Opinión
La propuesta trae una norma novedosa para Chile e imprescindible: el “registro de beneficiarios finales de las empresas”, basado en una propuesta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto significa que, por ejemplo, el SII podrá saber exactamente cuál es el porcentaje de acciones que el señor Ponce Lerou tiene en Soquimich, no como ahora, que esta información se esconde detrás de una verdadera cascada de empresas de papel, a las cuales es casi imposible seguirles el rastro, facilitando así tanto la elusión como la evasión. Asimismo, se debiera saber en cada empresa, no solo la propiedad accionaria de cada dueño, sino también el porcentaje de “acciones controladoras”, que valen mucho más.
Esta reforma es imperativa. En primer lugar, cuando los países de la OCDE tenían un ingreso per capita similar al nuestro de hoy, recaudaban 4% o 5% más del PIB que nosotros… para destinarlos al gasto social, salvo USA, que lo destina a las armas. En suma, es un imperativo moral recaudar más en términos absolutos.
En segundo lugar, tenemos el triste récord mundial de que la inequidad (medida por el coeficiente de Gini) antes y después de impuestos es prácticamente igual. Dicho de otra forma, la distribución del ingreso en Dinamarca o Alemania es tan desigual como la chilena, pero… una vez que se cobran los impuestos y se redistribuyen a los más pobres, su distribución pasa a ser de las mejores de la propia OCDE.
Esto se debe en lo fundamental al bendito IVA, impuesto muy fácil de recaudar pero injusto. Por él, los pobres pagan proporcionalmente más impuestos que los ricos. Ellos pagan el IVA en todo lo que compran y los ricos encuentran toda forma posible de eludir o evadir su pago de impuestos a la renta. Decir que Angelini o Luksic pagan menos impuestos –porcentualmente– que el jardinero de su casa, es muy cierto.
Por ello, en tercer lugar, es correcto que la propuesta contenga aumentos en los impuestos a las personas que perciben sueldos sobre $4 millones, es decir, el 3% más rico. Además, se propone un nuevo impuesto al patrimonio, un gravamen a los “superricos” con tasas hasta del 1,8% anual para patrimonios por encima de los US$15 millones. Una bicoca. Pensemos que bastaría con que su patrimonio rente anualmente entre 5 y 10% al año (por lo bajo) para ver que es una propuesta razonable. Hay quienes dicen que es un impuesto fácil de evadir, o que los ricos se irán a otra parte a vivir. Falso. Dondequiera que se vayan, salvo las Islas Vírgenes, tendrán que pagar más impuestos que acá. Es un avance en la dirección correcta.
Sin embargo, parece haber una dificultad estructural para medir adecuadamente el patrimonio de las personas y, por ende, para gravarlo. Por ello, la OCDE (ya que la admiramos tanto) recomienda enfatizar los impuestos a la herencia, antes que los patrimoniales. Subir este impuesto, y meter mano dura a las numerosas maneras de evadir su pago (como por ejemplo los “regalitos en vida” de casas, yates, etc.), puede ser otra alternativa complementaria o sustitutiva del impuesto al patrimonio, que a la larga cumpliría el mismo propósito.
En cuarto lugar, la propuesta trae una norma novedosa para Chile e imprescindible: el “registro de beneficiarios finales de las empresas”, basado en una propuesta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto significa que, por ejemplo, el SII podrá saber exactamente cuál es el porcentaje de acciones que el señor Ponce Lerou tiene en Soquimich, no como ahora, que esta información se esconde detrás de una verdadera cascada de empresas de papel, a las cuales es casi imposible seguirles el rastro, facilitando así tanto la elusión como la evasión. Asimismo, se debiera saber en cada empresa, no solo la propiedad accionaria de cada dueño, sino también el porcentaje de “acciones controladoras”, que valen mucho más.
En quinto lugar, hay quien dice, generalmente desde la derecha, que antes de recaudar más, el Estado debe gastar lo que tiene más eficientemente. Y mencionan cualquier incidente de corrupción o ineficacia que justifica su afirmación. Pero esta es falsa. Como lo he escrito en este mismo medio, la eficiencia (efficiency) del gasto público se define como el total de lo que logra un Estado en educación, salud, infraestructura, equidad de ingresos, crecimiento económico, ambiente regulatorio, control de corrupción, derechos de propiedad, etc. (a esto lo llaman performance, es decir, desempeño)… dividido por el total de lo que gasta el Estado, expresado como gasto público/PIB. Es como los “km de desempeño estatal por litro de gasto público”, con una metodología que permite hacer comparaciones internacionales.
Pues bien, la eficiencia chilena ha sido sistemáticamente de las más altas del mundo, del 2006 hasta 2017, último año del estudio. Además, según el World Governance Index, con otra metodología, Chile también ha estado entre los más altos del mundo por 25 años. Lo que pasa es que el Estado chileno gasta poco, muy poco, pero lo que gasta, lo gasta bastante bien. Por eso es que en estos “vilipendiados” treinta años la pobreza en Chile pasó de 40% a 8%, y que el Indice de Desarrollo Humano del PNUD es el mejor de América Latina, comparable al de Croacia en Europa. Por eso es que la eficiencia del gasto público en salud de Chile (sí, señor, salud) es varias veces superior a la de Estados Unidos.
Sin duda, hay brechas que cerrar en materia de modernización del Estado. En mi modesta opinión, un gran paso sería ampliar la cobertura de cargos bajo el sistema de Alta Dirección Pública, y otro la creación de una entidad autónoma para medir y divulgar la eficiencia, eficacia y sobre todo calidad de cualquier servicio, gobierno regional, programa, o gran proyecto. Cualesquiera sean estas medidas, ojalá este pacto tributario venga acompañado de un pacto de modernización, pero que sea concreto, no meras frases de buena educación.
En suma, hay cinco buenas razones para avanzar con esta reforma tributaria, un primer paso en la socialdemocrática dirección correcta de este Gobierno (y un poroto para Marcel si lo logra).
