Opinión
No ha pasado un año desde el fatal incendio ocurrido en un hogar protegido en San Felipe, donde murieron seis pacientes dados de alta del Hospital de Putaendo que estaban en proceso de reinserción social. En tanto, cientos de personas siguen deambulando con sus familiares, buscando –sin éxito– alguna cama de hospitalización frente a crisis suicidas o de agresividad por trastornos de salud mental. Para qué hablar de la falta de horas disponibles para ingresar e, incluso, hacer seguimiento de pacientes que ya se encuentran en tratamiento.
La triste polémica suscitada a propósito de la denuncia de la ministra de Salud, María Begoña Yarza, en contra de profesionales del Hospital del Salvador de Valparaíso por acciones calificadas como tortura, resulta una muestra de la precaria situación en que se encuentran los establecimientos de salud mental en nuestro país.
No ha pasado un año desde el fatal incendio ocurrido en un hogar protegido en San Felipe, donde murieron seis pacientes dados de alta del Hospital de Putaendo que estaban en proceso de reinserción social. En tanto, cientos de personas siguen deambulando con sus familiares, buscando –sin éxito– alguna cama de hospitalización frente a crisis suicidas o de agresividad por trastornos de salud mental. Para qué hablar de la falta de horas disponibles para ingresar e, incluso, hacer seguimiento de pacientes que ya se encuentran en tratamiento.
Esta realidad está en gran parte causada por la falta de financiamiento de la salud mental, que hemos denunciado en repetidas oportunidades, haciendo eco de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Ley 21.331 del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de Salud Mental, promulgada en abril de 2021, garantiza “la equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que a las prestaciones de salud física (…) y no sufrir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas de salud”. Lamentablemente, vemos que estos derechos están muy lejos de ser realidad.
El reciente anuncio de la ministra de Salud –señalado también en el programa del Presidente Gabriel Boric–, que compromete aumentar el presupuesto de salud mental hasta alcanzar un 6% del presupuesto de salud al finalizar este Gobierno, podría considerarse como una luz al final del túnel para revertir la desmejorada infraestructura y capacidad instalada para la atención de salud mental de nuestra población.
Consideramos que las personas merecen conocer una hoja de ruta clara y que resguarde un sistema que desarrolle equilibradamente los tres niveles de atención y la prevención. El trabajo conjunto entre organizaciones de pacientes, profesionales, sociedades científicas y académicas y el Gobierno es una gran oportunidad para superar esta crisis.
(*) Adhieren:
Flavia Alvares, presidenta Círculo Polar
Hilda Cerda Espíndola, presidenta CORFADICH
Juan Pablo Jiménez, Investigador MIDAP
Vania Martínez, Directora Núcleo Milenio IMHAY
Javier Pinto, secretario general de Asociación Psicoanalítica Chilena, APCH
Nadia Ramos, presidenta Asociación Chilena de Estrés Traumático
Pablo Salinas Torres, director del Departamento de Psiquiatría Oriente, Universidad de Chile
Álvaro Wolfenson, GDT de Enfermedades del Ánimo SONEPSYN
Atahualpa Granda, Sociedad Chilena de Salud Mental
Mario Valdivia, Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, SOPNIA
Rogelio Isla, UPD Instituto Psiquiátrico “Dr. José Horwitz Barak”. Universidad de Chile
