Opinión
La reforma propuesta, junto con atender las iniciativas sociales y productivas, comprometidas en el programa del actual Gobierno, enfatiza también el propósito de alcanzar mayor equidad distributiva, al apuntar a las personas de más elevados ingresos, capturar mayores recursos mediante un royalty minero y con acciones decididas para reducir las elevadas evasión y elusión.
El Ministerio de Hacienda presentó al Parlamento su reforma tributaria, cuyo propósito es recaudar cerca de US$ 12.000 millones, en un periodo de 4 años, para cumplir con las transformaciones sociales y las iniciativas productivas, contenidas en el programa del Presidente Boric. No será tarea fácil su aprobación, ya que el actual régimen impositivo es cómodo y generoso con los sectores ricos de la población y las empresas de su propiedad.
Las reacciones en contra ya se están escuchando. Es el repetido argumento de que, en el actual momento de dificultades económicas, mayores cargas impositivas inhibirán la inversión. Sucede, sin embargo, que también en los periodos económicos expansivos los ricos, y sus economistas, son reacios al aumento de los impuestos porque, en este caso, el argumento es que afecta el buen ritmo del crecimiento. Los intereses están por sobre la racionalidad y la justicia social.
A los ricos les cuesta entender que un Pacto Tributario, compartido por el conjunto de la sociedad, es lo que podrá impulsar un desarrollo económico más potente y que, además, ayudará a terminar con las manifiestas tensiones sociales de los últimos años, con una creciente ola de delincuencia.
La reforma propuesta, junto con atender las iniciativas sociales y productivas, comprometidas en el programa del actual Gobierno, enfatiza también el propósito de alcanzar mayor equidad distributiva, al apuntar a las personas de más elevados ingresos, capturar mayores recursos mediante un royalty minero y con acciones decididas para reducir las elevadas evasión y elusión.
Es preciso tomar en cuenta que la captación tributaria en nuestro país es solo 20,7% del PIB, lo que contrasta con el 33,8% de los países de la OCDE. Los argumentos técnicos, de algunos economistas de los ricos, hacen esfuerzos para demostrar mayor cercanía en la brecha impositiva, entre nuestro país y la OCDE. Pero no logran convencernos de que todo debe seguir igual.
Existe otro argumento poderoso en favor de la reforma que entrega la OCDE. Señala que la captación impositiva en nuestro país es altamente regresiva, muy concentrada en el IVA (40% del total) y con bajos impuestos a la renta personal (7,2%), lo que favorece principalmente a los sectores de altos ingresos. La OCDE agrega “que, históricamente, son pocos los países que han alcanzado la prosperidad económica con una baja carga tributaria”.
Existe un antecedente adicional, que justifica el contenido de la reforma impositiva de Marcel. En Chile el 1% de los más ricos se lleva todos los años el 33% de los ingresos generados (Fundación Sol). Ello es lo que ha permitido que ese 1% acumule el 49,6% de la riqueza nacional (World Inequality Report, febrero, 2022).
No entraremos en el detalle de la reforma, sino en sus aspectos más sustantivos, los que revelan un cambio distintivo con el régimen actual.
El Ministerio de Hacienda propone terminar con el régimen de integración (semiintegrado desde la reforma de la Presidenta Bachelet), el que permite, luego de la aplicación de los impuestos corporativos a las empresas, que sus socios descuenten lo pagado por las empresas de sus impuestos personales. Esta separación viene a poner las cosas en su lugar. Tendremos entonces un régimen dual, claro y transparente en que por una parte pagan las corporaciones y por otra parte los socios de las empresas. Este régimen es el que impera en la mayor parte de los países de la OCDE.
En cuanto al impuesto a la renta, hay que destacar que el 97% de las personas no aumentará su carga impositiva. Solo el 3% más rico del país tendrá que entregar un mayor aporte para el progreso social y productivo de Chile, lo que parece razonable.
Las modificaciones a la renta son las siguientes. A partir de $4.030.000 aumenta la tasa marginal desde 23% a 26%; desde $5.181.000 aumenta la tasa del 30% al 35%; desde $ 6.331.000 a 8.057.000 el aumento pasa del 35% al 40%; y, finalmente, desde $8.0577.000 en adelante la tasa marginal pasa de 40% a 43%.
En cuanto al impuesto a las empresas, como ya señalamos, se termina con el régimen de integración y el pago de las corporaciones deja de ser un crédito para el impuesto de los socios de estas. Las corporaciones pagarán 25% en vez del 27% actual, pero con la interesante condición de que ese 2% de diferencia deberá utilizarse para mejoramiento de la productividad. Esto precisamente apunta al componente de diversificación productiva del programa del nuevo Gobierno.
El tercer componente relevante de la reforma es el impuesto al patrimonio. Se trata de una iniciativa original, que tiene presente la elevada concentración de la riqueza en una minoría privilegiada. La propuesta concreta es la siguiente: para un patrimonio desde US$ 4,9 millones hasta US$ 14,7 millones se aplicará una tasa impositiva del 1%; y, sobre US$ 14,7 millones se aplicará una tasa del 1,8%.
El cuarto componente de la reforma es el royalty, que se aplicará de la siguiente manera: para explotaciones con producción mayor a 50.000 y hasta 200.000 toneladas de cobre fino por año, se aplicará una tasa ad valorem sobre las ventas entre 1% y 2%; y, para explotaciones de más toneladas métricas se aplicará una tasa ad valorem sobre ventas entre 1% y 4%. Por otra parte, se aplicará adicionalmente una tasa creciente sobre las utilidades variando desde 2% al 32% para precios del cobre entre US$ 2 y US$ 5 la libra. Se destaca que el 35% de la recaudación del nuevo royalty tendrá por destino las zonas mineras, lo que contempla la creación de un Fondo Regional para el fomento de actividades productivas y promoción de investigación científica y tecnológica.
Finalmente, se hará un esfuerzo sustantivo para reducir la evasión y elusión, que Cepal estima en 4,4% del PIB y Michel Jorrat en 7,5% del PIB. Se trata de cifras muy elevadas, cuya reducción exigirá un esfuerzo grande del nuevo director de Impuestos Internos. Para atacar la evasión y elusión habrá especial atención sobre los precios de transferencia, el exceso de endeudamiento, se creará un registro de beneficiarios finales y se trabajará el mecanismo del denunciante anónimo.
Es de esperar que Impuestos Internos también termine con las arbitrarias condonaciones de intereses y multas por impuestos adeudados y, sobre todo, se querelle contra los responsables de hechos de corrupción, como fueron los casos de Penta y SQM, junto a políticos de renombre, los que, en general, terminaron en la impunidad.
La reforma tributaria de Mario Marcel es buena. Es un paso indispensable para avanzar en el programa de transformaciones sociales y en los cambios productivos dirigidos a la diversificación de nuestra economía. Es cierto que con esta propuesta los ricos entregarán un mayor aporte para mejorar y hacer más productiva la vida económica y social de nuestro país. Pero ese mayor aporte significará construir una sociedad más equilibrada, con menores tensiones sociales y políticas, cuyos beneficios alcanzarán no solo a los pobres, sino a las capas medias y a los mismos ricos.
