Crisis habitacional en Chile: una bomba de mecha corta

Tanto los expertos en vivienda como organizaciones de pobladores sostienen que hay una multitud de signos a los que el Gobierno debe prestar atención con suma urgencia. Un ejemplo lo constituyen los cortes de ruta de acceso a las grandes ciudades por medio de barricadas, como ocurrió la vez en que los pobladores de la toma Mauricio Fredes (que alberga a unas 90 familias) interrumpieron la autopista Vespucio Norte a la altura de la salida 12, en Quilicura, generando un taco kilométrico. Ni hablar de las interrupciones al tránsito en avenidas con alto tráfico, como el pasado 8 de marzo, cuando las integrantes de Ukamau adelantaron la conmemoración del Día de la Mujer con una marcha por Alameda en plena hora punta, causando estragos en el tránsito. Otro tanto dicen las manifestaciones de personas que arriesgan sus vidas trepando en infraestructura pública para visibilizar su reclamo, como el miércoles 27 de octubre, oportunidad en la que cuatro pobladores del Movimiento Autónomo de Vivienda se colgaron del viaducto en la rotonda Grecia, generando otra perturbación en ese importante nudo vial. Otro tanto indican tragedias (cada vez más recurrentes) como los incendios en los maltrechos conventillos del centro, como sucedió este domingo 29 de mayo en avenida 10 de Julio, hecho que costó la vida a una adolescente de 15 años y a su abuela, de 65.

Pero hay otras señales, las que refieren a “esa violencia cada vez más aguda e irracional que estamos viendo en los barrios, en las escuelas, en los espacios públicos”, como bien advierte Santiago Castillo, joven dirigente poblacional de Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén, quien señala un conjunto de situaciones que apuntan a un estallido en estado gestacional, casi en ciernes.

Podría parecer un exceso, pero coincide en este diagnóstico Sebastián Bowen, el director ejecutivo de Déficit Cero –iniciativa orientada a subsanar el déficit de viviendas que afecta al país de norte a sur–, quien señala que, en efecto, esta bomba de tiempo ya estalló y demostró su enorme poder destructivo. Sin ir más lejos, Bowen se atreve a señalar el déficit de alrededor de 700 mil viviendas como el factor de base en la revuelta popular de octubre de 2019. “Sin lugar a dudas”, responde a la pregunta de si cree que este severo déficit de viviendas entraña un poder desestabilizador. “Hay que ser bien claros: cuando analizamos el aumento de campamentos en Chile, nos daremos cuenta de que el crecimiento es muy fuerte en el último trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, que es cuando se crean alrededor de 70 campamentos en todo Chile”, declara.

“Está claro que está en la base del estallido social. ¿Qué lectura podemos hacer del estallido? Pues, que es una expresión de incredulidad y desconfianza hacia las instituciones para solucionar los problemas ciudadanos. Bueno, en el caso específico de la toma de terrenos, vemos que es una acción que habla de una renuncia y desconfianza hacia de los instrumentos institucionales en materia habitacional, como el subsidio. Cuando estas políticas dentro del mercado son insuficientes para acceder a la vivienda, entonces las personas ya no tienen otra opción más que tomarse el sitio eriazo que hay en los barrios donde viven de allegados”, sostiene. “Muchos tampoco pueden seguir pagando arriendo. En Chile tenemos alrededor de 400 mil familias que destinan más del 30% de sus ingresos en ese ítem, muy por sobre los estándares de la OCDE”, puntualiza Bowen, exdirector ejecutivo de Techo.

Santiago Castillo, quien encabeza la Agrupación Luchadores y Luchadoras de Lo Hermida, entidad que reúne a más de 400 familias, cree que al Estado de Chile se le acabó el tiempo, del mismo modo que a sus vecinos se les agotó la paciencia. Sostiene Castillo que la situación en las poblaciones y en campamentos se ha tornado dramática, ya que se ha instalado con fuerza la idea de que solo ellos, los más vulnerables, están pagando los costos de una crisis generalizada pero exacerbada por la pandemia. El encarecimiento del costo de la vida parece ser la gota que colma el vaso, toda vez que aleja más y más el anhelo de la vivienda propia. Incluso, arrendar ya parece un sueño escurridizo.

