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Integrantes de una de las mesas temáticas permanentes convocadas por la propia cartera de Salud, denominada “Medidas de Prevención No Farmacológicas”, iniciarán un proceso legal en contra de los ministerios de Salud y Educación, por diseñar una estrategia de retorno a clases que –según sostienen– prescinde de evidencia científica actualizada. Debido a los intentos fallidos de la ONG Desinflámate para la Medicina Social por levantar una estrategia basada en la prevención «multicapa», han decidido judicializar este asunto, ante lo que anticipan como graves consecuencias humanas y económicas. Lo que las autoridades han pasado por alto –señalan– es que el SARS-CoV-2 (que causa el COVID-19), así como el resto de las infecciones respiratorias agudas propias del invierno, se transmiten por aerosoles, lo que obliga a generar una estrategia muy distinta, a efectos de evitar brotes de contagio dentro de la sala de clases, que es uno de los espacios más críticos de cara al invierno que se avecina.
El 23 de diciembre de 2021 se registraba un hecho que vendría a constituir un hito clave en la historia de la pandemia por COVID-19. Aun cuando pocos se dieron cuenta y pese a que pasó más o menos inadvertido en los medios de comunicación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconocía lo que múltiples científicos y médicos venían advirtiendo hacía un tiempo en las más prestigiosas publicaciones, gracias a la evidencia disponible tras casi dos años de emergencia sanitaria global: que el virus SARS-CoV-2 se transmite por aerosoles, lo que dejaba inmediatamente fuera de juego a gran parte de las medidas incluidas en los distintos protocolos preventivos adoptados en el mundo entero, incluyendo a Chile.
“Los protocolos del Gobierno están desactualizados en un año y no se sustentan en la evidencia científica recopilada en el último tiempo”, declara el doctor Jaime Acevedo Vera, quien alerta sobre un problema sanitario en ciernes. Por cierto: Jaime Acevedo Vera integra, en calidad de representante de la ONG Desinflámate para la Medicina Social, una de las mesas temáticas permanentes convocadas por el propio Ministerio de Salud (Minsal), denominada “Medidas de Prevención No Farmacológicas”, además de ser el cofundador del programa de divulgación Aire y Vida 2021.
Dichas mesas constituyen una instancia consultiva junto a otras tres: el Consejo Asesor Externo, las Secretarías Técnicas y la Secretaría Ejecutiva. Pese a todas las alarmas, Acevedo se declara sorprendido por la indiferencia de la autoridad sanitaria, una actitud que califica de “negacionista”, por lo que interpondrá un recurso de protección este lunes 13 de junio. “Nunca me interesó proceder de esta manera, pero se nos acabaron las opciones”, sostiene el médico, mientras ve cómo se insiste en estimular acciones como el lavado constante de manos, el uso de mascarillas quirúrgicas y la utilización intensiva de alcohol gel, todas ellas medidas ineficaces para detener la propagación del microorganismo patógeno detectado en Wuhan, China, en diciembre de 2019.
Como toda infección respiratoria aguda, esas que se tornan recurrentes en la época invernal (influenza, parainfluenza y virus sincicial), el SARS-CoV-2 se propaga a través de la exhalación o, bien, cuando la persona contagiada con el coronavirus habla, grita o canta; ni hablar de cuando estornuda o tose, pues en todas estas acciones (inevitables en el caso de respirar) despide partículas capaces de contener el virus. Las partículas más pequeñas pueden mantenerse en el aire y desplazarse incluso por horas dentro de un espacio cerrado o mal ventilado.
Una positividad que se acerca al 13% permite suponer –según los denunciantes– un cuadro que se agrava conforme aumentan los indicadores de otras enfermedades respiratorias que se transmiten por aerosoles.
