PAÍS
Dos proyectos de ley fueron presentados, luego del cambio de postura del Gobierno tras anunciar la ampliación de dos querellas por Ley de Seguridad del Estado contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. Uno fue ingresado por los diputados de la Democracia Cristiana (DC), Joanna Pérez y Miguel Ángel Calisto, más el independiente Andrés Jouannet, y otro por los senadores de Renovación Nacional (RN), Carmen Gloria Aravena y José García Ruminot, los cuales buscan que el ente persecutor tenga la misma facultad que hasta ahora solo ostenta el Poder Ejecutivo.
Un grupo de diputados DC e independientes, encabezados por Joanna Pérez, presentaron un proyecto de ley que buscar permitir que el Ministerio Público también pueda querellarse por la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que hoy sólo es facultad del gobierno.
El proyecto fue suscrito por los diputados DC Eric Aedo, Miguel Ángel Calisto, Jorge Saffirio y el independiente Andrés Jouannet.
Tras la presentación de la iniciativa legal, la diputada Pérez señaló que «hoy solo el gobierno tiene la facultad de presentar querellas en utilizando la Ley de Seguridad Interior del Estado, y lamentablemente, hemos visto en los últimos días vacilaciones y cambios de opinión respecto de aplicar esta facultad contra Héctor Llaitul quien ha hecho declaraciones y amenazas de cometer actos delictivos graves».
«Por ello, estamos entregando este proyecto de ley para ampliar esa facultad y entregársela también al Ministerio Público para, que ellos también puedan invocar esta ley que permite perseguir de mejor manera los actos que comprometan la seguridad del país», añadió la parlamentaria.
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«La ley de Seguridad Interior del Estado es una muy buena herramienta para poder combatir graves actos delictuales y por ello, no puede estar supeditada sólo a la decisión política o ideológica del gobierno de turno, sino que también debe poder ser usado por el organismo que nuestro ordenamiento jurídico a establecido que es el encargado de investigar, que es el Ministerio Público», complementó Joanna Pérez. Y concluyó: «Esperamos que todos los sectores político s apoyen esta ley, porque creemos que es una muy buena herramienta para ayudar a combatir los hechos de violencia grave que atenten contra la seguridad del estado y ello no tiene color político».
El diputado Calisto añadió: «estamos frente a un Gobierno que tiene debilidad ante el terrorismo, que es complaciente con los grupos que atentan contra la seguridad del país y la tranquilidad de las familias, entonces creemos que hoy en día es necesario aumentar las herramientas para que el Ministerio Público pueda hacerse parte de las querellas que tengan que ver con grupos terroristas». Y manifestó que «nosotros creemos que cuando el presidente de la República no reacciona frente a grupos terroristas y señala que estos grupos terroristas tienen derecho a transmitir ideas, creemos que estamos en el peor de los mundos y tenemos que entregar a alguien la facultad de poder querellarse».
«Tomando en cuenta que el Ministerio Público tiene acceso a los procesos de investigación y a los antecedentes, nos parece necesario que puedan querellarse frente a personas, como el señor Llaitul, que ponen en riesgo la seguridad del país y la tranquilidad de las familias en Chile», finalizó el diputado Calisto.
Por su parte, a través de otro proyecto, los senadores de RN Carmen Gloria Aravena y José García Ruminot, hicieron lo suyo e igualmente buscarán otorgar al ente persecutor facultades para querellarse por Ley de Seguridad Interior del Estado.
Según consignó Emol, la senadora Aravena sostuvo que éste proyecto «resulta fundamental para enfrentar de forma más eficiente y oportuna el combate al crimen organizado, especialmente luego de las declaraciones públicas que ha venido realizando el cabecilla de la agrupación terrorista CAM, Héctor Llaitul».
«La lucha contra la delincuencia y la erradicación de la violencia terrorista requiere de una acción oportuna y decidida de la justicia, especialmente cuando existe una amenaza evidente contra el país y sus habitantes, como es el caso de una persona que ha planteado ‘canalizar la violencia hacia acciones de sabotaje'», advirtió Aravena, recalcando que la CAM «viene cometiendo múltiples crímenes, que deben ser perseguidos por el Estado. Por lo mismo, el Ministerio Público debe tener la potestad de iniciar investigaciones de oficio sin tener que esperar la acción de terceros».
El senador García Ruminot indicó que «Chile vive un contexto muy complejo relacionado con la escalada de violencia que se registra en distintas partes del país, siendo La Araucanía y la Macrozona Sur de las áreas más afectadas por este flagelo». Y afirmó: «Eso demanda un actuar eficaz de la justicia para enfrentar a las bandas criminales que hoy tienen atemorizada a la población, donde no se puede perder un minuto en hacer frente a su actuar».
A juicio del legislador RN, «aquí pasaron semanas en las que el Gobierno se opuso a establecer una querella contra una persona que pertenece a una organización criminal y que sigue llamando públicamente a cometer delitos. Con este proyecto, lo que se busca es dotar a la Fiscalía de facultades que permitan mejorar su trabajo en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia».
Cabe mencionar que el Presidente Gabriel Boric entregó detalles sobre el cambio de postura del Gobierno tras las declaraciones del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, la que desencadenó con la determinación del Ejecutivo de ampliar dos querellas por Ley de Seguridad del Estado presentadas anteriormente contra el comunero mapuche.
«Héctor Llaitul ha tenido muchos dichos y los de ahora último son particularmente graves porque se atribuye la autoría de delitos. Y, por lo tanto, analizando aquello, nos pareció que era pertinente ampliar la querella que ya había sido presentada porque hay, justamente, nuevos antecedentes», señaló el Mandatario.
En concreto, serán dos querellas -de 2019 y 2020- a las que se le agregarán nuevos antecedentes por Ley de Seguridad del Estado.