“Nos sentimos pagando solos esta crisis que hace tres años entró en una etapa muy oscura. Deben entender que hoy nos está costando cada vez más ahorrar para postular a una vivienda, los arriendos son cada vez más caros y el hacinamiento empeora día a día”, declara, al tiempo que destaca otro fenómeno corrosivo para el tejido social.

“La convivencia hoy se está haciendo muy difícil para las familias que comparten un mismo techo. Todo núcleo familiar merece su espacio íntimo. Imagínate vivir apretados, con niños y niñas… todo eso es muy complicado”, expresa. La situación se ha tornado tan volátil dentro de viviendas que la única manera de descomprimir el ambiente es buscar aire en un espacio público de por sí precario. “Y el espacio público se ha deteriorado enormemente. Es lo que veo en La Pincoya, en La Bandera, en La Victoria. El hacinamiento está provocando enormes problemas psicológicos en las mujeres y en los más jóvenes, especialmente. Por eso estamos viendo estos grados de violencia social”, apunta el joven poblador.

El dirigente de Lo Hermida se apura en avisar que a diario se están registrando “microestallidos de violencia”, o violencia que, como toda energía, se canaliza sin dirección ni sentido aparente, de forma aislada, carente de toda sincronía y coordinación. La dirigenta Victoria Herrera, de Ukamau, refrenda lo expuesto por Santiago Castillo, y agrega más, para que puedan –dice ella– dimensionar la gravedad de la situación quienes tienen la dicha de contar con un espacio propio donde poder desarrollar sus vidas: “Debo reconocer que hay una frustración acumulada y latente, y que además es intergeneracional, ya que se traspasa a hijos e hijas. Esto, porque adquirimos conciencia de que no tenemos un lugar para que podamos descansar después del trabajo, no podemos recrearnos en un espacio propio, en fin. Es muy duro saber que no podemos dar seguridad y confort a quienes amamos”.

Cuenta Herrera que la frustración se siente en el aire y que esta se está convirtiendo en una rabia a duras penas contenida. “Sabemos que este Gobierno llegó con puras buenas intenciones, conversando con movimientos y comités, armando mesas de trabajo. Nosotros igual sentimos que es nuestro Gobierno, pero hasta aquí no hemos visto señales, ni mayores avances ni agilidad en las acciones. Nuestro proyecto de segunda etapa del barrio Maestranza ya ha sufrido postergaciones, y eso frustra a la gente”, señala.

Casi como una advertencia, Victoria Herrera pide al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que acelere el tranco. “Esperamos que estas intenciones empiecen a materializarse y que se cumplan los compromisos”, recalca. La vocera de Ukamau, Damaris Astete, suscribe línea por línea lo expresado por su compañera: “Hasta el momento hemos visto manifiestos de buenas intenciones, pero debemos señalar que no hemos visto acciones concretas a corto plazo que permitan abordar con rapidez la emergencia habitacional en la que nos encontramos (…). Entendemos que existe un periodo de instalación y ajuste, y claro que estamos disponibles para dialogar, para proponer alternativas, pero también sabremos hacernos escuchar en el caso de que no se avance en los compromisos. Debemos pasar de las buenas intenciones a acciones concretas. Queremos que este sea nuestro Gobierno y nuestra disposición está para ello”.

“El problema es serio”, reconoce el propio ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, un hombre que cuenta con la experiencia política para advertir la gravedad que reviste cada situación. «Claro que esto es grave. ¿Qué riesgos tiene de producirse un fenómeno social mayor? Sin duda lo tiene», agrega el secretario de Estado, consciente de la necesidad de generar un control de expectativas que muchas veces tienden a desbordar las reales capacidades del Estado, máxime cuando se trata de un problema de larga data. «La crisis habitacional ha llevado a muchas familias a no tener confianza en la política pública y en lo que hace el Estado, y lo primero que debemos hacer es demostrar voluntad de dar soluciones», subraya.

