El primero en condicionar la viabilidad de las reformas estructurales del Gobierno al triunfo del Apruebo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, fue el titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, quien sostuvo –en una entrevista concedida a TVN– que «hay cosas de nuestro programa que ven un impedimento, un obstáculo certero en la actual Constitución». A modo de ejemplo, el ministro fue enfático en señalar que, sin una nueva Carta Magna, la reforma al sistema de salud no se podría implementar. Declaraciones que fueron respaldadas por el propio Presidente Gabriel Boric, quien, antes de dar inicio a su gira por Canadá y Estados Unidos, señaló que “lo que dice el ministro Jackson es algo que es a todas luces evidente”.
Quien fue más allá, en su intento por apoyar la estrategia desplegada por su par de la Segpres, fue la ministra vocera, Camila Vallejo, que respondió a las voces que cuestionan que el programa gubernamental se sustente en un escenario hipotético, como lo es una nueva Constitución. “Efectivamente, el programa de Gobierno y su profundidad dependen también en gran medida de lo que pase el 4 de septiembre. Sin perjuicio de eso, y así lo ha señalado el Presidente de la República, nosotros vamos a seguir trabajando al día siguiente, porque nuestro Gobierno continúa y tenemos que seguir empujando, sea como sea, los compromisos que hemos establecido con el pueblo de nuestro país”, manifestó Vallejo.
Un discurso que en la derecha se lee como una práctica intervencionista y que –a su juicio– no hace más que desnudar las dificultades existentes en el oficialismo para lograr consensos que le permitan avanzar en la implementación de su programa. Al respecto, el expresidente de RN, Mario Desbordes, dijo que “estas declaraciones van en la línea exactamente contraria a lo que plantea la Contraloría, porque esto sí que es intervencionismo abierto, donde se busca chantajear a los chilenos con que, si no se aprueba la nueva Constitución, no hay reformas, lo que es falso, contrario a los instructivos de prescindencia, y demuestra efectivamente que el Gobierno está con problemas en su agenda legislativa, donde han enviado muy pocos proyectos».
En ese sentido, Desbordes agregó que «los principales problemas los ha tenido al interior de su propia coalición, donde la oposición número uno en el Congreso hoy son los republicanos y el Partido Comunista. Entonces, la verdad es que el Gobierno no tiene votos, pero aprovecha la coyuntura para una suerte de extorsión a la ciudadanía con este mensaje de que, sin Constitución, no se pueden llevar adelante las reformas. Yo creo que el principal problema es que hay dos coaliciones gobernando, entonces, no hay una coordinación entre el programa de gobierno de primera vuelta con el de segunda vuelta, donde están intentando ponerse de acuerdo en qué avanzar, con reformas que no están consensuadas –desde el PPD al Frente Amplio– y esa es otra de las razones también de porqué se ha demorado tanto en ingresarlas”.
Se trata entonces de una estrategia que, según analistas, se condice con el origen y el sentido transformador de un Gobierno que no tiene otra alternativa que vincular su programa con el contenido de una nueva Carta Fundamental que su sector propició. Sin embargo, partidos de su propia coalición –tanto en Socialismo Democrático como en Apruebo Dignidad– manifestaron su desacuerdo en mezclar ambas discusiones en este momento, asumiendo que las reformas deberán llevarse a cabo sea cual sea el resultado del plebiscito de salida, y que, más allá de las trabas de la actual Constitución, la principal limitación para realizar los cambios estructurales se relaciona con que no cuentan con las mayorías necesarias en el Congreso.
Al respecto, desde Apruebo Dignidad, la vicepresidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, expresó su visión crítica sobre el discurso desplegado por los mencionados secretarios de Estado, desnudando diferencias de opinión al interior del oficialismo. “Yo creo que es un error del ministro Jackson haber vinculado el éxito del Gobierno al proceso constituyente, porque son espacios políticos que están claramente diferenciados. Nosotros, cuando apostamos a un candidato presidencial y a un proceso electoral, apostamos con las herramientas de la política y no del azar. No es posible vincular el destino de un país al resultado positivo o negativo de un proceso que no se puede controlar. No se puede apostar a que el plebiscito determine el éxito del Gobierno, y me parece un error, donde, independiente del resultado de septiembre, creo que el Gobierno tiene que seguir haciendo su tarea y llevar a cabo las reformas en los términos en que nos comprometimos con la ciudadanía”.