El Gobierno, por su parte, ha preferido implementar una estrategia de “monocapa”, basada en la inoculación de vacunas (cuyo enfoque se centra en la mitigación) y no –acusa Acevedo– en una estrategia “multicapa” de matriz preventiva. Esta última haría aconsejables al menos cuatro medidas inmediatas, especialmente en lugares críticos como las salas de clases: el uso de respiradores N95/FFP2/ KN95/KF94 con registro ISP y bien ajustados, la utilización de filtros HEPA nivel MERV13 o superior, que provea seis renovaciones totales de aire por hora (muy eficientes y asequibles son las cajas Corsi-Rosenthal), un distanciamiento mínimo de 2 metros con mascarilla o de 3 sin ella, además de una ventilación constante del espacio, para lo cual se torna necesario el uso de sensores de CO2 tipo NDIR, a un nivel menor a 700 ppm.
El médico y titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Tomás Lagomarsino, señala que “he observado atentamente las recomendaciones de la OMS. Y en la medida que hemos aumentado y superado el umbral del efecto rebaño de la vacunación, hemos podido disminuir significativamente los riesgos de contagio y las probabilidades por hospitalizaciones graves por COVID-19”.
“Lo que nos aboca no es solo el COVID-19, sino también la ola de infecciones respiratorias virales que ha llevado a un aumento en la hospitalizacion de niños, niñas y adolescentes a causa de estas patologías, avanzando en la saturación de las camas disponibles. Ahí está el foco”, se encarga de precisar el diputado Lagomarsino, declaración que sorprende y desconcierta a su colega Jaime Acevedo, toda vez que –recuerda este– las medidas propuestas apuntan al conjunto de infecciones respiratorias que se transmiten por aerosol, entre las que se encuentran aquellas que causan estragos a pocos días de que llegue el invierno.
Este médico traslacional pide que, de ahora en más, los ministerios de Salud y Educación, así como todos los otros actores políticos vinculados a esta materia, actúen en estricto apego a la evidencia científica actualizada: “Las vacunas no son buenas previniendo contagios y el long Covid. Más bien han demostrado un pobre desempeño en prevención primaria de esa entidad. La vacuna de Pfizer previene solo el 15% el long Covid. Y la prevención de la infección que tiene no permite hacerse mucha ilusión ni con el efecto rebaño ni como monocapa protectora”.
Sin embargo, y pese a todas las advertencias, Acevedo declara que el plan Sigámonos Cuidando, dado a conocer el 12 de abril, solo hace una mención a la necesidad de ventilar y en términos bastante genéricos. Toda esta negativa a escuchar planteamientos incómodos, sumada a una comunicación confusa que ha contribuido a que se pierda la sensación de riesgo, explica que tengamos más del 11% de positividad.
“En estas 11 semanas, y en esto hablo respecto de los expertos externos –los que somos invitados–, generamos tempranamente un consenso en cuanto a que el objetivo era pasar de mitigar a prevenir”, detalla Acevedo. “Resulta que eso estuvo ausente en varias actas, lo que motivó reclamos reiterados de mi parte, ya que no recogía lo que se había señalado ni los puntos de acuerdo. Mandaba correcciones por correo y no fueron consideradas, hasta que me empezaron a hacer ingrata mi participación en la mesa: se decía que yo era ‘reiterativo’, que hacía un ‘uso excesivo de la palabra’, y me censuraron a tal punto que, incluso, acusé censura reiterada y falacia de autoridad”, agrega el facultativo, quien dice, además, que otros profesionales invitados por el Minsal ya le han expresado su profunda disconformidad por la gestión pandémica del Gobierno y por un estilo de conversación que juzgan poco participativo.
“Uno ha resentido el copamiento de este espacio de discusión con funcionarios ministeriales que trancan la pelota para cuestionar a los expertos”, acusa el facultativo, quien asegura que, incluso, se han negado a invitar al científico e integrante de la ONG Desinflámate por la Medicina Social, Wernher Brevis, un académico de la Universidad Católica con un doctorado en fluidodinámica ambiental e industrial, “una eminencia en la materia”, recalca.