Los plazos corren en contra del Gobierno

El 11 de diciembre de 2021, a pocos días de la segunda vuelta presidencial, el entonces candidato Gabriel Boric llegó hasta el Parque La Castrina, comuna de San Joaquín, para presentar sus 12 compromisos para afrontar la severa crisis de vivienda que afecta al país. En ese acto, el ahora Mandatario expresó su intención de construir alrededor de 260 mil soluciones habitacionales de calidad. Es decir, soluciones habitacionales con áreas verdes, con acceso a servicios y equipamiento, etc. En suma: nada que se parezca a lo que realizó el Estado en los años 90 del pasado siglo, cuando priorizó la cantidad de viviendas por sobre la calidad de las mismas, favoreciendo así la emergencia de una serie de fenómenos sociales particularmente perniciosos para la sana convivencia y el normal desarrollo de las personas.

«Es lo que vimos con Bajos de Mena, las casas Copeva… pero ojo: fue un modelo que se exportó a otros países», indica Miguel Pérez, director del Magíster en Antropologías Latinoamericanas de la Universidad Alberto Hurtado e investigador asociado de Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), un experto en la materia. Consultado por la permanencia en el tiempo de esta política pública, Pérez recuerda que la idea respondía al paradigma de su tiempo: «Fue ejemplo mundial de los 90, y fue eficientemente utilizada por la Concertación, que llegó a un peak de 80 o 90 mil viviendas en la primera década, algo que nunca nadie había logrado. Por eso es que fue aplicado por otros países. En su minuto se pensó que toda la demanda eventualmente podría ser respondida vía subsidio», recuerda Pérez.

Pero la ciudad creció y se agotaron los terrenos disponibles. Ya en 2011 el tema comenzó a hacer agua. Por ello es que el investigador afirma, de manera tan taxativa como inquietante: “No hay por dónde construir 260 mil viviendas en cuatro años”, sostiene de forma tajante. “No hay suelo, no hay industria de la construcción… simplemente no hay cómo”, sostiene el autor de un trabajo de referencia denominado The Right to Dignity: Housing Struggles, City Making, and Citizenship in Urban Chile, trabajo en el que disecciona una política habitacional que, surgida en dictadura, se encuentra en la bancarrota más absoluta.

Pérez sostiene algo aún más desconcertante: “El Estado ni siquiera sabe qué terrenos tiene”. Y en esto el investigador de COES es enfático para desgracia de aquellos que llevan más de 10 años esperando por una vivienda: “El Estado no sabe cuánto suelo tiene. Mucho se habla de crear un banco público de suelos y todo eso, pero no se sabe cuántos terrenos le son propios al Estado. A mí me tocó verlo con pobladores de La Pintana, los que decían ‘ese terreno nos sirve’ y preguntaban de quién era el terreno y nadie les daba una respuesta. Entonces ellos mismos tuvieron que ir al Conservador de Bienes Raíces y descubrieron que el paño era de Chiledeportes. Las Fuerzas Armadas tienen también sus terrenos en reserva, pero (el Ministerio de) Bienes Nacionales debe hacer un catastro para facilitar la construcción de vivienda en Santiago”.

Para colmo de males, tampoco hay claridad sobre la cantidad exacta de unidades habitacionales que se requiere construir. “Nadie sabe bien. En la encuesta Casen de 2017 se hablaba de 500 mil viviendas, pero los números son muy gruesos. La Cámara Chilena de la Construcción hizo una proyección y, siendo bien conservadores, situaron la cifra en 750 mil viviendas”, añade el investigador. Solo hay claridad de que el 80% corresponde a familias de allegados, señala el dirigente de Lo Hermida, Santiago Castillo. “Y se afirma que hay 80 mil familias viviendo en campamentos. Es decir, 80 mil familias que se vieron tan desesperadas que fueron a un campamento con todo lo que eso implica. Son familias humildes, de pueblo”, indica Castillo, recordando las precarias condiciones que implica vivir en un sitio sin instalaciones sanitarias, con viviendas desprovistas de una materialidad y técnicas constructivas que permitan capear el frío en invierno y el intenso calor en verano.

