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El Rechazo sigue sumando cuantiosos aportes económicos para su campaña. Esta vez, fue la familia Ossandón Larraín, que aportó la suma de $50 millones al Comando «Aquí Estamos por Chile», a través de los aportes del patriarca Gabriel Ossandón Valdés, además de tres de sus hijos, Gabriel, María Teresa y Bernardo Ossandón Larraín, cada uno con $12,5 millones. Los Ossandón Larraín son un grupo familiar con evidentes conexiones políticas con RN, negocios inmobiliarios y el Opus Dei, y que ha estado involucrada en diversas polémicas, como la disputa judicial por la herencia de Bernardo Larraín Vial, acusaciones de evasión de impuestos y litigios por una fortuna familiar que asciende a los US$1.000 millones. Por su parte, otro de los aportantes es el empresario y exministro de Economía del primer Gobierno de Sebastián Piñera, Félix de Vicente, recordado por su polémico paso como director de ProChile, y por ser uno de los propietarios de un helipuerto que opera sin autorización en Huechuraba.
Uno de los comandos por el Rechazo, «Aquí Estamos por Chile», sumó un cuantioso aporte económico a su campaña, proveniente de la familia Ossandón Larraín, según información proporcionada por el Servicio Electoral (Servel). Se trata de una suma total de $50 millones, divididos en $12,5 millones por cada integrante del grupo familiar: el patriarca Gabriel Ossandón Valdés, además de tres de sus hijos, Gabriel, María Teresa y Bernardo Ossandón Larraín.
La millonaria familia tiene vínculos políticos directos con RN, relaciones económicas en negocios inmobiliarios, y conexiones religiosas en el Opus Dei. Cabe mencionar, además, que el clan ha enfrentado diferentes disputas judiciales, que comenzaron a solucionarse recién a comienzos de 2022. Entre ellas, se encuentra la lucha por la herencia de Bernardo Larraín Vial -equivalente a más de 1.000 hectáreas de terreno emplazadas en La Dehesa- y la disputa por la administración de algunas empresas familiares, además de otros asuntos.
Un conflicto que recién se solucionó en los primeros días de este año, cuando los hermanos Manuel y Bernardo Ossandón Larraín llegaron a un acuerdo para poner término a los litigios por una fortuna familiar que asciende a US$1.000 millones, y que se arrastraban por más de una década. Cabe recordar que Manuel acusaba a su hermano de estafarlo y de quitarle el control de US$200 millones en acciones de la sociedad matriz familiar- Lomas II-, mientras Bernardo denunciaba una serie de acciones judiciales sin fundamento. El acuerdo consistió en que Manuel Ossandón abandonara los negocios de la familia, a cambio de un pagaré por una cifra estimada de US$1oo millones.
Pero la polémica no acaba ahí, pues Manuel- además de enfrentarse por más de una década en una pelea judicial con su propia familia- debe más de $1.400 millones en impuestos. El nieto del magnate Bernardo Larraín Vial, quien está radicado en Miami, ha traspasado sigilosamente sus bienes a sociedades relacionadas, con el probable objetivo de evitar el pago de su deuda tributaria, según describe Pulso.
La principal fuente de riqueza de los Ossandón Larraín es su patrimonio inmobiliario: terrenos que se han traspasado de generación en generación, multiplicando su valor comercial. A esto se suman instrumentos financieros –fondos mutuos-, que son administrados principalmente por las corredoras Larraín Vial y Celfin Capital; derechos de agua y acciones en empresas como Entel, Cencosud, Corpbanca y Madeco. Una fortuna que, según expertos, está asentada en áreas que tienen un tratamiento tributario privilegiado, con “fuertes incentivos tributarios”.
Gran parte de los más estrechos colaboradores del patriarca, Bernardo Ossandón, son hombres cercanos al Opus Dei y a la Universidad Los Andes. En las escrituras de algunas de las sociedades de la familia, aparece como árbitro el abogado Orlando Poblete Iturrate, ex ministro Secretario General de Gobierno de la dictadura de Pinochet y ex rector de la mencionada casa de estudios.
El aporte del exministro de Sebastián Piñera: Félix de Vicente
Otro de los donantes a la campaña del Rechazo es el exministro de Economía del primer Gobierno de Sebastián Piñera, Félix de Vicente, con un aporte cercano a los $2,8 millones. El empresario es recordado por su polémico paso por la Dirección General de Promoción de Exportaciones de la Cancillería de Chile- ProChile- cuando decidió renovar al 70% de sus trabajadores, donde se calcula que unos 200 funcionarios perdieron sus empleos, incluido un gran número de agregados comerciales, quienes tradicionalmente permanecían en sus puestos cinco años desde que eran nombrados a través de un concurso interno.
De Vicente junto al empresario Juan Riesco, son dueños del Helipuerto Santiago, ubicado en Huechuraba. Un recinto que opera hace algunos años sin la debida autorización municipal, y que además, mantiene una zona de carga de combustible que no está señalado dentro del proyecto original entregado a las autoridades, y que según detallan desde el municipio, no cuenta con la documentación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Se trata de un lugar emplazado tan sólo a metros de la población El Barrero, desde donde sus vecinos han reclamado por varios años tras la instalación de la pista.
