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Crédito: Pantallazo La Red
El 21 de octubre de 2019, Cristián Cayupán atropelló a la subinspectora Danitza Araya durante las manifestaciones del estallido social, por lo que fue condenado a 15 años, mientras que la detective quedó discapacitada. Sin embargo, un informe forense y una querella criminal confirman que Araya fue baleada por su compañero de la PDI. El Mostrador tuvo acceso exclusivo a antecedentes de la investigación que revelan la desaparición del chaleco antibalas, un peritaje del Labocar sin examen físico, y la identidad del responsable del disparo; mientras la defensa de Cayupán insiste en el encubrimiento policial.
El 30 de marzo de 2021, el Primer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago condenó a Cristián Cayupán Queupil a 15 años de presidio, por el “delito de homicidio frustrado contra funcionario de la Policía de Investigaciones”; esto debido a que el 21 de octubre de 2019, Cayupán atropelló a la detective Danitza Araya, durante las manifestaciones del estallido social en la comuna de Pudahuel.
“Del mal causado por el delito, al haber quedado (…) a los 21 años edad con secuelas permanentes como resultado de las lesiones causadas por el atropello las cuales de no mediar la asistencia médica oportuna habría fallecido, ya que las lesiones a nivel de la columna vertebral y área renal generaron pérdida de la autonomía para diversas actividades diarias, y como señaló en estrados la víctima, no existe certeza de que volverá a caminar”, se lee en la sentencia.
Sin embargo, en una entrevista de Danitza Araya en el programa Mentiras Verdaderas -del 26 de octubre de 2021-, afirmó que sus lesiones serían producto de un impacto balístico disparado por uno de sus compañeros de la Policía de Investigaciones. Incluso, Pedro Díaz, abogado de Araya, confirmó a El Mostrador, que ya tienen al funcionario identificado, lo cual profundizaremos más adelante.
Además, un documento de la PDI remitido a la Fiscalía Local de Pudahuel el 29 de noviembre de 2021, revela que el chaleco antibalas de Araya estuvo extraviado, siendo hallado dos años después de los hechos.
Una serie de antecedentes que demostrarían un encubrimiento policial al interior de la PDI. Aquí la historia.
Durante la investigación del caso de Cristián Cayupán, liderada por el fiscal Rodrigo Garrido de la Fiscalía Local de Pudahuel, no fue contemplada como evidencia el chaleco antibalas, el que era portado por la detective Araya en el atropello; es más, este objeto desapareció el 21 de octubre de 2019, mismo día del suceso.
«En lo que respecta al chaleco antibalas, que utilizaba la subinspectora Danitza Araya, desaparece el día de ocurrencia de los hechos, y cuando tuvimos acceso a un sumario administrativo tramitado por la PDI, la resolución de término del sumario dio de baja este elemento de suma importancia en la primera investigación y juicio (siendo) lo más curioso que a nadie le llamó la atención la pérdida y no se dieron el trabajo de buscarlo», explica Pedro Díaz, quien además comenta que también desaparecieron las esposas personales de la detective y su casco, mientras que su pistola fue tomada por una compañera.
El Mostrador tuvo acceso exclusivo al informe de Comisión de la PDI, elaborado por motivo de la reapertura del Sumario Administrativo de la institución, y que tiene como objetivo establecer el origen del disparo que recibió la subinspectora.
“En este contexto, esta Fiscalía en Comisión (…) junto a la perito fotógrafo Mónica Novoa González, del Laboratorio de Criminalística Central, se constituyen en dependencias del Departamento de Inspección de Secundaria Aeropuerto, con la finalidad de verificar e inspeccionar el chaleco antibalas marca Basselli, número de inventario 182814, especie fiscal de cargo de esa repartición y que fuera utilizado en su oportunidad por la subinspectora Danitza Araya González, el día en que resultó lesionada, el que además se encontraba extraviado y fuera hallado en el mes de septiembre del presente año, a cuya observación se pudo detectar la existencia de una desgarradura en la cara interna derecha de la parte posterior del chaleco”, se detalla en el documento de noviembre de 2021.
Ante este hallazgo, Carlos Gutiérrez, Doctor en Ciencias Forenses y profesor de Chaminade University of Honolulu (USA), realizó un “Informe de Análisis y Reconstrucción Forense” -solicitado por la familia y abogado de Danitza-, el que contó con la examinación del chaleco antibalas, antecedentes de la carpeta investigativa, y dos vídeos entregados por la detective del momento exacto de su atropello.
«El disparo recibido por la PDI Danitza Araya, fue recibido en su tórax, entrando el proyectil por el costado izquierdo y saliendo por la derecha. Esto quiere decir que, el autor del disparo estaba ubicado a la izquierda de ella y la única persona que se puede posicionar en esa ubicación era otro funcionario policial y no el conductor del vehículo que fue condenado (…) Finalmente, el chaleco antibalas, que estuvo extraviado desde la fecha de los hechos, presentaba sangre, un orificio de entrada y alojaba el proyectil en sus placas de kevlar. Esto no fue detectado por ningún perito con anterioridad a que yo periciara el chaleco antibalas. Todas estas evidencias físicas confirman mis conclusiones: el disparo fue realizado por el funcionario de la PDI que estaba ubicado a la izquierda de la policía Araya», especifica el forense en conversación con El Mostrador, quien también concluye que, de acuerdo a los videos y las pericias realizadas por la PDI, se efectuaron 11 disparos, todos realizados por miembros de la Policía de Investigaciones.
