Opinión
En lo inmediato, el Gobierno se está haciendo cargo de aspectos importantes como la redistribución policial hacia las comunas y sectores más críticos, como la intervención en el barrio Meiggs, de Santiago, y la creación del Escuadrón Centauro, que implica un aumento de efectivos y patrullas en territorios más conflictivos. Paralelamente, desde el Gobierno y en el Congreso estamos trabajando en una contundente agenda legislativa que permita, entre otras cosas, subsanar las deficiencias en la gestión de las armas inscritas. La posesión de una pistola no es una libertad civil. Es una materia que debe ser regulada considerando, antes que todo, la seguridad de la sociedad y reivindicando expresamente las reglas del Estado de Derecho, respecto al monopolio en el uso de la fuerza.
Cuando el Gobierno presenta un acertado Plan Nacional de Seguridad Pública, y el debate sobre el control de armas se acerca peligrosamente a discutir la tenencia de un arma de fuego como una “libertad civil”, me parece pertinente ofrecer algunos datos para no perder de vista un aspecto central del problema, que es la circulación indiscriminada de armas de fuego.
Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), que elabora el INE, durante el último año la victimización bajó poco más de cuatro puntos porcentuales. Pero la sensación de temor aumentó. Un 84,3% de las personas percibe un aumento de la delincuencia en el país. Entre el 2018 y el 2021, el 93,4% de los casos investigados por la PDI corresponde a homicidios.
La tasa de homicidios en Chile ha tenido un aumento progresivo. En el año 2016 era de 2,7 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2020 fue de 4,6 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Pequeñas variaciones en las cifras no deben hacernos bajar la guardia. Según cifras del CEAD (Centro de Estudio y Análisis del Delito) de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2021 se registró una tasa de 3,5 homicidios por cada 100 mil habitantes, un descenso respecto de los 4,5 asesinatos por cada 100 mil personas del año anterior. En 2020, hubo 898 casos versus los 695 homicidios en 2021. Esta caída se explica, fundamentalmente, por el encierro durante la pandemia. Pero el detalle muestra que, en la Región de Tarapacá, hubo 10 homicidios en 2020 versus un explosivo aumento a 38 homicidios en 2021.
Pero el tránsito al alza de los homicidios en tan corto tiempo tiene un correlato importante en la proliferación de armas de fuego, usadas en la comisión de la mayoría de estos delitos, y también en la sensación de temor. Según datos proporcionados por la Policía de Investigaciones, en 2016 un 39,5% de los homicidios fue perpetrado con un arma de fuego. La cifra en 2020 subió a un 44,2%. Paralelamente, en el contexto de los delitos que la policía cataloga como “crimen organizado”, 8 de cada 10 víctimas fallecieron por el uso de armas de fuego.
Las frías estadísticas se expresan cotidianamente en nuevas formas delictuales que están socavando el espacio público y el desarrollo comunitario de los barrios.
Pero ante la urgencia para enfrentar esta realidad, el Estado tiene dos problemas importantes que se potencian entre sí: I) deficiencias en el control, la fiscalización y gestión de las armas de fuego inscritas conforme a la ley; y II) falencias para enfrentar el comercio ilegal de armas, que se alimenta tanto del contrabando o la internación ilegal, como de las fugas desde las instituciones del Estado hacia bandas criminales.
En lo inmediato, el Gobierno se está haciendo cargo de aspectos importantes como la redistribución policial hacia las comunas y sectores más críticos, como la intervención en el barrio Meiggs, de Santiago, y la creación del Escuadrón Centauro, que implica un aumento de efectivos y patrullas en territorios más conflictivos. Paralelamente, desde el Gobierno y en el Congreso estamos trabajando en una contundente agenda legislativa que permita, entre otras cosas, subsanar las deficiencias en la gestión de las armas inscritas. La posesión de una pistola no es una libertad civil. Es una materia que debe ser regulada considerando, antes que todo, la seguridad de la sociedad y reivindicando expresamente las reglas del Estado de Derecho, respecto al monopolio en el uso de la fuerza.
Hemos buscado contribuir a la contención de este problema y por cierto a la discusión, presentando un proyecto que busca reducir el acceso y la proliferación de armas de fuego, así como su uso ilegal. En línea con lo que está trabajando el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, proponemos repensar el régimen de autorizaciones para el uso de armas, con un sentido más restrictivo y excepcional. Solo para deportistas, cazadores y museos. Junto con medidas como el fin a la herencia y transferencia de armas entre personas y nuevos requisitos de idoneidad para las reinscripciones. Además, proponemos mejoras en la interoperatividad de los datos sobre armas de fuego inscritas, en beneficio de una mejor coordinación y fiscalización. Entendemos que no hay soluciones fáciles ni rápidas para este problema tan apremiante. Por eso, iniciativas legislativas como esta, deben analizarse en forma complementaria a otras, como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia, y la necesaria y urgente reforma a Carabineros.
Todo esto, a su vez, debe sintonizar con otras políticas públicas que doten de una ejecución integral de las medidas que se implementen. Todo lo cual exige recordar la necesaria relación que existe entre la seguridad pública y los Derechos Humanos. Abogar por más seguridad no puede sustentarse en construcciones mediáticas, falsas dicotomías o simbolismos que permitan el resurgimiento de autoritarismos, cuya consecuencia sea la restricción de libertades y la erosión de las bases de nuestra democracia y el Estado de Derecho. Por el contrario, debe llamarnos al fortalecimiento de las instituciones, desde la transparencia, la eficacia, la participación ciudadana y la visión de futuro.