El Mostrador realizó todas las gestiones para obtener una versión del Ministerio de Salud, pero ni siquiera acusaron recibo de las comunicaciones efectuadas para tal efecto a través de los conductos regulares establecidos por esta misma repartición. En el Ministerio de Educación, en tanto, se excusaron afirmando que todas estas materias son definidas por el Minsal.
La infectóloga y académica de la Universidad de Chile, Claudia Cortés, bien nos ayuda a comprender estas acciones que la ONG Desinflámate considera “temerarias” y, a lo menos, “irresponsables”. “Se ha ido perdiendo el miedo (al virus), y podemos tener menos miedo debido a la alta vacunación. Los casos de contagios suben, pero no sube a la misma velocidad el número de muertes gracias a la alta vacunación, que permite enfrentarnos de una manera distinta a la pandemia”, sostiene la infectóloga.
“Para los vacunados se presenta un cuadro respiratorio menor que se puede manejar en casa sin atención médica especializada”, detalla la facultativa, quien apunta a los “altos costos de salud mental de colegios y empresas que han permanecido cerradas, lo que ha causado una verdadera debacle en la salud mental de los niños”, subraya Cortés, a la hora de explicarse el retorno a la normalidad. “En dos años y medio no estamos en el mismo momento que cuando no había vacuna, donde solo cabía encerrarse, pero ahora, con estos elementos y terapias, estamos en condiciones de retomar la vida”, agrega.
No hay problema con el retorno, apuntan quienes cuestionan la postura de la autoridad, sino en el cómo se retorna a esa “normalidad prepandémica”. El ingeniero y divulgador científico Luis Cárdenas Graide, quien integra la Asociación Escéptica de Chile (una agrupación orientada a la divulgación científica y al combate a la charlatanería), expresa su preocupación por la pobreza epistemológica de quienes alcanzan poder de decisión tanto en el sector público como privado, cosa que ha permitido no ya solo un desprecio solapado a la evidencia científica –como dice que ocurre en este caso–, sino que también ha propiciado el avance de “disciplinas” poco “convencionales” –que a su juicio son meras supercherías– en espacios como universidades del Estado.
“Están atados al viejo paradigma que presumía la transmisión a través de las gotículas, que es una creencia que nos acompañó buena parte del siglo XX”, agrega Cárdenas Graide. “Ante un virus nuevo, se falló al principio precautorio y se descartó de inmediato la incidencia de los aerosoles, quedándose solo con fomites pero sin tener evidencia para ello. Fue un craso error comunicacional de la OMS, porque todo el mundo se quedó con que había que lavarse las manos. Y ahí nos quedamos, pese a que en pocos meses comenzaba a salir evidencia del contagio por aerosoles”, explica.
Los descubrimientos señalados por Luis Cárdenas Graide fueron publicados por reconocidas revistas científicas como Science y Nature, así como en revistas biomédicas de prestigio a nivel global, como Lancet, New England Journal of Medicine, British Medical Journal, etc. La vicepresidenta de la Sociedad Chile de Educación Científica y académica de las universidades de Chile y del Bío Bío, Edith Herrera, llamó al Gobierno a ser más activo a la hora de sensibilizar sobre este punto: «Lo relevante sería una precisión en los mensajes con una descripción clara de la importancia de la vía de los aerosoles, porque se tiende a confundir con las gotitas de saliva impulsadas por el aire, y los aerosoles son partículas muy pequeñas, microscópicas, que pueden permanecer en el aire el tiempo suficiente para ser inhalados, ya que tienen un amplio rango de dispersión en los espacios cerrados y abiertos».
Tal es el nivel de alarma que esta situación ha generado en la ONG en la que participa este facultativo, que ha decidido liberar actas de su mesa temática permanente, documentos en los que se manifiesta la decisión expresa del Minsal por implementar una estrategia orientada a la mitigación y en detrimento de un enfoque preventivo y “multicapa”.