Más inquietante es lo que añade el director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen. “Detrás del déficit habitacional existe un déficit social que impide identificar la demanda habitacional. No sabemos cuáles son las familias, dónde viven, cómo se componen, qué tipo de solución necesitan… nadie sabe bien. Tenemos estimaciones de números, en orden a que el 10% de los hogares no tiene acceso a la vivienda”, dice.

Según Bowen, todas las soluciones habitacionales están focalizadas en un solo instrumento: el financiamiento de la demanda para la adquisición de una propiedad. “Antes las familias se organizaban en comités de allegados, pero hoy eso ya no da abasto. Necesitamos organizar la demanda para diseñar soluciones distintas para cada grupo familiar o comunidad. Necesitamos diversificar en las soluciones, por ejemplo, en torno a la regeneración urbana de barrios degradados, el arriendo de vivienda pública a precio asequible, autoconstrucción asistida, densificación equilibrada… Ahí tenemos otro déficit de gestión, y que tiene que ver con que no hemos diseñado soluciones diversas que se adapten a los requerimientos de los territorios y las familias”, enfatiza.

Pero el ministro Montes avisa que ya han recogido tal sugerencia y que trabajan en un conjunto de iniciativas que suman nuevas alternativas. «Tenemos una variedad de caminos, pero además estamos diversificando en la tecnologías. Vamos a aparecer con mucha vivienda industrializada», afirma el ministro, lo que permitirá construir «más rápido, a menor costo, y además de buena calidad». Reconoce que en los últimos años han aparecido otros desafíos, que surgieron en medio de la pandemia: «Tenemos un problema con el valor de los materiales. Además hemos visto a muchos maestros conformando sus primeras empresas con sus retiros de fondos de pensiones», añade.

Según sostiene Miguel Pérez, la política centrada en los subsidios terminó de colapsar en 2011, cuando las comunidades de allegados “contestan una política habitacional que erradica a las familias, es decir, a familias de Quilicura se les lleva a vivir a la periferia en Puente Alto. Esta situación genera un proceso de reorganización política del que se ha hablado poco, y en eso surgen organizaciones como Ukamau, el movimiento Pobladores en Lucha, etc. ¿Y qué sucede? Esta reorganización, que se ve mucho en Peñalolén, La Florida, Estación Central, complejiza más el cuadro, porque obliga a fijar nuevos estándares de vivienda para personas que desean construir sus viviendas en su comuna de origen, y no hay suelos en esas comunas para materializar sus proyectos”, relata el investigador del COES.

“Tenemos el caso de un proyecto del comité de allegados Don Bosco, en La Florida, caso que seguí por varios años, y lograron materializarlo en 2020 después de pasar 14 años en un comité”, detalla.

El ministro Carlos Montes reconoce que en su cartera hay un problema con las cifras, tal y como sostienen los expertos consultados por El Mostrador. Incluso reconoce que no hay un número más o menos exacto sobre las viviendas faltantes. Su explicación es simple: «No tenemos un censo actualizado; el último es el censo de 2017. Y además tenemos la llegada de los migrantes, el impacto de la pandemia…», añade el titular del Minvu, enumerando así esos factores que, de por sí imprecisos, complejizan esta ecuación. No obstante, Montes prefiere situar el déficit en torno a «un poco más de las 600 mil viviendas».

Un factor que lo enreda todo

Pero hay otro fenómeno que, al menos en los últimos 10 años, ha irrumpido con fuerza, para introducir mayores obstáculos en la búsqueda de soluciones integrales como las que reclama la ciudadanía para ese 10% de familias que no pueden acceder a una vivienda digna. ¿De qué se trata? “Sabemos que el problema se agravó mucho en 2017. En el Gobierno de (Sebastián) Piñera se produjo un rezago mayor, pero además se sumó la migración, que propicia el levantamiento de campamentos masivos como el que vemos en Cerrillos, donde hay alrededor de dos mil familias, y un 80% de ellas son de ciudadanos extranjeros que no tienen documentos, muchos no tienen residencia, no saben de estos temas, etcétera”.

Bowen, el director ejecutivo de Déficit Cero, plantea que “este sistema habitacional desbordado obliga a muchas personas a buscar soluciones informales y que también son abusivas”, lo que profundiza la desigualdad y la inequidad urbana que se observa en todas las ciudades de Chile. De hecho, este “mercado informal” –como dicen los expertos– genera espacios fecundos para la aparición de verdaderas mafias que lotean terrenos que no les pertenecen.