El forense es enfático en precisar que la bala que impactó a la detective tuvo entrada y salida de cuerpo, encontrándose dicho elemento aún incrustado en el chaleco antibalas. Lo anterior, también fue confirmado en el sumario de la PDI, el que menciona que se palpó un elemento sólido en el interior, ajeno al material del chaleco antibalas.
El “Informe de Análisis y Reconstrucción Forense”, elaborado el 24 de junio de este año, ya fue enviado al Ministerio Público.
Tanto para el abogado de Danitza y la abogada de Cristián Cayupán, Yanira González, una de las pruebas más importantes para Fiscalía durante la investigación en contra de Cayupán, fue el “Informe de Análisis Pericial” emitido por la médico legista de la Labocar, Vivian Bustos, el 20 de julio de 2020. En él explica que las perforaciones en la piel y en las fracturas costales son correspondientes a una lesión balística de proyectil único, proveniente de un disparo a larga distancia.
Pero, ¿quién es Vivian Bustos? Según un artículo de la Universidad Finis Terrae, Bustos tiene más de 40 años de experiencia en el Servicio Médico Legal. Ha trabajado con la PDI y es profesora del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), encabezando las pericias de numerosas investigaciones, en casos de alta connotación pública, como el asesinato de la contadora Viviana Haeger. No obstante, su desempeño como perito fue muy cuestionado en los casos de Nabila Rifo y de la detective Valeria Vivanco, debido a que en este último sus reportes no coincidieron con las pruebas audiovisuales del caso.
Con respecto a las conclusiones del peritaje de Bustos en la causa de Araya, afirma que: “Las fracturas tipo Burst de vértebras 11 y 12, se producen en la etapa final, cuando la afectada cae al suelo (producto del atropello) (…) la lesión balística pudo producirse cuando la afectada se encontraba horizontal, sobre el capot del automóvil proveniente de un arma situada a la izquierda de su cuerpo (…) Las lesiones balísticas se encuentran recuperadas ad integrum, sin dejar secuelas detectables (…) Las lesiones raquimedulares ocasionarán secuelas definitivas, sin que pueda retomar de igual forma o en su totalidad las actividades laborales”.
Para Carlos Gutiérrez, son cuestionables las conclusiones del peritaje realizado por la médico Vivian Bustos, puesto que, algunas de las conclusiones más refutables desde un punto de vista profesional son, en primer lugar, que el disparo fue realizado a “distancia”, pese a no existir antecedentes que confirmen dicha afirmación.
También que en parte de la hipótesis Bustos indica que “las fracturas tipo Burst de vértebras 11 y 12, se producen en la etapa final, cuando la afectada cae al suelo (…) produciéndose un aumento de presión en los cuerpos vertebrales que lleva a la fractura”, ya que, en esta afirmación, la médico concluye que el proyectil “sólo daña costillas y pulmón” ocultando u omitiendo la gravísima fractura en la columna que fue realizada, en una alta probabilidad, por el rebote del proyectil durante la trayectoria de éste al interior del cuerpo de la víctima y no por el vehículo que la impacta.
Según Gutiérrez esto se puede explicar debido a que, el golpe dado por el vehículo, fue realizado a muy baja velocidad, porque estaba efectuando un viraje. Además, las lesiones balísticas sí tuvieron secuelas, puesto que, Danitza sigue en silla de ruedas.
«Sobre este informe es evidente que intenta exculpar al funcionario que disparó (…) (Fiscalía) no contempló la ficha clínica, tampoco se contempló el informe del Servicio Médico Legal, que es la institución pertinente para analizar esta materia. Solo se tomó en consideración el peritaje realizado por Vivian Bustos que imputa toda la responsabilidad a Cristián, quitándole todo valor a lo ocasionado por el proyectil balístico», comenta Yanira González.
Además, el abogado de Araya, confirma que Vivian Bustos no visitó, ni examinó a la subinspectora para realizar su informe, por lo que sus resultados son totalmente errados.
El 9 de diciembre de 2021, Danitza Araya interpuso una querella criminal por el delito de homicidio simple en grado de frustrado, en contra de Daniel Jofré Vega, funcionario de la PDI, y todos quienes resulten responsables, ya sea como autores, cómplices o encubridores.
“Mi representada junto al querellado Daniel Jofré Vega trataron de detener el vehículo (…) que era conducido por Cristian Cayupán (…) tratan de detener este vehículo, se encuentran de frente con este y el conductor sigue su marcha, enfrentándose de frente al móvil y el querellado lo esquiva moviéndose hacia la izquierda, con el arma fiscal a su cargo, preparada para disparar con bala pasada y el dedo en disparador, en ese momento el vehículo golpea de frente a mi representada quien es levantada y mientras estaba en el aire, recibe un proyectil balístico a muy corta distancia percutado por el querellado Jofré Vega, quien al esquivar el vehículo aprieta el disparador y percuta su arma impactando a mi representada y su compañera de trabajo, parte anterior del hemitórax izquierdo, lugar que no cubría el chaleco antibalas atravesado su cuerpo con salida de proyectil”, revela dicho documento.