Tampoco estuvieron disponibles para abordar esta situación en el Colegio Médico (Colmed), del mismo modo que tampoco obtuvimos respuestas de la Sociedad de Infectología, la Sociedad de Inmunología, ni de algunos integrantes de la mesa temática permanente denominada “Medidas de Prevención No Farmacológicas”. Finalmente, tampoco pudimos obtener una respuesta de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Esta discusión, sin embargo, lentamente se ha ido abriendo paso en círculos de científicos y divulgadores que exigen una observancia plena a la evidencia positiva y menos apego a consideraciones políticas y comunicacionales. No en vano recuerdan que el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra informó, el pasado 9 de mayo, que más de 440 mil personas salieron de la fuerza laboral desde el cuarto trimestre de 2019 producto del long Covid. La mayoría de ellas, han sido cubiertas por los servicios sociales del Reino Unido, lo que supone un enorme costo fiscal.
Si el long Covid genera semejantes estragos a la salud económica de los países, ¿por qué entonces no hacer ajustes en la estrategia, a efectos de disminuir su incidencia?
“Efectivamente, respecto del long Covid, puedo decir que nos estamos enfrentando a él sin tener mucha claridad de cuán extenso y prolongado puede ser. Pero sabemos que el long Covid se da en cuadros graves y en personas no vacunadas”, señala la infectóloga Claudia Cortés.
“¿Sabían que en 2021 la primera causa de muerte en Chile pasó a ser el cáncer? En nuestro país era la segunda causa de muerte después de los infartos, y eso es causa de este desastre sanitario por la incapacidad del sistema de dar atención oncológica, y esto se va a agravar con la carga de enfermedades derivadas del long Covid, que es producto de la hiperinflamación del organismo, y durante un periodo que puede durar años. Hay personas que llevan dos años con long Covid, personas que requieren atención de médicos broncopulmonares, neurólogos, nefrólogos, cardiólogos, inmunólogos, etc.”, enfatiza Acevedo.
No obstante todo lo anterior, no solo está el daño acumulativo y crónico de este desastre –otro más de los que nos ha dejado la pandemia–, sino también la dilapidación de recursos que bien podrían ser reorientados a la adquisición de aquellos implementos y adminículos que permitan dar curso a una buena estrategia preventiva. “Sé que el Estado no tiene la holgura para ponerlos en todas las salas de clases, pero debe regular, facilitar, viabilizar su implementación, asegurar que el mercado pueda proveer tales implementos, etc.”, dice el médico.
Lamentablemente, Acevedo afirma que el jefe de gabinete del Ministerio de Educación, Cristián Miquel Munizaga, no brindó señales esperanzadoras en tal sentido. “Su idea era reducir el riesgo y corregir la irresponsabilidad de entrar a clases cuando teníamos 30 mil contagios diarios, a través de un fondo al que postularían los directores de colegios, y elaboraron orientaciones en las que omitían los medidores de CO2, omitían los filtros… ¿Y qué pasa en la realidad? Pues, que el director de un colegio quiere postular a esas platas para gastar en alcohol gel, cuando sabemos que el contagio por contacto en superficie es apenas 1 en 10 mil. No lo digo yo, ojo, lo dice el organismo que actúa como agencia nacional de salud pública de Estados Unidos (más conocida como CDC, en español ‘Centros para el Control y Prevención de Enfermedades’). Capaz que ese director compre un medidor malo… En fin, es un despilfarro de recursos, y ello solo porque la autoridad dejó a cada director en un marco de autonomía para definir estándares. Eso es una desregulación”, indica.
Una de las propuestas, dadas las características materiales del sistema educacional chileno, es el retorno a clases híbridas, es decir, que una parte del grupo curso pueda, alternadamente, participar de forma telemática en las clases. Una fuente al interior del Colegio de Profesores señala, fuera de micrófono, que tal posibilidad fue descartada por el magisterio, debido al enorme impacto que supuso el régimen telemático para la salud mental y física de los profesores, y que muy probablemente aquello haya pesado en la decisión del Ministerio de Educación de rechazar cualquier iniciativa tendiente a resucitar el uso de las plataformas tecnológicas.
