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Crédito: Agencia Uno
La directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, habló en conversación con El Mostrador en La Clave sobre el rol de los municipios de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Si bien se manifestó en desacuerdo con el dictamen de Contraloría que prohíbe a las casas edilicias informar sobre esa elección, manifestó: «sí estoy de acuerdo que no se puede cruzar la línea de tratar de incentivar una u otra opción». Además, dijo que «si uno mira el rol que tienen los municipios en la actual Constitución, las leyes orgánicas, también tienen facultades de formación ciudadana por ejemplo, o informar sobre temas que tienen que ver con el medio local. Yo creo que podrían cumplir esa función, incluso incentivar a las personas a ir a votar, pero siendo muy cuidadosos del rol que juegan».
La directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, abordó el rol de los municipios de cara al plebiscito de salida de la propuesta de nueva Constitución, que se realizará el 4 de septiembre. Esto, a propósito de un dictamen de Contraloría que impide a las casas edilicias informar sobre esa elección. Jaraquemada indicó que está en desacuerdo con ello.
«Estoy en desacuerdo con Contraloría respecto de que los municipios no tengan ningún rol en informar a la ciudadanía o en promover el voto informado. Yo sí estoy de acuerdo que no se puede cruzar la línea de tratar de incentivar una u otra opción», comentó la directora de Chile Transparente en conversación con El Mostrador en La Clave.
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«Si uno mira el rol que tienen los municipios en la actual Constitución, las leyes orgánicas, también tienen facultades de formación ciudadana por ejemplo, o informar sobre temas que tienen que ver con el medio local. Yo creo que podrían cumplir esa función, incluso incentivar a las personas a ir a votar, pero siendo muy cuidadosos del rol que juegan», añadió.
Asimismo, apuntó que «Contraloría ha dicho que las autoridades como personas tienen el derecho a la libertad de expresión (…) y ellos en su tiempo libre pueden hacer campaña. El problema muchas veces es que autoridades como alcaldes o alcaldesas, como el Presidente de la República, son autoridades 24/7, es muy difícil distinguir cuando se está actuando como autoridad (…) y cuando no».
En el 15º Juzgado de Garantía de Santiago se discutirá esta jornada si se realiza un juicio abreviado para el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos, que habría perpetrado entre 2012 y 2017.
Jaraquemada explicó que en los procedimientos abreviados «se hace una negociación, por así decirlo, entre el Ministerio Público y la defensa de la persona que está siendo investigada, donde en el fondo se exige a la persona investigada reconocimiento de los delitos, y de ese modo se llega a una especie de acuerdo sobre las sanciones, la condena».
La directora de Chile Transparente apuntó que Fiscalía «sacó un instructivo señalando que para los delitos de corrupción, especialmente cuando estuvieran vinculados personas con cargos como el de alcalde, se tendría que aplicar muy excepcionalmente, muy justificadamente, y cuando hubieran ciertas condiciones. A mi juicio este no es uno de esos casos».
«Creo que el Ministerio Público debiera informar a la opinión pública de forma mucho más clara por qué está aplicando el procedimiento abreviado en este caso. Al final del día estamos hablando de una persona que está siendo investigada por otros dos delitos de corrupción. Creo que no es una persona con irreprochable conducta anterior para llegar a eso», continuó.
«Cuál es lamentablemente el incentivo que tiene muchas veces el Ministerio Público, es que los casos de corrupción en general son difíciles de comprobar y, por lo tanto, te arriesgas a que efectivamente tú no puedas demostrar en juicio esto, y que los tribunales finalmente no lo condenen», agregó.
