La primera gran polémica entre el Ministerio de Salud (Minsal) y el Colegio Médico (Colmed) tiene su origen el pasado 11 de mayo, cuando la ministra de la cartera, María Begoña Yarza, presentó una denuncia ante la fiscalía regional de Valparaíso, acusando a los equipos de salud del Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso, de la aplicación de torturas y tratos crueles e inhumanos- citando el artículo 150 A del Código Penal- en el marco de tratamientos de terapia electroconvulsiva (TEC).
La denuncia es explícita en señalar que en el mencionado recinto hospitalario «se estarían realizando intervenciones de terapia electroconvulsiva sin anestesia, sin ajustarse debidamente a la norma técnica pertinente». Además, en el documento también se acusa a que los funcionarios públicos están actuando en forma contraria a la Lex Artis (o estado del arte médico), «infringiendo intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, considerando además que esta persona adolece a lo menos de una enfermedad psiquiátrica severa, su estado de salud es desmejorado, por lo que se encuentra en una situación de discapacidad, para efectos del mencionado tipo penal”.
Una acusación que surgió después de la visita que directivos del Servicio de Salud de Valparaíso, de la división de gestión de Redes Asistenciales y asesores de salud del gabinete de la ministra Yarza, hicieron al establecimiento de salud emplazado en el sector de Playa Ancha. “En esa oportunidad se constataron una serie de dificultades en el funcionamiento del recinto. Nos preocupa enormemente el alto riesgo para las personas usuarias, desde la práctica de intervenciones fuera de norma técnica, la escasa supervisión y cuidado que deja expuesto a violencia a las personas, desde autoagresiones y suicidios, a heteroagresión, homicidio y vulneraciones de todo tipo, además del riesgo de tener pacientes adolescentes junto a adultos, lo que constituye una vulneración flagrante de derecho. Sumado a esto, no tenemos claridad que los pacientes no estén privados de libertad ilegalmente’”, sentencia el documento.
Una denuncia grave que generó una rápida respuesta por parte del Colegio Médico, quienes el 27 de mayo hicieron llegar una carta formal a la ministra, donde respondieron con dureza, sosteniendo que el actuar de las autoridades fue desmedido, que no se acerca a la realidad del hospital, y que se trata de una acusación injusta, que causa un daño irreversible al equipo de salud. Desde la entidad gremial agregan que el centro hospitalario carece del recurso humano necesario, tiene una infraestructura absolutamente obsoleta, tiene brechas de equipamiento e insumos, y por supuesto, carece de los recursos financieros necesarios.
Al respecto, el presidente regional del Colmed Valparaíso, Ignacio De La Torre, señaló que las condiciones del hospital son preocupantes, debido a que no cuentan con los insumos necesarios ni tampoco el personal. Además, agregó que a causa de la deficiente infraestructura, se debe suspender la atención de pacientes durante los días de lluvia. Un reflejo de una salud mental, que a su juicio, se mantiene en un estado de sistemático abandono, donde el Hospital Psiquiátrico del Salvador no es una excepción.
Sobre la denuncia, el médico considera que «presentar estos antecedentes ante el Ministerio Público, atribuyendo además el delito de tortura, nos parece absolutamente desproporcionado, y lamentablemente daña tanto la relación de los equipos de salud con la autoridad sanitaria, del hospital, de los servicios de salud y del Ministerio, como la relación tan importante de confianza entre la comunidad que se trata en ese hospital con sus equipos tratantes. Nos parece que se escogió un camino que genera un daño innecesario, que solo contribuye a estigmatizar más la terapia electroconvulsiva y los tratamientos de salud mental, que daña la confianza de la comunidad en sus centros de salud, y daña también a los equipos de salud”.
Lea la denuncia completa a continuación.
Llamado a asumir «responsabilidades políticas»
Cabe mencionar que la Fiscalía está llevando a cabo la investigación correspondiente, a partir de la denuncia presentada por el Minsal, en un proceso que sigue su curso natural, según lo confirmó el Fiscal de Valparaíso, Javier Carrasco. Es este uno de los aspectos más cuestionados por el Colmed, quienes critican el hecho de asignar esta intencionalidad de dolo en una denuncia interpuesta al Ministerio Público, cuando consideran que ante la sospecha de eventuales anomalías o incumplimientos de las normas, existe en el sistema público el estatuto administrativo que norma y aplica los sumarios administrativos, con el objetivo de esclarecer los hechos.
Una polémica que no tardó en alcanzar repercusiones políticas. Desde el Socialismo Democrático, parte de la coalición de Gobierno, el presidente del Partido Radical, Alberto Robles, cree que es una denuncia «extraordinariamente grave», que en caso de ser efectiva, es el Ministerio el que debe tomar cartas en el asunto, exigiéndole la renuncia al director del hospital y tomando todas las acciones necesarias. En el caso contrario, de que esto no fuera real, el también médico cree que sería aún más grave, porque la autoridad nacional estaría haciendo eco de una denuncia sin fundamentos en la realidad.
“Si los psiquiatras de Valparaíso cometieran este acto que se denuncia, esa es una acusación extremadamente grave, y me parece que el Ministerio de Salud tendría que dar explicaciones claras respecto de porqué lo hizo y cuales son los fundamentos con los cuales se atreve a hacer esta denuncia. Porque por lo demás, lo hace a través del Ministerio Público, es decir, entendiendo que ahí hay un delito de por medio, y si uno mira y es consecuente con la lógica administrativa de todo establecimiento público, en términos técnicos, si un procedimiento no se hace bien, la responsabilidad técnica es del director del establecimiento y la responsabilidad política puede alcanzar hasta el subsecretario de Redes Asistenciales y la ministra Yarza”, agregó Robles.
Por su parte, el diputado por el distrito 7 (región de Valparaíso) e integrante de la comisión de Salud de la Cámara, Andrés Celis (RN), manifestó su preocupación ante esta denuncia, alertando que ”son acusaciones gravísimas que de ser ciertas revisten carácter de delito, por lo que es imperativo que se investigue en profundidad y se tomen las determinaciones correspondientes. Aquí se está hablando de torturas y vulneraciones a los pacientes del hospital psiquiátrico, hechos que claramente no pueden ser tolerados y cuyos responsables deben ser sancionados acorde a la gravedad de lo denunciado ”
El parlamentario agregó que convocará a la titular del Minsal a que concurra a la comisión de Salud, con el objetivo de que entregue los antecedentes que tiene al respecto, y que la hicieron realizar la mencionada denuncia ante la justicia. Hasta el momento, ni la ministra Yarza ni el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, se han manifestado públicamente sobre esta polémica.
