Dueños de derechos de agua se agrupan y lamentan pérdida de patrimonio con propuesta de Nueva Constitución

El agua es un tema central en la propuesta constitucional que se debatirá en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. En la propuesta, se establece que “el Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico” y que “el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la Naturaleza”.

Además, que «siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas”; mientras que los demás usos deberán ser determinados por ley. Entre ellos, las autorizaciones del uso del agua que reemplazarían a los actuales derechos del recurso. Debido a esto, actuales dueños de derechos de agua han mostrado su preocupación, en caso de que la propuesta constitucional avance.

A través de un inserto en el diario La Tercera, un grupo de organizaciones de dueños de aguas y que dicen representar «directa e indirectamente, a aproximadamente 500.000 usuarios de aguas existentes a lo largo y ancho de nuestro país», entre los que se destacan fines diversos como consumo humano e industrial, aseguran que han aportado «silenciosamente y hace ya casi 200 años al engrandecimiento y desarrollo de nuestro país. Lo anterior ha sido solamente posible mediante el esfuerzo mancomunado de dichos usuarios quienes, a través del desarrollo y mantención de infraestructura hidráulica y del conocimiento técnico y empírico obtenido, han creado las condiciones necesarias para una administración y distribución eficiente y eficaz».

Por tal motivo, ven que a «pesar de los grandes esfuerzos realizados por nuestras organizaciones», les preocupa el contenido de la propuesta constitucional debido a que impactará «gravemente el bienestar y desarrollo futuro de miles de chilenas y chilenos, al generar cambios importantes en el uso del agua».

«En efecto -añaden- un simple análisis del proyecto de Constitución Política de la República de Chile permite ver las graves problemáticas que enfrentarán los usuarios, tanto por la eliminación de la titularidad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, como el debilitamiento de los usos productivos frente a otros usos priorizados constitucionalmente, Así, tanto el reemplazo de los derechos de aprovechamiento de aguas por autorizaciones de uso — precarias, intransferibles, de fin único y cuyo otorgamiento y mantención dependerán finalmente del funcionario estatal de turno — como la consagración, a nivel constitucional, de una abierta discriminación en desmedro de los usos productivos de las aguas, afectarán directamente y en igual medida a pequeños, medianos y grandes usuarios de aguas, e indirectamente al país en su totalidad, poniendo en tela de juicio la seguridad jurídica que actualmente caracteriza a nuestro sistema».

«A los primeros, por cuanto por un lado verán disminuido su patrimonio sin derecho a compensación alguna, y por otro, por las enormes dificultades que tanto la rigidez y politización implícitos en el nuevo sistema provocarán en la obtención del recurso hídrico. El libre aprovechamiento y disposición que actualmente se les da a las aguas con el fin de satisfacer el consumo humano, de producir alimentos y otros servicios básicos para la ciudadanía en general se verán fuerte- mente perjudicados al no tener un derecho que les permite administrarlo y ser eficientes en su uso. Por último, se verán gravemente perjudicados en relación al financiamiento de actuales y futuros proyectos. El país en general se verá fuertemente afectado por el impacto económico que dichas circunstancias se espera tengan en la producción de bienes y servicios destinados al consumo en nuestro país», agregan en este punto.

Después, las organizaciones firmantes critican las disposiciones transitorias recientemente aprobadas en el Pleno de la Convención Constitucional. «A través de éstas, los constitucionales, haciendo caso omiso a las opiniones y consejos de expertos en la materia y exhibiendo un gran desconocimiento técnico respecto del cómo opera la gestión hídrica en la realidad, han propuesto al país un régimen de transición caótico, el cual por una parte otorga aplicación inmediata al cambio de régimen legal de las aguas, y por la otra delega en un futuro Congreso la determinación de las condiciones en las cuales finalmente se materializará dicho cambio, sin sopesar los impactos y problemáticas que, en el intertanto, se producirán en el mundo real. Demás esta decir que, de resultar aprobada la propuesta constitucional, devendrán en inaplicables la gran mayoría de las reformas legales que, en materia de aguas, se encuentran vigentes desde el mes de abril de 2022, cuando fue publicado el Nuevo Código de Aguas. Dichas reformas, fruto de un acuerdo político transversal que tomó más de una década alcanzar, abordan en forma correcta temas relevantes y sentidos por la comunidad como lo son la priorización del consumo humano y usos domésticos de subsistencia, el acaparamiento y la especulación, el reconocimiento de la propiedad Al ancestral indígena y los usos de conservación ambiental y sustentabilidad de los derechos de aprovechamiento de aguas, entre otros», aseguran.

Finalmente, hacen «un llamado a votar el próximo 04 de septiembre teniendo en consideración los efectos que producirá en nuestro país una eventual aprobación del texto propuesto. A lo largo de nuestra historia, hemos sabido respetar y cuidar nuestras instituciones y tradiciones, lo que nos ha permitido, entre otras cosas, hacer un uso eficiente del agua para el consumo humano, para producir alimentos y otros servicios para cada uno de los chilenos y chilenas».

Las organizaciones firmantes del inserto son: Confederación de Canalistas de Chile, Junta de Vigilancia del río Elqui, Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta, Junta de Vigilancia del río Hurtado, Junta de Vigilancia del río Aconcagua 1ra Sección, Junta de Vigilancia del río Aconcagua 2da Sección, Junta de Vigilancia del río Aconcagua 3ra Sección, Asociación Canal de Las Mercedes, Asociación de Canalistas Canales de Mallarauco, Asociación de Canalistas del Canal de Pirque, Asociación Canal Huidobro, Asociación Canales de Maipo, Asociación de Canales Unidos de Buin, Asociación Canal La Isla – Lonquén, Asociación de Canalistas Canal El Paico, Federación de Juntas de Vigilancia de la VI Región, Junta de Vigilancia del río Maule, Junta de Vigilancia del río Longaví, Junta de Vigilancia del río Ñuble, Junta de Vigilancia del río Itata, en formación Junta de Vigilancia del río Diguillin y sus Afuentes, Junta de Vigilancia del río Biobío, y Junta de Vigilancia del río Cautín.