Opinión
Creo que –más allá de un alza real en los ingresos de nuestra población para que tengan acceso estable a alimentos sanos, saludables y nutritivos– la respuesta a los problemas de “inseguridad alimentaria” y de “soberanía” sobre la producción de alimentos está en otras medidas, como la Integración Regional. La mayoría de los alimentos que ya importamos, provienen de la ALADI y donde, como región, somos excedentarios en la producción y el comercio de productos agrícolas y de alimentos.
La seguridad alimentaria ha estado presente en los medios –casi a diario– desde que, en febrero, la Convención Constitucional dio a conocer que su Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico aprobó una iniciativa que “reconoce el Derecho a la Soberanía Alimentaria”. En la ocasión, se aprobaron también incisos como el 1°, que destaca que “todas las personas tienen el derecho a la alimentación adecuada, suficiente y nutritiva, y a la soberanía alimentaria de sus pueblos”. Se aprobó igualmente el inciso 3°, que informa que “el Estado reconoce el derecho a la Soberanía Alimentaria de los pueblos originarios …”. Y se armó la grande, con gremios del sector agrícola y agroindustrial manifestando su disconformidad con la norma.
Días después, Esteban Valenzuela, poco antes de asumir como ministro de Agricultura, anunció en una entrevista de la Revista del Campo (7 de febrero) que este tema sería uno de los focos de su gestión, destacando que “queremos dar pasos reales en transición a soberanía alimentaria”. Una vez ministro, en el mes de abril, el Sr. Valenzuela anunció su “Decálogo por una agricultura verde” que, en mi opinión, no hizo sino “echarle más leña al fuego” con una sección de su Decálogo dedicada a este tema. Y luego –también en abril– el ministro anunció su plan “Siembra por Chile”, con el fin de aumentar la producción nacional de alimentos, mitigar el alza de los precios y fomentar la creación de empleos.
Más recientemente, con el creciente aumento de los precios de los alimentos, la inflación y escasez de algunos productos, reaparecen de nuevo la “seguridad” y la “soberanía alimentaria”. Aun cuando con diferentes énfasis, se repiten los argumentos de por qué y cómo deberíamos alcanzarlos. Es necesario aclarar, sin embargo, que ambos términos tienen diferentes significados para sus proponentes, alcanzando incluso –en algunos casos– el extremo de “autarquía” alimentaria.
Revisando diferentes fuentes de información, incluyendo las originales definiciones de la “Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial” (Cumbre Mundial Sobre la Alimentación, FAO, 1996) y las de la “Ley Marco – Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria”, aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (noviembre del 2012, Panamá), puedo sugerir que el objetivo principal de la “soberanía alimentaria” sería garantizar la seguridad alimentaria de las naciones, incluyendo los conceptos de disponibilidad, estabilidad y acceso a alimentos sanos, saludables y nutritivos. Además, la “soberanía alimentaria” debería asegurar la participación efectiva de las(os) campesinas(os), de los pescadores artesanales y de los pueblos originarios en la producción y el intercambio de alimentos; garantizar y resguardar los derechos, y el acceso de las(os) productoras(es) de alimentos a los medios de producción y a los recursos naturales; defender la sustentabilidad de la producción agroalimentaria y la protección del medio ambiente; y finalmente, también, adecuar y/o reformar la institucionalidad del Estado para asegurar el cumplimiento de los “objetivos” anteriores.
Lo lamento, pero les tengo malas noticias a los proponentes de la “soberanía alimentaria”. Hoy no estamos en condiciones de lograrlo en el marco de nuestra extremadamente abierta economía extractivista y de la débil institucionalidad en que hoy se sustenta el apoyo a la producción, distribución y comercialización de alimentos básicos. Con el nivel de apertura económica y comercial alcanzadas, no hay posibilidades reales de competir efectivamente con los alimentos importados y lograr los objetivos anteriores. Me disculpo por adelantado, pero sugiero no crear falsas expectativas con objetivos que son inalcanzables.
La logística de producción, distribución y comercialización de alimentos a nivel global están bajo enorme presión. Primero fueron los desajustes creados por la pandemia del COVID y luego por la invasión y guerra en Ucrania. Rusia y Ucrania representan casi un cuarto de las exportaciones mundiales de trigo y, aunque en el maíz participan con solo el 14% de las exportaciones globales, las cifras son suficientes para causar problemas en los mercados. Esto ha creado pánico y desajustes en el mercado mundial, y otros exportadores como EE.UU., Australia, Canadá y Argentina (en el caso del trigo) y los EE.UU., Argentina y Brasil (en el caso del maíz) han enfrentado dificultades para cumplir con sus compromisos.