Dicen, los ahora demandantes, que detrás de todo este asunto hay un problema ético de proporciones. Si bien es cierto que la vacunación disminuye las probabilidades de que un contagiado fallezca producto de las complicaciones, esta herramienta no es infalible, por lo que no sería extraño que aún así se pierdan vidas de niños, niñas y adolescentes en el transcurso de este invierno, algo grave, considerando que bien se pudieron adoptar medidas para cortar los contagios por aerosoles de todas las enfermedades que se transmiten por esa vía, incluyendo el COVID-19.
“Por eso, siempre propusimos ir más allá que los estándares de calidad en el cuidado, que todo el mundo los conoce, con medidas de prevención farmacológicas. Nosotros hablábamos en la mesa de aplicar estándares de calidad preventivos para cada capa”, comenta el facultativo.
Jaime Acevedo, en tanto, enumera y describe someramente los principios éticos que –a su juicio– se vieron transgredidos: “En primer término, se infringe el principio de beneficencia, que llama a hacer todo lo que se pueda hacer para ir en beneficio de la salud de las personas. También, se ha infringido el principio de precaución: que frente a una amenaza siempre hay que pensar en el peor escenario y cubrirlo, y no quedarse callado; y, por último, tenemos la infracción al principio de equidad, ya que hay un porcentaje pequeño de la población con recursos y con acceso a la información que sí puede implementar esta estrategia multicapa. A mí me han contactado directores de colegios privados para avisarme que están implementando las siete capas. Me han contactado clínicas, consultas privadas, etcétera”, añade el médico traslacional.
Pero el país cuenta con una institución que ha de estar expectante de la evolución de los acontecimientos: la Defensoría de la Niñez. La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, reconoce que “como Defensoría hemos planteado la necesidad de que el retorno a clases presenciales sea una prioridad como país, porque las brechas se han profundizado de manera dramática en términos de las dificultades que está representando a los niños, niñas y adolescentes la imposibilidad de mantener las clases como en la etapa anterior a la pandemia, y no solo en lo académico, sino que también en lo emocional, en las interacciones con sus pares, cosa que ha afectado su desarrollo vital armonioso e integral”.
Sin embargo, acto seguido, Muñoz sostiene que tal retorno al régimen presencial de clases “debe ser en un contexto de seguridad, por lo que hemos demandado al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación las acciones necesarias para asegurar a ellos y sus familias que los espacios de clases sean seguros, que se brinde la tranquilidad, donde no se promueva y favorezca el contagio de esta enfermedad, sobre todo atendiendo el particular incremento del virus sincicial y la influenza que, en los años anteriores, no habíamos visto por el encierro”, agrega.
“Ello está provocando un estrés del sistema sanitario, considerando que las camas UCI de niños no son tan posibles de acceder y hay limitaciones en esa materia”, reconoce Muñoz. “Confiamos en que sea una materia en constante revisión por parte del Minsal y que, en un trabajo coordinado con el Mineduc, resuelvan adecuadamente, con integración y participación directa de las comunidades escolares, la mejor forma de producir este retorno sin provocar un impacto negativo en niños y niñas que acuden a los establecimientos educacionales”, señala enseguida la titular de la Defensoría de la Niñez.
Luis Cárdenas Graide sostiene que la estrategia de salud basada en las vacunas “es como confiar toda la seguridad vial en el cinturón de seguridad. Claro, qué bueno que se tenga el cinturón, pero lo primero es evitar el choque. Y los choques no son accidentes, sino siniestros viales, ya que, sacando del medio los imponderables, perfectamente se pueden evitar si se respeta fielmente la normativa del tránsito. Se habla de siniestro vial o derechamente de crimen vial, que es lo que hace una persona que mata a otra por manejar en estado de ebriedad”. En palabras simples, Cárdenas plantea que aquí hablamos de “siniestros de seguridad sanitaria por aire insalubre”, y ello hace exigibles responsabilidades incluso a los directores o sostenedores de establecimientos educacionales.
