Hablemos en serio

“Hay ciertas cosas que queremos que no avancen. No queremos que avance el proyecto de nueva Constitución que presentó la Presidenta Bachelet”, decía el ministro del Interior Andrés Chadwick en ICARE a principios del 2018. Es bueno recordar que, al momento que se hicieron esas declaraciones, eran ministros del gabinete del Presidente Piñera: Gonzalo Blumel, Felipe Ward, Marcela Cubillos y Cristián Monckeberg. Estaban en el Congreso, entre otros, María José Hoffmann, Camila Flores, Paulina Núñez, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Diego Schalper, Felipe Kast, Francisco Chahuán. Hernán Larraín Matte sería muy luego presidente de Evópoli; lo mismo Mario Desbordes en Renovación Nacional. Todos ellos parte de la nueva generación de la derecha. De aquella que no tiene nada que ver con los acuerdos incumplidos para reformar la Constitución del 80 (senadores designados, sistema binominal y un largo etcétera). Esta es la nueva generación a la que sí hay que creerle que quiere cambiar, radicalmente, la Constitución del 80.

No obstante, cuando el entonces flamante ministro Chadwick (y, a través de él, el Presidente Piñera) señaló que no querían que avanzara el proyecto de nueva Constitución, ninguno de los miembros de esta nueva generación levantó la voz para decir que sí creía en una nueva Carta Magna. Miraron para el lado. Posteriormente, en el plebiscito de entrada, más o menos los mismos (quizás Monckeberg y Desbordes no, me falla la memoria), formaron parte del movimiento “rechaza para reformar” en el plebiscito de entrada. La siguiente frase de la diputada Flores resume, con bastante fidelidad, la forma en que veían el proceso los miembros de ese movimiento (hace un poco más de un año, ¡no en los noventa!): “Una nueva Constitución no resolverá la problemática de las bajas pensiones, que las personas tengan mejores ingresos, que la educación y la salud sean realmente un derecho garantizado lo podemos lograr con reformas”. Es bueno precisar que estos son, prácticamente, los mismos parlamentarios y dirigentes de la derecha que van a estar a cargo de las reformas de la Constitución en caso de ganar el Rechazo.

¿Tienen derecho a cambiar de opinión un par de meses antes del plebiscito de salida y ahora sí querer, de todo corazón, dejar sin efecto la Constitución del 80 y redactar una nueva? Sin duda, tienen todo el derecho del mundo. ¿Es creíble ese cambio? Creo que eso es lo que tiene que juzgar la ciudadanía el 4 de septiembre. Es esperable que, al momento de votar consideren, no solo las buenas intenciones que se van a oír durante la campaña, sino más bien el historial de los parlamentarios que van a estar a cargo de transformar las promesas de campaña en una nueva Constitución (si es que esa es de verdad su intención).

Por otro lado, se argumenta que tampoco hay claridad, en caso de que gane el Apruebo, de que se realicen las modificaciones para perfeccionar la nueva Constitución. Es cierto, eso podría pasar. Sin embargo, hay un hecho que hace la gran diferencia entre que gane el Rechazo y el Apruebo. En este último caso, vamos a estar, por fin, bajo el imperio de la NUEVA Carta Magna. Constitución que es un muy buen texto para enfrentar los desafíos del país a futuro (en temas de derechos fundamentales, pueblos originarios, igualdad de géneros, la relación del crecimiento económico con la naturaleza, regionalización, etc.), por tanto, el costo para la población por el hecho de que se llegaran a trabar algunas reformas bajo la nueva Carta Fundamental es, inmensamente, menor que el costo de seguir viviendo, eternamente (o hasta que la derecha lo permita), bajo la Constitución del 80, que no da el ancho para los problemas que enfrentamos como sociedad (derechos de agua, Estado subsidiario, conflicto con pueblos originarios, Santiago superpoderoso, discriminaciones hacia la mujer, y un larguísimo etcétera). ¡Piénsenlo!