Transición justa, una oportunidad y desafío urgente para Chile

En un reciente libro publicado, titulado Dilemmas of Energy Transition in the Global South, Kumar, Pols y Hoffken plantean un desafío esencial respecto a la implementación de una transición justa: alcanzar justicia en un escenario de urgencia. Enfrentamos un escenario de urgencia climática alarmante. La semana pasada, la Organización Meteorológica Mundial alertó en su último informe que existe un 50% de posibilidades de llegar a los 1.5 grados de temperatura mundial en los próximos cinco años. Por ende, la necesidad de una transición ecológica es inaplazable. Para enfrentar dicho desafío, nos encontramos en un contexto en que los efectos económicos de la pandemia y la inequidad en el acceso a vacunas, ubican a las poblaciones más vulnerables de países en desarrollo en un pie de mayor pobreza y fragilidad del que ya existe. Esto exige que toda política de transición energética y acciones climáticas en general, particularmente ahora, requiera un diseño e implementación con enfoque de justicia. El bienestar de comunidades vulnerables es prioritario en la implementación de medidas climáticas, tanto por una razón de justicia climática como también para otorgar legitimidad a las políticas climáticas dentro de estos segmentos, y así avanzar con democracias sostenibles en el tiempo. En esta columna, apuntaré a tres elementos que pueden considerarse respecto al escenario que Chile enfrenta para abordar el desafío de la transición justa. 

Primero, implementar una transición justa en un escenario de urgencia es un desafío muy vigente en Chile. Diversas zonas de sacrificio industrial sufren y han sufrido los efectos de un modelo de desarrollo indolente con el ambiente y las comunidades, requiriendo no solo de una transición industrial a un modelo sustentable, sino también de respuestas institucionales al desamparo laboral y económico de estas comunidades, y de los daños provocados durante estas décadas.

Ciertamente, desarrollar modelos de transición justa en un contexto de urgencia es delicado. Pensando en el caso particular del cierre de termoeléctricas, avanzar con este proceso no puede ser a costa de las comunidades afectadas. Procesos de transición ecológica sin consideración ni participación de las comunidades involucradas son políticas con alto riesgo de fracaso. Una transición ecológica sin balances de equidad, implica perpetuar comunidades en la pobreza y con impactos ambientales permanentes. El proceso desarrollado en Lota durante los 90, es un claro ejemplo de lo que debemos evitar. Esta comuna sigue pagando los costos sociales de una decisión política que no consideró un proceso de transición justa, excluyendo a las comunidades e imponiéndoles planes que, en definitiva, fracasaron. Así, el balance entre urgencia y justicia en procesos de descarbonización y adaptación al cambio climático es un elemento prioritario para el contexto chileno. Los preocupantes niveles de desigualdad y la segregación en Chile, exigen un proceso de transición justa transparente, participativo, efectivo y sostenible en el tiempo. 

Un segundo elemento está relacionado con la oportunidad institucional favorable en que actualmente nos encontramos para empujar procesos de transición justa. Las normas aprobadas por la Convención Constitucional contienen diversos énfasis ambientales y climáticos, reconociendo la crisis climática y mandatando al Estado a adoptar acciones frente a los “riesgos, vulnerabilidad y efectos provocados por la crisis climática y ecológica”. Esta adaptación institucional a la crisis climática abre una posibilidad de implementar políticas de transición justa, permitiendo aplicar un necesario balance de urgencia y equidad.

El proyecto constitucional también considera principios que el Estado debe respetar al implementar políticas climáticas. Entre ellos, destaca el principio de acción climática justa y el de democracia ambiental. Respecto al primero, con Ezio Costa hemos interpretado que dicho principio considera tres pilares esenciales para su aplicación: mitigación, adaptación y transición justa. Respecto al segundo, democracia ambiental, se realza la participación de las comunidades en decisiones de política ambiental y climática, cuestión elemental para la ejecución de procesos de transición justa. El proyecto de nueva Constitución constituye un marco auspicioso para el éxito de una transición socioecológica. 

El principio de democracia ambiental podría complementarse con el Acuerdo de Escazú. Los estándares de acceso a la información, participación ciudadana y el acceso a la justicia establecidos por el tratado a favor de los sectores más vulnerables, contribuyen también a eventuales procesos de transición con acciones que habiliten la participación de todos los actores involucrados, principalmente aquellos que sea vean más afectados por la transición ecológica y los compromisos climáticos de Chile. 

