La derrota de la diplomacia boliviana en La Haya no sepultó el viejo anhelo de La Paz de obtener una salida al Pacífico a través de territorio chileno. En ese sentido, una carta que puede jugar el vecino país es la de la plurinacionalidad propuesta por la nueva Constitución, toda vez que permitiría estimular un ánimo secesionista en el pueblo aymara, etnia presente en los tres países involucrados en la Guerra del Pacífico. Así lo cree el diplomático y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021, José Rodríguez Elizondo, quien afirmó que el concepto consagrado en el texto es funcional al “Proyecto Runasur”, uno que refiere a “una ‘América Latina Plurinacional’ que quiso inaugurar en diciembre pasado en el Cusco, con la tácita autorización del gobierno de Pedro Castillo”. El proyecto fue duramente criticado en Perú, donde excancilleres y vicecancilleres lo calificaron como una “clara amenaza a la soberanía, independencia y seguridad nacional”. Y agregó, en respuesta a quienes descartan un escenario tan complejo: «Poco importan los cerrojos normativos del tipo ‘Chile es indivisible’ cuando las coyunturas adversas mandan».
La plurinacionalidad es, sin lugar a dudas, uno de los elementos más controvertidos que se proponen en el texto constitucional emanado de la Convención. Este concepto ha levantado temores en el ámbito diplomático, ya que no solo sería una nueva fuente de divisiones entre ciudadanos y ciudadanas de Chile, sino que además resultaría funcional a la mirada irredentista de Bolivia, cuya nueva estrategia orientada a obtener un acceso al océano Pacífico podría estimular el ánimo separatista del pueblo aymara.
Así al menos lo cree el periodista, escritor, diplomático, analista internacional y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021, José Rodríguez Elizondo, quien expresó su preocupación por el avance que logró un concepto que fue, por cierto, piedra angular en las políticas del gobierno de Evo Morales, quien sigue empeñado en lograr una salida al mar por territorio chileno, pese a que la Corte Internacional de La Haya desestimó la obligación de Chile de sentarse a negociar con La Paz, menos aún con un resultado predeterminado. No puede ser de otra manera, pues el retorno de Bolivia a las aguas del Pacífico está consagrado en la Constitución de dicho país que el mismo promulgó en 2009.
El también abogado se refirió a las eventuales implicancias, internas y externas, de la plurinacionalidad propuesta, en especial en temas transfronterizos con Bolivia y Perú. “Las esquirlas del estallido, el ideologismo rampante de constituyentes destacados, el comportamiento estrambótico de otros y nuestra cultura internacional de baja intensidad, han difuminado los peligros estratégicos, internos y externos, que involucra la plurinacionalidad”, señaló, ya que –agregó el escritor– “los primeros inducen una desarticulación territorial que socava, por añadidura, la fortaleza propia de la unidad del Estado. Algo llamativo para cualquiera que nos quiera poco”.
Según Rodríguez Elizondo, “los otros peligros son un derivado, pues afectan, potencialmente, los tratados de límites con nuestros vecinos. Destaco, específicamente, los de 1904 con Bolivia y de 1929 con el Perú, que son la base del estatuto de paz de la posguerra del Pacífico. También cabe mencionar el riesgo, recién señalado por el excanciller Teodoro Ribera, de que el artículo 238 propuesto induzca acciones separatistas en Rapa Nui. Me permito agregar que poco importan los cerrojos normativos del tipo ‘Chile es indivisible’ cuando las coyunturas adversas mandan. Es lo que enseña la historia y que no está en las redes sociales”.
A la hora de especificar las causas de esas implicancias peligrosas, José Rodríguez Elizondo refirió a “la estrategia recuperacionista y beligerante de Evo Morales y nuestro indigenismo culposo”.
