Opinión
Es necesario organizar la gestión pública para facilitar la incorporación rápida de la innovación y tecnología en la producción de alimentos de origen animal y vegetal en el sector agropecuario nacional; apoyar las iniciativas que consideren la Economía Circular u otras prácticas sostenibles en sus modelos de negocios; descentralizar el uso de recursos para que la investigación, desarrollo e innovación permitan abordar las problemáticas del cambio climático y la seguridad alimentaria desde las regiones y sus realidades particulares, promoviendo el financiamiento de iniciativas de largo plazo que permitan obtener aplicaciones sustentables para la adaptación al cambio climático, la seguridad y sostenibilidad agroalimentaria.
Antes de las sucesivas crisis que el mundo enfrenta, el tema de la seguridad e inocuidad alimentaria ya era importante. Y hoy, en un escenario de cambio climático e inestabilidad mundial, no es descabellado pensar que estas crisis se mantendrán con un impacto global.
Pero, como en cada crisis, es muy importante que los tomadores de decisión también puedan identificar oportunidades que permitan a los países fortalecer sus políticas públicas. En dicho sentido, nuestra Universidad Austral de Chile ve con un prudente optimismo las ventanas de oportunidad política que esta crisis nos plantea. Por ejemplo, celebramos la conformación de la Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria, convocada por el Ministerio de Agricultura, y también los llamados de la autoridad sectorial a tomar decisiones con los pies sobre la tierra, sabiendo que estamos en un momento complejo, pero que tenemos herramientas para enfrentarlo.
Algunos elementos a destacar como fortalezas son, por ejemplo, que lo que actualmente enfrentamos en Chile en materia alimenticia es una crisis de precios y no necesariamente un problema de producción o distribución de alimentos. Las incertidumbres actuales, rezagos de la pandemia, sumadas a los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, han desatado un proceso inflacionario a escala global, pero con efectos diversos de acuerdo a las estrategias que cada gobierno propone.
En políticas públicas, en Chile ya se ejecutan paquetes de asistencia para ayudar a las familias a enfrentar precios más altos de la canasta familiar básica. Y de parte de los productores, existe capacidad de almacenamiento de granos que permite tener un tiempo para adaptarse a situaciones potencialmente más urgentes. Hoy, nuestra capacidad de producir alimentos no ha mermado sustancialmente, excepto por restricciones a la compra de fertilizantes por el incremento en su precio y suplementos afectados por las cadenas de distribución global y la guerra. Tampoco tenemos problemas de distribución, salvo excepciones, ya que nuestra red de transporte terrestre y marítimo, así como las tecnologías que los sostienen, están operativas.
Con esta constatación no estamos sugiriendo la inacción, sino todo lo contrario. Proponemos que la Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria se aboque a un ejercicio constructivo de identificación del número y magnitud de amenazas, y la construcción de un gran acuerdo de inversión pública y privada para transformarnos en un país con seguridad alimentaria para sus habitantes.
Esta visión se sostiene en algunas constataciones técnicas. Por ejemplo, Chile cuenta con grandes extensiones de uno de los suelos más productivos del mundo (los suelos volcánicos son el 60% de la superficie arable de nuestro país), pero vemos cómo progresivamente vamos dilapidando esta fortaleza con usos intensivos insustentables y, más recientemente, con la fragmentación para usos inmobiliarios. Ante eso, es una muy buena noticia que se esté tramitando una Ley General de Suelos en Chile en el Congreso Nacional, como un elemento que regule el uso sostenible del recurso Suelo, considerando sus múltiples servicios ecosistémicos.
Otra, un sector agrícola que progresivamente va mejorando sus capacidades productivas, con muchos productores de cultivos de papas, remolacha, trigo, maíz, raps, avena y otros granos que cuentan con maquinaria de última generación, con capacidad de almacenamiento, y que usan tecnologías de información para tomar decisiones (mapas de rendimiento, uso de drones, etc.). El país está cubierto de estaciones meteorológicas con accesibilidad inmediata a los datos (por ejemplo, https://agrometeorologia.cl) y se espera que estas capacidades se fortalezcan con la política espacial anunciada por el Ministerio de Ciencia.
A nivel de emprendimientos, vemos con satisfacción que más y más personas se atreven a diversificar la oferta de alimentos, desde pequeños emprendimientos basados en agricultura familiar (solo en la Región de Los Ríos se estima que hay más de 10 mil familias hortaliceras), hasta propuestas disruptivas para satisfacer nuevas necesidades alimenticias, así como propuestas que han atraído el interés de inversionistas a nivel global.
Sumado a lo anterior, identificamos a una dinámica comunidad científica, con altos estándares internacionales de producción de conocimiento y gran vocación de vinculación con actores productivos. Nuestra universidad, sin ir más lejos, es un polo de formación de capital humano, investigación, desarrollo e innovación en agronomía, veterinaria, ingeniería en alimentos, economía agraria, ingeniería forestal y de recursos naturales, trabajando en temas como desarrollo sostenible de cultivos y praderas, fortalecimiento genético de especies o técnicas de riego que permitan lidiar con los desafíos del cambio climático, en un modelo de economía circular con uso racional de los recursos naturales. En esto llevamos casi 70 años.
Y no menor es el compromiso del Gobierno actual de enfrentar el tema de la seguridad alimentaria con una perspectiva de largo plazo, tal como lo plantea en su programa de gobierno.
Todo ello configura una ventana de oportunidad para ir al siguiente paso, lo que, desde nuestra perspectiva, significa enfocarnos en el ordenamiento territorial para el uso sostenible de los recursos naturales y sus servicios ecosistémicos; reconocimiento y apoyo a la economía rural diversificada; rescate de sistemas de producción claves para la seguridad alimentaria y la biodiversidad de los sistemas productivos; modernización de los instrumentos de fomento que apunten a la pequeña agricultura (conectividad 5G, acceso a tecnología y capacitación en innovación y asociatividad, con altos estándares de calidad); integración de la “gran granja marina”, con estándares de sustentabilidad y armonía con las comunidades; y promover la calidad de vida de las personas y el buen vivir, propiciando el desarrollo de iniciativas como «Huertos Urbanos” para involucrar a la comunidad urbana en los esfuerzos por la seguridad alimentaria.
También es necesario organizar la gestión pública para facilitar la incorporación rápida de la innovación y tecnología en la producción de alimentos de origen animal y vegetal en el sector agropecuario nacional; apoyar las iniciativas que consideren la Economía Circular u otras prácticas sostenibles en sus modelos de negocios; descentralizar el uso de recursos para que la investigación, desarrollo e innovación permitan abordar las problemáticas del cambio climático y la seguridad alimentaria desde las regiones y sus realidades particulares, promoviendo el financiamiento de iniciativas de largo plazo que permitan obtener aplicaciones sustentables para la adaptación al cambio climático, la seguridad y sostenibilidad agroalimentaria.
De esta forma, nuestra visión institucional es reconocer las buenas decisiones que hemos tomado como país y llevar la discusión de política pública sobre soberanía y seguridad alimentaria hacia un nivel de propuestas para el desarrollo y no solo la reacción. Como Universidad Austral de Chile creemos que ante los embates no estamos indefensos y, por ello, nos complacerá informar este proceso de construcción de consenso en torno al desafío de la seguridad y soberanía alimentaria para Chile, cada vez que se nos requiera.