Sumado a la adaptación institucional impulsada por una posible nueva Constitución y el Acuerdo de Escazú, se encuentra el proyecto de ley Marco de Cambio Climático. Este proyecto tiene aspectos mejorables, tales como un mejor tratamiento de la adaptación o la implementación de un enfoque de derechos en su diseño y ejecución. Sin embargo, igualmente nos entrega un mejor marco de acción que el actual para progresar en acciones climáticas con enfoque de equidad. Se reconoce el principio de equidad en la ejecución de acciones y políticas climáticas. En este sentido, la transición justa es una expresión del principio de equidad en materia climática. Toda política climática que lleve a cabo el Estado chileno, entre las que se encuentran las políticas de transición, deberá considerar la equidad como principio fundamental, y si no es el Estado el que lo aplique, podrán ser la sociedad civil y las comunidades los que podremos exigirlo. Como último elemento, el Estado chileno comprometió, bajo el marco del Acuerdo de París, la implementación de una transición justa en el cumplimiento de sus contribuciones nacionales determinadas, poniendo especial énfasis en los desafíos y necesidades de los más vulnerables.   

Finalmente, un tercer elemento habilitante para la implementación de procesos de transición justa en Chile es que nos encontramos ante un escenario político favorable, con un gobierno comprometido a ejecutar políticas de transición ecológica. Una propuesta relevante son las comisiones de transición justa, una política pública que busca afianzar procesos de participación efectiva para la determinación de estrategias de transición justa acordadas entre comunidades, Estado y empresa. La definición de un espacio institucional de acuerdos sobre transición es un paso esencial para implementar y ejecutar dichos acuerdos. Aquí, existen distintos tipos de desafíos. Primero, acordar compromisos en las comisiones de transición justa que efectivamente beneficien a las comunidades más vulnerables. Segundo, ejecutar dichos compromisos y que el Estado tenga herramientas para que ello sea posible. Tercero, analizar qué otras medidas institucionales se requieren para naturalizar las comisiones de transición justa en problemáticas climáticas que lo requieran. 

La adaptabilidad de espacios participativos puede servir para enfrentar diferentes retos en materia de transición. Por ejemplo, las comisiones de transición justa pueden ser útiles para la implementación de medidas climáticas que incrementen el precio del combustible. Velar por acciones de transición que mitiguen el impacto de acciones climáticas en sectores de la población que dependen del uso del automóvil, puede servir para darle consistencia y gradualidad a la ejecución de estas medidas. Acá, definir el rol y contexto de las comisiones de transición justa en cada territorio o problemática es esencial. La adaptabilidad de la herramienta puede permitirnos avanzar en distintos planos, y aplicarse tanto en etapas de diagnóstico, de acuerdos o de ejecución. Otro desafío es analizar la necesidad de una legislación que dé sustento a la aplicación de las Comisiones de Transición Justa y/u otros instrumentos. Esto podría servir principalmente pensando en el diseño institucional y la exigibilidad de los compromisos adquiridos. 

En conclusión, desde la sociedad civil nos encontramos en un punto favorable para empujar las transformaciones socioecológicas que nuestro planeta y país requiere para enfrentar el cambio climático. Acelerar la transición ecológica con decisiones ambiciosas, requiere un balance sustantivo de equidad. Poner a las poblaciones y ecosistemas vulnerables en el centro de nuestras decisiones, puede generar transformaciones ecológicas más sostenibles en el tiempo. Nuestras democracias, frágiles en esta era, requieren cuidado extremo en no tornar las políticas climáticas en instrumentos elitistas que no conversan con las necesidades de los sectores más marginados de nuestras sociedades. Para legitimar las políticas climáticas no solo basta la urgencia del cambio climático, también se requiere sumar voluntades y conciencias, conformando sociedades convencidas e incorporadas en decisiones estructurales que protegerán a las generaciones presentes y futuras. La transición justa es una herramienta climática que se expande a todos los ámbitos de la sociedad, y que es esencial para cuidar la salud de nuestras democracias en el corto, mediano y largo plazo. Aprovechemos las oportunidades mencionadas y sigamos avanzando.