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La investigación, que tiene actualmente carácter reservado, se originó luego del revelador informe elaborado por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados contra el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), el que fue respaldado por el Pleno por 122 votos a favor, 2 en contra y 21 abstenciones. En el documento, se cuestiona el procedimiento realizado en la Etapa de Solicitud de Propuestas para el ITL, se destaca el accionar de la Comisión Evaluadora (entidad interlocutora entre la unidad técnica y la instancia que tomó las decisión de asignación) y su conformación de carácter político y no técnico. Y se acusa de intervención al exvicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. Si bien la investigación es de carácter reservado, El Mostrador confirmó que a cargo de la misma están el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad en la Fiscalía Centro Norte, Jaime Retamal, y la jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, quienes ya han comenzado a interrogar a diversas personas, entre ellas, el expresidente de la comisión, el diputado Tomás Hirsch. (*: Ver N de la R al final de la nota)
La historia del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) sumó un nuevo capítulo, debido a que se abrió una investigación penal que busca indagar los actos de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y diversas autoridades respecto del proceso de licitación para su creación, el que fue adjudicado a un consorcio compuesto por planteles privados chilenos, como la Universidad del Desarrollo y la Universidad San Sebastián, ambas ligadas a personeros del anterior Gobierno y la UDI y a la Associated Universities, Inc. (AUI), una corporación norteamericana.
La investigación, que actualmente es de carácter reservado, se originó luego del revelador informe elaborado por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, el que fue respaldado por el Pleno por 122 votos a favor, 2 en contra y 21 abstenciones. En el documento, se cuestiona el procedimiento realizado en la Etapa de Solicitud de Propuestas para el ITL, se destaca el accionar de la Comisión Evaluadora (entidad interlocutora entre la unidad técnica y la instancia que tomó las decisión de asignación) y su conformación de carácter político y no técnico. Y se acusa de intervención al exvicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas.
Cabe destacar que en este último punto, Terrazas ya había explicado con anterioridad que se había inhabilitado de la evaluación por estar ligado a dos de las propuestas en carrera, la de ASDIT, representada por la Corporación Alta Ley, y la de Fundación Chile, al participar en los directorios de ambas entidades (*).
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Si bien la investigación es de carácter reservado, El Mostrador confirmó que a cargo de la misma están el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad en la Fiscalía Centro Norte, Jaime Retamal, y la jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, quienes ya han comenzado a interrogar a diversas personas.
Una de ellas fue el presidente de la mencionada Comisión Investigadora, el diputado Tomás Hirsch (AH), quien concurrió a declarar el pasado 12 de mayo. «Sobre este caso, y como se sabe, dentro de las conclusiones de la Comisión Investigadora de la Cámara, se nos hizo evidente que aquí había situaciones al menos irregulares, que requerían ser investigadas por la justicia, además de todos los controles que nosotros realizamos en la Cámara y además de solicitar que se deje sin efecto esta licitación, tema que además se está viendo en este momento en la Corte Suprema como resultado de un recurso de protección que puso el Consejo de Rectores«, dijo.
«Estamos en presencia de una licitación que fue tremendamente irregular. Y todo eso está contenido en el muy largo informe que presentamos como comisión. Entre otras cosas, nosotros solicitamos que se inicie una investigación por parte de la Fiscalía y como Cámara de Diputadas y Diputados enviamos todos los antecedentes que obraban en nuestro poder y la Fiscalía inició rápidamente un procedimiento. Es por eso que yo, en mi calidad de expresidente de esta Comisión, declaré como testigo, dando a conocer todos los detalles que vimos en la Comisión, a quienes recibimos, qué fue lo que nos dijeron, por qué nos formamos la convicción respecto de, cómo mínimo, irregularidades, pero muy posiblemente unas situaciones reñidas con la justicia, ya que hay una serie de situaciones que dejan sospechas muy altas», añadió.
El Mostrador también se comunicó con Corfo, desde donde se limitaron a responder bajo el alero del carácter reservado de la investigación: «En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, no nos es posible entregar la información solicitada. Corfo dio cumplimiento a lo solicitado por el Ministerio Público, remitiendo los antecedentes del proceso concursal y, a la fecha, ningún/a funcionario/a de Corfo ha sido citado/a declarar», indicaron.
Dentro de los antecedentes presentados por la señalada comisión, se plantea que, a pesar de que los evaluadores expertos internacionales sostuvieron que la propuesta presentada por la Corporación Alta Ley, como mandataria de las entidades agrupadas en ASDIT, era superior en todos los aspectos ponderados a la propuesta de AUI, se hizo “caso omiso a dicha evaluación y se modificaron los criterios para rebajar las calificaciones obtenidas por la primera y se aumentaron las obtenidas por la segunda, por parte del comité evaluador nacional”.
El documento de la Comisión Investigadora afirma que se cometió un error (no subsanado) al momento de entregar información poco veraz sobre la propuesta de la Corporación Alta Ley (ASDIT), en cuanto al financiamiento del proyecto. Con ello, se aminoró el aporte del consorcio chileno en US$ 37 millones, cuando en realidad ascendía a US$ 84 millones.
En esa línea, apuntan contra el entonces vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, por no inhabilitarse pese a ser parte de los directorios de las entidades postulantes. Además, según se consigna en Camara.cl, en el texto se remarca que sus actuaciones tendieron a “limitar los recursos de la propuesta y entregar información falsa a los ministros y subsecretarios que conformaron el Consejo de Ministros”.
Cabe destacar que en este último punto, Terrazas ya había explicado con anterioridad que se había inhabilitado de la evaluación por estar ligado a dos de las propuestas en carrera, la de ASDIT, representada por la Corporación Alta Ley, y la de Fundación Chile, al participar en los directorios de ambas entidades (*).
La propuesta que se adjudicó la licitación, AUI, lo hizo por 143 millones de dólares, cifra exacta postulada a licitación por este consorcio de universidades extranjeras. Mientras, la del consorcio de universidades nacionales (ASDIT) fue por el total del monto a licitar (193 millones de dólares), tal como era la disponibilidad de recursos ofrecida en la convocatoria y establecida en el contrato con SQM como aporte de I+D para el ITL.
La Comisión concluyó que existió una acción concertada por parte de la institucionalidad. El informe indica que “se han cometido, al menos, faltas al principio de probidad que rige la actuación de los actos de los organismos públicos (…). Bien podría calificarse este actuar como un aprovechamiento de información privilegiada que han resultado ser claves para la adjudicación del proyecto”.
(*) N de la R: Este artículo fue modificado con posterioridad a su publicación, para agregar la versión de Pablo Terrazas, quien según detalla en otras entrevistas, se había inhabilitado del proceso de licitación, contrario a lo que era expresado en el informe de la comisión investigadora.