El investigador Miguel Pérez comenta que la irrupción de este fenómeno genera mayores niveles de conflictividad social, máxime cuando estas personas asumen esta característica a partir de que la irregularidad es un rasgo habitual en sus sociedades de origen y, además, porque se saben a la cola de cualquier política pública. En otras palabras: si para chilenos y chilenas ya es difícil acceder a una vivienda, qué queda entonces para ellos sino renunciar prematuramente al anhelo de la casa propia dentro de la legalidad.

“Tenemos loteos irregulares que se venden al mejor postor. El problema de los campamentos integrados por extranjeros es que no necesariamente cuentan con la organización política, tampoco tienen los contactos con algunos partidos… Creo que estos campamentos difícilmente serán erradicados, y los migrantes lo saben a tal punto que construyen con materiales sólidos, a diferencia de los chilenos, que ven en el campamento un paso transitorio a una solución definitiva”. El problema es asumido por el ministro Montes: «Algunos se vienen a integrar y otros generan un cuadro bastante complejo, porque tienen hábitos distintos, son culturas distintas», algo que, según el titular del Minvu, requerirá de un abordaje todavía más completo.

«Respecto de los campamentos habrá que erradicar lo que sea posible erradicar», indica Montes. «Especialmente por la vía de la urbanización con autoconstrucción, o bien construir viviendas en algunos lugares, y esperamos que eso se vea, que las personas vean que haya un camino y que pueda orientar a exigir un mejor camino institucional en vez de cuestionarlo todo».

Bowen cree que los diagnósticos ya están claros y que solo cabe actuar sobre la base de la organización de la demanda (es decir, establecer qué familias necesitan una vivienda y qué tipo de solución precisan), al diseño de soluciones habitacionales distintas, a la reducción de la segregación urbana y a un diálogo público-privado, toda vez que “una política como la que necesitamos requiere de una inversión de un monto entre el 1% y el 2% del PIB al año”.

“El 2% anual destinado a esta temática no es algo que se pueda financiar solo con deuda pública. Debemos convocar también a las personas y los privados con nuevos mecanismos de levantamiento de recursos”, añade. “Es caro, pero esto crea valor, impulsa la inversión y el empleo”, agrega, al tiempo que recuerda que este viernes 27 de mayo se publicó la Ley 21.450 de Integración Social en la Planificación Urbana, Gestión de Suelo y Plan de Emergencia Habitacional, “y eso mandata al Ejecutivo a generar ahora un plan de emergencia habitacional, estructurando metas, plazos y nuevos instrumentos para responder a este desafío”.

Y vaya que el desafío es grande, a juicio de la dirigenta de Ukamau, Victoria Herrera. “Somos personas que buscamos dignidad, y esta frustración puede estallar nuevamente, y ese estallido puede darse sin un programa, y se puede reproducir y ramificar y nadie podría contenerlo. Hoy sabemos que se han abierto las puertas para trabajar en conjunto con el Gobierno, pero ya no basta con eso”.

A modo de conclusión, Santiago Castillo, de la Agrupación Luchadores y Luchadoras de Lo Hermida, afirma: “Queremos aportar a la resolución de nuestros problemas porque no queremos que nos regalen nada. Los últimos 10 años han crecido mucho las organizaciones para la vivienda en todo Chile. Por eso es que estamos organizando un encuentro nacional de pobladores y pobladoras para este 25 de junio con organizaciones de todo el país, para discutir los compromisos que entregó el Gobierno en el Parque La Castrina en diciembre del año pasado. Y entonces evaluaremos”, señala.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, en tanto, sabe que en el horizonte en cualquier minuto asoma una tormenta. «¿Lo que viene? Hay que oír mucho, dialogar mucho, pero a su vez mostrar un horizonte de que el camino institucional va a abrir soluciones». Algo difícil «cuando las familias esperan 15 o 16 años (por una vivienda), pues se pierde la confianza. Pero en eso estamos», sostiene Carlos Montes.