Efectivamente, podemos tener problemas de acceso a los insumos para la producción de alimentos, pero –en lo fundamental– si producimos menos granos, cereales y otros alimentos básicos (legumbres, por ejemplo) es porque no somos competitivos en el mercado internacional. Y somos menos competitivos, en parte, por las economías de escala que se requiere. En parte, también, porque hemos perdido recursos naturales y la capacidad para hacerlo, y porque, además –por décadas– hemos privilegiado otras áreas de la producción agroalimentaria. Después de todo, ahora somos una “potencia alimentaria” –o al menos así lo creemos– en la producción de frutas, salmón y vinos.
¿Qué haremos frente a todo esto? ¿Impondremos restricciones? ¿Vamos a prohibir la exportación y a controlar las importaciones? Todo ello es imposible en el marco de los compromisos internacionales y de los tratados comerciales que tenemos. La ministra de Relaciones Exteriores ya señaló que los TLC “no serán revisados”. Por lo demás, ya somos importadores y grandes exportadores de productos agrícolas y de alimentos: durante el período 2017-2021, estos valores alcanzaron en promedio a $7.831 y $17.795 millones de dólares, respectivamente. La realidad es que operamos en el marco de una economía de mercado expuesta a los vaivenes del mercado internacional y ahora estamos experimentando los embates de una crisis global. ¿Modificaremos los fundamentos de nuestra economía y la dirección en que hemos empujado el desarrollo de nuestra agricultura? Lo veo muy complejo.
Para paliar en parte los efectos de escasez de algunos alimentos y los mayores precios, se han publicitado casi a diario diversas medidas de apoyo a medianos y pequeños productores, con el fin de que retornen a la producción de los alimentos básicos que hoy importamos. “Suena correcto” políticamente, pero ¿es sostenible en el mediano y largo plazo? Creo que no, por todas las razones mencionadas en los párrafos anteriores. Y –como dicen en la tele– “ojo” con los compromisos internacionales que tenemos en materia de subsidios y medidas de apoyo a la agricultura. Estamos bastante restringidos en ese frente. Además, tengo la impresión de que no se ha considerado el impacto de corto plazo que podrían tener medidas de esta naturaleza en otras áreas de la producción y del comercio agrícola, y en la logística del sistema productivo. Y después de que termine la emergencia alimentaria, ¿serán “abandonados” a su suerte los “productores reciclados”? ¿Qué ocurrirá con ellos en el futuro? Por último, el llamado a concurrir a, y fortalecer, las ferias agrícolas locales, “suena muy verde” o “turquesa”, pero poco realista en términos de su verdadero impacto. ¡Sugiero conversar con “Cornershop”! A lo mejor ayuda.
Creo que –más allá de un alza real en los ingresos de nuestra población para que tengan acceso estable a alimentos sanos, saludables y nutritivos– la respuesta a los problemas de “inseguridad alimentaria” y de “soberanía” sobre la producción de alimentos está en otras medidas: como la Integración Regional. La mayoría de los alimentos que ya importamos, provienen de la ALADI y donde, como región, somos excedentarios en la producción y el comercio de productos agrícolas y de alimentos.
Nuestras importaciones de productos agroalimentarios desde la ALADI representan el 59% de nuestras importaciones globales de esos productos, al mismo tiempo que las compras de cereales, carnes y frutas superan por lejos ese porcentaje. A su vez –excepto Colombia–, nuestros socios en Sudamérica importan productos agroalimentarios desde la ALADI con cifras muy cercanas o por encima del 50%: Argentina, 76.3%; Bolivia, 84.1%; Brasil, 53.1%; Ecuador, 56.8%; Perú, 49.6%; y Uruguay, 79.0%. Más importante aún, como grupo de países, ALADI –con la sola excepción de los productos lácteos– ya es excedentaria, por mucho, en la producción y venta de productos agrícolas y de alimentos.
Sugiero buscar y promover la “seguridad” y “soberanía alimentaria” a partir de la integración regional y no “por la nuestra”. Así no tiene ningún destino. La integración regional y la seguridad, integridad y sustentabilidad de nuestro sistema alimentario están a nuestro alcance, pero debemos buscarlos activamente junto a nuestros socios latinoamericanos.
