Descentralicemos uniendo y beneficiando al país

El 25 de octubre del 2019 se nos preguntó si queríamos redactar una nueva Constitución. El resultado fue claro: el 78% apoyó iniciar un proceso para escribir una Carta Magna que enfrente los nuevos desafíos del país. Múltiples demandas impulsaron esa votación: un sistema político más representativo y transparente, derechos sociales, un progreso económico inclusivo y sostenible que tuviera presente el cuidado del medio ambiente. Y, entre ellas, avanzar en la descentralización del Estado.

Chile está en deuda con la descentralización. La administración del gasto estatal está concentrada en el gobierno central: mientras que para el promedio de los países unitarios de la OECD el 27% del gasto público es ejecutado por gobiernos locales, en Chile esa proporción solo llega al 17,3% (14,8% en municipios y 2,5% en regiones). En parte, esto podría explicar las amplias brechas interregionales de ingresos, pobreza y desarrollo: el PIB per cápita anual varía entre CLP$ 22 millones en la Región de Antofagasta y menos de CLP$ 4 millones en la Región de La Araucanía. La pobreza varía desde un 0,1% en Vitacura (Metropolitana) hasta un 41,6% en Cholchol (La Araucanía).

En Pivotes creemos que una descentralización inteligente ayudará a una asignación más eficiente y cercana de los servicios públicos y a disminuir las desigualdades territoriales. Y si bien la propuesta de nueva Constitución busca avanzar en esto, incluye elementos que significan más un retroceso que un avance para el país.

En efecto, la propuesta daña la sostenibilidad fiscal, al permitir a los gobiernos regionales emitir deuda, pues abre la puerta a que gasten sobre sus capacidades, al tener la expectativa de que el gobierno central los rescatará. Esa puerta se abrió en Argentina, Brasil y España, y los déficits de los gobiernos locales causaron fuertes crisis fiscales comprometiendo al país completo. Por ello, no es aconsejable que las regiones contraten deuda y, en caso de permitirlo, debieran ser materia de ley, de iniciativa presidencial exclusiva y con condiciones adicionales, como que la deuda no exceda de un cierto porcentaje de los ingresos ordinarios de la región, teniendo su pago además prioridad absoluta en la asignación de su presupuesto.

Además, la propuesta de la Convención pone en riesgo la libre competencia, al permitir la creación de empresas públicas regionales sin incluir un principio de neutralidad competitiva, principio que garantiza que compitan en igualdad de condiciones con las privadas. De lo contrario, nada impide que el Estado utilice sus privilegios regulatorios para entregar ventajas a las públicas a través de subsidios, beneficios tributarios, exenciones de regulaciones u otros. Este principio es clave para que el emprendimiento tenga espacio y oportunidad de colaborar en el desarrollo del país. Sin él, las más perjudicadas serán las pymes, que tienen menos espalda para competir. En Pivotes concordamos en que la creación de empresas públicas no requieran quórums especiales como lo establece el texto vigente, pero sujetando dicha autorización legislativa a este principio de neutralidad.

Por último, la propuesta de nueva Constitución termina con nuestro histórico Estado unitario, al establecer que “Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas”, fijando además que “Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos”. Con esto, el país se transforma en un conjunto de pueblos-naciones semiautónomas, debilitando nuestra condición de Nación, en singular. En Pivotes proponemos mantener la unidad del Estado, pero con una administración descentralizada que fomente el desarrollo territorial equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.

Avancemos hacia una descentralización sana y beneficiosa para Chile, que ayude a un desarrollo territorial más equitativo, sin dañar la sostenibilidad fiscal ni la libre competencia que podría marginalizar a las iniciativas privadas en colaborar con el desarrollo del país. Avancemos en la descentralización reconociendo las diversas etnias y culturas que coexisten en nuestro territorio para integrarlas a la nación, con sus tradiciones y costumbres. Descentralicemos, pero uniendo y beneficiando al país, no dividiéndolo ni dañándolo.