Una vez ocurrido el atropello, Jofré siguió disparando en contra del vehículo, persiguiéndolo junto a otro detective, mientras Araya seguía en el piso.
Según antecedentes de la carpeta investigativa, la subinspectora fue trasladada hasta la Mutual de Seguridad ubicada en Alameda, pese a existir un centro asistencial a 100 metros de la esquina del atropello. El primer diagnóstico: “Fractura de columna torácica, contusión pulmonar, trauma toraco abdominal, traumatismo de víscera maciza, traumatismo raquimedular, fracturas múltiples de costillas cerradas y hemoneumotórax”.
“Mientras mi representada se encontraba en la UCI de la Mutual de Seguridad en estado de coma e inconsciente, su padre formó una querella criminal para seguir las acciones criminales en contra de los responsables de sus lesiones, para luego de haber salido de este estado, a ella la hacen ratificar esta acción criminal deducida por profesionales abogados de la Policía de Investigaciones en contra solo del chofer del vehículo que la atropelló, sin perseguir al verdadero responsable de sus lesiones y de su actual estado de salud”, se lee en la querella.
También se especifica que la PDI instruyó un sumario administrativo el 29 de octubre de 2019, el cual terminó el 23 de marzo de 2020, llevado por la fiscal comisario Ana María Miño, que no determinó la responsabilidad de Jofré, con respecto al disparo, y solo se refirió a que no asistió a la detective. A pesar de que Daniel Jofré en su declaración aseguró haber efectuado un disparo.
Sin embargo, esta no es la única querella del caso. Cristián Cayupán también interpuso una querella criminal en contra de Daniel Jofré Vega, otros integrantes de la Policía de Investigaciones, el Fiscal Rodrigo Garrido Parada y todos quienes resulten responsables, por el delito de obstrucción a la investigación.
“La familia de Danitza Araya ha señalado explícitamente considerar que en la Policía de Investigaciones de Chile existe una red de encubrimiento institucional para no aportar datos que lleven a la verdad sobre el caso, toda vez que los funcionarios de la PDI han omitido información y en las escasas oportunidades que han dado respuestas han caído en profundas contradicciones y mentiras. Incluso, la familia de Danitza refiere que el alto mando institucional conoce quién fue el funcionario que disparó a Danitza, toda vez que en reunión realizada el 03 de septiembre, en que previamente funcionarios de la PDI les quitaron los teléfonos celulares, el Director Nacional ofreció traer al funcionario que había realizado el disparo para que le pidiera perdón”, relata dicho documento judicial.
También, afirma que en dilucidación de la posible red de encubrimiento institucional, es que el principal funcionario sospechoso de haber disparado en contra de Danitza ha sido trasladado a la región de Los Lagos, para su protección y ocultamiento. Otro dato entregado en esta querella es con respecto a vecinos de Pudahuel, quienes han comentado a la familia de Danitza que, en forma posterior a los hechos, personal de la PDI empadronó a los vecinos y exigió borrar cualquier video referente a las balas disparadas por sus funcionarios.
“Finalmente, ligado a lo anterior, resulta, a lo menos, cuestionable que el Sr. Fiscal Rodrigo Garrido Parada no haya investigado respecto al proyectil balístico recibido por Danitza, enfocándose exclusivamente en el atropello acaecido, pues para haber determinado los nexos de causalidad entre acciones individuales y resultados, resulta imprescindible tener claridad sobre ambas acciones: impacto de proyectil balístico y atropello”, concluye el documento que fue declarado admisible.
Por lo tanto, existen dos causas vigentes por el caso de Danitza Araya y Cristián Cayupán: Una por homicidio simple frustrado y otra por obstrucción a la investigación.
Debido a los disparos que recibió Cayupán, por parte de la PDI, sufrió la pérdida de su riñón izquierdo y parte de su intestino. Actualmente, sigue cumpliendo su condena en Colina Uno.
El 4 de julio de 2022, el Servicio Médico Legal le envió a la fiscal Lorena Parra -Fiscalía Regional Metropolitana Oriente-, un informe que concluye que las lesiones del proyectil balístico hubiesen resultado mortales, de no mediar socorros médicos oportunos y eficaces.
«(Es inocente Cristián) Absolutamente y de ello no cabe dudas. Él fue condenado con pericias incompletas, e investigaciones mal realizadas, incluso creo que aquellos profesionales que representaron a Danitza, a lo menos deben darle una explicación», confiesa Pedro Díaz, antes de despedirse.
El Mostrador contactó a la Policía de Investigaciones para conocer su versión sobre el caso de Danitza Araya. Desde el Departamento de Comunicaciones confirmaron que actualmente hay un sumario administrativo en curso. También se refirieron al detective Daniel Jofré, aseverando que sigue en servicio activo, sin entregar más antecedentes al respecto.