Desde el Partido Radical (Socialismo Democrático) compartieron la tesis de que es un error mezclar el programa gubernamental con el proceso constituyente, ya que creen que son cosas distintas, y que el principal propósito de las fuerzas oficialistas debería ser fomentar el diálogo político con la oposición y otros sectores que no forman parte del Gobierno, pues creen que es la única manera de avanzar en las reformas, más allá del resultado del plebiscito.
La búsqueda imperiosa de acuerdos
Analistas coinciden en que el discurso desplegado por La Moneda se relaciona con lo que antes se llamaba la acumulación de fuerzas, y que dice relación con la búsqueda de apoyos para la concreción de sus propósitos políticos, lo que comenzó a tomar fuerza en la Cuenta Pública del Presidente Boric la semana pasada. A juicio del director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, en el fondo lo que busca el Ejecutivo es mejorar su posición de negociación, conformando un diseño en donde resulta favorable una vinculación más directa con el proceso constituyente.
Moreno añade que “el punto es que, cuando se analiza esto, en realidad, la pregunta es si el Gobierno tenía otro camino posible, y la respuesta es que no. Desde un principio era muy difícil para el Ejecutivo separar aguas del proceso constituyente, puesto que quienes hoy están gobernando estuvieron en la base de lo que fue este proceso, donde Boric fue uno de los rostros detrás del Acuerdo del 15 de noviembre. El desafío a partir de ahora es comenzar una estrategia de búsqueda de apoyos, más allá de su coalición, con el objetivo de construirle viabilidad a su proyecto y, evidentemente, tiene que moverse en un equilibro difícil, porque algunos le dicen que no puede amarrar su suerte al proceso constituyente. ¿Pero tenía otra alternativa? Me parece que, al final del día, es de alguna manera una profecía autocumplida, donde el Gobierno no tiene otro camino que vincular su propio proyecto con el proceso constituyente, hasta el momento del plebiscito».
Desde el Socialismo Democrático, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, asume que el planteamiento de los ministros Jackson y Vallejo se vio probablemente como una dicotomía «que tal vez sonó muy fuerte», aunque considera que es importante establecer que con la actual Constitución «llegamos a umbrales de los que no podemos avanzar». Aclara que los proyectos comprometidos por el Presidente Boric en la Cuenta Pública, como la reforma tributaria o la reforma al sistema de pensiones, ya se encuentran en marcha, pero apunta a que otros aspectos importantes del programa están concatenados al proceso por una nueva Carta Magna, tales como la creación de una empresa nacional del litio o la implementación del Seguro Único de Salud, que no se pueden llevar a cabo –sostiene– con el actual marco constitucional.
En la oposición, en tanto, consideran que el Gobierno está buscando excusas para no llevar adelante su programa. Así lo cree la timonel de Evópoli, Luz Poblete, que plantea que una de las grandes dificultades de la administración de Boric es que no tiene mayoría en el Congreso, y que ha tenido serios problemas de gobernabilidad a propósito de las descoordinaciones con su propia coalición, donde –a su juicio– lo que se busca es traspasar esa responsabilidad de gobernar a los resultados del plebiscito de salida, lo cual cree que perjudica las expectativas de la ciudadanía en torno a la resolución de problemas urgentes, especialmente de costo de vida, salud, seguridad, pensiones, entre otras materias.
Por su parte, al interior de la DC observan con cautela este debate y esperan a poder leer el texto final de nueva Constitución para poder definir su postura de manera oficial. Sin embargo, consideran que es un error mezclar el futuro del programa de gobierno con el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. El timonel de la falange y alcalde de La Granja, Felipe Delpin, explicitó que «el éxito del programa de gobierno no pasa por tener una nueva Constitución, donde el mismo Mandatario ha dicho que no se puede pensar que esta nueva Carta Magna va a ser como un traje a su medida. Esta Constitución se va a proyectar en el tiempo y, seguramente, van ser muchos los gobiernos que van a tener que trabajar con ella».
«Lo que sí está claro es que el Gobierno tiene la obligación, más allá del Apruebo, de poder construir esas mayorías en el Congreso y no solamente cerrarse con Apruebo Dignidad. Recordemos que no tiene mayorías con los parlamentarios de su coalición base, sino que tiene que sumar nuevos apoyos, que es lo que debería hacer en cualquiera de las dos circunstancias después del plebiscito», finalizó Delpin.
