectiva para enfrentar la crisis climática y ecológica, permitiendo consecuentemente robustecer la democracia y mejorar la gobernanza de los Estados y propender también a la protección de los derechos de las futuras generaciones.
Reflexionar y profundizar en las desigualdades socioambientales de América Latina, a eso nos invita el Acuerdo de Escazú. Una realidad que en Chile, principalmente como resultado de una historia de origen colonial y de una dictadura que permitió la entrada de políticas neoliberales y neoextractivistas, ha tenido particular impacto en las poblaciones más vulnerables, especialmente las mujeres, quienes han sido despojadas del derecho humano al agua y a la tierra, marginadas en la toma de decisiones y del acceso a los bienes naturales comunes. Todo lo cual deja de manifiesto que la violencia extractiva ejercida hacia la naturaleza es semejante a la violencia que viven las mujeres de territorios rurales, perirrurales y de pueblos originarios en nuestro país.
El Acuerdo de Escazú busca incorporar prácticas para adecuar las características sociales, económicas, culturales y de género de las comunidades defensoras de los territorios, además de permitir el robustecimiento de los procesos de investigación ambiental y suscitar la valorización del discernimiento local, el diálogo y la interacción de las diversas visiones y saberes territoriales.
América Latina es una de las regiones más peligrosas para quienes defienden la vida y los bienes naturales comunes. Chile no ha sido la excepción y así se han evidenciado muertes en extrañas circunstancias de activistas y defensores de la naturaleza, como son Macarena Valdés por la defensa del Río Tranguil y Nicolasa Quintreman por la defensa del Río Ralco.
Ante los continuos actos de amenazas, amedrentamientos, persecuciones, intervenciones telefónicas, que se incrementaron posestallido social en contra de las defensoras y los defensores y activistas en derechos humanos, y frente a la negativa del Gobierno de Sebastián Piñera de firmar el Tratado de Escazú, es que decidimos levantar una mesa de trabajo junto a defensores y defensoras de distintas movimientos sociales y organizaciones ambientales, para avanzar e impulsar un proyecto de ley que permitiera dar un reconocimiento formal y legal a las personas defensoras en derechos humanos y ambientales, Boletín N°14.694-17, actualmente en tramitación en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado.
El Gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha declarado como el primer Gobierno ecologista de Chile. A ello, lo acompañan instancias que refuerzan dicho carácter, como son, por ejemplo, el proceso constituyente compuesto por ecoconstituyentes que pusieron énfasis en las urgencias climáticas, y también el esfuerzo de los jóvenes de Escazú Ahora Chile, que han contribuido a generar estrategias comunicacionales y alianzas con defensores de movimientos socioambientales y con las diversas fuerzas políticas del país.
Lo anterior hace que Chile enfrente un proceso social, político y cultural histórico ante la adhesión al Acuerdo de Escazú, permitiendo en consecuencia que nuestro país asuma un liderazgo relevante en el tan anhelado cambio de paradigma que no solo a nivel nacional se requiere, sino también planetario, a fin de avanzar hacia una Transición socioecológica Justa.
