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La ministra del Interior, Izkia Siches, ratificó este viernes el compromiso del Gobierno por prohibir el acceso de civiles a las armas de fuego, después de una manifestación convocada por organizaciones como la Asociación Chilena del Rifle (ACDR), quienes han manifestado su malestar en torno a la medida. ¿Ayudará la propuesta del Gobierno a aminorar el uso de armas en actos delictivos? A continuación, el detalle de las armas legalmente inscritas, y las posibles vías de adquisición de armamento por parte de la delincuencia y el narcotráfico.
El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha ratificado su compromiso por «eliminar el poder de fuego», buscando prohibir el porte de este tipo de armas a civiles, en el contexto de un plan que busca ir más allá de la Ley de Control de Armas, promulgada en enero pasado, con el fin de fortalecer la institucionalidad y fiscalización en esta materia. Fue precisamente en la cuenta pública del 1 de junio, que el mandatario anunció que a través del Programa «Menos armas, Más seguridad», se buscará la limitación radical de su acceso legal, lo que provocó que algunas organizaciones, como la Asociación Chilena del Rifle (ACDR), se manifiesten en rechazo a la propuesta, acusando al sistema judicial de «engañar a la ciudadanía con cifras erróneas», respecto al dato entregado por la Fiscalía Sur, sobre que el 80% de las armas requisadas, involucradas en homicidios, corresponderían a armamento legalmente inscrito.
Fue la propia ministra del Interior, Izkia Siches, quien aseguró que desde el Ejecutivo buscarán evitar que siga ocurriendo lo que acontece en distintos barrios de nuestro país, donde a su juicio, el espacio público ha sido posicionado por la delincuencia y el narcotráfico. «Es en esa línea, donde vamos a seguir muy fuertemente haciéndonos cargo con medidas que sean efectivas, pero también durísimas frente a quienes usan hoy día el poder de fuego contra los habitantes de nuestro país. Entiendo que para algunos el negocio pueda ser vender armas, para nuestro Gobierno el compromiso con recuperar nuestros barrios, con recuperar el funcionamiento de nuestras ciudades y la seguridad para los habitantes de nuestro país es lo fundamental», apuntó la ministra Siches.
Una respuesta desde Palacio a una manifestación que este viernes se desarrolló sólo a unos metros, en la Plaza de la Constitución, convocada por la Asociación Chilena del Rifle (ACDR), y que tuvo por propósito hacer notar su malestar con la propuesta que apunta a la prohibición de armas de fuego. Al respecto, la representación de ACDR, Josefa Rodríguez precisó que «no creo en las cifras de que el 80% de armas que se usan para la delincuencia sean inscritas. Ahí hay un factor que dejemos de engañar con cifras erróneas a la ciudadanía. Lo que sí es correcto es que hoy los delincuentes tienen armamento militar, estar atacando a nuestra ciudadanía y que es armamento que una persona normal no puede tener en sus casas»,
Entre los asistentes a la manifestación se encontraba el dueño de la armería Armarket,- ubicada en el centro de Santiago- Óscar Gatica, quien señaló que la propuesta del Gobierno era un error, debido que a su juicio, «los delincuentes no iban a las armerías a comprar armas». Según información a la que tuvo acceso El Mostrador, hace un tiempo, Gatica fue acusado de amenazar en duros términos al diputado Tomás de Rementería (Ind-PS).
Sobre el uso de las armas legalmente inscritas, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció hace unas semanas la creación de una nueva agencia, incluida en el proyecto de ley anunciado en la cuenta pública, que se haga cargo de una fiscalización adecuada de las armas debidamente inscritas, cuya fiscalización anual es del orden del 4%. El propósito es conocer dónde están las armas inscritas, quien las posee y que uso le dan. Paralelamente, Monsalve apuntó a que su prioridad estará en las armas ilegales, donde el rol de la inteligencia policial es fundamental.
Según los datos de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) -rama del Ministerio de Defensa que, entre otras cosas, vigila y coordina el control de armas y explosivos- hasta abril de este año, se registran 765.817 armas inscritas activas, donde las escopetas representan el 35% (270.053); los revólveres el 32% (243.862); las pistolas el 24% (183.730); los rifles un 6,3% (48.629); y «otras» el 2,5% (19.544). Si bien el reporte no lo menciona, el portal con base en Suiza Small Arms Survey -especializado en armas y violencia armada- estima que hasta 2020 había 2.200.000 armas en posesión de civiles en Chile, de las cuales 1.456.818 no estarían inscritas. Según esta información, cada 100 personas, 12,12 tendrían un arma.
¿Cómo son y de donde provienen las armas en manos de la delincuencia?
En todo proceso judicial, en el que se han cometido delitos de sangre, se requisa armamento, y después de que cumple su valor pericial, se dirige a la llamada Comisión Nacional de Armas, dependiente de la DGMN, y se destruye en una ceremonia, una vez al año, donde es sometido a una fundición. Una parte importante de esas armas requisadas corresponden a armamentos de fogueo que han sido adaptados, para lo cual se requiere que un armero o alguien con conocimiento personalizado, transforme esos armamentos.
Según detalla el ex subsecretario de Guerra y ex subsecretario para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, también «existe armamento del cual no se tiene ningún registro, y que posiblemente entró a través del contrabando, lo cual puede ser pesquisado por Aduanas, mirando su origen. Además, hay otro tipo de armamento que es hechizo, que es de muy mala calidad, el cual dura muy poco tiempo, pero el suficiente como para cometer un delito”.
El también ex embajador en Colombia y Cuba, agregó que debido a que la ley prohíbe el uso de armas automáticas, si la delincuencia tiene acceso a ellas, sólo hay dos posibilidades: o un armero las adaptó, o bien se internaron de contrabando. Al respecto, Gaspar apuntó a que en materia judicial, es urgente nombrar a un fiscal especial que centralice todas las causas en relación con el armamento ilegal en el país.
En ese sentido, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Raúl Leiva (PS), dijo que “hay un consenso amplio en la sociedad sobre la problemática de las armas, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, y la señal que entrega el Presidente Boric al anunciar este proyecto de ley de prohibición de armas, nos parece que va en el sentido correcto, sin embargo también es importante decir que hay que enfocar el trabajo en las armas ilegales, el contrabando y armas adaptadas, las cuáles efectivamente entregan un gran poder de fuego al crimen organizado y al narcotráfico. Ahí debe estar el foco principal, sin perjuicio de ir avanzando en una mayor regulación y fiscalización con el fin de que la tenencia de armas sea en nuestro país una real excepción, en casos plenamente justificados”.