“La primera permitió al expresidente boliviano desarrollar un hostigamiento internacional contra Chile, con cuatro componentes principales: 1) la agenda bilateral de los 13 puntos de 2006 –del diálogo sin exclusiones–, con mención específica del mar; 2) la Constitución Plurinacional de Bolivia, de 2009, que desconoce unilateralmente el tratado de 1904; 3) la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia, de 2013, para obligar a Chile a negociar una cesión soberana de litoral; y 4) el libro Comunidad, socialismo y Estado plurinacional, del entonces vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, que contiene las tesis de la propuesta plurinacional en trámite”, agregó.
El diplomático recordó que “esto último fue una proeza de audacia política, pues el propio autor lo presentó en Chile, en 2015, mientras la demanda boliviana estaba en trámite, y, por cierto, sin que nuestros países tuvieran relaciones diplomáticas. Una ‘tocada de oreja’ espectacular”.
Sobre cómo podría traducirse la plurinacionalidad aymara a nivel transfronterizo (la etnia tiene presencia en Chile, Bolivia y Perú), Rodríguez Elizondo señaló el proyecto Runasur, de Evo Morales, “referido a una ‘América Latina Plurinacional’ que quiso inaugurar en diciembre pasado en el Cusco, con la tácita autorización del gobierno de Pedro Castillo”.
“Sucede que diez excancilleres y exvicecancilleres del Perú, emitieron entonces un pronunciamiento diciendo que era una ‘clara amenaza a la soberanía, independencia y seguridad nacional’ y que la intención del exmandatario boliviano era ‘desmembrar al Perú otorgando a Bolivia una salida soberana al Pacífico y así conformar una nación aymara como extensión territorial boliviana’. Rarísimo me pareció que no se destacara este gravitante suceso en nuestro país, pues lo que hicieron tácitamente esos diplomáticos peruanos fue defender la vigencia del tratado chileno-peruano de 1929, que garantiza la contigüidad territorial entre nuestros países”, agregó.
Claro que la estrategia boliviana no se construye en el vacío, ya que Rodríguez Elizondo reconoce que se sirve de la histórica marginación de los pueblos originarios por parte del Estado de Chile. Y de ello se derivan culpas que afloraron con fuerza en la Convención Constitucional, indicó el escritor.
“Aquí está la segunda causa de los peligros de la propuesta: nuestro indigenismo culposo. Es decir, el asumir, muy en diferido, que desde inicios de la República maltratamos al pueblo mapuche y, por extensión, a otros pueblos originarios. Creíamos que bastaba con decretar que eran tan chilenos como los criollos, con los mismos derechos. Fue lo que hizo O’Higgins en 1818. Pero ese era sólo el puntapié inicial. A partir de ahí había que instalar políticas públicas y normas legales para reconocerlos como parte de la diversidad chilena, proteger sus culturas, rectificar las injusticias cometidas y darles la protección socioeconómica estatal que las coyunturas indicaban”, declaró.
Pero Chile arrastró los pies y dejó pasar el tiempo, y “como no lo hicimos, el resquemor mapuche ha crecido considerablemente, incluso tienen grupos de acción armada”, al tiempo que –señaló– “políticos antisistémicos quieren utilizarlos como fuerza motriz de una ‘refundación’ y la propuesta constitucional nos castiga con la ley del péndulo: convierte en naciones a todos los pueblos originarios, incluso los de mínima incidencia demográfica y hasta a unos afrodescendientes. Además, les reconoce más derechos que al resto de los chilenos. Baste señalar que hasta pueden tener sus propias políticas internacionales con los originarios de países vecinos”.
“Si se me pregunta qué hacer ante tamaño estropicio, diría que, sencillamente, recuperar la sensatez y, por ende, el mínimo común de sentido nacional. Esto implica constitucionalizar el postergado reconocimiento y derechos de nuestros pueblos originarios, tras un diálogo eficiente y suprapartidario. Esto, sin necesidad de autoflagelarnos ni de convertirnos a los chilenos de siempre en chilenos residuales. Penosamente, en estos momentos de intolerancias y negacionismos, eso parece mucho pedir”, concluyó.