Opinión
En el caso de La Araucanía, habiendo un escalamiento grave de la violencia, no cabe hablar en la mayoría de los casos de terrorismo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos –en sus reportes sobre Chile de los últimos años– descarta, por ejemplo, que los crímenes o delitos cometidos en La Araucanía tengan el carácter de terrorista, y habla de un “conflicto y acciones de violencia sobre la tierra y los derechos indígenas en Chile”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha vuelto, asimismo, a cuestionar la aplicación de una legislación “antiterrorista” a mapuches por actos que, “aunque violentos o criminales”, no ostentan el carácter de “terroristas”.
El grave escalamiento de la violencia en La Araucanía tiene, otra vez, a algunos sectores exigiendo que diversos actos y agrupaciones sean calificadas de “terroristas”. Ya se ha hecho costumbre, pero es muchas veces conceptualmente equivocado, y muy irresponsable, usar este término en forma indiscriminada. Porque el terrorismo es una forma muy particular y específica de violencia, la peor de todas, y por eso se requiere gran responsabilidad en su uso, y también en su aplicación en leyes. Recordemos, al respecto, que el Estado chileno ya ha sido severamente cuestionado en el pasado por diversas entidades internacionales, entre ellas, el relator especial para los derechos humanos y pueblos indígenas de la ONU, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2014 condenó al Estado de Chile y ordenó revocar varias sentencias contra comuneros mapuches, basadas en la Ley Antiterrorista.
Ahora, por cierto que el “terrorismo” existe en el mundo, y los países deben tener resguardos y una legislación adecuada para protegerse, pero en principio su aplicación debiese restringirse a casos extremos que reúnan las características ya consensuadas en esta materia y, aun así, deben en todo momento tomarse los resguardos para evitar los excesos que siempre suceden bajo las llamadas “políticas antiterroristas”. A este respecto, es importante señalar que, a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU, se constituyó en el 2007 un panel con los principales expertos internacionales en la materia, que elaboró una definición de terrorismo, que fue incorporada ese año a la agenda del organismo mundial.
Esta definición reforzó una visión ya existente entre muchos especialistas, en relación con la necesidad de “acotar” el uso que se hace de este término, que no constituye cualquier forma de violencia, y donde el elemento central de la definición es la “acción sistemática y deliberada para infundir terror, atentando de manera física contra civiles desarmados”. Los atentados cometidos por la DINA y CNI durante la dictadura, las bombas de la ETA en Madrid, y las acciones del ISIS y otros grupos extremistas islámicos, son ejemplos donde un Estado o un grupo insurgente recurren a esta práctica.
El terrorismo es algo demasiado grave como para estar usándolo de manera partidista o ideologizada. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, ambas superpotencias se acusaban de cometer actos terroristas, y el régimen del apartheid en Sudáfrica acusaba a Mandela de ser un “terrorista”. El trabajo de los expertos de la ONU buscó precisamente superar esta visión “maniquea” e ideológica, donde siempre es el otro el “terrorista”. Terrorismo hay ahora en Europa y Medio Oriente con atentados masivos que buscan de manera intencionada hacer el máximo daño a la población civil.
Pero en el caso de La Araucanía, habiendo un escalamiento grave de la violencia, no cabe hablar en la mayoría de los casos de terrorismo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos –en sus reportes sobre Chile de los últimos años– descarta, por ejemplo, que los crímenes o delitos cometidos en La Araucanía tengan el carácter de terrorista, y habla de un “conflicto y acciones de violencia sobre la tierra y los derechos indígenas en Chile”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha vuelto, asimismo, a cuestionar la aplicación de una legislación “antiterrorista” a mapuches por actos que, “aunque violentos o criminales”, no ostentan el carácter de “terroristas”.
Y es que en La Araucanía, como ya lo han señalado los mejores conocedores del tema, el problema de fondo es político y no de seguridad. En nada se avanzará hablando de “terrorismo en la zona”. La violencia que allí se vive es una consecuencia (y no la causa) de la incapacidad del Estado y los sectores más conservadores para abordar, de manera integral, el histórico despojo y reivindicaciones básicas que hacen representantes del pueblo mapuche. Chile ya tiene una Ley Antiterrorista, que debería perfeccionarse, pero que no debe (por las razones ya expuestas) aplicarse indiscriminadamente a todo acto de violencia en la Macrozona Sur, o en cualquier otra parte de país.
Porque, como ya lo señalamos, la literatura internacional es clara al respecto, y mejor usar esos estándares que dejarse llevar por presiones de sectores interesados que buscan, a través de calificativos como terrorismo, desviar la atención de los problemas de fondo que aquejan a dicha región. Lo que hay allí ahora es violencia multidimensional (bandas armadas, guerrilla rural, guardias de las forestales), y mientras la clase política no sea capaz de levantar una propuesta que aborde de verdad el conflicto principal (Estado-pueblo mapuche), esta escalada no terminará. Creer, en este escenario, que militarizar la zona para “combatir terroristas” resolverá algo, es iluso e irresponsable, y solo prolongará un conflicto que se ha extendido ya por más de un siglo. Aún puede haber una ventana de oportunidad, tal vez la última. Que no sea demasiado tarde nomás.
